La autoridad compareció en el juicio político contra el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, en la Asamblea. Desestimó que se lo persiga políticamente.
La fiscal general, Diana Salazar, compareció ante la Comisión de Fiscalización, en el marco del juicio político al defensor del Pueblo, Freddy Carrión. Foto: Cortesía. Foto: El Universo
De las investigaciones jurídicas y políticas alrededor de la reunión social entre el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, y el exministro de Salud, Mauro Falconí, emergió una nueva investigación por un presunto delito de peculado en el marco de un contrato de compra de pruebas rápidas de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa).
Este 1 de septiembre, en la sustanciación del juicio político que desarrolla la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en contra del defensor del Pueblo, Freddy Carrión, compareció la fiscal general, Diana Salazar, quien aclaró y reveló hechos.
La Fiscalía investiga la presunta autoría por parte de Carrión del cometimiento de un delito de abuso sexual, cuando estuvo en el departamento del exministro de Salud Mauro Falconí, que terminó en una riña entre los dos “amigos”, en medio de la vigencia del estado de excepción por la pandemia del COVID-19.
Entre los incidentes que se produjeron en esa reunión entre el 15 y 16 de mayo, de la que se desprendió esta denuncia de presunto abuso sexual, la Fiscalía encontró en el departamento de Falconí $ 46.570.
La fiscal Salazar aclaró que no se trataba de $ 47.000, sino de $ 46.570 y que fueron hallados “gracias a la intervención de la Fiscalía, que como parte de la investigación se hace una exploración del sitio y fueron encontrados en el dormitorio máster y un cuarto contiguo”.
Este indicio forma parte de una investigación previa, que es reservada, y que según Salazar, “no tienen relación ni pertinencia con el delito de abuso sexual. Este dinero forma parte de una investigación por un delito relacionado contra la eficiencia de la administración pública”, indicó.
Al ser consultada sobre qué delito se investiga, la autoridad indicó que se trata de un presunto delito de peculado, relacionado con contratos de pruebas rápidas del Arcsa.
Adicionalmente, Salazar contó que una tercera persona intentó “reclamar” el dinero, pero al momento es parte de la evidencia.
En el contexto del juicio político a Carrión, Salazar llamó la atención a los legisladores, de que el proceso penal “nada tiene que ver con el juicio político” que es por un supuesto incumplimiento de funciones.
“Cuidado, señores asambleístas, con todo respeto, una cuestión es lo jurídico penal y otro es lo político. (El proceso penal) ha pasado todos los controles de constitucionalidad y legalidad en el procedimiento”, dijo.
Cuestionó a Carrión por intentar deslegitimar en esta interpelación política el juicio penal que enfrenta por presunto abuso sexual, alegando que hay una persecución política. Actualmente, Carrión guarda prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito, investigado por ser el presunto autor de esta denuncia hecha por la pareja del exministro Falconí.
Se habla de una “supuesta persecución política, debido al informe del paro de octubre del 2019. (…) No tiene ningún sentido hablar de una persecución”, afirmó Salazar.
Precisó que el caso penal se trata de un presunto abuso sexual cometido “en contra de la mujer del amigo del defensor. La investigación no es por el ejercicio de sus funciones, sino por su accionar de manera privada en el ámbito de responsabilidad como ciudadano”, insistió la fiscal.
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