Hechos Ecuador

 Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, continúa el proceso de fiscalización al Sistema Nacional de Rehabilitación Social. En tal sentido, la mesa recibió a Fausto Cobo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Adultos Privados de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), quien expuso la situación de los Centros de Rehabilitación Social del país.

El presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, indicó que la mesa ha dedicado siete sesiones a esta temática para tratar en conjunto con varias instituciones como la Fiscalía, Ministerio de Gobierno, Consejo de la Judicatura, Secretaría de Derechos Humanos, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, entre otros organismos, un tema de vital importancia para el Ecuador.

El titular del SNAI, manifestó que la situación que vive el sistema penitenciario es desastrosa, precaria y peligrosa. Advirtió que en los centros de privación de libertad hay una conexión directa entre el crimen organizado internacional, narcotráfico transnacional y delitos conexos. Manifestó que la crisis carcelaria es estructural, que involucra al sistema de Justicia, Estado, Asamblea y ciudadanía en general, considerando que el concepto de seguridad es integral.

Dijo que los centros de privación de libertad tienen problemas como la falta de infraestructura, tecnología y falta de personal; sin embargo, expresó que para solucionar estos inconvenientes se necesita tiempo y dinero. Los resultados se verán en unos seis meses, aproximadamente, alertó.

“La infraestructura carcelaria que existe no da más”, expresó. Señaló que a pesar que en los últimos años se construyeron centros penitenciarios se los hizo sin visión de seguridad, porque están juntos los reos de máxima, mínima y baja peligrosidad y eso se debe corregir. Respecto a la deficiencia de guías penitenciarios, indicó que se deben mejorar las condiciones para este grupo, así como su preparación, capacitación y entrenamiento. También señaló que se debe fortalecer la inteligencia al interior de los centros.

Inquietudes

El presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, sostuvo que el diagnóstico del sistema penitenciario ya lo conocen por el trabajo de fiscalización que ha realizado la mesa y que ahora necesitan saber, qué acciones llevarán a cabo para mejorar la infraestructura, la falta de tecnología, la deficiencia del personal, entre otros aspectos.

La legisladora Patricia Núñez, sostuvo que se necesita voluntad por parte del Gobierno para llevar adelante políticas públicas que permitan solucionar el problema carcelario. Resaltó que es necesario invertir para ver los cambios en los centros de rehabilitación. Así mismo, pidió conocer un plan de acción a corto, mediano y largo plazo para solucionar la crisis.

La asambleísta Geraldine Weber, indicó que es necesario establecer una hoja de ruta, a fin de solucionar cada problema que se registra en este sector, mientras que el asambleísta Rodrigo Fajardo, comentó que es necesario transparentar la información de lo que sucede en los centros de privación de libertad para tomar acciones adecuadas.

La parlamentaria Marcela Holguín, preguntó cómo se puede dotar de tecnología si el presupuesto para el Sistema de Rehabilitación Social se reduce anualmente. Cuánto se necesitaría para controlar los centros, cuántos guías se están formando y en cuánto tiempo ya estarán entrenados, interrogó. La asambleísta Ana Herrera, cuestionó qué hacer para controlar el ingreso de drogas, armas de fuego y celulares.

Finalmente, el asambleísta Jorge Pinto, se refirió a la predisposición del Gobierno Central para encontrar soluciones concretas a la crisis carcelaria.

 secretaria de Derechos Humanos de Ecuador, Bernarda Ordóñez, informó que más de 3.000 niñas son madres, producto de abusos sexuales. La funcionaria declaró que las tasas de violencia del país son “impactantes” y que los hechos violentos ubican al Ecuador entre los primeros de la región con este tipo de problemas.

Ordóñez aseguró que esta situación es muy compleja y que se deben tomar acciones urgentes para combatir la problemática:«Más de 3.000 niñas en el Ecuador al año menores de 14 años están siendo madre y esto es producto de violación».

Por otra parte, la funcionaria explicó que este problema se ha desarrollado por más de dos décadas, aunque, desde los años noventa, varios organismos internacionales alertaban sobre la falta de políticas públicas para prevenir este tipo de dificultades.

A pesar de que actualmente el Gobierno está desarrollando un registro único de violencia, la falta de datos y registros de los hechos violentos, sentencias y reincidencias impide conocer los datos reales de la situación de vulnerabilidad de las niñas del Ecuador.

Además, mediante datos del Ministerio de Salud sobre ingresos hospitalarios y registros de nacidos vivos se conoce que 3.000 niñas menores de 14 dan a luz por año, algunas menores tienen hijos desde los 8 años.

“Siete de cada diez de estas niñas (embarazadas) son madres por violencia sexual” recalcó la secretaria.

Ordoñez aclaró que muchas sufren enfermedades de transmisión sexual en vías urinarias y otras se encuentran “completamente desprotegidas y la impunidad es bastante alta”.

Un informe de la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) declaró que la violencia sexual es de carácter endémico y de larga data, lo que significa que el problema afecta de forma habitual al país y desde hace varias décadas.

Por otra parte, la Comisión parlamentaria AAMPETRA, exhortó la agilización de políticas públicas para prevenir, atender y ayudar de forma integral los casos de violaciones a menores.

Esto, debido a que, siete de cada diez han vivido algún tipo de violencia. No obstante, la pandemia ha incrementó ese registro en un 30% en la región. Además, dentro de escuelas del sistema educativo público seis de cada diez estudiantes han experimentado situaciones de violencia.

Fuentes: Ministerio de Salud/ Agencia EFE/ Medios locales, Pichincha Universal, Republica del Banano

Hasta la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, acudió un grupo de artistas y compositores, con el fin de solicitar que interponga sus buenos oficios para demandar de las autoridades competentes, acciones urgentes para solucionar los problemas que enfrenta este sector que ha sido una de los más afectados por la emergencia sanitaria causada por el Covid – 19.

Hipatia Balseca, conocida artista nacional, tras agradecer la apertura de la Comisión de Educación, expuso la problemática que enfrentan los compositores, autores y cantantes, a la vez, advirtió que han sufrido atropellos desde hace cuatro años por parte de los directivos de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador (Sayce).

Aseguró que ante esta situación continuarán protestando, con el propósito de lograr que el arte y la cultura sigan sobresaliendo en el Ecuador.

El abogado Mauro Patricio Durazno, en representación de un grupo de artistas, alertó que se cometieron presuntas irregularidades en la elección de la directiva de Sayce, para lo que se creó el llamado “voto ponderado”, con lo que se benefició a determinados personajes.

Durazno Sánchez afirmó que el voto ponderado es discriminatorio e injusto, pues con ello se ha permitido que ciertos artistas reciban valores más altos que otros por concepto de regalías. Puso como ejemplo el caso del Presidente de Sayce que por este concepto recibe hasta 60 mil dólares al año.

Por ello, solicitó que la Comisión de Educación fiscalice la gestión del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (Senadi), pues no se ha preocupado por defender y proteger los derechos de los artistas y compositores que han sido víctimas de abusos y atropellos. También propuso una auditoría a esta institución.

Patricio Durazno aseveró que por denunciar las irregularidades fue expulsado de Sayce, razón por la que desde el año 2019 no recibe regalías por su obras registradas en esa institución.

Por último, expresó que en contraste con la situación económica que viven los artistas, en Sayce se pagan sueldos elevados, a la vez que sostuvo que hace falta adoptar acciones para fortalecer la cultura en el país.

El Pleno de la Asamblea Nacional, por unanimidad resolvió censurar al excontralor general del Estado subrogante, Pablo Celi de la Torre, por incumplimiento de funciones, durante el ejercicio de su cargo, de conformidad con el artículo 131 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 78 y 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

El juicio político se desarrolló en base a seis causales: ilegalidad de posesión de Celi frente a la Contraloría; falta de acción en el caso Odebrecht; irregularidades en la contratación de servicios comunicacionales con la empresa de Daniel Salcedo; injerencia en la Función Electoral; injerencia en el último proceso electoral y el proceso penal que se sigue en su contra por delincuencia organizada.

Durante el debate intervinieron 18 parlamentarios, quienes coincidieron en señalar que quedó en evidencia el incumplimiento de funciones por parte de Celi, a quien se le respetó el derecho a la defensa en el marco del debido proceso.

Además indicaron que Pablo Celi, desde la Contraloría se abstuvo de sancionar a la empresa Odebrecht, pese a las irregularidades que se pusieron en evidencia.

En las intervenciones los legisladores precisaron que el Parlamento no tolerará actos de corrupción y que permanecerán vigilantes para que las autoridades públicas cumplan la Constitución y la ley. “Ya basta que malos funcionarios se aprovechen de los recursos públicos incumpliendo sus funciones, la Contraloría debe ser el custodio de los recursos del Estado”, advirtieron.

Los parlamentarios en sus intervenciones defendieron la competencia que tiene la Asamblea Nacional de enjuiciarlo políticamente. Precisaron que este proceso se llevó a cabo respetando el debido proceso contemplado en la Constitución y en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Además resaltaron el ejercicio fiscalizador de esta nueva Asamblea Nacional.

La resolución será notificada al Ministerio de Trabajo, a fin de que registre la censura del exfuncionario y disponga la prohibición de ejercer cargo en el sector público durante el tiempo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa (dos años).

El expediente de este juicio político se remitirá a la Fiscalía General del Estado, para que en ejercicio de sus competencias realice las investigaciones penales que corresponda. Igualmente se enviará a todas las funciones del Estado, a la Contraloría General del Estado y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a fin de que inicien sus investigaciones de acuerdo con sus competencias legales.

La resolución del Pleno de la Asamblea Nacional será notificada en legal y debida forma al exservidor público censurado; y, se remitirá copia auténtica al Registro Oficial para su publicación.

Acorde a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No 74, del 11 de junio de 2021, las 11 empresas eléctricas, distribuidas en distintos puntos del país, han resuelto al 100% el proceso de refacturación de los rubros cobrados durante los meses de abril y mayo del presente año, con lo que más de 2.5 millones de clientes han resultado beneficiados.

El Decreto contempló la refacturación de los consumos de abril y mayo de hasta 500 kWh, por concepto de servicios públicos de energía eléctrica y de alumbrado público general. Asimismo, se resolvió la no ejecución de cortes del servicio por falta de pago hasta por 60 días.

Bajo ese contexto, se han emitido más de tres millones de notas de crédito a favor de los usuarios, lo que representa alrededor de USD 27.3 millones. A la par, se han resuelto más de 553 mil reclamos por concepto de: facturación, alumbrado y daños a equipos y electrodomésticos a escala nacional.

“¡Tarea cumplida! El 100% de las compensaciones establecidas en el Decreto 74 firmado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, han sido aplicadas a los usuarios residenciales de energía eléctrica a escala nacional. Seguimos trabajando para garantizar un servicio público de energía eléctrica de calidad”, destacó el Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Juan Carlos Bermeo Calderón.

Cabe destacar que, la Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP, en sus once unidades de negocio, ha aplicado el beneficio de las medidas compensatorias a 1 millón 174 mil usuarios y mantiene la no suspensión de los cortes de energía eléctrica.

La implementación y ejecución de estas acciones se alinean a los principios de solidaridad, equidad, eficiencia y responsabilidad social del Gobierno del Encuentro y siguen contribuyendo a la reactivación económica nacional, mediante un servicio eléctrico constante y eficiente.

En el marco por el día internacional de la juventud, se suscribió un convenio de cooperación entre La Prefectura y Ymca Manabí.

"Un covenio para trabajar juntos y por los jóvenes que tanto merecen espacios de igualdad y dignidad. Junto a ustedes construiremos las mejores políticas públicas, porqué serán escritas por ustedes. Ratifico mi compromiso de amor y honor por la juventud manabita, ustedes tienen la energía, vitalidad y talento para transformar el mundo", manifestó el prefecto, Leonardo Orlando, durante el acto de presentación de la Escuela de Liderazgo Integrador.

La escuela es una oportunidad para que los jóvenes se capaciten y aprendan a ser líderes y se involucren en el desarrollo de sus territorios, expresó Walter Moreira, miembro de Ymca Manabí.

La escuela de liderazgo estará integrada por jóvenes de entre 15 y 29 años de edad. Quiénes recibirán los siguientes módulos: Identidad y Género, Organización y Liderazgo, Cultura de Paz, Proyecto de Vida, y: otros temas que ayuden a la construcción una sociedad más justa, solidaridad y equitativa.

Este jueves 12 de agosto, en la universidad San Gregorio de Portoviejo, se cumplió una reunión entre el prefecto, Leonardo Orlando y Giovanni Bassu, representante de ACNUR, Agencia de la ONU, para los refugiados en Ecuador.

"Ecuador tiene una tradición bastante larga de generosidad con las personas desplazadas, son un país de acogida. En el caso de Manabí, no son una provincia de tránsito, son una provincia de destino", dijo Bassu.

"Desde inicio del año 2000, más de 70 mil colombianos se han refugiado en Ecuador. Y desde el año 2018, la población Venezolana, está saliendo de su país porque no tienen otra opción", acotó Bassu.

En el encuentro, el Prefecto explicó los proyectos de asistencia humanitaria que se ejecutan desde el Gobierno Provincial, a favor de las personas que se encuentran en situación de movilidad humana.

"Actualmente, junto a la Organización Internacional de Trabajo (OIT), se trabaja en la construcción de una politica publica de movilidad humana", dijo el Prefecto.

En la reunión, Daniela de la Fuente, técnica de desarrollo social, explicó que como institución se encuentran articulando acciones con diferentes organismos para contribuir a mejorar la estadía de los migrantes en nuestra provincia.

"Se deben crear escenarios que marquen una ruta provincial a favor de las personas que se encuentran en situación de movilidad humana" acotó.

"Hemos acordado varios ejes para asegurar la proteccion y la integración socioeconómica de estas personas.

Podemos hacer un trabajo en conjunto para favorecer a toda la población de Manabí", puntualizó Giovanni Bassu, representante de ACNUR.

En el marco del tratamiento de los proyectos de reformas a la Ley de Minería, la Comisión de Biodiversidad, escuchó a Pablo Zambrano, presidente de la Federación de Industrias del Ecuador y de la Cámara de Industrias y Producción, que agrupa a más de 66 sectores, quien expresó que es necesario lograr un trabajo articulado entre el Gobierno Central, los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) y empresas para desarrollar una minería responsable y sustentable.

Zambrano, señaló que la minería legal es importante para el sector industrial en Ecuador, misma que de conformidad con los Objetivos de Desarrollo está orientada a la sostenibilidad ambiental, inclusión social y desarrollo económico. Hay 27 sectores industriales que se beneficiarían con la minería sustentable, si se generan las condiciones necesarias para el desarrollo de una minería social y responsable. Cuestionó la minería ilegal que causa daños y perjuicios incalculables en el ambiente y la economía.

En otro orden, dijo, se prevé que el 60 % de las regalías se distribuyan entre los GAD que se encuentra en la franja fronteriza de 40 kilometros. Sobre el particular, afirmó que es necesario un equilibrio entre las políticas del Gobierno Central y las necesidades locales, de manera que por un lado no se despoje al Gobierno de una fuente de financiamiento fiscal que beneficie a todo el país y por otra atender las necesidades locales.

La distribución de los beneficios mineros debe responder a una política nacional, administrada por el Gobierno Central, luego de un diálogo con los GAD, de manera que exista orden en el manejo de dichos recursos, afirmó.

De su lado, Xavier Andrade, de la Cámara de Industriales de Azuay, pidió revisar la reforma respecto de la consulta previa, que está dirigida específicamente para comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

La legisladora Consuelo Vega, indicó que se debe considerar las inquietudes de las comunidades, pueblos y nacionalidades, respecto a la explotación minera.

Xavier Andrade, realizó un análisis sobre el impacto de ampliar la prohibición de las concesiones mineras. Señaló no estar de acuerdo que se agreguen otros actos previos para concesiones mineras, que con anterioridad fueron eliminados, como son el permiso del Instituto Nacional de Patrimonio, Instituto Nacional de Biodiversidad y acto previo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, los cuales, a su criterio, son innecesarios.

Entre tanto, Guillermo Godoy, de la Cámara de la Pequeña Minería del Ecuador, anunció que colaborará en la construcción de las reformas a la Ley de Minería y que en los próximos días enviará por escrito las observaciones a estos tres proyectos de reformas que trata la mesa legislativa.

Evaluación Ley Amazónica

Con 7 votos, la Comisión de Biodiversidad, aprobó la ejecución del cronograma de trabajo del Plan de Evaluación de la Ley de Planificación de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.

Por disposición de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, y cumpliendo con el trámite dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, este jueves 12 de agosto, se procedió a notificar en la cárcel 4, al excontralor subrogante, Pablo Celi de la Torre, el llamado a juicio político, conforme la resolución adoptada por el Pleno de la Asamblea en la Sesión No. 721, tras conocer el informe de posiciones de los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político, que provocó un amplio debate y concluyó con el voto unánime de los 134 asambleístas.

La Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 83, numeral 3, inciso tercero, establece que la convocatoria para el juicio político será notificada a la funcionaria o funcionario cuestionado a través de los medios físicos o electrónicos disponibles, con al menos setenta y dos horas de anticipación a la fecha prevista para la sesión del Pleno.

La sesión de juicio político se desarrollará el próximo lunes, 16 de agosto, a partir de las 08h30, conforme a la convocatoria formulada por la presidenta de la Asamblea Nacional.

Procedimiento

Según lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la fecha y hora señaladas en el orden del día, las o los asambleísta interpelantes llevarán adelante la interpelación por el lapso de dos horas, con base en las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo probatorio respectivo.

A continuación, el exfuncionario enjuiciado políticamente, en el lapso máximo de tres horas, presentará sus alegatos de defensa ante el Pleno de la Asamblea Nacional sobre las acusaciones imputadas en su contra, con base en las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo probatorio respectivo.

Luego, cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de una hora. Finalizada la intervención de Pablo Celi, la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, declarará abierto el debate, en el cual podrán intervenir todas las y los asambleístas y exponer sus razonamientos por el tiempo máximo de diez minutos, sin derecho a réplica.

El juicio político concluirá con la votación de la moción de censura que se presentaría durante el debate.

SEGUIMOS REACTIVANDO EL TURISMO EN BICICLETA, SE VIENE LA RUTA DE LA TORTUGA

El próximo 15 de agosto en el balneario de San Jacinto, de la provincia de Manabí, se desarrollará la primera edición de la ' Ruta de la Tortuga", evento deportivo que es organizado por el club de ciclismo "Cycling UIO", de la ciudad de Quito.

"Con está  competencia lo que buscamos es reactivar la economía de la población y qué mejor forma que hacerlo con el deporte e incentivando siempre el cuidado del  ambiente; punto esencial de estas competencias", manifestó Darío Alemán, representante de

CyclingUIO.

Este evento cuenta con el respaldo de la Prefectura de Manabí, institución que fomenta el turismo deportivo en la provincia como una medida de reactivación económica.

"Para nosotros es importante promocionar estas actividades que generan bienestar y salud. Cada participante recibirá un souvenir turístico de Manabí", dijo Ángel Chila, técnico de La Prefectura.

El recorrido se inicia en el faro de San Jacinto, avanza hasta el balneario San Clemente, la vía principal hasta tomar las montañas. Son 37 km aproximadamente.

" La ruta tiene cierto grado de complejidad porque tenemos tres o cuatro cerros que subir ( buena altimetría), pero lo más hermoso son los paisajes", comentó Darío.

Las inscripciones están oficialmente abiertas vía  online, sigue la página en Cycling UIO, para  mayor información.