Hechos Ecuador

El Pleno de la Asamblea Nacional demandó del Gobierno Nacional adoptar medidas para garantizar mayor cobertura del Estado en los servicios para compatriotas que requieren patrocinio legal en el extranjero y repatriación de restos mortales.

El ponente del proyecto, el legislador Ángel Maita, resaltó que la iniciativa busca evidenciar la reducción presupuestaria para la repatriación de cadáveres y sobre esa base exigir que se garanticen los recursos para el cumplimiento de la política migratoria.

También dijo que a través de esta iniciativa se apunta hacia la eficiencia y simplificación de trámites y que se priorice la presencia de delegaciones consulares en las zonas fronterizas para garantizar una respuesta inmediata a nivel de ayuda humanitaria y asesoría jurídica a nuestros compatriotas víctimas de tráfico ilegal de personas.

Debate

La legisladora Mónica Palacios mencionó que en la actualidad son alrededor 3 millones de ecuatorianos en el mundo, de los cuales el 60 % vive en Estados Unidos, quienes aportan a la economía ecuatoriana con alrededor de 3.300 millones de dólares, pero que el Estado ecuatoriano no atiende a la comunidad migrante.

Sostuvo además que los migrantes ecuatorianos se encuentran en indefensión en los países que residen ni logran la reunificación familiar.

Sobre la repatriación de restos mortales dijo que los familiares deben experimentar una “verdadera pesadilla”, pues enfrentan una alta vulnerabilidad económica para acceder a estos servicios. Además, indicó que este proceso debe ser atendido por la Cancillería y no dejar en manos de las familias de los migrantes.

Por su parte, el asambleísta Juan Fernando Flores expresó que la solución de esta problemática no pasa por una resolución, sino que amerita un estudio exhaustivo interno que ya se realiza por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores. También instó a los asambleístas que representan a los migrantes en el exterior a unirse para trabajar de manera conjunta en una iniciativa que atienda esta situación.

Con 100 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución para exigir mayor cobertura del Estado en los servicios para compatriotas que requieren patrocinio legal en el extranjero y repatriación de restos mortales.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 113 votos, un proyecto de resolución propuesto por la legisladora Yeseña Guamaní, en el cual se exhorta al jefe de Estado, Guillermo Lasso, a cumplir con la Constitución de la República respecto a la falta de medicamentos para las personas con discapacidad, enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, en los establecimientos del sistema nacional de salud a escala nacional.

La ponente de la resolución indicó que junto a varias organizaciones sociales ha trabajado para reformar la Ley de Discapacidades, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, enfermedades raras o huérfanas. Sostuvo que estos grupos vulnerables no reciben el adecuado tratamiento, ni la medicación de forma oportuna. Informó que, según las organizaciones sociales, en Ecuador hay más de un millón de personas con discapacidad, sin embargo, no están calificadas.

Resolución

En la resolución planteada se exhorta al presidente de la República, Guillermo Lasso, cumpla el artículo 47 de la Constitución, especialmente lo previsto en el numeral 1, en particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida y que se vele por sus familias y sean incluidas de forma emergente en el plan de vacunación de forma prioritaria.

Se exhortó al Presidente de la República a que cumpla lo previsto en el segundo inciso del artículo 362 de la Constitución, concordante con lo establecido en el artículo 363 en su numeral 7. Estos se refieren a que los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención y que el Estado será responsable de garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces (...).

También exhortó al al mandatario a que disponga al Ministerio de Salud Pública adopte las medidas correctivas y oportunas, a fin de que los servicios de salud sean atendidos y se encuentren provistos de los medicamentos necesarios de forma suficiente para los pacientes que acuden a los establecimientos de salud y en especial para las personas con discapacidad, enfermedades crónicas, raras o huérfanas y al Ministerio de Economía que adopte las medidas para que el sistema de salud cuente con los recursos económicos y que los servicios de salud se encuentren provistos de los medicamentos necesarios de forma suficiente para los pacientes que acuden a los establecimientos de salud, en especial para las personas con discapacidad, enfermedades crónicas, raras o huérfanas.

La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes recibió al exasambleísta Franklin Samaniego, quien presentó sus observaciones al proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna).

Samaniego expresó que el trabajado que realizó la comisión especializada en el período anterior fue extenso y minucioso, pues recopiló información sumamente importante e incorporó varias propuestas tomando en cuenta las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, para construir el Copinna.

Samaniego enfatizó que entre las prioridades para el desarrollo del proyecto fue garantizar a las niñas, niños y adolescentes el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, definiendo las normas sustantivas y adjetivas, así como los mecanismos, procedimientos y autoridades competentes para cumplir dichos derechos.

También, destacó la importancia de recuperar la especialidad y especificidad en el tratamiento de todas las decisiones y procedimientos relacionados con la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Además, pidió a los asambleístas que tomen en cuenta los nudos críticos en temas de salud, seguridad y asuntos sociales que contiene el proyecto, con la finalidad de que sean analizados y trabajados, a la vez señaló que la participación de los niños, niñas y adolescentes es importante y necesaria en la aprobación del Código.

La presidenta de la Comisión, Pierina Correa, comentó que varias instituciones han sido de gran ayuda y han tenido apertura para escuchar las propuestas y observaciones al proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

Por último, invitó a Franklin Samaniego a seguir trabajando en el estudio de este proyecto y agradeció por sus recomendaciones y aportes a la comisión.

La Comisión de Desarrollo Económico retomó el análisis del proyecto de reformas a la Ley de Empresas Públicas. El asesor jurídico Paúl Pérez explicó las cinco iniciativas que se encuentran en la mesa.

La iniciativa busca una reforma integral a las empresas públicas, así como la ejecución de políticas públicas que las fortalezcan, debido a que hay una débil gobernanza y la alta participación del Estado en sectores no estratégicos.

El asambleísta César Rohon indicó que esta norma permitirá un proceso de transparencia y generar responsabilidades en los administradores de la gestión de empresas públicas. Indicó que a parte de una débil gobernanza no hay rendición de cuentas, ni estados financieros y cuando esto sucede es un foco para la corrupción. Además, informó que las EP recibieron por parte del estado 45 mil millones de dólares para su funcionamiento.

El titular de la Comisión, Daniel Noboa Azin, indicó que la corrupción no solo se esconde en las empresas públicas, sino en los proveedores de servicios. Remarcó que es importante trabajar en inteligencia comercial y consideró necesario “cerrar las puertas a la corrupción” y poner normativas a los prestadores de servicios.

De su parte, el asambleísta John Vinueza apuntó que la norma también debe dar seguridad a los proveedores, pues han tenido varios inconvenientes cuando el Estado, a través de las empresas públicas, no paga a tiempo y estos quedan en indefensión.

Mientras tanto, la asambleísta Nathalie Arias mocionó que a la mesa comparezca el anterior administrador de las empresas públicas y, además, se remita a los legisladores las actas de las reuniones que la Comisión anterior tramitó sobre el tema. La moción fue aprobada con ocho votos.

Facturas eléctricas

En otro aspecto, el secretario de la Comisión, Jaime Pozo, dio a conocer la información remitida por la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) sobre el cobro excesivo de las planillas de energía eléctrica, facturación y refacturación

El legislador César Rohon señaló que estos pedidos de información surgieron a raíz de varios oficios presentados, a fin de que CNEL exponga los respaldos de los procesos de facturación que han sido cuestionados a lo largo de los años. Indicó que la documentación remitida es demasiado técnica, por lo que pidió que esta información se entregue a una mesa cívica que se ha constituido en Guayaquil para que desarrolle los datos y presente un informe a la Comisión y así avance el trabajo de fiscalización.

Informó que se reunió con el Ministro de Energía para analizar la refacturación. En ese marco, comentó que se ha revisado 1 millón 150 mil facturas por un monto de casi 16 millones de dólares. Señaló que queda pendiente llevar adelante los estudios para el nuevo pliego tarifario que deberá concluir en diciembre y esto terminará con el valor indiscriminado en las planillas.

Ley de Turismo

El asesor de la Comisión, Édgar Lama, presentó ante la mesa los siete proyectos de ley en materia de turismo. Comentó que uno solo cuenta con informe para segundo debate, por lo tanto, lo ideal es trabajar sobre un proyecto de ley íntegro, funcional que acoja las necesidades del país.

Los asesores de la Comisión ya presentaron dos matrices sobre los proyectos para que sean analizados por los legisladores. En ellas exponen los proyectos y se hace un análisis comparativo. Lama dijo que varios proyectos ya no tienen vigencia y de otros se pueden rescatar algunos conceptos y términos.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, mediante declaración de prensa, informó que se ha solicitado a la Comisión de Fiscalización y Control Político que, en el plazo de dos días, remita un informe de posiciones de los miembros de este organismo y las actas relacionadas con la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de Pablo Celi, excontralor subrogante, toda vez que el requerimiento de ampliación del plazo para emitir el informe se entregó de manera extemporánea.

Tras agradecer la compañía de los jefes de las bancadas de la Asamblea Nacional,  Guadalupe Llori explicó que el 26 de julio de 2021 concluyó el plazo para la presentación de las pruebas de cargo y descargo del proceso de juicio político al excontralor Pablo Celi.  A partir de esa fecha, la Comisión de Fiscalización tenía cinco días de plazo para presentar el informe motivado para el avance de este proceso en el Pleno de la Asamblea.

Según lo que determina el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el mencionado plazo venció el 31 de julio de 2021. Al amparo del mismo artículo, el presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Fernando Villavicencio, solicitó -fuera de los plazos establecidos-, con fecha 2 de agosto, a las 00h44 am, una prórroga para la entrega del informe, recordó.

La Titular de la Legislatura aseguró que en vista del incumplimiento de la normativa, la Presidencia de la Asamblea Nacional resolvió no conceder la extensión del plazo, porque contravendría lo establecido en la Ley que rige la Función Legislativa. En tal sentido, lo que procede, dentro del marco jurídico, es que el presidente de la Comisión remita, en el plazo de dos días, a la Presidencia de la Asamblea Nacional, un informe que detalle las posiciones de los asambleístas miembros de la Comisión, para que sea el Pleno el que resuelva el juicio político, agregó.

10 La Asamblea Nacional asume la responsabilidad política de no dejar en la impunidad el juicio político al excontralor Pablo Celi  La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, media

La Comisión de Educación, presidida por el legislador Manuel Medina, ratificó el compromiso de generar normas legales que ayuden a solucionar el grave problema económico que enfrentan los becarios y beneficiarios de crédito educativo. Esto en el marco del análisis del proyecto de reformas al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Código Ingenios).

Esta propuesta regula el refinanciamiento y facilidades de pago en becas, crédito educativo y ayudas económicas, en el afán de encontrar una solución adecuada, de modo que los deudores puedan cumplir sus obligaciones de acuerdo con su realidad económica y la del país.

Para ello, el proyecto crea un régimen especial de facilidades de pago para la recuperación de la cartera vencida por créditos educativos y cobro de sanciones económicas impuestas a los beneficiarios.

Esta vez los comisionados escucharon las versiones de los directivos de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y de la Asociación de Becarios del Ecuador.

Valeria Espinoza, de Senescyt, explicó que el proyecto en referencia incorpora en el Código Ingenios un régimen de transición para flexibiizar el proceso de recuperación de los créditos y valores por concepto de becas, que tiene una dinámica diferente.

La funcionaria explicó que la reforma requiere armonizar con el Código Orgánico Administrativo, que prevé la refinanciación de créditos hasta 24 meses y previo el pago del 20% de la deuda.

De su lado, el director del Proceso de Coactiva de la Senescyt, Rafael Dávalos, coincidió en señalar que la ley debe precisar que el régimen especial no va a contravenir lo dispuesto por el Código Administrativo, de lo contrario habría dos normas contradictorias del mismo orden jerárquico, lo que ocasionará problemas de índole técnico y legal en perjuicio de los beneficiarios del crédito educativo.

Recordó que la normativa legal vigente permite una sola oportunidad para presentar facilidades de pago, que implica un abono inicial de 20% y un plan de pagos de hasta 24 meses, pero que el régimen especial propuesto en la reforma habla de un abono que va del 5 al 20%, de acuerdo con el monto de la deuda y se amplía hasta 120 meses, lo que contradice al Código Administrativo.

También aseguró que es importante delimitar el ámbito de aplicación de este régimen para las cuentas que se hallan en etapa coactiva.

A su vez, María Teresa Galarza, de la Asociación de los Becarios, expresó su preocupación porque se han iniciado procesos de liquidación en los que se trata a la beca como un crédito, pese a que son circunstancias totalmente diferentes, a la vez que sostuvo que se debe considerar incumplimiento del objeto del contrato cuando el estudiante no realizó los estudios y no alcanzó el título profesional y, en consecuencia cabe la devolución de la beca.

Advirtió que los beneficiarios del crédito educativo y becas no tienen acceso a un empleo, como consecuencia de la pandemia y la crisis económica y consecuentemente no tienen capacidad económica para cancelar, razón por la que se les ha iniciado procesos coactivos.

Los parlamentarios expresaron su preocupación por la situación que enfrentan los becarios y las condiciones impuestas por la Senescyt para la recuperación de los créditos, a la vez que sugirieron que se considere la situación de cada una de las personas que por falta de un empleo no tienen capacidad económica para pagar el crédito.

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE) participó, este martes 3 de agosto de 2021, en el lanzamiento de la Campaña “Juntos Prevenimos los Incendios Forestales” con autoridades del Ministerio Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud Pública y Servicio Integrado de Seguridad- ECU911. El evento fue un llamado a la corresponsabilidad ciudadana para prevenir emergencias a causa de los incendios forestales. 

Solo entre el año 2019 y el pasado mes de julio, los incendios forestales ocasionaron, a escala nacional, la pérdida de más de 51.600 hectáreas de cobertura vegetal, siendo Loja, Pichincha y Guayas las provincias con mayor porcentaje de afectaciones.

La mayoría de estos incendios provocados por acciones humanas, en especial por el uso inadecuado del fuego en las actividades agropecuarias y hechos asociados a la piromanía en áreas protegidas, sitios que cuentan con una riqueza impresionante de flora y fauna.

Las autoridades, en Rueda de Prensa, se expresaron sobre el empoderamiento a la ciudadanía sobre estos temas, ya que es fundamental para motivar la pronta reacción ante estos eventos peligrosos o emergencias, es por eso que es importante pensar desde la inversión en la prevención de incendios, porque esto resulta más rentable que dedicar los esfuerzos al control de incendios, una actividad peligrosa y costosa.

El Subsecretario General del SNGRE, Rodrigo Rosero, expresó: «Estamos seguros que juntos lograremos los resultados esperados, como Gobierno del Encuentro; comprometido con el bienestar de sus ciudadanos, que trabaja por un Ecuador más consciente de los riesgos y más preparado”

En esta campaña participan líderes de opinión y ciudadanía vinculada a la realidad de los incendios forestales, quienes a través de testimoniales nos brindan recomendaciones sobre cómo cuidar los bosques y evitar un incendio forestal.

El SNGRE demuestra, de manera permanente, el compromiso de fomentar una cultura de prevención de una manera global, en donde se involucre a todos los actores, tanto del sector público como privado, y que especialmente comprometa a la ciudadanía en general.

El Pleno de la Asamblea, conducido por el primer Vicepresidente, Virgilio Saquicela, aprobó por unanimidad el Protocolo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC), suscrito en Ginebra, el 6 de diciembre de 2005, que da un carácter permanente a un mecanismo encaminado a facilitar el acceso de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, especialmente aquellos en mayor situación de pobreza, a medicamentos genéricos producidos en otros países.

Juan Fernando Flores, titular y ponente del informe de la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, destacó el trabajo realizado en el período anterior respecto del análisis de este instrumento internacional, que tiene por objetivo establecer vías seguras para acceder a medicamentos e insumos, que permitan atender las necesidades del país en esta materia.

El parlamentario subrayó que a través de este Protocolo Ecuador podrá importar medicamentos genéricos producidos en otros estados, con lo cual se garantiza el abastecimiento del mercado local. Además, establece un marco de comercio justo entre las naciones que son parte de la Organización Mundial de la Salud.

Comisión general

Previamente, el Pleno recibió en comisión general a Javier Freire Núñez, corresponsal para Ecuador de la Fundación Max Plank, quien se refirió al camino que tuvo que seguir la formulación de instrumento internacional que garantice la propiedad intelectual en materia de medicamentos, que antes solo garantizaba los derechos por 10 años y que, luego, se extendió a 20 años.

Explicó que este Protocolo permite que los distintos países adherentes puedan atender de manera prioritaria situaciones como las que hoy atraviesa el mundo, con la pandemia de Covid 19.

Debate

En el debate, los asambleístas Édgar Quezada Patiño, Pamela Aguirre y Marcos Molina, coincidieron en las bondades de este Protocolo; sin embargo, alertaron sobre la necesidad de vigilar que este tipo de normas de carácter internacional no afecten a la industria local.

Fiscalía procesó a cuatro personas –tres exfuncionarios del Hospital General Universitario y un proveedor– por su presunta participación en el delito de peculado para la adquisición de insumos médicos con presunto sobreprecio, entre estos: reactivos químicos destinados al área de laboratorio durante el año 2013.

En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada la tarde de este martes 3 de agosto en la Unidad Judicial Florida Norte, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, César Suárez Pilay, presentó como elementos de convicción: el Informe con Indicios de Responsabilidad emitido por la Contralaría General del Estado, y el informe y la pericia contable que determina un sobreprecio de cerca de 25.000 dólares por un contrato de 75.044 para la compra de insumos.

Además de los informes de contratación pública, copias certificadas del contrato investigado remitido por el Ministerio de Salud, el informe del Servicio de Contratación Pública, las versiones de los auditores de la Contraloría y peritos contables, y los informes investigativos de inspección ocular técnica de Criminalística.

La jueza de Garantías Penales, Mónica Caicedo, dictó medidas cautelares –como presentación ante la autoridad judicial cada quince días, la prohibición de salida del país y la acción de enajenar bienes por 50.000 dólares– para José María P. D. (exgerente de la casa de salud), Maritza Isabel M. T. (exdelegada de la máxima autoridad hospitalaria), Jorge Enrique S. N. (exjefe de Compras Públicas) y David Stalin D. A. (proveedor de la empresa Megalab).

El cierre de la instrucción fiscal será en noventa días.

Contexto

Fiscalía inicio una investigación en diciembre de 2017, tras haber recibido un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal de parte de la Contraloría General del Estado, por un presunto perjuicio de cerca de 25.000 dólares en un contrato de adquisición de insumos médicos –como reactivos químicos– para el área de laboratorio del Hospital General Universitario del Ministerio de Salud, por un valor total de 75.044 dólares.

Según Contraloría e investigaciones de la Fiscalía del Guayas, existiría un presunto perjuicio económico en el contrato de adquisición de insumos, reactivos y consumibles para equipo de apoyo tecnológico y estarían involucrados varios exfuncionarios del referido hospital, así como el proveedor de la empresa investigada.

Información jurídica

Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que indica que los servidores y las personas que actúan en virtud de una potestad estatal, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados, serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años.

El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto que reformas a la Ley de Seguridad Social para promover la total transparencia de la gestión de los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de todas las entidades de su propiedad y prevenir cualquier acto de corrupción.

En este sentido, la propuesta exige al Seguro Social publicar anualmente, en los primeros treinta días de cada ejercicio fiscal, sus estados financieros, incluidos sus balances y los cálculos actuariales.

Asimismo, le obliga que permita el acceso del público a la contabilidad, libros, correspondencia, archivos o documentos justificativos de sus operaciones, de manera electrónica y física actualizada, sin limitación alguna para todos los aportantes a la Seguridad Social.

El asambleísta Eckenner Recalde, ponente del informe que fue elaborado por la Comisión del Derecho al Trabajo, recalcó que la reforma pretende incluir en el ordenamiento jurídico la obligación de la Autoridad del Seguro Social a publicar los fondos e inversiones que se hicieren con los dineros de los aportantes, así como transparentar y conocer el origen de los fondos, su gestión y finalidad.

La propuesta está orientada a contribuir de manera efectiva a la cultura organizacional, basada en principios y que coadyuven a la sostenibilidad de los fondos y el combate a los actos de corrupción, explicó el legislador al indicar que que la escencia de la norma es que los ecuatorianos tenemos el derecho de saber cómo se usan nuestros aportes en el marco de la transparencia.

Lo sucedido con los dineros del ISSPOL no puede repetirse, por ello los ecuatorianos debemos conocer qué sucede con los recursos de la Seguridad Social, a través del acceso a la información pública.

En el debate los legisladores consideraron positivas las reformas en la medida de transparentar la información. Señalaron que es necesario que la información sea clara y puntual y que la ley debe ser sancionatoria en caso de incumplimiento.

Salvador Quishpe sostuvo que la falta de transparencia es uno de los problemas que vive el IESS y por ello es oportuna e importante la propuesta de ley para que se pueda evidenciar la información ante la sociedad.

Mariano Curicama consideró que esta es la oportunidad para efectuar un justo reconocimiento a los trabajadores y jubilados por sus años de servicio al país tras precisar que la información pública es un derecho.

Jhonny Tapia recordó que en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública existen disposiciones relacionadas con la publicación y entrega de la información, mientras que Diego Ordóñez afirmó que se debe considerar que el IESS administra los seguros, pero no es dueño de los mismos. Subrayó que el propósito del proyecto es bueno en el sentido que haya acceso a la información pero hay que reglarla en la medida que sea entendible y posible de aplicar.

Joel Abad dijo que a más de transparentar las cuentas es necesario publicar la información para conocer el adecuado manejo de los recursos de la entidad, a la vez que expresó su preocupación porque la Superintendencia de Compañías en el año 2015 declaró reservada la información y estudios actuariales del IESS, por 15 años.

De su lado, Darwin Pereira enfatizó el país exige más transparencia por parte de la Seguridad Social. Exigió trabajar en una reforma integral porque el Seguro Social está en emergencia.

Transparencia en las finanzas de la institución, publicación periódica de las cifras relacionadas con su gestión en los ámbitos administrativo, financiero y de salud; que la información se clara y puntual y que la ley también sea sancionatoria en caso de incumplimiento, porque se quiere un IESS sostenible que trabaje con celeridad y transparencia, expresó por su parte Yeseña Guamaní.