Hechos Ecuador

En cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 327, numeral 3, del Código de la Democracia, respecto a los porcentajes de participación en los procesos electorales para que las organizaciones políticas se mantengan en el Registro Nacional Permanente de Organizaciones Políticas, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), analizó la situación de 21 partidos y movimientos de ámbito nacional; de los cuales ocho, serán notificados para iniciar su proceso de cancelación.

El informe presentado ante el Pleno del CNE, con base en el artículo mencionado, expresa que se extinguirá la personería jurídica si las organizaciones políticas, de ámbito nacional no obtienen el 4% de los votos válidos en dos elecciones pluripersonales distintas y consecutivas a escala nacional; o, al menos 3 representantes a la Asamblea Nacional; o el 8% de alcaldías; o, por lo menos un concejal del 10% de los cantones del país.

De este modo, con base en el análisis de porcentajes y dignidades alcanzadas, el Pleno del CNE declaró el inicio del proceso de cancelación del Movimiento Ecuatoriano Unido, Partido Fuerza EC, Justicia Social, Partido Socialista Ecuatoriano, Unión Ecuatoriana, Construye, Movimiento Nacional Podemos y Concertación. Los representantes de estas organizaciones políticas tendrán 10 días para presentar sus descargos con respecto a los informes emitidos por el órgano electoral, a partir de la notificación.

Por otra parte, también el Pleno del CNE notificó los resultados obtenidos en las Elecciones Generales 2021 de: Centro Democrático, Unidad Popular, Sociedad Patriótica, Fuerza Compromiso Social, Partido Social Cristiano, Avanza, Izquierda Democrática, Amigo, Pachakutik, Democracia Sí, CREO, SUMA, Alianza PAIS, para su conocimiento.

Para estos últimos, el cuerpo colegiado informó que estos resultados deberán considerarse conjuntamente con los de las Elecciones Seccionales 2023 para determinar el cumplimiento del artículo 327. Asimismo, estos movimientos y partidos contarán con un plazo de 10 días para presentar descargos u observaciones respecto a la resolución.

NUEVA YORK, 19 de julio de 2021 – “Debido a que la cifra oficial de muertos por la COVID-19 en todo el mundo ha superado los 4 millones a principios de este mes, UNICEF está cada vez más preocupado por los niños que se quedan huérfanos de uno o ambos progenitores.

“Como ocurre con todas las crisis y pandemias sanitarias, los niños más vulnerables corren un mayor riesgo de quedarse sin el cuidado de sus padres debido a la muerte, las enfermedades graves o las dificultades económicas. Esto, a su vez, aumenta el riesgo de que se les coloque bajo un cuidado alternativo inadecuado.

“Aunque es demasiado pronto para calcular el número de niños huérfanos o abandonados como consecuencia de la pandemia, el aumento de las muertes en algunos países significa que muchos niños ya vulnerables a las repercusiones de la COVID-19 deben confrontar una mayor angustia emocional y problemas relacionados con su protección.

“Los daños inmediatos y a largo plazo causados por la separación de la familia y el cuidado alternativo inadecuado, especialmente en instituciones, están bien documentados. Las instituciones se caracterizan a menudo por un régimen de vida intrínsecamente perjudicial. Los niños pueden sufrir a causa de la convivencia forzada y de unas rutinas fijas que no se adaptan a sus necesidades individuales. A menudo se les priva de la capacidad de tomar decisiones que se ajusten a sus intereses.

“Además, los niños en régimen de acogimiento alternativo suelen estar aislados de sus familias y comunidades locales. Privados del cuidado de sus padres, pueden sufrir daños físicos, psicológicos, emocionales y sociales, con consecuencias que duran toda la vida. Estos niños también tienen más probabilidades de sufrir violencia, abusos, abandono y explotación.

“Para prevenir y responder a esta crisis para los niños a corto y largo plazo, es vital que los gobiernos proporcionen a las familias el apoyo emocional, práctico y financiero que necesitan. Al mismo tiempo, debemos trabajar para apoyar un sistema en el que los niños privados del cuidado de sus padres puedan ser atendidos por miembros de la familia ampliada y no sean colocados en lugares de cuidado alternativo inadecuados. Esto incluye:

“Mientras la COVID-19 sigue devastando familias y comunidades, debemos proteger el derecho de todos los niños a vivir y crecer en un entorno que apoye su desarrollo físico, psicológico, social y emocional”.

En su primera reunión y luego de su constitución oficial, el Grupo Parlamentario para la Promoción y Masificación del Deporte recibió de parte de la viceministra de Deporte, María Belén Aguirre, información relacionada con la participación de la delegación ecuatoriana en los Juegos Olímpicos de Tokio y la agenda para la promoción del deporte de alto rendimiento.

La funcionaria aseguró que el Ministerio del Deporte es consciente de las necesidades y cambios que se deben realizar en el alto rendimiento y que los  deportistas son prioridad. Reafirmó el compromiso de trabajar por el desarrollo deportivo y transformar la vida a través del deporte.

Explicó que esta vez participa en los juegos olímpicos la delegación más grande en la historia deportiva del país y en los juegos Paralímpicos que iniciarán el 24 de agosto participarán 10 deportistas, a la vez que resaltó que hasta el momento se han obtenido dos medallas de oro, una de medalla plata y dos diplomas olímpicos.

Nuevos retos

Aseguró que el Gobierno ha puesto en la agenda prioritaria al deporte elevando a la institución al rango de Ministerio de Deporte y con ella muchas acciones. Se ha escuchado las necesidades de los deportistas y se ha atendido a más de 60 atletas.

También resaltó que se incluyó en el plan de vacunación a los atletas y la delegación y coordinó con el Ministerio de Relaciones Exteriores para la emisión de pasaportes oficiales y notas de visa para el ingreso a los distintos países.

Presupuesto

Informó que el presupuesto del Ministerio es de 67.3 millones de dólares, de los cuales 51 millones se transfiere a los organismos deportivos y a los deportisas. Tan solo el 24% se queda para ejecución directa de la institución. Para este año se ha destinado 8 millones de dólares para el alto rendimiento que se diseña en función de un ciclo olímpico, explicó.

Recalcó que para la participación de los deportistas en Tokio se transfirieron 575 mil dólares al Comité Olímpico Ecuatoriano, en junio 2021; y, al Comité Paralímpico 145 mil dólares.

Agenda del Ministro

Informó que el Ministro del Deporte acompañó a los deportistas y vigiló el tema logístico de participación. Mantuvo reuniones con otros ministros de su área para impulsar el trabajo de cooperación internacional y con la Agencia de Cooperación Japonesa para la firma de convenio de cooperación. También ha visitado universidades de Tokio en busca de becas para los deportistas, añadió.

Informó que tienen planificado entregar incentivos económicos para quienes obtienen medallas: 100.000 para medalla de oro, 80 mil para plata y 60 mil para bronce, tanto para el deporte convencional como para el adaptado.

Anunció que luego de los Juegos Olímpicos se convocará al Comité de Alto Rendimiento para evaluar a qué deportistas les corresponde un cambio de categoría.

Los legisladores  expresaron su sentimiento de orgullo por los logros obtenidos por nuestros deportistas y aseguraron que hay mucho por hacer, que se debe apoyar de manera efectiva y trabajar en las bases para masificar y fortalecer el deporte nacional.

Una familia, propietaria de un patio de autos, fue perjudicada económicamente –bajo amenazas de atentar contra la vida de sus integrantes– por parte de Diego Ricardo B. C. y Diego Alejandro G. V.

Ambos fueron sentenciados a cuatro años de privación de libertad como autores del delito de asociación ilícita para cometer extorsión. Las víctimas deberán recibir 90.000 dólares por parte de los sentenciados como reparación económica y la multa fijada para los infractores es de once salarios básicos unificados.

Un Tribunal de Garantías Penales de Pichincha sustentó su resolución con las pruebas presentadas por la fiscal del caso, Claudia Romero, de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

Amenazas de “gente mala”

En noviembre de 2016, Diego Ricardo B. C., por contacto de una tercera persona, acudió hasta el patio de autos a proponerle a su dueño la capitalización del negocio. Después de una larga conversación, acordaron dicha inyección de liquidez por 100.000 dólares.

“Diego Ricardo B. C., en concierto de voluntades con otras personas, hizo creer a la víctima que está en posibilidad de prestarle el dinero y que necesitaría letras de cambio como garantía de pago”, explicó la Fiscal.

Semanas más tarde, en diciembre, Diego Ricardo apareció en el negocio de la víctima para exigirle 250.000 dólares, porque (según él) al tratar de ingresar el dinero desde Colombia –donde “gente mala” y dedicada a negocios ilícitos le prestó 500.000 dólares– fue detenido por la Policía ecuatoriana y le incautó todo el efectivo.

Como el dinero era para él, le dijo a la víctima que debía devolverle lo que le pedía, de lo contrario mataría a sus hijos. En respuesta, el propietario del negocio le dijo que no era su responsabilidad la forma en que intentó trasladar ese dinero.

Entonces empezaron las intimidaciones: le enviaban fotografías de sus hijos, ubicaciones, mensajes de muerte en contra de ellos y amenazas de secuestro. Atemorizadas –y para que la “gente mala” no les hagan daño– las víctimas accedieron a las imposiciones de los ahora sentenciados y firmaron cuatro letras de cambio por 90.000 cada una. También le entregaron cuatro vehículos como garantía de pago.

Diego Ricardo B. C. recibió los autos a su nombre y Diego Alejandro G. V. se encargó del cobro de una de las letras de cambio en la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Mejía, a través de un procedimiento por un título ejecutivo. Como resolución de este juicio ejecutivo, una jueza dispuso que la víctima pague la letra de cambio, más intereses y honorarios del abogado.

En este contexto inició el proceso penal. A través de su abogado, Diego Alejandro G. V. se contactó con las víctimas para exigirles que se retracten de la acusación particular y que retiren la denuncia en contra de ellos, a cambio de no ejecutar las otras letras de cambio. Les propuso firmar un acuerdo donde conste que ya se hicieron efectivo dichos documentos.

Este fue el relato de las víctimas durante la audiencia de juzgamiento a Diego Ricardo B. C. y Diego Alejandro G. V.

Y la Fiscalía lo sustentó con los testimonios de las víctimas, que fueron concordantes con los resultados expuestos por los agentes investigadores, y de las personas a las que Diego Ricardo B. C. vendió los vehículos que obtuvo de la víctima; los documento de traspaso de dominio de dichos autos, testimonios de peritos que practicaron pericias de audio y video, extracción de información de los teléfonos de los procesados (conversaciones respecto a procesos de cobro de la letra de cambio en Machachi), entre otros.

Respecto a las otras tres letras de cambio en poder de los sentenciados, el Tribunal Penal ordenó que sean devueltas a las víctimas.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) dio a conocer hoy los ganadores de los premios a la Excelencia Periodística 2021. Periodistas de medios nacionales, locales y plataformas de colaboración de Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela obtuvieron premios y menciones en 14 categorías.

La presidenta de la Comisión de Premios de la SIP, Leonor Mulero, resaltó la calidad y relevancia de los trabajos concursantes. "Una vez más se demuestra el papel fundamental de la prensa en la cobertura de los temas clave de nuestras sociedades, uno de cuyos ejemplos es la cantidad de postulaciones dedicada a la pandemia de covid-19", expresó.

Mulero, del Grupo Ferré Rangel Media, San Juan, Puerto Rico, destacó que las cifras de participación se mantuvieron por encima de las mil postulaciones, a pesar de las dificultades de todo tipo. "Hay que destacar que, por primera vez, se recibieron nueve trabajos de periodistas cubanos quienes, con valentía y rigor periodístico, abordan la situación de su país".

Los primeros premios consisten en diplomas, además de $2.000. Se entregarán en una ceremonia especial durante la 77ª Asamblea General de la SIP que se celebrará en Madrid, España del 28 al 31 de octubre.

Mulero agradeció a los integrantes de la Comisión de Premios de la SIP por su participación en un proceso arduo de selección y evaluación que se extendió por varios meses. Asimismo, destacó el aporte de los medios y empresas patrocinadoras: El Tiempo, Bogotá, Colombia; TV Venezuela, Miami, Florida; Grupo Opsa, San Pedro Sula, Honduras; El Comercio, Lima, Perú; The Gleaner, Kingston, Jamaica; Debate Media, Culiacán, Sinaloa, México; La Prensa Gráfica, San Salvador, El Salvador; Clarín, Buenos Aires, Argentina; El Mercurio, Santiago, Chile; La República, Lima, Perú; La Prensa, Ciudad de Panamá, Panamá; Grupo de Comunicaciones Corripio, Santo Domingo, República Dominicana; Robert Stempel College of Public Health & Social Work, Universidad Internacional de la Florida, Miami, Florida, y La Prensa, Managua, Nicaragua.

El Pleno de la Asamblea trabajará en doble jornada, este martes, al retomar las sesiones No. 701 y 698, a fin de tramitar en segundo debate el proyecto de reformas a la Ley de Emprendimiento e Innovación para la Implementación efectiva del Emprendimiento Juvenil; conocer el Protocolo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC); y tramitar, en primer debate, las reformas a la Ley de Seguridad Social sobre transparencia en la gestión de recursos del IESS.

El martes, 3 de agosto, a partir de las 09h20, se reinstalará la sesión 701, en modalidad semipresencial, en la cual los legisladores procederán al segundo debate de las reformas a la Ley de Emprendimiento e Innovación para la Implementación efectiva del Emprendimiento Juvenil, sobre la base del informe de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa.

La propuesta busca facilitar vías para que el emprendimiento e innovación se desarrolle y crezca desde las entidades de educación general y superior del país, a través de planes de negocio o proyectos de emprendimiento, en reemplazo de los trabajos de titulación.

Sesión 698

Mientras, a partir de las 14h30, los legisladores retomarán la sesión 698, que cuenta con tres puntos en su agenda. El primero corresponde al conocimiento del Protocolo de Enmiendas al Acuerdo Sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC), suscrito en Ginebra el 6 de diciembre de 2005, que da un carácter permanente a un mecanismo encaminado a facilitar el acceso de los países miembros de la Organización Mundial de la Salud, especialmente aquellos en mayor situación de pobreza, a medicamentos genéricos producidos en otros países.

El segundo tema está relacionado con el primer debate de las reformas a la Ley de Seguridad Social para Promover la total Transparencia de la Gestión de los Recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y de las entidades de su Propiedad, sobre la base del informe preparado por la Comisión de los Trabajadores, por el cual se obliga a publicar anualmente, en los primeros treinta días de cada ejercicio fiscal, sus estados financieros, incluidos sus balances y los cálculos actuariales.

El proyecto obliga al IESS a dar acceso al público a la contabilidad, libros, correspondencia, archivos o documentos justificativos de sus operaciones, de manera electrónica y física actualizada, sin limitación alguna para todos los aportantes a la Seguridad Social. La reserva de la información no aplicará para todos aquellos aportantes al sistema de seguridad social.

Igualmente, como tercer punto consta el proyecto de resolución para solicitar la comparecencia ante el Pleno de la Asamblea Nacional de funcionarios del Banco Central y del Ministerio de Trabajo, para que expliquen cómo se dio la vinculación laboral de Andrés Arauz, las comisiones de servicio a las que accedió y su desvinculación.

La adolescente de 13 años tiene siete meses de embarazo, producto de las agresiones sexuales a las que la habría sometido su cuñado, Jaime Orlando O.

El procesado fue llamado a juicio por el juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Puerto Quito, Germán Gallo.

En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, la fiscal del caso, Patricia Bravo, sustentó su dictamen acusatorio, logrando que el Magistrado considere que existen serias presunciones sobre su participación en el delito.

Jaime Orlando O. fue detenido en febrero de 2021, durante la operación “Rescate Querubín”, ejecutada por Fiscalía y Policía Nacional.

Él fue localizado en la parroquia San Mateo, en la provincia de Esmeraldas. En esa localidad se refugiaba luego de que en marzo de 2019 se fugara del cantón Puerto Quito, al enterarse de que su cuñada estaba embarazada, presuntamente, por la violación de la que fue víctima.

La fisca Bravo citó como elementos de cargo: un certificado emitido por el Ministerio de Salud Pública, que confirma el estado de gestación de la niña, que actualmente alcanza los siete meses; el testimonio anticipado receptado a la víctima, en el que confirmó que su cuñado la agredió sexualmente por dos ocasiones mientras estaba sola en su casa, situada en el recinto Occidental Uno del cantón Puerto Quito.

Asimismo, el juez Gallo conoció el informe médico-ginecológico practicado a la niña, que reveló lesiones en sus partes íntimas.

Jaime Orlando O. es uno de los detenidos en el marco de una investigación de contexto impulsada por Fiscalía, en coordinación con Policía Nacional, para atacar delitos conexos de naturaleza sexual que se registraban en el cantón Puerto Quito.

Información jurídica

Este caso por presunta violación se procesa con base en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Dos hombres, sospechosos de haber cometido el delito de robo, guardan prisión preventiva. Fueron aprehendidos por presuntamente haber sustraído dinero en efectivo de dos cajeros automáticos, instalados dentro del local de una reconocida cadena de supermercados.

El fiscal de turno del cantón Mejía, Javier Bosquez, presentó en la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, elementos claros y precisos que el juez de Garantías Penales, Henry Leiva, consideró para emitir el auto de prisión preventiva para los dos ciudadanos extranjeros.

Según el parte policial que llegó a conocimiento de Fiscalía, aproximadamente a las 23:47 de este 29 de julio, cuatro personas descendieron de un vehículo blanco, violentaron la seguridad del establecimiento comercial y generaron una implosión en los cajeros automáticos de dos entidades financieras.

El documento policial precisa que –durante la persecución– dos personas de nacionalidad extranjera fueron aprehendidas. Dentro del vehículo en que huían se hallaron restos del dispositivo bancario y 22.620 dólares, que serían parte del botín.

Los procesados fueron identificados como Víctor Alfonso P. U. y Javier Alexander U. E., de 36 y 25 años, respectivamente.

De acuerdo al parte policial, durante el operativo hubo intercambio de disparos entre policías y los presuntos delincuentes. Tres personas lograron escapar escondiéndose entre la maleza y la oscuridad de la noche.

Según la denuncia formalizada por una de las entidades bancarias, que forma parte de los elementos de convicción presentados por Fiscalía, existe un faltante de 134.920 dólares, conforme el balance de arqueo del cajero violentado.

En la audiencia, el fiscal Bosquez formuló cargos penales con base en el artículo 189, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El juez Leiva consideró que el pedido de Fiscalía para que se disponga la prisión preventiva, cumple los requisitos establecidos en el artículo 534 del mismo cuerpo legal y dictó –para los procesados– el cumplimiento de esta medida cautelar, emitiendo la boleta de encarcelamiento.

Modalidad

En la denuncia formulada por una de las instituciones financieras afectadas, se precisa que esta modalidad de robo consiste en ingresar gas acetileno por la ranura del dispensador del dinero. Luego, los antisociales habrían ingresado otros dos cables conectados a una batería de automóvil para generar una implosión que destruye la bóveda del aparato, apoderándose así de los billetes.

Información jurídica

El artículo 189, inciso primero, sanciona con una pena privativa de la libertad de cinco a siete años a “la persona que mediante amenazas o violencias sustraiga o se apodere de cosa mueble ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o después de cometido para procurar impunidad […]”.

En el primer semestre de 2021, los pequeños y medianos productores de banano perdieron alrededor de $ 400 millones, al recibir entre uno y dos dólares por caja de banano de exportación, cuando el precio fijado es de $ 6.25.

Ante el irrespeto al pago del precio mínimo de sustentación (PMS), los pequeños y medianos productores banano de las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Santa Elena y Cotopaxi en Asamblea General resolvieron que de manera inmediata:

En la semana que concluye la Asamblea Nacional aprobó una nueva ley. Se trata de la normativa para viabilizar la reactivación económica de Esmeraldas y Manabí. Además intensificó el trabajo legislativo y de control político a través de las comisiones. También se trasladó a territorio para compartir con la ciudadanía la Agenda Parlamentaria y requerir la participación de la gente en la construcción de las leyes para la vida.

La Asamblea trabaja en territorio. En Orellana presentó la Agenda y calificó dos proyectos que benefician a la Amazonía

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, junto a los jefes de bancada, presentó a la ciudadanía de la provincia de Orellana la Agenda Parlamentaria: Minga por el Ecuador e invitó al pueblo a participar decididamente en la construcción de las leyes para el país. Además, el Consejo de Administración Legislativa aprobó el Plan de Evaluación de la Ley Especial Amazónica, que permitirá saber si se han cumplido o no los objetivos para los cuales fue creada. También calificó dos proyectos de reformas a la mencionada ley, mismos que serán tramitados por la Comisión de Biodiversidad. Guadalupe Llori explicó que esta propuesta busca resolver la inequidad territorial, abrir más espacios para la incorporación de la mujer a las actividades productivas, con énfasis en la inclusión de la mujer indígena de la Amazonía.

El Pleno aprobó la Ley para la Reactivación de Esmeraldas y Manabí y respalda acciones para prevenir la pesca no autorizada

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley para la Reactivación Económica de Esmeraldas y Manabí, que dota de herramientas para reactivar las actividades productivas propias de la zona, a través de estímulos sociales y empresariales, en especial para la creación, adecuación y funcionamiento de micro, pequeños y medianos emprendimientos, así como la creación de infraestructura pública y vivienda digna. Prevé un amplio plan de capacitación y formación de emprendedores; fomentar el turismo, agricultura, ganadería y pesca; y, facilitar los trámites de importación y exportación orientados a las MIPYMES. En otro orden, respaldó las acciones de la Cancillería para precautelar la soberanía marítima y evitar la presencia de buques extranjeros que realicen actividad pesquera no autorizada en la Zona Económica Exclusiva.

La atención y el fortalecimiento de los GAD es otra prioridad en la legislación

El compromiso de trabajar para fortalecer la autonomía y descentralización de los gobiernos locales, como herramienta para atender los problemas de la población en los territorios, fue expuesto por la Comisión de Gobiernos Autónomos al presentar la agenda de trabajo ante las autoridades de municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales. La Comisión también recibió al Ministro de Finanzas, con quien analizó las deudas que tiene el Gobierno Central con los gobierno locales, ante lo cual los parlamentarios demandaron la solución urgente a esta deuda, que permitirá a los GAD atender las necesidades de la ciudadanía.

Comisión de Fiscalización concluyó recepción de pruebas y testimonios en juicio político a Pablo Celi

Esta semana concluyó la etapa de recepción de 45 testimonios, pruebas de cargo y de descargo en el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político al excontralor subrogante, Pablo Celi, por incumplimiento de funciones. Esta etapa concluyó con la declaración del legislador interpelante, Juan Cristóbal Lloret y la comparecencia del exfuncionario, quien presentó las pruebas de descargo. La Comisión de Fiscalización preparará el informe correspondiente que será remitido para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.