Hechos Ecuador

La Comisión de Desarrollo Económico, que preside el asambleísta Daniel Noboa Azin, mantuvo una nueva sesión de trabajo, con el fin de analizar los proyectos de reformas a la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Esta vez recibió las observaciones de la Cámara de Comercio de Quito.

El presidente del gremio, Carlos Loaiza, expresó que los aportes de la Cámara están asociados con tres temas fundamentales: prácticas de gobierno corporativo, normas de transparencia y gestión empresarial.

Ademas mencionó que hasta el año 2018 en Ecuador existían más de 20 empresa públicas con alrededor de 39 mil empleados y que muchas de ellas no han tenido el nivel de eficiencia que se esperaba, por lo que la reforma se debe enfocar en las empresa públicas asociadas con el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

En el tema del gobierno corporativo, sugirió conformar un directorio con autonomía, con un procedimiento claro y transparente para la designación de autoridades, quienes tengan pleno conocimiento de la lógica empresarial y que no respondan a cuotas políticas. También propuso que en la conformación del directorio se considere la equidad de género.

En el segundo punto planteó una auditoría externa obligatoria para todas la empresas, para que exista transparencia en la administración, a la vez que sostuvo que es muy importante establecer la capacidad asociativa, en la que se unifiquen criterios de lo que es una alianza público – privada y concesión, sin confundirlos con privatizaciones.

Debate

El legislador César Rohon manifestó que es hora que las empresas públicas tengan una gobernanza técnica, profesional y no política, con gente especializada, al tiempo que recordó que ya se hizo una reforma para que empresas autorizadas por la Contraloría puedan realizar las auditorías a las empresas públicas.

Por su parte la asambleísta Wilma Andrade resaltó las observaciones de Carlos Loaiza respecto a la paridad de género en la conformación del directorio. Además recalcó que trabaja en una propuesta legislativa para la inserción de mujeres de manera activa en las empresas públicas y privadas. Consideró que la ley debe tener seis ejes fundamentales entre ellos: análisis de la naturaleza de las empresas públicas, gobierno corporativo, control financiero, alianzas estratégicas, gestión de talento humano, resultados económicos y sociales.

El parlamentario John Vinueza recomendó que se establezcan controles a las alianzas público – privadas y que para la conformación de los directorios se considere la participación de los gremios, mientras que Cristian Yucailla afirmó que es importante garantizar la planificación en todas las empresas para la estabilidad de las mismas.

El Presidente de la Cámara insistió en la necesidad de colocar un capítulo de buen gobierno corporativo, para lo que se comprometió a enviar por escrito las propuestas normativas, al tiempo que señaló que la rendición de cuentas debe ser una estrategia transparente de gobernaza.

El presidente de la Comisión, Daniel Noboa, dispuso que se vuelva a invitar al Ministro de Economía y Finanzas y al Presidente del Directorio de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas EMCO EP a la próxima sesión.

La Directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa F. Etienne, advirtió que al menos mil embarazadas han muerto por complicaciones del virus en las Américas; sin embargo, hasta la fecha, la organización registra 2.300 fallecimientos. En el Ecuador, según datos del Ministerio de Salud 48 mujeres han muerto por complicaciones causadas por el Covid-19.

Los datos de 24 países indican que más de 200 mil mujeres embarazadas contrajeron el Covid-19. Etienne explicó la situación en la región:

«Si esto continúa, se espera que la pandemia haga desaparecer más de 20 años de avances en la ampliación del acceso de las mujeres a la planificación familiar y en la lucha contra la mortalidad materna en la Región. Casi todas las muertes maternas son evitables e incluso volver a los niveles de mortalidad materna anteriores a la pandemia, que ya eran altos, podría llevar más de una década«.

Por otra parte, una investigación de la Universidad de Oxford reveló que las mujeres contagiadas en periodo de gestación tienen 20 veces más probabilidades de fallecer.

Según representantes del Ministerio de Salud Pública, en Ecuador, los fallecimientos ocurrieron debido a que las embarazadas no constaban en los procesos de inoculación del Gobierno anterior ni en el plan de vacunación; sin embargo, actualmente son prioritarias para recibir la vacuna.

En el caso de Úrsula Caiza, ella sufrió laceraciones por complicaciones en su sexto mes de embarazo, fue ingresada al hospital con el 75% de sus pulmones infectados. Los médicos para salvar su vida sacaron a su bebé prematuramente. Ella sobrevivió, pero perdió a su bebé después de cuatro días.

La directora de la OPS advirtió que, si esto continúa, el progreso en reducción de la mortalidad materna podría desaparecer, y pidió garantizar a las mujeres, adolescentes y niñas el acceso a la atención durante la pandemia. Étienne mencionó

“Quiero destacar las devastadoras repercusiones sanitarias, sociales y económicas que este virus ha tenido en las mujeres”.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 132 votos, en segundo debate el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación para la Implementación efectiva del Emprendimiento Juvenil.

El ponente de la iniciativa y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Daniel Noboa Azin, indicó que el objetivo del proyecto es fortalecer el emprendimiento a través de la canalización de las ideas de los jóvenes recién graduados de los colegios y facultades de negocios para crear nuevos emprendimientos que, con el tiempo y un correcto acompañamiento, se convertirán en empresas e industrias que generen empleo, comercio y bienestar.

Proyecto de ley

Entre otros aspectos, el proyecto contempla que la Senescyt creará la Bolsa de Emprendimiento, que consiste en una plataforma de encuentro entre inversionistas y profesionales recién graduados con la finalidad de promocionar y financiar sus planes de negocios o proyectos de emprendimiento que utilizaron para su titulación.

Las Instituciones de Educación conformarán una instancia interdisciplinaria que se encargue de la formación, capacitación y guía metodológica para la elaboración de los planes o proyectos, sin perjuicio de contar con la asistencia de representantes empresariales, de la economía popular y solidaria y comunitaria.

La Senescyt, el Ministerio de la Producción, las Instituciones de Educación Superior, las Cámaras de la Producción y los actores de la economía popular y solidaria y comunitaria promoverán espacios de cooperación institucional.

Las instituciones de educación general y de educación superior establecerán como alternativa a los trabajos de titulación para determinadas carreras, la presentación de planes de negocios o proyectos de emprendimiento, los que serán aprobados como requisito para el otorgamiento del respectivo título.

Los gobiernos autónomos descentralizados también tendrán acceso a la Bolsa de Emprendimiento y promocionarán aquellos proyectos que estén relacionados con el desarrollo de sus circunscripciones territoriales o el mejor funcionamiento de sus competencias.

El registro de las plataformas de fondos colaborativos será público y estará bajo la regulación de la Junta de Política y Regulación Financiera. Las plataformas de fondos colaborativos estarán bajo la vigilancia, supervisión y control de la de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el ámbito de sus competencias.

En la sesión ordinaria No. 57, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la creación de 14 nuevas zonas electorales urbanas en las parroquias de Pascuales, Tarqui y Ximena, provincia de Guayas. Se prevé que 34 600 electores se beneficien del levantamiento de las nuevas zonas para las Elecciones Seccionales de 2023.

En el cantón Guayaquil, parroquia Pascuales, se crearán zonas en San Francisco, beneficiando aproximadamente a 500 electores, Capeira 500, Ciudad Victoria 500, y El Fortín 500. Mientras que en la parroquia Tarqui, se beneficiarían 1 500 ciudadanos empadronados en Socio Vivienda, La Florida 700 y Mapasingue Oeste 700. Además, en la parroquia Ximena, las nuevas zonas electorales se situarán en Centenario, con 1 500 electores, Valdivia - Las Tejas 2 000, Jaime Roldós - Los Claveles 4 800, Malvinas 5 900, Unión de Bananeros 3 000, Las Esclusas - Stella Maris 2 500 y Trinipuerto 10 000.

En este sentido, el Pleno dispuso la implementación de brigadas para cambios de domicilio electoral, a fin de actualizar el registro de los habitantes de las zonas creadas. De acuerdo con las autoridades del CNE, las nuevas zonas garantizarán que las personas sufraguen en el lugar más cercano a su domicilio y organización territorial electoral. Hasta la fecha, el órgano electoral ha levantado148 zonas electorales; 128 urbanas y 20 rurales en la provincia de Guayas.

La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana recibió al ministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Montalvo, en cumplimiento de la moción presentada por los asambleístas  Mónica Palacios y Ángel Maita, aprobada el 14 de junio, pasado y de la Resolución que condena el desproporcionado Aumento del Arancel Consular y Diplomático y Exhorta la Derogatoria del Acuerdo 036 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana”, aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional.

Antes de la intervención del ministro Montalvo, Mónica Palacios indicó que la información remitida por dicho ministerio tiene graves errores, uno de ellos es que la Cancillería debía solicitar autorización expresa y favorable del Ministerio de Finanzas para el aumento de aranceles y este informe no fue adjuntado, lo que no justificaría el incremento.

También, se solicitó establecer los fundamentos técnicos y económicos para sustentar el incremento por servicios consulares. Expresó que, si bien se ha dicho que se tomó como referencia los valores notariales del Consejo de la Judicatura y el Registro Civil, no se han remitido cuadros comparativos, lo cual tampoco justificaría el aumento.

En otro aspecto, subrayó que en un informe emitido por el Ministerio de Movilidad se señala que el nuevo arancel permitirá financiar el presupuesto de la Cancillería para el año 2021; se dice además que al implementar el nuevo arancel se tiene certeza de tener un ingreso adicional de más de nueve millones.

De su lado, la legisladora Esther Cuesta solicitó que explique las razones que sustentaron el aumento de aranceles. Manifestó que, en 2020, la Cancillería habría recaudado cerca de cinco millones de dólares con los trámites y aranceles consulares. “En vez de agilizar los servicios, los redujeron”, añadió.

El asambleísta Gustavo Mateus indicó que los migrantes han quedado en la indefensión, a pesar que ellos han aportado a la economía ecuatoriana con alrededor de 3.300 millones de dólares. “El Gobierno nos dio la espalda a la comunidad migrante promulgando el Acuerdo 036 que propone el alza de aranceles que van del 11 % al 400 %, violentando el derecho de contar con servicios consulares”, expresó. Resaltó que no se podían promulgar los nuevos aranceles sin un estudio de impacto social.

Respuesta oficial

El Ministro de Movilidad Humana recordó que el acuerdo ministerial fue emitido el 15 de abril de 2021 y él asumió las funciones el 24 de mayo, por tanto, esta normativa fue previa al inicio de sus funciones y ha tratado de mantener la continuidad en función del marco constitucional.

Si bien compartió la preocupación de los legisladores, dijo que en el plano jurídico no es procedente la derogatoria del decreto, porque dejaría en total inaplicación los servicios consulares, ante esto tuvo cuestionamientos de la asambleísta Cuesta, quien argumentó que era procedente emitir un nuevo decreto y dejar sin efecto el anterior.

Así mismo, enfatizó que varias de las inquietudes no pueden ser absueltas porque el acuerdo no se adoptó en su gestión, al subrayar que desconoce por qué no se hizo un estudio social o económico para el aumento de aranceles. Recalcó que las respuestas que entrega a la mesa constan en los informes de la Cancillería.

Sostuvo que se podría revisar los aranceles, pero aclaró que se deben seguir los pasos y procedimientos que establecen las leyes y demás normativa vigente.

Este 5 de agosto se llevó a cabo la segunda jornada del Taller Virtual de Lecciones Aprendidas de los Debates Electorales que se ejecutaron en las Elecciones Generales 2021. Entre las conclusiones, se destacó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) haya logrado organizar exitosamente dos ciclos de debates presidenciales (uno en cada vuelta electoral), institucionalizados por el Código de la Democracia, en los que todos los candidatos ofrecieron sus propuestas de gobierno en igualdad de condiciones y de forma equitativa.

En esta segunda jornada de trabajo, se analizaron aspectos como: los contenidos (temáticas y preguntas efectuadas a los candidatos), la coordinación con organizaciones políticas y medios de comunicación, el rol de la moderación, los insumos que se presentaron durante los debates (vídeos, presentación del perfil de los candidatos, abordaje de las temáticas), la producción y logística; y, recomendaciones generales en cuanto a la ejecución.

Entre las mejoras que se espera ejecutar para la organización de debates electorales para próximos procesos electorales que se efectúen en el país, se plantearon varias acciones como: revisar el reglamento que norma el procedimiento para la organización, desarrollo, seguimiento, moderación y transmisión de los debates electorales entre los candidatos, en los procesos de elección popular, con el involucramiento de todos los actores competentes.

Asimismo, se recomienda asegurar que la estructura, contenidos y metodología de los futuros debates privilegien la profundización de las temáticas que son de interés para la ciudadanía, de manera que se contribuya efectivamente a que los ciudadanos ejerzan su derecho al sufragio de forma informada. Además, se espera definir un mecanismo de toma de decisión que agilice la organización de los debates y velar por una cultura de diálogo, consenso y colaboración de las entidades organizadoras.

En este sentido, también se espera procurar que todos los actores involucrados conozcan con precisión los detalles del proceso de organización de los debates. Finalmente, también se aspira involucrar a más sectores de la sociedad en este proceso, para que tengan la posibilidad de interactuar con los candidatos y conocer con mayor profundidad sus propuestas.

Se puntualizó que es importante contar con información cualitativa y cuantitativa para conocer el impacto de los debates en la ciudadanía. Para lo cual, será necesario contar con un plan de trabajo y un equipo de capacidades instaladas que contribuya a la organización de los debates.

Asimismo, se consideró que será importante institucionalizar una evaluación entre cada ronda de debates presidenciales con el propósito de mejorar determinados aspectos de cara a la segunda ronda.

Desde el Instituto Nacional Demócrata (NDI), manifestaron que la organización de los debates electorales representó un "hito histórico" y que la experiencia del órgano electoral ecuatoriano en este ámbito es un referente para institutos electorales de los países de la región.

Desde el CNE se expresó un profundo agradecimiento a los funcionarios de la institución por haber contribuido a la ejecución de los debates electorales de los pasados comicios. Asimismo, se reconoció la participación de quienes aportaron con su experiencia en el Taller de Lecciones Aprendidas de los Debates Electorales y, además, por su permanente colaboración en la organización de esta actividad que contribuyó al fortalecimiento del sistema democrático ecuatoriano.

El Pleno de la Asamblea Nacional conocerá el próximo miércoles el informe de posiciones de los asambleístas integrantes de la Comisión de Fiscalización relativo a la solicitud de juicio político en contra Pablo Celi De la Torre, ex Contralor General del Estado Subrogante.

Viernes, 06 de agosto del 2021 - 18:21 Elaborado por: Sala de prensa

Según lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa, si el documento se refiere a las actas y las posiciones de los legisladores por no haberse aprobado el informe que recomiende el archivo o el juicio político, el Pleno de la Asamblea Nacional previa moción motivada de cualquier legislador, podrá resolver el archivo del trámite o el juicio político para lo cual requerirá el voto favorable de la mayoría simple de sus integrantes.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 82, inciso tercero, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, (LOFL) la Comisión de Fiscalización entregó esta víspera el documento que contiene las posiciones de sus integrantes, sobre la base de los argumentos expuestos por los asambleístas en la sesión 19 del organismo, cumplida la noche del miércoles 4 de agosto.

La Comisión de Fiscalización y Control Político, en el documento, detalla las posiciones de los miembros del organismo, en torno a la solicitud de juicio político presentada por Juan Cristóbal Lloret, en contra del excontralor subrogante, Pablo Celi, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley.

El presidente del organismo, Fernando Villavicencio confirmó que la mayoría de los comisionados coincidió en que existen pruebas que sustentan las afirmaciones del interpelante, respecto del incumplimiento de funciones y, por tanto, expresan su recomendación de que se siga el juicio político y se proceda con la correspondiente censura.

La sesión 721 del Pleno convocada por disposición de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, se realizará en modalidad semipresencial el miércoles 11 de agosto 2021 a partir de las 08h00.

RSA/pv

La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez, recibió este jueves al director Ejecutivo y al subdirector de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), Adrián Castro y Daniel Cárdenas, respectivamente, así como a catorce representantes del gremio de transportistas del Ecuador, para tratar temas importantes, entre ellos, la identificación de vehículos de transporte público para acceder al subsidio de combustibles, subsidio focalizado y conservación del valor del diesel al precio actual.

Adrián Castro mencionó que al iniciar sus funciones se evidenció que durante la pandemia se han entregado 302 rutas, razón por la cual se procedió a la revisión de todos estos procesos y en la reunión de Directorio del 2 de julio se suspendieron todas las rutas y frecuencias concedidas.

En otro aspecto, el funcionario advirtió que desde el año 2012 el Estado tiene una deuda con el sector transportista, ya que no cuenta con un Plan Nacional de Rutas y Frecuencias. En este sentido recalcó que se encuentran trabajando en la elaboración del mismo, a la vez que invitó a representantes del sector a sumarse a este proyecto para la elaboración de un Plan que incluya las observaciones de los transportistas, lo que facilitará el trabajo en conjunto con la ANT.

Al referirse a los subsidios, expresó que la ANT es órgano asesor y dentro de sus competencias no está la focalización de subsidios de combustible. Sin embargo, dijo, el día de ayer han conformado una mesa técnica compuesta por los Ministerios de Gobierno, de Transporte y Obras Públicas, Energía y Recursos Naturales No Renovables y de Economía y Finanzas, con el fin de realizar una consultoría y determinar el valor del subsidio para cada una de las modalidades de transporte.

Adicionalmente, afirmó que los resultados de esta consultoría permitirán considerar aspectos que han golpeado a la economía del país. Enfatizó que en la nueva Ley de Tránsito deben constar los ajustes tarifarios, que -a su criterio- deben realizarse cada dos años, así como una nueva metodología que permita a los transportistas renovar sus unidades que faciliten el acceso a personas con discapacidad y demás grupos de atención prioritaria.

“Queremos que nuestra voz se escuche y que se conozca la necesidad que atravesamos día a día los transportistas, estamos preparados para dar un buen servicio”, manifestó Marcelo Silva, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte de Pasajeros de Chimborazo, quien llamó a las autoridades de la ANT y de la Asamblea Nacional a que sean el puente y mantener un diálogo directo con autoridades del COE Nacional.

Respecto a este tema, Daniel Cárdenas recomienda realizar una mesa de diálogo directo con el COE Nacional y así conocer las necesidades que tienen los transportistas, a la vez que recomendó realizar un plan piloto con un estudio estadístico significativo, es decir, previa autorización del COE se incremente el aforo de las unidades de transpote.

Para finalizar, Horacio San Martín, presidente de la Unión de Cooperativas de Transporte de Pasajeros de El Oro agradeció la iniciativa de la Segunda Vicepresidenta de formar la mesa de trabajo con el representantes del sector transportista y escuchar sus aportes para la construcción de un Plan Nacional que vele por los derechos del transporte ecuatoriano y ratificó el respaldo al trabajo de la Asamblea Nacional.

El Pleno de la Asamblea Nacional exhortó al Presidente de la República que disponga a la autoridad sanitaria nacional declare emergencia sanitaria en los establecimientos del Sistema Nacional de Salud.

También demandó priorizar los recursos económicos, talento humano y demás medidas necesarias para afrontar la preocupante situación por la que atraviesa el sector y garantizar la oportuna y eficaz atención médica para el diagnóstico y tratamiento integral de los usuarios, adquisición de vacunas, disponibilidad de camas hospitalarias, gratuidad en la atención, mejoramiento de infraestructura, adecuadas condiciones de estabilidad, mejora salarial del recurso humano y evitar el desabastecimiento de medicamentos esenciales.

Igualmente, le conminó para que a través de su delegado en el Consejo Directivo del IESS adopte las medidas necesarias para que la máxima autoridad administrativa declare la situación de emergencia sanitaria en la red de hospitales del Seguro Social.

Por último, requiere a la Autoridad Sanitaria Nacional informe mensualmente a la Comisión del Derecho a la Salud y Deportes de la Asamblea Nacional el cumplimiento de esta resolución.

A criterio de la asambleísta Luisa González no existe una política de estado para mitigar los inconvenientes que  atraviesa el sistema de salud pública. Afirmó que el sistema de salud no resiste más, pues no hay suficientes médicos, medicina, y atención. Expresó que también se necesita la adquisición de otros tipos de vacunas.

De su lado, la asambleísta Alexandra Arce recordó el mandato constitucional y la garantía del derecho a la salud, así como la inversión de 16 mil millones de dólares para este sector en años anteriores, mientras que Zolanda Plúas considera que el derecho a la salud como prioridad del Estado debe ser integral, desde la prevención, promoción y atención adecuada a la salud en todos los niveles.

Demandó, además, que se cumpla el Art. 25 de la Ley de Apoyo Humanitario y que se posibilite la declaratoria de emergencia como un mecanismo eficaz frente a la urgencia.

Por último, el legislador Diego Ordóñez, expresó que no es necesario declarar la emergencia sanitaria, considerando que ahora hay un Gobierno Central que atiende los requerimiento de la ciudadanía.

La Comisión del Derecho a la Salud y Deporte, dirigida por Marcos Molina, analizó la situación de los deportistas de alto rendimiento y recibió los testimonios de Carla Heredia, campeona mundial amateur y maestra internacional de ajedrez; y, de Lucy Jaramillo, exdeportista olímpica y gloria del deporte ecuatoriano.

Luego de escuchar las demandas de las deportistas y tras la solicitud del asambleísta Ronald González, la Comisión decidió llamar al Ministro del Deporte, a la ex secretaria de Deporte y a las autoridades del Comité Olímpico Ecuatoriano, COE, pedido que se suma al realizado con anterioridad por la vicepresidenta de la Comisión, María José Plaza.

Marcos Molina sostuvo que una serie de acciones evidencia que los deportistas se encuentran abandonados por las autoridades de turno, al tiempo de plantear que la Comisión priorice la aprobación del informe para segundo debate del proyecto de Ley de Deporte que garantice los derechos de los deportistas, establezca el correcto y transparente uso de los recursos públicos,  fomente el equipamiento necesario y destierre del deporte todo acto de corrupción.

Desde California, Carla Heredia, primera ecuatoriana en clasificar en un mundial, expresó que toda profesión siempre debe ir acompañada de dignidad, respeto a las condiciones laborales con cuentas claras y transparentes, apoyo justo y oportuno; seguimiento y oportunidades para capacitarse y hacer brillar al país en los diferentes deportes.

Sugirió que se incluya en la Ley de Deporte transparencia en los recursos públicos, mejorar el deporte y recreación, que se incluyan más deportes en el alto rendimiento; que haya más respaldo de la empresa privada y becas para deporte. Aseguró que inspirar a una sociedad va más allá de unos juegos olímpicos. "Necesitamos condiciones laborales justas, el deporte también es una profesión", expresó la maestra internacional de ajedrez.

Lucy Jaramillo recordó que inició su carrera deportiva en 1998; en 2005 y 2009 fue campeona bolivariana; 2006 tercera iberoamericana. Aseguró que se le han cerrado las puertas y ha tenido que buscar otros medios de sustento como a venta de productos en el mercado. Pidió que se revea el caso de la pensión vitalicia y se le ayude con un puesto de trabajo en el área deportiva o de educación al tiempo de informar que se encuentra concentrada en Guayaquil practicando para participar en el Campeonato Mundial en Polonia.

La  asambleísta Luisa González señaló que el deporte no es solamente gente que está haciendo actividad física, sino una política social que significa ahorro en salud y en seguridad, porque muchos jóvenes encuentran una alternativa para su tiempo libre. El deporte es fundamental para la transformación de los países, precisó al pedir que se mantenga el presupuesto al sector del deporte.

Por su parte el legislador Ronal González agradeció a las deportistas orgullo del país y dijo que “las medallas obtenidas en Tokio se llenan de deshonra al escuchar una dura y lamentable realidad protagonizada casa adentro del comité organizador”, al subrayar la importancia de llamar a las autoridades para que expliquen esta situación.

La vicepresidenta de la Comisión, María José Plaza, reiteró que la mesa espera que se pueda configurar y conformar una Ley de Deporte independiente de cualquier camiseta política y que piense en el Ecuador y en los deportistas.

La parlamentaria Bella Jiménez resaltó la necesidad que los recursos económicos sean buen administrados, para lo que se debe poner mano dura a aquellas personas que no atienden al deporte ni a los deportistas.