Hechos Ecuador

Durante los últimos años, la universidad se ha convertido en un centro de importantes estudios en materia social y sus recientes aportes en salud mental, educación, comunicación y política la sitúan en una posición de liderazgo en estas áreas.

 La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) se posiciona como un referente en materia de producción científica social en el Ecuador. La Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Humanidades es pionera en el desarrollo de investigaciones y publicaciones, a través de sus diferentes proyectos de vinculación, grupos de investigación, observatorios y consultorios jurídicos, cuyo impacto ha sido calificado como positivo en el todo el país. 

Durante el último año, la universidad desarrolló novedosos estudios en torno a la participación ciudadana, prevención de la violencia intrafamiliar, psicoeducación, uso de herramientas virtuales de comunicación e indicadores de salud mental en contextos complejos, como la emergencia sanitaria por el Covid-19. Además, bajo estas líneas de investigación, la institución registra un gran número de publicaciones en revistas académicas, como Scopus, JRC y libros con contribuciones sustanciales a la actividad investigativa.

La UTPL cuenta con certificaciones de calidad educativa en el área social, otorgadas por entidades dentro y fuera del país, que le permiten estar a la vanguardia de las exigencias educativas. En el plano internacional, destaca la acreditación extendida por el Consejo Latinoamericano de Acreditación de la Educación en Periodismo para la Carrera de Comunicación de la UTPL. También destacan las acreditaciones obtenidas ante el Consejo de Educación Superior del Ecuador. 

Los aportes que realiza este centro de estudios en el ámbito social son posibles gracias a los convenios que mantiene la universidad con diversas entidades públicas. Entre sus principales aliados, constan el Ministerio de Educación, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Cultura y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Loja. Este relacionamiento efectivo brinda la posibilidad a los estudiantes de poner en práctica sus conocimientos, mediante la implementación de proyectos de alto impacto, que responden a necesidades de contexto y aportan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Ecuador.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Leonidas Iza, enfatizó que «con o sin diálogo», el presidente Guillermo Lasso debe dar una respuesta urgente sobre el incremento gradual del precio de los combustibles.

En declaraciones a la prensa, luego de la presentación del Proyecto de Ley Orgánica Reformatorio de la Ley Orgánica de Comunicación, ante la Asamblea Nacional, Iza se refirió a la propuesta de diálogo planteada desde el Ejecutivo y aclaró que no se han establecido plazos ni condiciones para este encuentro.

«La comisión -enviada el pasado 20 de agosto- quedó en comunicarnos en estos días, para determinar qué día se puede establecer este mecanismo de diálogo. Con diálogo o sin diálogo debe darse una respuesta al tema del incremento al precio de los combustibles hasta el 11 de septiembre», manifestó. 

Iza recalcó que es decisión del primer mandatario si mantiene las políticas de Lenín Moreno o dará otra noticia al pueblo ecuatoriano. Agregó que no quiere adelantarse a dar ningún criterio en caso de que no se celebre el diálogo con el Gobierno, pero sostuvo que existe una emergencia económica que depende, en mayor medida, de Guillermo Lasso.

Respecto a la presentación de la proforma presupuestaria del Ejecutivo, que asciende a USD 32.948,64 millones, el presidente de la CONAIE adelantó que se encuentran analizando esta propuesta y expresó su preocupación por el retiro en esta proforma del presupuesto destinado para becas estudiantiles.

«¿Cuántos miles de jóvenes van a quedarse sin este aporte por parte del Estado?», cuestionó el dirigente y agregó que en los próximos días se pronunciarán sobre la proforma.

Por último, Iza sostuvo que la crisis económica actual no se resuelve con la focalización del precio de los combustibles e hizo un llamado al jefe de Estado para implementar políticas para atender al sector agrícola ecuatoriano. 

Fuente: Declaraciones Leonidas Iza, Pichincha Universal, Republica del Banan

Para las 08h30 de este viernes 27 de agosto de 2021 está convocada la audiencia de testimonios anticipados dentro del caso Las Torres, en el que está involucrado el excontralor subrogante, Pablo Celi, su sobrino, Raúl de la Torre y otros.

En la diligencia del viernes se escucharán las versiones del exsubcontralor subrogante y actual funcionario de la Contraloría General, Luis Miño; y los exdirectivos de la empresa Nolimit Sebastián Robles y Patricio Saa. 

La reinstalación de la audiencia fue convocada por el juez nacional, Felipe Córdova y se prevé que Miño inicie con su testimonio a las 08h30.

Anteriormente, el exasesor de Petroecuador y sobrino Pablo Celi, Raúl De la Torre y los accionistas de Nolimit, José Luis De la Paz y José Crespo rindieron sus versiones anticipadas en este caso.

Por otro lado, para las 09h00 de este jueves 26 de agosto está convocada la audiencia de procedimiento abreviado contra Esteban Celi, hermano de Pablo Celi y uno de los quince procesados en el caso Las Torres, en la Corte Nacional de Justicia.

Mientras que para el 07 de septiembre está prevista la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en la Corte Nacional de Justicia, a las 09h00.

Fuente: Corte Nacional de Justicia / El Universo, Pichincha Universal, Republica del Banano

Ocho universidades particulares que recibían rentas del Estado para ofrecer becas a sus estudiantes informaron este lunes 23 de agosto del 2021 que no podrán ofrecer todas las becas que necesitan y piden sus alumnos. “Es un duro golpe para los estudiantes de escasos recursos del país”, informaron las instituciones de educación superior, en un comunicado.

Se trata de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad del Azuay, Universidad Católica de Cuenca, Universidad Politécnica Salesiana, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Universidad Técnica Particular de Loja y UTE.

Las instituciones informaron que el Consejo de Educación Superior (CES) ha resuelto reducir en más de USD 12 millones el dinero destinado a becas para estudiantes de escasos recursos  que asisten a las aulas de estas universidades particulares, “mal llamadas cofinanciadas”.

“Hemos pasado de recibir el 10% de una fuente alimentada por una parte del IVA, en el 2011, al 3% el año pasado y finalmente el 0% el día 18 de agosto del 2021”, dice el comunicado.

En este además se lee que, al contexto de una crisis económica, que nadie desconoce, se sumó la falta de preocupación por todo el sistema universitario del país por parte del CES y también de la Secretaría de Educación Superior (Senescyt). “Ambas instituciones han convertido la ampliación del acceso a la educación superior en frase vacua, que cabe bien en los discursos pero que no inspira los hechos”.

Las universidades aseguran que no dejarán a ningún estudiante atrás y cumplirán con quienes ya reciben becas, aunque eso implique reorientar los recursos institucionales y las inversiones educativas planificadas.

Con la presencia de Guadalupe Llori Abarca, presidenta de la Asamblea Nacional, se inauguró la mesa técnica de diálogo sobre las reformas al Código de Niñez y Adolescencia. La Titular del Parlamento dio la bienvenida a la directora Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, Jean Gough, y señaló que “es de vital importancia para la Legislatura contar con la colaboración de organismos internacionales, en la lucha por asegurar la protección integral a los derechos de niñas, niños y adolescentes, como parte de la Minga por Ecuador, para el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Por su parte, la directora Regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, Jean Gough, dijo que es fundamental trabajar en conjunto, a través del apoyo técnico para proteger a los niños, niñas y adolescentes, más aún cuando la pandemia de Covid 19, ha afectado a toda la población, en especial a este sector de atención prioritaria. Además, destaco que lo esencial es contar con presupuesto para atender las necesidades de niños y adolescentes. Pidió que la normativa se apruebe lo más pronto en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Entre, tanto, la legisladora Pierina Correa, presidenta de la Comisión de la Niñez, recordó que en el 2003 se creó el Código de la Niñez, pero que al momento no es suficiente para atender las necesidades de niñas, niños y adolescentes, por lo que la mesa legislativa socializa con los sectores vinculados el Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que den sus observaciones.

Por su parte, la legisladora Mireya Pazmiño, presidenta de la Comisión de Régimen Económico, recordó que cerca del 40.7% de niñas, niños y adolescentes se encuentran en situación de pobreza y con la pandemia esta cifra aumentó considerablemente. Dijo que no se han cumplido los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, pues se redujo el presupuesto para salud y educación.

Finalmente, Lenin Mera, vicepresidente de la Comisión de Niñez, agradeció el apoyo técnico que ofrece Unicef. Destacó la decisión que tomó el Pleno de la Asamblea Nacional para que el proyecto de Código de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, regrese a la mesa legislativa para los ajustes necesarios, con la participación de todos los sectores vinculados.

La Comisión de Garantías Constitucionales recibió a la ministra de Salud, Ximena Garzón, con quien analizó el nivel de cumplimiento de la Ley de Apoyo Humanitario, que otorga estabilidad laboral a los profesionales y trabajadores de la salud, que estuvieron en primera línea de atención a los pacientes de Covid-19 y el incumplimiento de pago a la organización de la economía popular y solidaria Asotexorense, de la provincia de El Oro.

La ministra expresó su agradecimiento al personal de salud, que estuvo en primera línea durante el punto más critico de la pandemia y comentó que el Ministerio de Salud Pública ha otorgado a nivel nacional 10.684 nombramientos definitivos desde diciembre 2020 hasta la presente fecha, en base a la Ley de Apoyo Humanitario.

También dio a conocer que entre las medidas tomadas se encuentra el proceso de aplicación del Acuerdo Ministerial MSP-2021-004, con la finalidad de normar el procedimiento para la aprobación de nombramientos definitivos a los trabajadores y profesionales de la salud, que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria del (COVID-19) en los establecimientos del Ministerio de Salud.

La secretaria de Estado advirtió que existen hallazgos importantes para la aplicación del Acuerdo Ministerial, como la identificación de profesionales que no cumplen los requisitos solicitados.

Acerca del incumplimiento de pago a la organización de la economía popular y solidaria Asotexorense, informó que existen procesos de contratación pública que no pueden saltarse y que deben cumplir la normativa vigente. Aclaró que no existen los documentos legales que justifiquen los pagos a la mencionada organización.

Varios asambleístas expusieron su preocupación acerca de distintos hospitales en varias provincias del Ecuador, que necesitan ser repotenciados, a la vez que señalaron la importancia de tomar en cuenta dentro de los nombramientos a los diferentes profesionales de salud pública, como camilleros y enfermeras, quienes han sido parte del personal en primera línea.

La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, continuó la tarde de hoy con la socialización del proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación. En esta ocasión la mesa recibió a Frank La Rue, exrelator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, quien señaló que es fundamental respetar la libertad de expresión, pensamiento y opinión. Sostuvo que el Estado debe defender el derecho de la población a estar informado a través de una prensa libre. También estuvo de acuerdo en que la opinión no debe ser penalizada.

Roberto Manciati, presidente de Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador y de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión de Pichincha (AER), indicó que está de acuerdo que ningún medio de comunicación, periodista o comunicador sea sancionado por opinar o formular críticas. Comentó que la Asociación concuerda con la autorregulación establecida en el proyecto.

Por su parte, Néstor Busso, representante de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), manifestó que la comunicación es un derecho humano y en ese contexto se puede hablar de libertad de prensa y expresión. Ratificó que los Estados deben garantizar libertad de contenidos y promover la participación de sectores vulnerables. Dijo que en la ley no puede haber regresividad de derechos, así mismo, cuestionó la autorregulación y señaló que es necesario evitar la concentración de los medios.

También, Alejandro Delgado, representante del Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX), ratificó que la libertad de expresión es una garantía fundamental y transversal a todos los derechos de los seres humanos. En su exposición se enfocó en los derechos de los trabajadores de la comunicación, la situación de violencia y los crímenes perpetrados en su contra.

Roberto Sempértegui, presidente de la Asociación de Productores Audiovisuales del Ecuador, comentó que el proyecto no cuenta con el apoyo del sector audiovisual, porque se derogó el reglamento de la Ley Orgánica de Comunicación sin considerar la opinión de los sectores involucrados y sin realizar un análisis técnico. Criticó que se eliminen los mecanismos de regulación y control.

Oswaldo Dután, presidente de la Asociación de Canales de Televisión, indicó que la ley debe basarse en los derechos internacionales, ya que durante 14 años el trabajo periodístico estuvo condicionado. Resaltó que la norma no contempla la calificación de los medios nacionales. También planteó libertad de programación y regular la transmisión de cadenas nacionales.

Ricardo Rivas, representante del Colectivo “Nos Faltan Tres”, hizo hincapié en el tema de protección a periodistas. Sugirió dar fuerza en el proyecto de Ley al artículo 8 literal k, que habla de las obligaciones del Estado: “Garantizar y proteger la seguridad de los periodistas y trabajadores de la comunicación”.

Martha Roldós, representante de Mil Hojas, Periodismo de Investigación, recalcó que sin libertad de expresión y prensa la democracia está severamente lesionada. Manifestó que no deben existir sistemas regulatorios que asfixien a los medios. Señaló que es derecho de la ciudadanía recibir y contrastar información para que tome decisiones informadas.

Tras las comparecencias y el proceso que socialización que ha llevado a cabo la mesa, el presidente de la Comisión, Juan Fernando Flores, mocionó que el Consejo de Administración Legislativa unifique los proyectos presentados por el presidente de la República, Guillermo Lasso, así como por los asambleístas Marjorie Chávez y Fernando Villavicencio. La iniciativa fue aprobada con seis votos.

La gasolina extra en el Ecuador cuesta USD 2.28 por galón; mientras que, en Colombia, que no subsidia al combustible, cuesta USD 2.21, en Bolivia cuesta USD 2.05. Con esto, se revelaría que en el Ecuador ya no existe ningún tipo de subsidio sobre este combustible, que es usado en automóviles particulares.

Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe), mencionó que a pesar de que el precio de las gasolinas en Ecuador ya no está subsidiado, la empresa Petroecuador reportó un subsidio de USD 0.23 y USD 0.40.

“Llama la atención que incrementan los precios de los combustibles a precios internacionales, pero como contraparte, la calidad de los mismos deberían ser a nivel internacional. Tampoco se señala el destino del ahorro por disminución de subsidios”.

Además, el Ecuador tiene excedente en el precio ante la gasolina de Colombia que tiene una mayor calidad y donde el crudo no está subsidiado.

La norma que mide la efectividad en base a las emisiones es la norma Euro. En Colombia rige la Euro 4 y en Perú, la Euro 3; sin embargo, la gasolina en Ecuador llega a la Euro 1.

Según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, las normas INEN que rigen en el Ecuador tienen un retraso de 20 años, lo que impide los controles de calidad.

Por otro lado, el decreto 95 del presidente Lasso, sobre la política de hidrocarburos en el país no menciona la calidad de los combustibles. Conjuntamente el decreto 1158 del Gobierno anterior señala que las empresas privadas que quieran importar derivados deben cumplir la norma Euro 5, pero deja por fuera a la estatal Petroecuador.

El precio de los combustibles es regulado según el sistema de bandas, establecido desde mayo del 2020. El sistema aumenta de forma gradual el costo de los combustibles el día 11 de cada mes. El objetivo del decreto es eliminar la gasolina subsidiada hasta alcanzar precios internacionales.

El Diesel y el subsidio focalizado

Hasta el 31 de agosto deben establecerse mesas técnicas, por el tipo de transporte, para determinar las vías de focalización, según volúmenes de gasolina y valores específicos, ya que no va a tener el mismo subsidio el transporte pesado y público. Incluso, dentro del servicio de transporte se considerará si el automotor recoge pasajeros urbanos, intercantonales e interprovinciales y rurales, así como taxis.

Mientras tanto, el precio del diésel en el Ecuador está a USD 1.60, mientras en Colombia cuesta USD 2,18, en Perú a USD 2,90, considerando que en este caso, el crudo no alcanza ni los estándares Euro más bajos. Sin embargo, Petroecuador reportó que subsidia USD 0.80, por lo que sin el subsidio el precio estaría a USD 2.40, aún con su mala calidad.

 Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) resolvió varias acciones para vigilar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación, así como la transparencia en la elección de autoridades en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el cantón Jipijapa de Manabí.

En ese sentido, se resolvió:

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL

El Salón de los Expresidentes, en el sede legislativa, fue el escenario para dictar una conferencia sobre violencia política. La asambleísta, Pierina Correa, al dar la bienvenida a los participantes, advirtió que algunas denuncias presentadas en esta temática no suelen tener el tratamiento adecuado, ya que muchas veces no están correctamente formuladas o son direccionadas a otras instituciones.

El presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera, en su intervención hizo referencia al Código de la Democracia, así como los alcances de la reforma electoral, tales como cambios en la forma de votación, la obligación de incrementar porcentualmente la participación de mujeres en listas pluripersonales y la modificación de infracciones electorales sancionando a la violencia de género como una infracción de las más graves.

En la determinación de los elementos que constituyen una violencia política de género, mencionó que esta ley establece trece causales, entre ellas anular derechos políticos a través de amenaza o intimidación; restricción o anulación del derecho al voto; dañar la imagen pública; dañar en cualquier forma el material electoral de la campaña de una mujer; proporcionar datos falsos o incompletos de la identidad de la candidata.

Cabrera se refirió a la violencia política de género como una agresión cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente contra las mujeres candidatas, militantes electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia. La violencia política de género constituye una infracción electoral muy grave según el Código de la Democracia, enfatizó.

La asambleísta, Amada Ortiz recalcó que la mujer día a día sufre violencia en todos los espacios, especialmente a través de redes sociales, ya que estas no tienen ninguna regulación. Instó a actuar con inmediatez para erradicar estas prácticas discriminatorias y violentas contra la mujer.

Por su parte el estudiante, Fabricio Solórzano, expresó que es importante que se generen más espacios de formación y participación, para que a través de estos espacios se contribuya al cambio desde casa y se fomente la igualdad de oportunidades.

Finalmente la asambleísta, Pierina Correa agradeció la participación del Presidente del TCE y destacó la necesidad de realizar foros y conversatorios que informen a la ciudadanía sobre esta problemática mundial, que limita a miles de mujeres a ejercer su derecho a participar en la vida política.