Hechos Ecuador

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 75 votos, condenó la reincorporación del Ecuador al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). El proyecto de resolución fue presentado por el asambleísta Ricardo Ulcuango.

La iniciativa que consta de siete artículos desaprueba la suscripción del Convenio por parte de la embajadora del Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki, el 21 de junio de 2021, en representación del presidente de la República, Guillermo Lasso, por ser contrario al mandato consagrado en el artículo 422 de la Constitución de la República.

A la vez, rechaza el dictamen emitido por la Corte Constitucional, el 30 de junio de 2021, el cual establece que el Convenio no requiere aprobación legislativa, previo a su ratificación, por ser contrario a lo dispuesto en los artículos 419 numeral 7 y 422 de la Constitución de la República.

En la resolución se expresa la firme decisión de la Asamblea Nacional de precautelar el mandato previsto en el artículo 422 de la Constitución que prescribe que no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial (...).

También dispone a la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la Asamblea la presentación de una demanda de inconstitucionalidad al contenido, suscripción y ratificación del Convenio con base en lo dispuesto en los artículos 110 y 111 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por violar el artículo 422 de la Constitución y demás normas constitucionales conexas (...).

Así mismo, se encarga el seguimiento de la presente Resolución a la Coordinación General Jurídica de la Asamblea Nacional, para que de manera periódica informe al Pleno el avance de dicho proceso constitucional.

Además, los legisladores rechazan la decisión definitiva del caso “Perenco vs Ecuador” realizado por el Ciadi, con fecha de notificación 28 de mayo del 2021, pues aseguran que se vulneran derechos.

Debate

El asambleísta Comps Córdova calificó de inconstitucional el regreso de Ecuador al Ciadi. Dijo que la Corte Constitucional le restó a la Asamblea la oportunidad de pronunciarse al respecto. Recalcó que el organismo se pronunció de manera favorable violentando la Carta Maga.

El legislador Diego Ordóñez indicó que la reincorporación del Ecuador al Ciadi fue una decisión adoptada de forma soberana por el Jefe de Estado. Recalcó que el Ciadi es un centro de arbitraje a donde recurren los Estados como un mecanismo de solución de conflictos. Así mismo, dijo que la Asamblea Nacional como institución no puede rechazar la decisión de la Corte que actuó en ejercicio de sus atribuciones.

El asambleísta Fernando Cedeño señaló que se oponen a la reincorporación del Ecuador al Ciadi, porque este organismo, lejos de preservar la soberanía de los Estados, siempre ha estado a favor de las transnacionales.

Pablo Celi de la Torre, excontralor suborgante, ejerció este lunes 26 de julio, su legítimo derecho a la defensa, en el marco de la sustanciación de la solicitud del juicio político propuesto en su contra por el legislador Juan Cristóbal Lloret. Celi defendió la legalidad de su nombramiento y de todas sus actuaciones en el ejercicio de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.

Al presentar sus argumentos de descargo, el doctor Celi de la Torre subrayó que este juicio político carece de sustento sobre un supuesto incumplimiento de funciones. Añadió que al presentar su renuncia advirtió que lo hacía para salvaguardar la integridad de las acciones y de la institucionalidad de la Contraloría General del Estado.

Respecto del desvanecimiento de glosas por orden de la máxima autoridad de la Contraloría, Celi explicó que no existe posibilidad alguna que el Contralor o el Subcontralor, según el caso, disponga cómo tienen que salir los informes de predeterminación o para dejar sin efecto las glosas. Todos los procesos están debidamente fijados en la ley y son varios los pasos que se deben dar antes de que lleguen al despacho del Contralor. Es más, cuando llega a esta instancia hay un equipo multidisciplinario que revisa que los documentos cumplan los requisitos legales y reglamentarios, agregó.

Celi recordó que en todo momento los administrados tienen a posibilidad de ejercer su legítimo derecho a la defensa, en la predeterminación, en la determinación y a través del recurso de revisión. Si el administrado presenta los sustentos del caso, se desvanece la respectiva glosa. No hay modo alguno que un alto funcionario de la Contraloría disponga cómo proceder o favorecer con el informe a alguna persona o empresa en particular, añadió.

En torno a la contratación de servicios de comunicación con HDC Producciones, dijo que el Contralor no suscribió contrato alguno ni intervino en el proceso precontractual ni contractual. Es más, en ejercicio de sus funciones de control dispuso que se inicie una auditoría respecto de este contrato.

Así mismo, el exfuncionario aseveró que jamás tuvo la intención de interferir con el proceso electoral de marzo y abril pasados, lo que hizo fue ejercer su función de control al auditar el correcto uso de los recursos del Estado y, respecto de la auditoría al sistema informático, la Contraloría actuó sobre la base de un pedido formulado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

En referencia a su presunta vinculación en el caso Las Torres, en el cual está inmerso su sobrino Raúl de la Torre, el excontralor insistió que jamás habló ni tuvo tratos con su Raúl de la Torre.

De su lado, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión, aseguró que hoy se ha marcado una línea transversal de democracia y de respeto en la sustanciación de este juicio. Hemos hecho un esfuerzo por no interferir con las acciones que lleva adelante la justicia. Señor Celi, tenga la seguridad que este proceso político marcará un antes y un después en la actuación de la Asamblea Nacional; vamos a presentar un informe impecable, concluyó.

La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana continúa con el tratamiento del proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación. En esta ocasión, la mesa recibió los criterios de Guadalupe Fierro, expresidenta de la Unión Nacional de Periodistas.

En su intervención dijo que el país esperaba que haya un proyecto sustitutivo a la Ley de Comunicación vigente, ya que esta ha dejado un saldo negativo para el Periodismo. Resaltó que es necesario que se separen los cuerpos normativos y se trasladen a otras leyes como la de Telecomunicaciones y de Cultura.

Recalcó que la propuesta de la UNP se concentra en tres ejes: permitir un anclaje de la libertad de expresión como un derecho fundamental de los seres humanos, garantizar la responsabilidad social de periodistas y medios, y promover y garantizar la participación ciudadana.

Entre los elementos positivos de la ley indicó que la norma defiende, promueve y garantiza las libertades de expresión, comunicación y prensa e incorpora instrumentos internacionales. Destacó que en esta iniciativa no habrá sanción penal a medios y periodistas que opinen, critiquen o denuncien y solo habrá responsabilidad civil. Así mismo mostró su acuerdo con la incorporación expresa del estándar de real malicia y el mantenimiento del derecho a la réplica.

También solicitó que se restituya el artículo 42.1 de la Ley Orgánica de Comunicación, sobre la protección a los periodistas.

Los asambleístas también recibieron al académico Romel Jurado, quien analizó el proyecto enviado por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Indicó que la normativa elimina una gran cantidad de derechos ciudadanos establecidos en la Constitución de 2008 y que ya han sido desarrollados en la Ley de Comunicación vigente.

Destacó, además, que el segundo propósito de este proyecto de ley es cambiar el nombre de esta Ley Orgánica y reducirla a su mínima expresión, dejando solo 14 de los 119 artículos que en la actualidad conforman la norma. Apuntó que el tercer objetivo de la ley presentada por el Ejecutivo es crear una ley ordinaria para regular temas de producción nacional y publicidad, al mismo tiempo que debate la Ley Orgánica de Comunicación, a lo cual lo calificó de irregular.

Así mismo describió algunos problemas jurídicos y errores de técnica legislativa que tiene el proyecto de ley. Entre ellos mencionó que, en lugar de desarrollar derechos constitucionales, se pretende eliminar derechos económicos sociales y culturales que constan en la ley vigente.

Remarcó que la obligación del Estado es crear condiciones políticas, sociales y materiales para que los derechos de comunicación sean ejercidos por los ciudadanos.

Sobre la autorregulación, dijo que esta pretende ser sustituida por códigos de ética realizados por los mismos medios, como si fueran autónomos dentro del estado ecuatoriano. A la vez apuntó que no hay posibilidad de que los ciudadanos exijan el cumplimiento de esas normas.

La Comisión escuchó al académico Alejandro Salguero. Él resaltó que el proyecto propuesto por el Jefe de Estado es una ley favorable al ejercicio de la libertad de expresión. Señaló que los medios de comunicación cumplen una función social trascendente para la consolidación democrática para la generación del conocimiento e información.

Lo que sí cuestionó es que la nueva ley derogue una serie de artículos estipulados en la Ley de Comunicación. En tal sentido, comentó que la propuesta del Ley de Libre Expresión y Comunicación sería contraria a las disposiciones constitucionales.

La Comisión de Régimen Económico, que preside la asambleísta Mireya Pazmiño, mantuvo una amplia sesión de trabajo con los directivos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, con el propósito de conocer la situación de la institución y los servicios que presta en beneficio de los afiliados, jubilados y pensionistas.

Para ello, escuchó la información de la directora general del instituto asegurador, Olga Núñez y del subdirector nacional, Marcelo Ortega.

Olga Núñez explicó la realidad y los problemas que enfrenta del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Argumentó que la situación económica del país tiene una incidencia directa en el Seguro Social.

Igualmente, la funcionaria reconoció que se han reducido los ingresos que financian el Seguro de Salud.

No se privatizará

De su lado, el subdirector General, Marcelo Ortega, tras detallar las condiciones en que desarrolla sus actividades la institución, anunció que no se privatizará la Seguridad Social. La privatización es un tema en el cual no existe ninguna posibilidad, enfatizó.

Por último, aseveró que trabajan para mejorar los servicios y prestaciones que brindan a los jubilados, pensionistas y afiliados.

La Comisión de Fiscalización y Control Político recibió a Natalia Cárdenas, exfuncionaria de Petroecuador, quien ratificó que hubo presiones del exsecretario de la Presidencia de la República, José Agusto Briones, para evitar la desvinculación de Raúl de la Torre de la petrolera estatal, salida que habría ocasionado problemas con el entonces contralor subrogante, Pablo Celi de la Torre.

Natalia Cárdenas indicó que fue invitada por Pablo Flores para trabajar en Petroecuador, dada su amistad con su esposa y por la experiencia que tenía en el sector público, en el que laboró desde 2009. “No he recibido ni un solo centavo de ninguna empresa por decisiones que haya tomado en ejercicio de mis funciones; mi patrimonio sigue siendo el mismo, no se registra ningún depósito extraordinario ni ningún otro rubro que no sea fruto de mi trabajo”, subrayó.

En torno al contrato de servicios de seguridad para la petrolera con la empresa Oro Negro, la exfuncionaria indicó que el contrato inicial fue por 39.8 millones de dólares y que, luego, la compañía realizó algunos ajustes y se firmó por un monto de 36.3 millones de dólares, lo que constituyó un ahorro de tres millones de dólares.

Aseguró que el relato del señor Pablo de la Torre, dentro del caso Las Torres, está lleno de inventos e inconsistencias; se dice que hubo pedido de dineros para tal ministro, para tal funcionario y, sin embargo, ella no conoció a algunas de las personas que se mencionan allí.

Explicó que la suscripción de contratos complementarios con la empresa Oro Negro, según cree, pudo responder a la necesidad de avanzar con los procesos, dada la demora que significaba el abrir un nuevo concurso.

Natalia Cárdenas insistió que las acusaciones en su contra no tienen asidero real, puesto que únicamente hizo lo que correspondía, de acuerdo con la ley, en cumplimiento de sus funciones.

Al cierre de la comparecencia, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, aclaró que ni la mesa, ni los legisladores han hecho acusación alguna, pues todo lo que se consulta se basa en las versiones que constan en el proceso que se sigue en el caso Las Torres.

La Comisión de Gobiernos Autónomos y el ministro de Finanzas, Simón Cueva, analizaron las deudas que tiene el Gobierno Central con los municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales.

Celestino Chumpi, presidente de la Comisión, explicó que este encuentro tuvo como objetivo generar los resultados indispensables para lograr el pago de la deuda que permita a los gobiernos locales atender las demandas y necesidades de la ciudadanía.

Informó que de acuerdo con la información de AME y Congope, existen pagos pendientes a los GAD provinciales por 641 millones de dólares y a los municipios por 991 millones de dólares, a la vez que aseveró que esta situación no cuadra con las cifras del Gobierno Central. No coinciden en temas de equidad territorial, de las asignaciones previstas en la Ley 047, por patrimonio cultural y arquitectónico, así como por el Fondo de la Ley Especial Amazónica, añadió.

Con esa información los asambleístas trabajaremos en la búsqueda de soluciones de esta crisis de los GAD que viene de muchos años, enfatizó.

A su vez, el ministro de Finanzas, Simón Cueva, tras informar que hay pagos pendientes por 775 millones, explicó que para el Gobierno reactivar la economía es fundamental y que para ello se ha fortalecido el plan de vacunación, no solo como una medida sanitaria y de protección de la vida, sino también como una medida de reactivación económica, lo que ayuda a recuperar empleos de calidad, los ingresos tributarios y petroleros.

Aseveró que esta situación tiene incidencia directa en el modelo de equidad territorial y, por tanto, mejora los ingresos de los gobiernos autónomos descentralizados, a la vez que reiteró que fortalecerán las mesas técnicas de diálogo con los GAD para definir mecanismos, acuerdos y procedimientos de pago, a la vez que resaltó que los ingresos tributarios a junio de 2021 mejoraron en el 38% con respecto a junio de 2020 y 2% más alto que en 2019, “lo que da una señal que gradualmente la economía se está recuperando”.

Tras detallar los pagos que ha realizado el Gobierno Nacional, dijo que “estamos prácticamente al día con la cuota de junio con excepción de Quito y Guayaquil” en los pagos por concepto de modelo de equidad territorial”.

Sobre la devolución del IVA indicó que al 12 de julio hay atrasos por 172.56 millones de dólares, pero que con los cambios a la Ley de Régimen Tributario Interno de ahora en adelante los GAD retendrán la totalidad del IVA cuando hagan compras, lo que mejora la liquidez para los gobiernos locales que ya no tendrán que enviar los recursos al SRI, a la vez que detalló los factores para la priorización de los pagos, pues se ha atendido primero a los más pequeños, como las juntas parroquiales, luego a los medianos y los grandes.

A su vez, los parlamentarios expresaron su preocupación por las condiciones de vida de los pobladores en los respectivos territorios, en temas como vialidad en las comunidades, el agua, riego, fomento productivo, por lo que urge encontrar una solución a la deuda que tiene el Gobierno Central con los gobiernos autónomos descentralizados.

El presidente de la Comisión, Celestino Chumpi, anunció que contrastarán los datos proporcionados por el Ministro de Finanzas con la información que han dejado los municipios y consejos provinciales y luego buscar las medidas de solución.

De las pruebas aportadas al proceso, así como de las versiones de funcionarios y exfuncionarios de la Contraloría se desprende que Pablo Celi de la Torre usurpó funciones como contralor subrogante, toda vez que en junio de 2017 fue cesado en su cargo como subcontralor General y el excontralor Carlos Pólit designó en su reemplazo a Sabett Chamoun Villacrés, afirmó el legislador interpelante, Juan Cristóbal Lloret.

En el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de Pablo Celi, en la Comisión de Fiscalización, Lloret subrayó que no justifica ni defiende lo actuado por el señor Pólit pero, de acuerdo con los documentos existentes, tanto el cese de funciones de Pablo Celi, cuanto el nombramiento de Sabett Chamoun tienen plena validez jurídica.

Ratificó, así mismo, que el excontralor Celi emitió informes para favorecer los intereses de la empresa Odebrech cuando en la mayoría de países en los que había operado esta red de corrupción ya habían tomado acciones en contra de esta compañía corrupta y corruptora, en contra de los intereses del país.

Igualmente, respecto de la contratación de servicios de comunicación y publicidad con la empresa HDC Producciones, las versiones de los funcionarios de la Contraloría coincidieron en que dicha contratación fue solicitada desde el despacho de la máxima autoridad de la institución y que los términos de referencia, la invitación a las empresas para que participen de ese proceso y la adjudicación fueron responsabilidad directa del excontralor Celi.

Respecto del intento de interferir en el proceso electoral de 2021, el interpelante destacó que no solo se trató de impedir que cuatro organizaciones políticas, debidamente legalizadas y aprobadas por el órgano rector en materia electoral participen en las pasadas elecciones, sino también el intento por iniciar una auditoría al sistema informático del Consejo Nacional Electoral, que llegó al extremo de ordenar destitución de tres de los cinco consejeros nacionales electorales, sin sustento legal alguno.

Por último, respecto de la investigación por delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres, Juan Cristóbal Lloret aseguró que no cabe duda de la participación de personas allegadas al señor Celi en esta trama de corrupción y que hubo presiones de la Presidencia de la República a través de Santiago Cuesta para que se contrate a Raúl de la Torre y, luego, de José Augusto Briones, para que no se lo desvincule de Petroecuador.

Al cierre de ss exposición, el interpelante enfatizó que existirían los elementos suficientes para que la Comisión de Fiscalización y Control Político emita un informe favorable para el desarrollo del juicio político en el Pleno de la Asamblea.

La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana avocó conocimiento del Protocolo de Privilegios e Inmunidades de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite, suscrito por el expresidente de la República, Lenín Moreno.

Dentro del tratamiento de este instrumento internacional, la mesa recibió a Lorena Burey, delegada del Ministerio de Relaciones Exteriores, quien hizo un análisis jurídico de la legalidad realizado por la Corte Constitucional. Señaló que este Protocolo tiene como antecedente el convenio constitutivo de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite suscrito en Londres en 1976 y enmendado en 2008.

Resaltó que este convenio fue aprobado por la Asamblea Nacional el 2 de junio de 2015 y ratificado por el Presidente de la República, mediante decreto ejecutivo, posteriormente publicado en el Registro Oficial.

Como consecuencia de la ratificación y aprobación de dicho convenio, los estados miembros, incluyendo Ecuador, reconocieron y afirmaron las competencias de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite para el cumplimiento de su finalidad principal, esto es, proveer servicios para el sistema mundial de socorro y seguridad marítima, con fines pacíficos, expuso.

Sostuvo que, bajo este contexto, el Protocolo tiene como objeto que los Estados parte presten las facilidades necesarias a la Organización para que esta última alcance el cumplimiento de su finalidad principal.

Los comisionados también recibieron a Salim Zaidán, académico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, quien analizó la constitucionalidad de los artículos del Protocolo.

Sostuvo que la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite tiene por objeto establecer una red mundial del sistema de comunicaciones, con el fin de incorporar los principios que se habían aprobado mediante resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, que propiciaba que los medios de comunicación por satélite se encuentren a disposición de todas las naciones del mundo de forma universal sin discriminación.

Indicó que la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite se encarga de supervisar las comunicaciones por satélite, audita y examina el rendimiento del sistema internacional de identificación y seguimiento de largo alcance de los buques, en tal sentido, tiene una relación con la Organización Marítima Internacional.

Recomendó a la Comisión aprobar el informe de ratificación del Protocolo, porque no contraviene la Constitución y, además, porque ya fue aprobado en 2015 por la Asamblea Nacional. Sin embargo, sugirió poner atención a los artículos 2, Inmunidad de la Organización ante la jurisdicción y ejecución; artículo 4, Exención de impuestos y derechos; artículo 13, Facilidades a las personas y artículo 16, Solución de controversias.

El legislador Patricio Cervantes mencionó que este Convenio ya ha sido suscrito por el país, por lo tanto, es necesario aprobarlo, ya que se crea una Organización intergubernamental que asegura la provisión y supervisa determinados servicios públicos de comunicación satelital, relativos a la seguridad de la información que se transmite a través de satélites.

El Pleno de la Asamblea Nacional, por disposición de la presidenta Guadalupe Llori Abarca, sesionará el martes 27 de julio en dos jornadas. Entre los temas de análisis consta el proyecto de Ley de Reactivación Económica de Esmeraldas y Manabí, que tiene por objeto reactivar el sistema productivo de las dos provincias, a través de la aplicación de estímulos, así como la priorización de planes educativos y planificación para el mejoramiento de infraestructura pública y vivienda.

Los legisladores fueron convocados a las 09h00 para continuar la sesión 697 en la que se tratará el informe de segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional.

Esta iniciativa determina que el grupo de pensionistas de la Caja Policial, que lo constituyen los asegurados cotizantes que alcanzaron el derecho vitalicio a la pensión de invalidez, vejez y muerte, a partir del 9 de marzo de 1959, hasta la expedición de la presente ley, mantendrán sus derechos y aportarán al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, de su propia pensión mensual, los porcentajes aprobados por el Consejo Directivo del Isspol, para los seguros de enfermedad y mortuoria.

En otro aspecto, se abordará un proyecto de resolución para condenar la violencia de género, misoginia y violencia política en contra de las mujeres y otro relacionado sobre el proceso de vacunación masiva, en el gobierno anterior.

Sesión 714

La convocatoria para esta reunión está prevista para las 11h00, los parlamentarios continuarán el análisis de un proyecto de resolución propuesto por el legislador Ricardo Ulcuango, respecto a la reincorporación del Ecuador al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Los legisladores, además, analizarán un proyecto de resolución para apoyar y fortalecer las acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana del Ecuador, a fin de investigar la presencia de buques extranjeros, particularmente aquellos que se les identifica como Flota de Pesca Internacional en aguas colindantes con la Zona Económica Exclusiva.

En la iniciativa presentada por el asambleísta Washington Varela, también, se rechaza la presencia de la flota de barcos pesqueros de bandera extrajera cerca de las Islas Galápagos.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 95 votos, las reformas a la Ley de Creación de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi.

Esta nueva Asamblea legisla con resultados. En un hecho histórico entregamos al país la reforma a la Ley de Creación de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi, enfatizó la presidenta de la Legislatura, Guadalupe Llori.

También destacó que "esta nueva Casa del Saber, la Universidad Amawtay Wasi, acoge la cosmovisión y saberes ancestrales de nuestros pueblos y nacionalidades".

De su lado, el legislador Manuel Medina, ponente del proyecto, sostuvo que la universidad rompe el paradigma de la educación superior bajo los estándares occidentales. Además, surge como reconocimiento de la lucha histórica de las nacionalidades y pueblos, como una institución desde la esencia del pensamiento intercultural y plurinacional.

En su intervención remarcó que la reforma a la Disposición Transitoria Primera deja sin efecto de pleno derecho cualquier intervención a la Universidad y la continuación del trabajo de la Comisión Gestora hasta 31 de diciembre del 2023. El fin es llevar adelante el proceso de institucionalización y las elecciones de las primeras autoridades de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas.

La creación de esta institución de educación superior pública, de carácter comunitario, sin fines de lucro, con autonomía académica, administrativa, financiera y organizativa surge de la necesidad de que las nacionalidades originarias y pueblos diversos culturalmente cuenten con sistemas de educación superior que respeten sus derechos culturales y promuevan la interculturalidad reconocida en el país e internacionalmente.

Así mismo, busca que la educación superior se constituya en un bien común para los ecuatorianos en temas de interculturalidad, plurinacionalidad, inclusión, equidad, derechos culturales y lingüísticos, diversidad y saberes ancestrales.

Debate

La legisladora Isabel Enríquez sostuvo que es necesario forjar el camino para que la educación superior esté al alcance de pueblos y nacionalidades. Dijo que la norma amplía el plazo hasta 2023 para que esta universidad se institucionalice y brinde educación de calidad con igualdad y diversidad.

De su parte, el asambleísta Rafael Lucero remarcó que la lucha del pueblo es incansable para conseguir mejores días. En tal sentido, hizo un llamado a la Asamblea Nacional para que apoye la creación de la universidad que ofrecerá carreras con enfoque y criterios de diversidad.

El legislador Fredy Rojas calificó de histórica la creación de esta universidad. “Invertir en educación es invertir en el desarrollo del país”. Mientras que el parlamentario Gruber Zambrano, mencionó que a la universidad se la debe dotar de una estructura propia, donde se rescate el conocimiento andino.

Gissella Molina agregó que la creación de la universidad es un acto de justicia para los pueblos y nacionalidades que han estado relegados de la educación por muchos años. Mencionó que se necesita la solidaridad de los legisladores para que el proyecto sea aprobado.

El asambleísta Luis Marcillo citó el artículo 26 de la Constitución y dijo que la educación es un derecho de las personas y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Señaló que la educación constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social. Pidió apoyo al proyecto porque según dijo, la educación se sustenta en la interculturalidad y saberes ancestrales. Además, su creación constituye el aumento de oferta académica pública.