Hechos Ecuador

La Comisión de Desarrollo Económico, presidida por el legislador Daniel Noboa Azin, analizó la incorporación del Ecuador a la Alianza del Pacífico. En ese marco, recibió a Julio José Prado, ministro de la Producción, Comercio Exterior y Pesca, quien en su intervención resaltó los beneficios de los acuerdos comerciales.

Indicó que buscar acuerdos comerciales permitirá que los artesanos, pequeñas y medianas empresas aprovechen los beneficios del intercambio comercial. Remarcó que el objetivo del Gobierno es que más emprendedores, que antes no vieron a mercados internacionales como una oportunidad, ahora coloquen sus productos en el exterior.

Sostuvo que los acuerdos comerciales son una suma de oportunidades, pues por el lado comercial se goza de apertura, reducción de tarifas y aranceles, esto permite que cuando ingresen productos importados se los utilice como parte de las cadenas productivas y los propios sectores industriales accedan a materias primas, bienes e insumos de capital que abaraten sus costos y puedan reexportarlos.

Además, dijo que los tratados comerciales incluyen acuerdos para que pueda llegar más inversión al Ecuador. En ese marco, se refirió a la inversión extranjera directa a la cual le calificó de fundamental, porque inyectan capital y contratan a personal nacional.

El ingreso de Ecuador a la Alianza del Pacífico es importante, porque permite generar más oportunidades para las empresas en el mundo. Manifestó que los acuerdos comerciales han demostrado que los países de ingreso medio, como Ecuador, se benefician más que las naciones que tienen mayores ingresos. Nosotros aprovechamos de esos mercados donde tienen un poder de nivel adquisitivo más alto que Ecuador, resaltó.

La Alianza del Pacífico nos juntará con cuatro países (México, Chile, Colombia y Perú) que son importantes como grupo económico, uno de los más importantes de América Latina. Indicó que con México se avanza en las negociaciones bilaterales.

De su parte, el viceministro de Comercio Exterior, Daniel Legarda, sostuvo que la Alianza del Pacífico es el cuarto mayor bloque económico del mundo y representa alrededor del 19 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. Además, destacó que es el segundo mayor destino de las exportaciones no petroleras del país. Recalcó que las exportaciones de mipymes a la Alianza del Pacífico representan el 82 % del total de empresas que exportan a esos países.

Puntualizó que en la Alianza del Pacífico el proceso más visible es el comercio, pero también hay otros como la promoción de exportaciones, atracción de inversiones, financiamiento para mipymes, encadenamientos productivos, entre otros. Destacó también la negociación con México, la cual se mantiene desde 2019. Dijo que hay un avance de cerca del 65%.

Sector empresarial

De su parte, Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano indicó que se necesita mayor apertura comercial, porque se generan más exportaciones competitividad y competencia.

Con la negociación de un acuerdo comercial es posible asegurar el acceso preferencial a la oferta exportable del país, generar condiciones para atraer mayor inversión y fortalecer la institucionalidad del comercio exterior, añadió.

En cuanto a la adhesión de Ecuador a la Alianza del Pacífico sostuvo que esta promueve un esquema comercial de última generación, ya que integra mecanismos y programas concretos de impulso a mipymes, las empresas son partes integrantes en la institucionalidad de la Alianza del Pacífico y refuerza medidas complementarias al comercio: educación, financiamiento, equidad de género y emprendimiento.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, convoca a la conformación de la Veeduría Ciudadana para vigilar el cumplimiento de la propuesta presidencial, realizada como apoyo a la agricultura, de ofrecer un programa de crédito con al menos mil millones para financiar a los agricultores, al 1% de interés y un plazo de 30 años, otorgados a través de la banca pública, gracias a convenios con organismos internacionales.

Las inscripciones se recibirán del 20 al 27 de julio de 2021, hasta las 17:00, en los correos electrónicos [email protected]

Requisitos:

Estar en goce de los derechos de participación.

En el caso de personas jurídicas u organizaciones de hecho, encontrarse debidamente reconocidas ante las entidades correspondientes, o sus comunidades.

Contar con una carta de delegación en caso de actuar en representación de organizaciones de la sociedad.

Llenar el formulario de inscripción, adjuntando fotocopia de cédula de ciudadanía y de papeleta de votación.

Una vez que concluya el plazo establecido y se realice la verificación de la información receptada, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tomará contacto con los postulantes que hubieran remitido sus solicitudes.

Descarga aquí:

Convocatoria

Formulario de Inscripción

La Fiscalía del Guayas emitió dictamen acusatorio contra seis acusados por su presunta participación en el delito de fraude procesal. Está es la segunda causa iniciada tras el femicidio de Lisbeth B. M., suscitado el 21 de diciembre de 2020 en Guayaquil.

En la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, desarrollada en la Unidad Judicial Florida, la fiscal de la Unidad de Violencia de Género, Yoli Pinillo Castillo, presentó como elementos de convicción: la denuncia presentada en Fiscalía por el padre de la víctima, un certificado de defunción en el que se detalla que la causa de muerte fue por un traumatismo craneoencefálico a causa de dos heridas provocadas con un objeto contundente, los documentos emitidos por el INEC, que señalaban que la causa de muerte de la mujer fue un infarto cardiovascular; y otro certificado del informe emitido por el médico legista de la Policía Judicial.

Además, se presentaron informes de investigaciones y de reconocimiento del lugar de los hechos, actas de levantamiento del cadáver y de protocolo de autopsia, el resultados de la pericia de audio, videos y afines de cámaras de seguridad de la urbanización donde ocurrieron los hechos y de la funeraria de la Junta de Beneficencia; y, el análisis de información de triangulación de llamadas telefónicas de los procesados.

A esto se sumó la versión de Richard A. (quien se acogió a procedimiento directo y fue sentenciado a cinco meses de prisión, el pasado 28 de junio), en la que indicaba cómo actuó al pedido del padre y del esposo de Lisbeth B., al solicitarle que proceda con la finalidad de que no se le practique una autopsia luego de que se produjeron los hechos.

El juez de Garantías Penales, Johan Briones Valero, acogió el pedido de Fiscalía y llamó a juicio a Luis Bolivar H. G. (suegro de la víctima), Luis Javier H. N. (esposo), Miguel Ángel H. N. (cuñado), Nancy Enriqueta N. M. (suegra), Marlon Humberto E. M. (médico que habría alterado en el informe la causa de muerte de Lisbeth B.) y Roland Josué E. M. (hermano del médico, quién habría llevado el documento en blanco del consultorio para consumar el delito).

El Magistrado dictó prisión preventiva contra de Luis Bolivar H. G., Luis Javier H. N., Miguel Ángel H. N. y Roland Josué E. M., quienes se encuentran prófugos; mientras que para Nancy Enriqueta N. M. y Marlon Humberto E. M. dispuso otras medidas, como prohibición de salida del país, presentación periódica ante la autoridad competente y colocación de dispositivo de vigilancia electrónica.

Solicitud de caución

El 14 de julio pasado, se instaló la audiencia de calificación de caución, solicitada por Luis Bolívar H. G. y Miguel Ángel H. G. El Juez consideró que reunieron los presupuestos legales y dispuso el pago de 150.000 dólares (a cada uno). Sin embargo, la defensa técnica no acogió el fallo, por lo que el pedido fue rechazado.

Contexto

Fiscalía inició –de oficio– la investigación por el delito de fraude procesal, luego de que se conocieron los hechos en torno al femicidio de Lisbeth B., suscitado al interior de un domicilio ubicado en una urbanización Vía a la Costa, en el norte de Guayaquil.

En este proceso, seis personas por su presunta responsabilidad al no dar aviso a las autoridades de un hecho violento: la muerte producto de una aparente caída por escaleras, lo que impidió determinar los verdaderos hechos y al presunto autor de esta muerte.

Causa por femicidio

Por la muerte de Lisbeth B. M., registrada el 21 de diciembre de 2020, cuatro personas más son procesadas por femicidio, delito que es sancionado con pena privativa de libertad de veintidós  a veintiséis años.

Información jurídica

Fiscalía procesa este caso con base en el artículo 272 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de fraude procesal con prisión de uno a tres años.

La Comisión de Fiscalización, presidida por Fernando Villavicencio, en la cuarta jornada de recepción de testimonios en la sustanciación de la solicitud de juicio político contra el excontralor subrogante, Pablo Celi, prevista para este miércoles, 21 de julio, a partir de las 08h00, continuará con las comparecencias relacionadas con la presunta participación de funcionarios de la Contraloría General del Estado y Petroecuador en actos de corrupción.

Entre las personas que han confirmado su participación consta la fiscal General del Estado, Diana Salazar, quien se referirá a los hechos y elementos de convicción utilizados en la audiencia del 14 de abril de 2021, en la cual se formularon cargos contra Pablo Celi, entonces contralor subrogante, por presunto delito de delincuencia organizada. Su asistencia está prevista para las 14h00.

Mientras, en la mañana, a las 08h00, la mesa recibirá a Álvaro de Guzmán Pérez; luego, a las 09h00, a Andrés Luque Cervantes, en el marco del caso “Las Torres”; a las 10h00, el cabo Fernando Delgado, quien hablará del viaje a Miami en el cual acompañó a Raúl de la Torre; y, a las 11h00, Álex Bravo, exfuncionario de Petroecuador.

Al mediodía, le corresponde el turno al exministro y exfuncionario de Petroecuador Carlos Pareja Yannuzzelli.

Inasistencia

Entre tanto, la jornada de este miércoles, 20 de julio, la Comisión de Fiscalización convocó a nueve personas, entre ellos, Esteban Celi, Pablo Flores, Marco Flores, José Luis de la Paz, Roberto Barrera, Luis Adolfo Agusto y Pedro Vicente Sanoa, todos relacionados con el caso “Las Torres”. Sin embargo, ninguno de ellos compareció.

Según los contactos realizados por la Secretaría de la Comisión, Natalia Cárdenas había confirmado su presencia, vía telemática, a las 15h00, pero tampoco acudió al llamado del organismo.

Fernando Villavicencio cuestionó la actitud de quienes fueron convocados a colaborar con la investigación que desarrolla la Comisión de Fiscalización y habiendo confirmado su participación, a última hora presentaron sus excusas.

A la vez, evidenció información relacionada con los nexos de todas las personas vinculadas en el caso “Las Torres”, en condición de exfuncionarios de Petroecuador y de la Contraloría General del Estado; sus vinculaciones con empresas del sector hidrocarburífero, así como con estudios jurídicos, como el de Esteban Celi, hermano del excontralor, para desvanecer glosas millonarias, a cambio de coimas.

La Comisión del Derecho a la Salud exhortó al presidente de la República, Guillermo Lasso, envíe las observaciones y aportes técnicos al proyecto de Ley para la Gestión de Emergencia Sanitaria por Pandemia y, de esta manera, trabajar en conjunto en el establecimiento de un marco legal que permita dotar a las instituciones correspondientes la competencias necesarias para mejorar la gestión de la pandemia.

La resolución, aprobada con 7 votos, demanda del Ministerio de Salud Pública realice el refuerzo de la vigilancia epidemiológica, el aumento de las vacunas en las zonas de alerta sanitaria y la utilización de todos los recursos necesarios para prevenir una nueva ola de contagios masivos producidos por las variantes Delta y Delta Plus de la COVID-19. Además, que presente un informe sobre las acciones ejecutadas durante el Estado de Excepción.

En este marco, solicita que una vez finalizado el Estado de Excepción, comparezcan los ministros de Gobierno, Alexandra Vela; Defensa, Fernando Donoso; y, de Salud Pública, Ximena Garzón, para que informen lo actuado y los resultados en la ciudad de Guayaquil y la provincia de El Oro.

Criterios parlamentarios

La vicepresidenta de la Comisión, María José Plaza, destacó el incremento de los puntos de vacunación, mientras que Joel Abad señaló que las soluciones que se implementen debe estar enmarcadas en la Constitución.

Marcos Molina, presidente de la Comisión aseguró que "la declaratoria de estado de excepción no puede convertirse en un instrumento frecuente y ordinario como pasó en el gobierno anterior y que los ciudadanos deben sentirse protegidos por el Estado". La Ley de Gestión de Emergencia Sanitaria por Pandemia debe ser prioridad en la Asamblea y así entregarle al país una ley que aporte a las soluciones inmediatas, puntualizó.

Aseguró que su exhortación al Presidente de la República es cordial, para trabajar en conjunto y llevar adelante las gestiones pertinente en esta crisis, con soluciones democráticas y constitucionales.

La Comisión de Régimen Económico, que preside Mireya Pazmiño, recibió las demandas de los representantes de los Colectivos Ciudadanos perjudicados por supuestos fraudes en instituciones financieras, debido a transacciones sin autorización de los titulares de las cuentas.

Suplantación de identidad; transferencias no autorizadas a otras cuentas a través del uso MSN; obtención de datos personales de los usuarios financieros; débitos de las cuentas por transacciones con tarjetas de crédito de compras no autorizadas, son entre otros los abusos denunciados.

Solanda Goyes Quelal, tras exponer su experiencia informó que son más de 120 perjudicados de un banco que han perdido desde 100 hasta 30 mil dólares que superan un valor de 300 mil dólares. Planteó iniciar un proceso de fiscalización; que se conmine a la Superintendencia de Bancos a que actúe en derecho; y, además, que trabajarán en un proyecto de reformas puntuales producto de las experiencia en estos procesos, a fin de que proteger a los usuarios del sistema financiero.

Explicó que en 2015 sufrió el hurto de 14.530 de dólares desde su cuenta a través de tres cheques que tienen firma falsificada y que se cobraron con suplantación de identidad. También Consideró que hay responsabilidad de empresas de telefonía, en la obtención de datos personales por parte de hackers y de delincuentes cibernéticos que utilizan datos que deben ser sujetos a la reserva y la confidencialidad a la cual están obligadas las entidades financieras.

La portavoz de los Colectivos Ciudadanos señaló que ante el silencio de ciertos bancos, se encuentran haciendo plantones en los exteriores y que ejecutan acciones legales para recuperar los dineros de los perjudicados.

De su lado, Israel Trávez explicó que fue perjudicado en el año 2018 con la reposición de chip asociado a una empresa de telefonía móvil. Su perjuicio fue de 14.360 dólares a través de transferencia bancaria, pese a que el monto mínimo autorizado era solo de USD 4.000. Pidió que se haga cumplir las leyes que les ampara como consumidores.

La presidenta de la Comisión, Mireya Pazmiño, manifestó que harán el seguimiento a estos casos, con el fin de atender cada uno de los reclamos.

El asambleísta Marlon Cadena subrayó que la función de los legisladores es corregir esas distorsiones, poner en evidencia los problemas y ayudar a solucionar estas falencias y atender las demandas de los clientes del sistema.

Condonación de deudas

En otro orden, los asambleístas recibieron a los dirigentes de la Unión de Asociaciones Agropecuarias del Norte de Manabí, quienes piden la intervención de la Asamblea en la condonación de las deudas que mantiene con la Banca Pública. La asambleísta Vanessa Álava, quien respaldó su pedido, solicitó mirar hacia los agricultores y los problemas serios que tienen con sus deudas con las entidades bancarias.

Fausto Loor presidente de una Asociación Avícola, expresó que tienen deudas que no pueden pagar por temas del terremoto, pandemia y emergencias agrícolas, situación que les obliga a embargar sus propiedades.

César Orejuela desde el sector palmicultor de Esmeraldas, expresó su preocupación porque los ingresos que obtienen no les permite atender sus responsabilidades con la banca ni para cubrir sus necesidades de salud y alimentación.

Ponente

En otro orden, la Comisión designó a la legisladora Jahiren Noriega Donoso, como ponente del informe para primer debate del proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a diversas leyes para evitar abusos de las entidades del Sistema Financiero Nacional.

La presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori Abarca, se reunió con el representante de la Secretaría de Educación, Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) Alejandro Rivadeneira. El punto relevante de la reunión fue el fortalecimiento y desarrollo de las universidades amazónicas, especialmente en Orellana.

La Senescyt tiene el compromiso con el Gobierno y con la Presidenta de la Asamblea para conseguir que dichos proyectos, ilusión de la gente de la Amazonía, se construyan en el menor tiempo, señaló el funcionario. Además, comentó que con los fondos entregados por la Secretaría Técnica Amazónica se ha avanzado en un 40 %. “El 29 de julio se entregaría una primera parte de los estudios desarrollados desde la Senescyt”, agregó.

Así mismo, indicó que el Instituto de Joya de los Sachas ya está en funcionamiento con carreras aprobadas por el Consejo de Educación Superior. Remarcó que están relacionadas con la pertinencia y el anhelo de cada una de las regiones porque tienen necesidades diferentes.

El Instituto cuenta con tres carreras que apuntan a la tecnología, soporte al área petrolera y otra relacionada con la educación.

En cuanto a las universidades amazónicas dijo que aún no puede pronunciarse porque hay un compromiso de confidencialidad con quien hizo el estudio y aún no está en poder de la Senescyt de manera oficial.

La Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales, presidida por Francisco Jiménez, conoció el estado de los procesos de enmiendas constitucionales pendientes que cuentan con dictámenes de procedimiento emitidos por la Corte Constitucional.

José García Montero, exsecretario Relator de la Comisión anterior, informó que los procesos pendientes que cuentan con dictámenes de procedimiento emitidos por la Corte Constitucional corresponden a los exasambleístas Washington Paredes, Marcelo Simbaña y Héctor Muñoz, el primero pendiente para elaboración del informe para segundo debate y los otros dos para informe para primer debate.

El proyecto de Paredes tiene por objeto la reforma al artículo 258 de la Constitución para que el Presidente del Consejo de Gobierno de la provincia de Galápagos sea elegido por voto popular. La propuesta de Simbaña, modifica los artículos 141 y 292 de la Constitución, en cuanto a la capacidad de acción de la Asamblea respecto del conocimiento y aprobación del presupuesto general del Estado, asegurar el destino de al menos 0.5% del Producto Interno Bruto para fortalecer la defensa nacional y la seguridad ciudadana.

Mientras que la iniciativa de Muñoz modifica el inciso tercero del artículo 138 de la Constitución sobre la votación requerida cuando existe objeción parcial a los proyectos de ley por parte del Presidente de la República.

Trabajo período anterior

Recordó los proyectos que fueron tratados por la Legislatura. Primero el proyecto de enmienda constitucional presentado por el exasambleísta Esteban Bernal que tenía por objeto reforzar los requisitos para ser Fiscal y Contralor General del Estado. El 14 de enero 2021 fue conocido en segundo debate por el Pleno, pero no alcanzó la votación necesaria para su aprobación.

El segundo proyecto para reformar el artículo 272 de la Constitución, presentado por la exlegisladora Jeannine Cruz, con el fin de incluir parámetros para la distribución de los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. El Pleno, en la misma sesión de 14 de enero, aprobó dicha reforma, que se encuentra publicada en el Registro Oficial.

El último proyecto de reformas, presentado por varios asambleístas, que tenía por objeto facultar a la Asamblea Nacional la designación de las autoridades de control, atribución que la tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a la Asamblea Nacional. Esta propuesta tampoco alcanzó la votación.

Adicionalmente, se conoció el proyecto de reforma parcial a la Constitución presentado por el Comité por la Institucionalización Democrática, que buscaba eliminar el Consejo de Participación Ciudadana; que la Asamblea Nacional sea bicameral y que la Fiscalía salga del control del Consejo de la Judicatura. El 11 de marzo de 2021 no fue aprobado en segundo debate.

Plan de trabajo

Tras la exposición, los legisladores hicieron varias consultas y coincidieron en convocar a Pablo Dávila y a expertos constitucionalistas para conocer a profundidad las reformas constitucionales en discusión.

El presidente de la Comisión, Francisco Jiménez, tras recalcar que esta es un organismo de alto contenido técnico, que tiene una gran responsabilidad con la ciudadanía, anunció que el equipo asesor preparará un plan de trabajo.

La Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social recibirá a los ministros de Trabajo, Patricio Donoso; Salud, Ximena Garzón; y, de Economía y Finanzas, Simón Cueva, para que expongan y absuelvan las consultas de los comisionados sobre las problemáticas planteadas por el Frente de Defensa por la Salud y la Vida.

La organización social, conformada por la Asociación Nacional de Médicos Familiares del Ecuador,  servidores públicos y jubilados del Ministerio de Salud y organizaciones sindicales de trabajadores de la salud, denuncia violación a la democracia sindical; falta al incremento del presupuesto para la salud; incumplimiento del artículo 25 de la Ley de Apoyo Humanitario; pago puntual del bono por jubilación, entre otros aspectos.

En la sesión 09 convocada por la titular del organismo parlamentario, Rina Campain, que se realizará el miércoles 21 de julio a partir de las 10h30, también avanzará en el tratamiento del proyecto de Ley sobre el Derecho al Cuidado en el Ámbito Laboral para Mujeres o Personas con Capacidad Reproductiva que se Encuentren en Período de Embarazo, Parto y Puerperio y Lactancia o Cuidado.

Para este efecto, recibirá  los criterios y observaciones de los representantes de la Defensoría del Pueblo.

Unificación de proyectos

Por último, los legisladores analizarán la pertinencia respecto a la unificación de los proyectos de Ley Orgánica para Impulsar el Trabajo de la Mujer, Igualdad de Oportunidades; Orgánica sobre el Derecho al Cuidado en el Ámbito Laboral para Mujeres o

Este último proyecto tiene por objetivo garantizar el ejercicio del derecho universal al cuidado y asegurar los derechos de las personas trabajadoras del cuidado directo e indirecto en el hogar, remunerado, no remunerado y comunitario, a través de la formulación e implementación de políticas públicas integradas e integrales.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, recibió la visita protocolaria de Pablo Luna, gerente general de Petroecuador, con quien trató sobre el plan de trabajo que se generará en las comunidades amazónicas.

El funcionario destacó que la idea es retomar temas sociales que serán beneficiosos para sus habitantes. En tal sentido, mencionó la realización de ferias inclusivas y el trabajo coordinado que realizará con las personas que habitan en las áreas de influencia de Petroecuador.

Transparencia y producción petrolera

El Titular de Petroecuador sostuvo que la transparencia es uno de los ejes fundamentales en la actual administración. Indicó que se transparentará e informará, a la opinión pública, sobre los procesos que lleva adelante la empresa.

En cuanto al aumento de la producción petrolera indicó que tras el Decreto 95 expedido por el Presidente de la República en coordinación con el Ministerio de Energía trabajan en planes de acción para el incremento de la producción. “Petroecuador maneja toda la cadena de valor de crudo, desde la exploración y producción hasta la comercialización”, explicó.