Hechos Ecuador

Investigado por su presunta participación en el delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Su captura se dio en la avenida Simón Bolívar, durante un operativo sorpresa que ejecutó la Policía en la vía periférica de Quito.

El motivo de su aprehensión estaba oculto en la cajuela del vehículo que conducía: un saco de yute repleto de marihuana, cuyo peso fue de 15.011 gramos, fue hallado por los agentes antinarcóticos.

Debido a la cantidad de la sustancia incautada, Fiscalía procesa a Javier A. según el artículo 220, numeral 1, literal d, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización a gran escala, con pena privativa de la libertad de diez a trece años.

En la audiencia de calificación de flagrancia, el fiscal de turno, Andrés Cuazapaz, expuso como elementos de convicción: el formulario único de cadena de custodia, el acta de entrega de evidencia de la sustancia aprehendida, una prueba preliminar homologada, la versión del agente aprehensor y el informe pericial de reconocimiento de evidencias.

El juez de Garantías Penales, Víctor Merchán, calificó la legalidad de la detención del procesado y aceptó el pedido de Fiscalía de disponer la prisión preventiva del investigado.

El Pleno de la Asamblea Nacional con 121 votos resolvió que el proyecto de Código Orgánico para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Copinna) vuelva a la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niñas, Niñas y Adolescentes.

La intención, según la moción de la asambleísta Pierina Correa, es remitir un nuevo texto final de votación del Código, que recoja y sistematice las observaciones realizadas en el anterior período legislativo e incorpore los aportes y propuestas de los miembros de la actual Comisión Especializada.

Así también dispuso que dicha Comisión realice y remita a la Presidenta de la Asamblea Nacional y por su intermedio al Pleno, un nuevo texto final de votación del Copinna, en un plazo máximo de 180 días, a fin de que continúe el trámite respectivo dentro de la Sesión 697 del Pleno de la Asamblea.

La parlamentaria mencionó que el Código necesita una nueva revisión, porque el contexto en que ahora se desarrolla es diferente, ya que existe una Comisión Permanente conformada por nuevos legisladores, un nuevo Gobierno y porque, tanto actores sociales como organizaciones nacionales e internacionales vinculadas con la niñez y adolescencia no tuvieron la oportunidad de aportar con el Código.

Otro factor a tomar en consideración en este Código, dijo, es la pandemia del Covid 19, pues a partir de ello se produjo deserción escolar, procesos migratorios, abuso intrafamiliar, trabajo y mendicidad infantil, orfandad por Covid, depresión, limitado acceso al sistema de salud y desnutrición.

Precisó también que en la revisión del Código se identificaron algunos nudos críticos, entre ellos, regresividad de derechos, contradicciones con la Constitución y otras normativas, con tratados internacionales y omisión de recomendaciones de organismos especializados en niñez y adolescencia.

A modo de conclusión señaló que el Código debe regresar a la Comisión, con el fin de incorporar nuevos elementos y consideraciones que permitan entregar al país un código robustecido que atienda y responda a las necesidades y garantice el ejercicio pleno de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Con el fin de contar con insumos técnicos que enriquezcan el debate y previo a la construcción del informe para segundo debate del proyecto de la Ley de Carrera Sanitaria, la Comisión del Derecho a la Salud y el Deporte recibió los criterios y observaciones de los Ministerios de Economía y Finanzas, Salud, Trabajo y de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt).

El viceministro de Finanzas, Bernardo Orellana, precisó que es necesario conocer los grados del escalafón y la escala remunerativa de los servidores del sector salud, para presentar un análisis técnico presupuestario, mientras que para Diego Carrasco la norma vulnera principios técnicos.

La posición del representante del Ministerio de Salud, Rodrigo Díaz, es sacar la mejor Ley posible, que esté articulada a una ley más amplia como el Código de Salud. Consideró que la jubilación anticipada debe enmarcarse en las disposiciones de la Ley de Seguridad Social y sus reglamentos, ya que se trata de un factor que puede comprometer y poner en riesgo las distintas prestaciones y el equilibrio técnico del organismo público asegurador.

Del Ministerio de Trabajo, Lorena Castellanos, tras manifestar que es importante que el país apoye al sector de salud, sugirió tener presente que en el ordenamiento jurídico actual prima el principio de homologación de las remuneraciones, y que también existe un sistema de carrera netamente determinado. Coincidió que las escalas remunerativas deben tener respaldo económico y el financiamiento previsible.

De su lado, Andrea Montalvo subsecretaria de la Senescyt subrayó la importancia de definir las competencias requeridas en el manual de clasificación de puestos, con el fin de determinar los requisitos de titulación para las carreras de tercer nivel. Pidió observar con claridad el tema de registro de títulos extranjeros, para que no se contrapongan con la ley.

Previamente, Leonidas Chiliquinga, asesor de la Comisión, presentó el proyecto y su proceso de construcción. Dentro del análisis y razonamiento dijo que en la propuesta de Ley no encuentran una verdadera motivación de las necesidades de contar con una carrera sanitaria y su finalidad, lo que es necesario incluirlo. Tampoco se evidencia un análisis del marco  constitucional y legal del impacto presupuestario y fuente de financiamiento.

El asambleísta Joel Abad expresó que en la Ley debe haber garantías e igualdad de condiciones para los profesionales de la salud.

El presidente de la Comisión, Marcos Molina, resaltó la importancia del espacio para debatir opiniones y construir una ley importante para la carrera médica, con profesionales bien pagados y con carrera estable. Convocó a continuar en la mesa técnica con preguntas puntuales y alternativas de solución, a fin de  construir un articulado que dé estabilidad y dignidad a los profesionales de la salud.

En la Comisión de Relaciones Internacionales, Mauricio Montalvo, ministro de Relaciones Exteriores, explicó que el Acuerdo Ministerial 036 por el cual se incrementa al arancel consular y diplomático se dictó apegado a la Ley y la Constitución, basado en informes técnicos y jurídicos del Ministerio de Finanzas, orientado a entregar un servicio de calidad a los compatriotas en el exterior.

El funcionario aclaró que el Acuerdo Ministerial fue aprobado en la administración anterior, mismo que no ha sido improvisado, sino que es el resultado de un trabajo multidisciplinario con las instituciones competentes. Precisó que el ajuste se responde a criterios técnicos y al principio de igualdad.

Dijo que el nuevo arancel consular no es de carácter regresivo. Cualquier modificación que se haga al mismo, requiere del dictamen del Ministerio de Finanzas, por el impacto presupuestario, derogar aquellas tarifas ocasionaría un vacío normativo que impediría dar servicios consulares a miles de compatriotas en el exterior y violaría la garantía prevista en el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución.

Explicó que el Ministerio de Finanzas aprobó el aumento en los aranceles consulares una vez que analizó y evaluó varios informes económicos. El incremento no se fijó con fines de lucro sino por ajustes técnicos y en beneficio de los usuarios, añadió.

Mauricio Montalvo mencionó que 212 partidas arancelarias cubren los servicios que se prestan en los consulados, de las cuales 144 mantienen su valor y apenas 20 fueron incrementadas; se crearon 33, lo que demuestra que el ajuste obedeció a un criterio técnico de sincerar valores.

Destacó que en el arancel consultar vigente equiparó el valor del pasaporte electrónico en Ecuador y en el exterior. En este marco, la Dirección Nacional de Registro Civil actualizó el valor de pasaporte electrónico a 90 dólares, con vigencia de 10 años, antes costaba 70 dólares y tenía vigencia de 6 años, con lo cual los costos para el usuario se han reducido notablemente. Otro beneficio es la apostilla en el exterior, la validación de actos notariales, con lo cual se optimiza tiempo al usuario con esta innovación tecnológica, resaltó.

El Secretario de Estado por más de dos horas dio respuesta a las inquietudes formuladas por los legisladores Mónica Palacios, Elías Jachero, Ángel Maita. Expresó que está dispuesto a revisar las partidas arancelarias, siempre previo dictamen técnico del Ministerio de Finanzas.

El legislador Ángel Maita señaló que los servicios consulares son pésimos desde hace años, la repatriación de cadáveres es un calvario, hay falencias en los servicios de llamadas telefónicas e insistió en buscar alternativas que no afecten la economía de los migrantes.

Mauricio Zambrano indicó que lo conveniente sería instalar una mesa técnica para realizar un análisis económico de los datos expuestos por el Canciller. Preguntó en qué porcentaje se disminuyeron los trámites de los compatriotas con las nuevas tasas consulares.

Carlos Velasteguí, viceministro de Relaciones Exteriores, señaló que debido a la reducción de personal no ha sido posible atender las llamadas telefónicas. En la medida de lo posible se está fortaleciendo las redes virtuales para dar atención a todas las consultas que llegan a las oficinas consulares, el sistema de la página web está siendo mejorada, añadió.

El presidente de la Comisión, Juan Fernando Flores, señaló que coordinarán una nueva fecha para que asista el Canciller y suspendió la sesión.

Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, defendió el proyecto de Ley de Libertad de Expresión, auspiciado por el Ejecutivo, como parte del trámite previo al primer debate, que desarrolla la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana, que preside Juan Fernando Flores.

La funcionaria explicó que la propuesta tiene tres ejes fundamentales: reforzamiento de la normativa internacional en materia de libertad de expresión; la autorregulación, entendida como el compromiso de los periodistas y de los medios de contar con códigos deontológicos apegados al principio de responsabilidad ulterior; y, la eliminación del Consejo de Comunicación.

Aseguró que la iniciativa del Presidente de la República recoge taxativamente disposiciones de instrumentos internacionales como la Declaración de los Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que garantizan el ejercicio pleno de la libertad de expresión por parte de los comunicadores y de los ciudadanos.

Sobre la autorregulación, justificó incluir este principio en la ley, porque se trata de un mecanismo que permite ejercer el derecho a la libertad de expresión, sobre la base de normas deontológicas establecidas por los medios de comunicación, sin ningún tipo de censura previa. La responsabilidad ulterior permitirá, por un lado, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y, por otro, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

Respecto de la eliminación del Consejo de Comunicación, Jeannine Cruz dijo que sí es posible, por cuanto el mandato popular de dictar una Ley de Comunicación que cree un Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos de la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o medios emisores, ya se cumplió en 2011 y en la reforma de 2019.

Así mismo, aseveró que la libertad de expresión debe ser entendida como un derecho de doble condición, es decir, es individual y también colectivo, pues su respeto irrestricto garantiza la vigencia de la democracia.

El titular de la mesa, Juan Fernando Flores, tras agradecer los criterios expuestos por  la Presidenta del Consejo de Comunicación, anticipó que continuarán con un ciclo de comparecencias para conocer los puntos de vista de diversos sectores, en torno al proyecto de Ley de Libertad de Expresión, de iniciativa del Ejecutivo.

La Comisión del Derecho al Trabajo, presidida por Rina Campain, avocó conocimiento del proyecto  de resolución, por la cual se exhorta al presidente de la República, Guillermo Lasso, el cumplimiento y seguimiento del artículo 25 y Disposición Transitoria Octava de la Ley Orgánica de Apoyo  Humanitario.

En este contexto, la Comisión requerirá la información pertinente a las entidades competentes sobre el cumplimiento de las disposiciones legales que guardan relación con la estabilidad laboral de los profesionales de la salud.

Fondos complementarios

En otro orden, en el marco del tratamiento del informe para segundo debate del proyecto de reformas a las Leyes de Seguridad Social y del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el Retorno de la Administración de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, la Comisión recibió los criterios de dirigentes de varias organizaciones, quienes piden se devuelva la administración a sus partícipes.

Norma Quishpe, presidenta de la Asociación del Fondos Previsionales Cerrados, subrayó que con las reformas se espera una mejor cesantía y que las políticas fueran apegadas a las necesidades del fondo. Enfatizó que esta ley devuelve la administración de los fondos a los más de 240 mil trabajadores.

Jorge Piedra Rosales, vicepresidente de la Asamblea Nacional del Fondo de la Universidad Central del Ecuador, pidió se devuelva los derechos, ya que son ahorros de los partícipes para tener una jubilación digna. “No administrar nuestros fondos ha significado negar a nuestros compañeros la posibilidad de una mejor administración de nuestros recursos, agregó.

Patricio Quintero de la Asociación de Fondos Complementarios Previsionales Cerrados de los Trabajadores de Pretroproducción, Asoprep, insistió que se tome la mejor decisión, ya que la administración de los recursos del fondo ha sido seriamente cuestionada. Afirmó que los partícipes son los que deben decidir sobre el destino y el custodio de sus ahorros.

Nos quitaron la administración de nuestros fondos sin darnos ninguna explicación, dijo por su parte Raúl Astudillo, de la Asamblea General de la Comisión de Tránsito del Ecuador, mientras que Manuel Guerrero, de la Asociación de Empleados de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, expresó su preocupación porque tienen un informe económico de la administración de los ahorros.

También participaron representantes del Fondo de Cesantía del Distrito Metropolitano de Quito a través de su presidente Javier Cáceres; Fondo Complementario Cerrado de Petroecuador, Enrique Barros; de Petrocomercial Germánico Ávila.

La Comisión analizará cada una de las observaciones dentro de una matriz, como paso previo a la elaboración del informe para segundo debate.

Comisión de Soberanía recibe observaciones del Ejecutivo al Código de Seguridad del Estado

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral conoció el proyecto de Código Orgánico de Seguridad del Estado, presentado por el expresidente de la República Lenín Moreno. Acto seguido, recibió al viceministro de Gobernabilidad, Homero Castanier, a fin de que presente sus observaciones al proyecto.

El viceministro señaló que este Código articula diversas normativas legales e indicó que las observaciones son necesarias para el trabajo entre Legislativo y Ejecutivo. Sostuvo que es fundamental que en la construcción de la Ley no se deje nada a la discrecionalidad, considerando que la norma no puede ser interpretada de diversas formas. Así mismo, solicitó que permitan la participación de un delegado del Ministerio de Gobierno en la construcción del Código.

John Game director de Seguridad Ciudadana, presentó las observaciones al Código. Entre los aspectos positivos señaló que la norma actualiza el sistema de seguridad, establece definiciones ausentes en la actual Ley de Seguridad Pública y del Estado. Así mismo, clarifica los niveles de rectoría y estructura del sistema entre: órganos de apoyo, asesores, coordinador y ejecutores. Desarrolla por primera vez la Gestión de Crisis para complementar el ámbito relacionado con el estado de excepción.

Explicó también que el Código establece los tipos de prevención: situacional, social y comunicación y fortalece la clasificación y reserva de la información.

Resaltó que el Código fortalece el diseño de la interacción entre los organismos del Sistema de Seguridad adaptado a las nuevas amenazas. También permitirá armonizar las categorías/definiciones con instrumentos internacionales (ONU, CIDH).

A la vez logrará ampliar el diseño de las misiones para las instituciones del Sistema de Seguridad Pública Ciudadana y reforzar el marco normativo para la cooperación internacional.

El presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, preguntó al viceministro si el Ejecutivo tenía la intención de presentar un nuevo proyecto, a lo que Castanier respondió que no hay otro proyecto que esté preparando el Gobierno y hay predisposición para trabajar en esta propuesta.

Al finalizar este punto, los comisionados también conocieron una reforma a la Ley de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

Ante la inminente amenaza, exposición y afectación producida por continuos deslizamientos, agrietamientos y represamiento de los ríos que cursan en los sectores de La Armenia y Kullpa, el Pleno de la Asamblea exhortó al presidente de la República, Guillermo Lasso, declarar Estado de excepción en el cantón Chunchi.

Los legisladores consideraron que el riesgo es permanente y que ha sido insuficiente el estado de emergencia declarado, por la falta de recursos económicos para ejecutar el plan de contingencia y proteger a la población de las zonas afectadas.

Patricia Núñez, proponente de la resolución, narró la grave situación de riesgo que enfrenta el cantón Chunchi, donde viven más de 20 mil personas, Explicó que el propósito es prevenir de manera urgente el riesgo, mitigar desastres, reducir vulnerabilidades y establecer un camino para la recuperación de la población y medios de vida impactados por los constantes eventos peligrosos.

Se refirió a varios deslizamientos que cobraron la vida de personas, destruyeron vivienda, causaron daños en el sistema de agua y en la vía férrea. Detalló que el sector refleja un alto nivel de amenazas y que no es posible que se sigan enterrando los sueños de miles de personas.

Comisión General

Walter Narváez, alcalde de Chunchi, tras detallar la situación emergente del cantón, solicitó el apoyo para solucionar los diferentes problemas y proteger la integridad ciudadana de la localidad. Dijo que se requiere un sistema de alerta temprana, plan de estabilización de los taludes, mejoramiento vial de la carpeta asfáltica, construcción de puentes, tecnificación de los sistemas de riego y otras acciones.

Sostuvo que en medio de una pandemia enfrentaron la caída de ceniza volcánica y un mega asentimiento, pues 30 millones de metros cúbicos arrasaron 145 hectáreas de tierras en donde perdieron alrededor de 718 animales, que representan el sustento diario de los pobladores.

Causa justa

Los asambleístas hablaron de la situación difícil que atraviesa la zona constantemente impactada por eventos de la naturaleza, lo que deja múltiples afectaciones que tienen un impacto en la economía, por lo que pidieron atención urgente por parte del Gobierno Nacional para evitar daños mayores.

El legislador Jhon Vinueza mencionó que Chunchi podría hundirse si no se toman medidas urgentes y describió las consecuencias de los deslizamientos. Rafael Lucero afirmó que uno de los deslizamientos de tierra arrasó viviendas, sembríos y animales en el cantón. Indicó que es necesaria la unión de todos para auxiliar a ese cantón.

Jessica Castillo expuso que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ofrece un entorno de igualdad y respeto debe se la línea de actuación de todas las personas. De su lado Mariano Curicama explicó que la condición topográfica de Chunchi le convierte en una zona susceptible a deslizamientos.

Soledad Diab reiteró la importancia de trabajar en prevención y políticas de resiliencia, criterio que fue compartido por Pierina Correa, a fin de cuidar la integridad de la ciudadanía de Chunchi.

Salvador Quishpe reflexionó por qué en el país existen sectores que durante años demandan atención a sus derechos, a la vez que sugirió revisar los contratos con las telefónicas, “que dejan utilidades por aproximadamente 900 millones de dólares anuales” para atender las necesidades de la gente.

Entre tanto Diego Ordóñez pidió tomar en cuenta varios elementos que conlleva declarar el estado de excepción, mientras que Fernando Villavicencio enfatizó que se debe atender esta emergencia de manera inmediata para tranquilidad de la ciudadanía.

Tribunal de Garantías Penales de Santo Domingo de los Tsáchilas dictó sentencia de diez años de pena privativa de libertad contra Josselyn V. y Ángel V., como responsables del delito de lavado de activos.

Por otra parte, los magistrados ratificaron el estado de inocencia de Wilmer V., Silvia A. y Melba E.; sin embargo, solicitaron a Fiscalía que inicie una investigación por un presunto delito tributario al haber encontrado indicios de su responsabilidad en esa infracción.

Respecto a los dos sentenciados, los jueces confirmaron la materialidad del delito y su participación en el mismo: se habrían hecho pasar por beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, que entrega el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), para cobrar irregularmente 4’093.660 dólares (monto determinado por el Tribunal a pesar de que Fiscalía estableció un valor superior a los 5 millones de dólares), entre los dos.

Tras haber analizado las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado, el Tribunal aceptó los argumentos expuestos por el fiscal del caso, Ángel García, y señaló que –más allá de cualquier duda razonable– se determina la culpabilidad de los dos procesados.

En la audiencia de juicio, que se desarrolló en el Complejo Judicial de Santo Domingo de los Tsáchilas, se presentaron diez testigos y tres peritos, además de abundante prueba documental recabada desde la investigación previa.

Entre los más importantes se incluyen: informes de la situación tributaria desde 2013 hasta 2018, documentos emitidos por diferentes entidades bancarias, Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, entre otras, que fueron recogidos en una pericia que fue presentada al Tribunal.

Asimismo, fueron incluidos los informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que determinaron movimientos inusuales en las cuentas de los procesados, quienes utilizaron sus cuentas en el sistema financiero nacional para transferir el dinero producto del delito.

Según la investigación de Fiscalía, entre 2014 y 2018, un grupo de personas establecieron un sistema para cobrar el Bono de Desarrollo Humano, haciéndose pasar por beneficiarios, algunos de ellos ya fallecidos. Por esa razón se efectuaron las primeras diligencias, mismas que establecieron posibles responsabilidades, por lo cual se solicitó las respectivas autorizaciones para ejecutar allanamiento y detenciones.

En el operativo, liderado por la Institución –en coordinación con Policía Nacional– en diciembre de 2019, se hicieron efectivos los allanamientos en Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de Los Bancos, cantones de la provincia de Pichincha; y en Santo Domingo, capital de la provincia del mismo nombre.

Información jurídica

Fiscalía proceso este caso con base en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que se sanciona con una pena privativa de libertad de diez a trece años.

El Pleno de la Asamblea Nacional ratificó la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia. El informe fue elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana

El presidente de la mesa, Juan Fernando Flores, indicó que la Convención guarda armonía y tiene concordancia con la Constitución. Además, dijo que este instrumento internacional tiene elementos fundamentales como respeto a la igualdad y no discriminación, tanto en el ámbito público como privado, compromiso de los Estados parte para prevenir, eliminar, prohibir y sancionar todo acto de discriminación.

Señaló que los Estados deben reconocer la diversidad de todos los sectores que forman parte de la sociedad. Apuntó que la normativa pretende reforzar los derechos y garantizar la dignidad de los ecuatorianos que viven en territorio nacional y en el extranjero.

Remarcó además que el instrumento internacional tiene como finalidad reforzar la protección de los derechos humanos, la dignidad, igualdad y no discriminación. La convención define las categorías que constituyen actos discriminatorios e intolerantes y la determinación de compromisos que deben asumir los Estados partes, en materia de políticas públicas, actos legislativos, investigación y cooperación internacional tendiente a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia.

De acuerdo con el análisis elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales, la Convención implica un desarrollo progresivo de los derechos humanos y refuerza su protección; así también se corresponde con las obligaciones nacionales e internacionales del Ecuador y su compromiso en el respeto y protección de los derechos fundamentales.

La mesa, además, concluyó que la Convención prevé la creación de un Comité Interamericano para la prevención y eliminación del racismo, la discriminación racial y todas las formas de discriminación e intolerancia, que promoverá la integración de las Américas en pro de la defensa de los derechos humanos.

Dijo también que la Convención fortalece al Sistema Interamericano de Protección de Derechos por cuanto reconoce expresamente categorías discriminatorias vinculadas con expresión e identidad de género, situación migratoria e investigaciones sobre el genoma humano, no contenidas en otros instrumentos internacionales.

Debate

La asambleísta Nathalie Viteri sostuvo que en la Convención los Estados partes se comprometen a formular y aplicar políticas que tengan por objetivo el trato equitativo y la generación de igualdad de oportunidades para todas las personas.

La legisladora Paola Cabezas reflexionó sobre la discriminación que existe en contra de las personas afrodescendientes. En tal sentido, indicó que era necesario la ratificación de la Convención. También se refirió a la discriminación, intolerancia y xenofobia que existe en el país.

La asambleísta Jessica Castillo afirmó que la Convención permite crear un entorno de respeto e igualdad entre todas las personas. Señaló que es preciso incluir estos textos en la normativa nacional. El Estado debe garantizar el cumplimiento y ejercicio de derechos ciudadanos, opinó.

La legisladora Raisa Corral manifestó que la Asamblea Nacional debe ratificar este instrumento internacional y asumir el compromiso para que el Estado elimine, prohíba y sancione los actos discriminatorios y lleve adelante acciones afirmativas. Además, sugirió encargar a un ente nacional el seguimiento de la Convención.

Finalmente, la parlamentaria Marjorie Chávez dio a conocer que Ecuador suscribió 27 convenios internacionales relacionados con los derechos humanos. En esta línea, la Convención fortalecerá la lucha contra la discriminación, agregó.