Hechos Ecuador

La Asamblea Nacional exhortó al Presidente de la República que, a través del Ministerio de Economía y Finanzas cumpla el pago de los valores pendientes por concepto de incentivos jubilares, adeudados a los maestros jubilados desde el año 2008; y, a la Ministra de Educación, la validación de expedientes que les permita acceder a dicho incentivo.

Así mismo, exhortó al Ministro de Trabajo a que dé seguimiento del proceso de pago de los valores adeudados y validación de expedientes de los maestros jubilados, con la finalidad de garantizar pagos ágiles y oportunos, en garantía de sus derechos constitucionales.

Igualmente, a los titulares de esas Carteras de Estado que presenten un informe de ejecución a las Comisiones de Educación y del Derecho al Trabajado.

La proponente del proyecto, Lucía Placencia, señaló que los jubilados reclaman el pago urgente del incentivo económico, que es un derecho que por ley les corresponde. Son 13 años de incumplimientos a más de 15 mil maestros. A unos se les ha pagado una parte y a otros no por la falta de validación de sus expedientes, dijo.

Advirtió que se no cumple el cronograma de pagos, pese a la suscripción de actas de compromiso en los años 2019 y 2020. Recordó que Ecuador es un país constitucional de derechos y justicia, que debe ser el marco normativo para cumplir las obligaciones de parte del Estado.

Debate

Los parlamentarios respaldaron la propuesta argumentando que se busca hacer justicia a los maestros, quienes reclaman un derecho. Advirtieron que varios maestros han fallecido sin recibir el incentivo jubilar. No se puede permitir que continúe este trato inhumano, de allí la importancia de que los ministerios hagan realidad el pago, precisaron.

En el debate se indicó que el Estado adeuda 751 millones de dólares por concepto de incentivo jubilar a más de 15 mil maestros, razón por la cual es necesario buscar una solución a esta problemática.

En esta oportunidad intervinieron los asambleístas Carlos Zambrano, Pedro Velasco, Yessenia Guamaní, Luis Almeida, Fredy Rojas, Manuel Medina, María José Plaza, Patricia Mendoza, Isabel Enríquez, María Fernanda Astudillo, Rocío Guanoluisa y Ricardo Vanegas.

En otro punto, el Pleno del CPCCS designó como nuevo Secretario General del Consejo al Dr. Ángel Oviedo, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en jurisprudencia. La designación se realizó, por votación mayoritaria, una vez que se aceptó la renuncia del Dr. César Córdova, quien ejerció el cargo hasta la presente fecha.

La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana se reunió esta mañana, con el fin de avocar conocimiento del proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación, remitido a la Asamblea Nacional por el presidente de la República, Guillermo Lasso, el pasado 25 de mayo.

La mesa recibió a Eduardo Bonilla, secretario General de Comunicación de la Presidencia de la República para que explique el contenido del documento. Al iniciar su intervención indicó que la norma busca garantizar la libertad de expresión promoviendo la autorregulación.

Remarcó que el proyecto está dividido en tres capítulos. En el primero trata sobre la libertad de expresión, con enfoque de protección y garantía. Resaltó que el ejercicio de la actividad periodística y de comunicación debe regirse por estándares éticos y de autorregulación, en ningún caso por estándares impuestos por el Estado. Sostuvo que la libertad no es sinónimo de libertinaje y va anclada a una responsabilidad.

En el Capítulo 2 se establecen los mecanismos para garantizar el derecho de la libre expresión sustentado en tres pilares: autorregulación sin censura previa, derecho a la réplica y copias de programas o impresos. Apuntó que si bien no hay censura previa sí hay responsabilidad ulterior, a la vez que dijo que existen todos los mecanismos de reclamo vía civil. Señaló, además, que la normativa no obliga a la rectificación de opiniones.

El Capítulo 3 tiene relación a estándares internacionales de derechos humanos para protección a periodistas y comunicadores, como la cláusula de conciencia, reserva de la fuente, secreto profesional y libre ejercicio de comunicación.

En cuanto a las disposiciones reformatorias sostuvo que es necesario cambiar el nombre de Ley Orgánica de Comunicación por Ley de Publicidad, Producción Nacional y Espectro Radioeléctrico. También sugirió derogar desde el artículo 1 hasta el 91.4 y desde el artículo 104 al 119 de la Ley de Comunicación, así como el artículo 182 del Código Orgánico Integral Penal

Al culminar la exposición del proyecto remarcó que la propuesta busca poner fin a una etapa de persecución. Añadió que es peligroso que un gobierno utilice el control y sanción de la prensa y periodistas para imponer una sola verdad oficial. La libertad de expresión es un derecho que debe ser garantizado por el Estado, opinó.

Interrogantes

La asambleísta Marjorie Chávez indicó que el Estado debe garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. Durante su intervención preguntó por qué se eliminará el Consejo de Comunicación creado en consulta popular y por qué no se contempló la venta de medios incautados.

De su parte, el asambleísta Ángel Maita remarcó que el periodismo no se puede sustentar en opiniones, sino en evidencias y realidad. Por lo tanto, consideró que sí es necesario un ente regulador. Apuntó que es necesario analizar esta propuesta que deja de lado a los medios comunitarios y alternativos, pues no se puede permitir que los grandes medios manipulen la información, añadió.

Mientras que la legisladora Jessica Castillo señaló que esta norma deja de lado varios artículos que protegen derechos legales y constitucionales como las garantías de niños, niñas y adolescentes, así como de pueblos y nacionalidades.

La Comisión de Fiscalización, dirigida por su vicepresidenta, Ana Belén Cordero, reajustó el cronograma de comparecencias y comisiones generales, en la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra del excontralor subrogante, Pablo Celi. En consecuencia, el interpelante, Juan Cristóbal Lloret y el exfuncionario presentarán sus pruebas de cargo y de descargo, el lunes 26 de julio en horas de la mañana y en la tarde, respectivamente.

Así mismo, la mesa, con el voto unánime de los siete presentes, autorizó a que la Secretaría actualice el cuadro de comparecencias, en función de la aceptación y disponibilidad de las personas consideradas en él y de acuerdo con las convocatorias del Pleno legislativo, para evitar una posible interferencia de las actividades regulares de la Asamblea.

El organismo acogió el pedido de Fernando Villavicencio de incluir en el cronograma la comparecencia de Silvia Gimena Pérez, exdirectora Nacional de Auditoría de Telecomunicaciones; Yenny Elizabeth Monar y David Andrade, exespecialistas nacionales de Auditoría 3; Andrés Michelena, exministro de Telecomunicaciones; Marcela Orbe Armas, directora de Tecnologías de la Información de la Contraloría; Carla Moreno, secretaria abogada de la Dirección de Responsabilidades; y, Sofía Moreno, directora de Responsabilidades de Contraloría.

También, la propuesta de solicitar al Ministerio de Telecomunicaciones el contrato de consultoría entre Aseta y Arcotel-Conatel, de 15 de diciembre de 2014, en el cual manifiesta que es procedente contratar una consultoría para determinar técnicamente el costo de la ampliación del espectro para Conecel

En la semana del 12 al 16 de julio las comisiones legislativas permanentes iniciarán procesos de control político y fiscalización respecto a la designación del Contralor del Estado Subrogante, entre otros temas, y continuarán el estudio de los diversos proyectos de ley, entre ellos, la Ley Orgánica de Libre Expresión y Comunicación.

Garantías Constitucionales

Por pedido del primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, la Comisión de Garantías Constitucionales, convocó a Carlos Riofrío, contralor General del Estado subrogante, a fin de que exponga el cumplimiento de sus funciones y bajo qué circunstancias se efectuó su designación. La sesión se realizará el lunes 12 de julio, a las 14h00.

Relaciones Internacionales

La Comisión de Relaciones Internacionales tiene previsto sesionar el lunes 12 de julio, a las 11h00, para avocar conocimiento del proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación, de iniciativa del presidente de la República, Guillermo Lasso. Por este tema, la mesa legislativa escuchará a Eduardo Bonilla, secretario general de Comunicación de la Presidencia de la República.

A las 15h30 los parlamentarios avocarán conocimiento del Acuerdo que establece la Comisión Binacional para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de las Cuencas Hidrográficas Transfronterizas entre Ecuador y Perú. En este marco, comparecerán Vicente Rojas, embajador de Perú; Mauricio Montalvo, ministro de Relaciones Exteriores; Gustavo Manrique, ministro de Ambiente; y, Emilio Cobo, experto ambiental.

El miércoles 14 de julio, a las 11h30, recibirán al Ministro de Relaciones Exteriores, quien explicará acerca de la resolución que condena el desproporcionado aumento del arancel consular y diplomático, contenido en el acuerdo ministerial 036, de fecha 15 de abril de 2021.

Justicia

Por pedido de la asambleísta Jhajaira Urresta, la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, se reunirá el miércoles 14 de julio, con el fin de tomar una resolución respecto de los comentarios vertidos contra el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonizas Iza.

Régimen Económico

El lunes 12 de julio, a las 10h00, la Comisión de Régimen Económico, recibirá a Ximena Garzón, ministra de Salud Pública; Hugo Orellana, presidente del Directorio Empresa Coordinadora de Empresas Públicas; María Borja, representante de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha; Lucía Calderón, representante de la Confederación Nacional de Cámaras Provinciales de Economía Popular y Solidaria; Cristina Murgueitio, directora Ejecutiva de la Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos, quienes darán sus observaciones al proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Biodiversidad

En el marco de la fiscalización a las acciones desarrolladas en la zona de exclusión minera en Zaruma, el miércoles 14 de julio, a las 09h00, la Comisión de Biodiversidad llamará al Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables, a la autoridad de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos; al Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables y al Viceministro de Minas.

Una nueva instrucción fiscal se abrió esta noche en contra de Daniel S. B. Esta vez, Fiscalía le formuló cargos penales por el presunto delito de ingreso de artículos prohibidos a un centro penitenciario.

En la audiencia desarrollada en la Unidad de Flagrancia de Quito, el fiscal Max Jaramillo expuso como elementos de convicción: el formulario de cadena de custodia, las versiones de dos agentes penitenciarios, del Director de la Cárcel 4, del policía que procedió con la detención, un informe de la pericia de reconocimiento de evidencias, entre otros.

Sobre la base de esos elementos, el Juez de Garantías Penales acogió el pedido de Fiscalía, considerando que se encuentran reunidos los elementos del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y ordenó la prisión preventiva para Daniel S. B., quien enfrenta ya dos sentencias condenatorias por otros delitos.

Según la teoría expuesta por el fiscal Jaramillo en la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, Daniel S. B. fue sorprendido con un teléfono celular en su poder, que guardaba en el estuche de un computador, dentro de la celda A2 de la Cárcel 4, en la que se encuentra recluido.

Fiscalía, en coordinación con la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional, desarticuló una presunta organización narcodelictiva, dedicada al traslado, almacenamiento y envío de droga al exterior. Los nueve procesados fueron detenidos en operativos ejecutados la madrugada de este miércoles 7 de julio en Guayaquil, Tulcán e Ibarra.

En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada en la Unidad Judicial de la ciudad de Milagro, el fiscal José Bravo Salazar presentó los elementos de convicción que demostrarían la presunta participación de los procesados y sus diferentes grados de responsabilidad en el hecho investigado.

Entre estos se incluyen los informes preliminares de investigación elaborados por los agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial (UIAD) de la Policía Nacional, los partes de aprehensión de los detenidos, los informes integrados de vigilancia y seguimiento de los investigados, y las verificaciones de escuchas y correlación de líneas telefónicos de los ahora procesados.

El juez de Garantías Penales, Yan Marco Moncayo, acogió el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva para los nueve involucrados: Eduardo Arturo P. M., Eduardo Alexander M. S., Armando Esteban E. T., Albeiro Ch. G., Rubén Marcelo P. G., Héctor M. P., Jesús C. O. (extranjero), Melvin B. A. y Roberto Q. Ch., disponiendo, además, la retención y prohibición de enajenar ocho vehículos que habrían sido utilizados en la comisión de infracciones, de propiedad de algunos de los procesados.

La instrucción fiscal durará en noventa días.

Contexto

La Fiscalía del Guayas abrió una investigación previa en enero de 2020, con relación a diferentes operativos en los que se incautó cocaína (cerca de dos toneladas), ejecutados en diferentes cantones de la provincia.

Sobre todo, con base en el caso registrado en una hacienda de la parroquia Cone del cantón Yaguachi, el 12 de febrero de 2021, donde se decomisaron más de 700 bloques del alcaloide.

Las unidades de Inteligencia Antinarcóticos iniciaron los seguimientos a un grupo de personas que tendría relación con los hechos, con asistencia y disposición de autoridad competente.

Según investigaciones preliminares, la droga era adquirida y trasladada desde Colombia y los cargamentos eran custodiados por personas asignadas para resguardarla y ocultarla en diferentes ciudades de la provincia, para luego trasladarla al Puerto Marítimo de Guayaquil, desde donde se la enviaba al exterior, presuntamente a través de la contaminación de contenedores.

De esa forma se ubicó a los ahora procesados en Guayaquil, Tulcán e Ibarra. Todos fueron llevados a la ciudad de Milagro y puestos a órdenes de las autoridades judiciales.

Información jurídica

La Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 369, numeral 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Luego del análisis de los elementos de convicción presentados por la Fiscalía General del Estado, la jueza Andrea Ordoñez resolvió llamar a juicio a Alexandra O., extitular del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR); César E., Jorge O., Mauricio C. y Carlos M. (exfuncionarios de esa misma institución) por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias.

La Magistrada señaló que los elementos presentados durante la audiencia preparatoria de juicio son suficientes para presumir la existencia del delito y la responsabilidad de los procesados en la adquisición de 7.000 kits de alimentos, con un aparente sobreprecio, en el contexto la emergencia sanitaria y confinamiento por la Covid-19.

La audiencia, que se desarrolló en la Unidad Multicompetente de Samborondón, duró tres días, en los cuales la fiscal del caso, Paola Gallardo, presentó los elementos de convicción recabados durante la etapa de investigación, mismos que fueron el sustento para su dictamen acusatorio y para solicitar, de forma justificada, que los procesados sean llamados a juicios.

Este pedido fue aceptado por la Jueza de la causa.

La investigación de Fiscalía determinó que los procesados habrían actuado en contra de expresa disposición legal al adjudicar un contrato de compra de 7.000 kits de alimentos, que debían ser entregados a la población afectada por la emergencia sanitaria por Covid-19, al inobservar la normativa de contratación pública, pues no se consideró el mejor costo para el Estado.

Dicho proceso tampoco contó con un estudio de mercado y no se habría verificado la capacidad legal de contratar por parte del posible adjudicatario, que había cambiado su actividad económica el mismo día en que presentó su oferta.

Según expresó la Fiscal del caso durante la diligencia, la extitular del SNGR, Alexandra O., acogió y aprobó el informe de necesidad, los términos de referencia, el informe de idoneidad, y autorizó y dispuso el inicio de la contratación de emergencia por un valor de 1’055.740 dólares (sin IVA).

Por su parte, César E. recomendó la contratación y emitió la carta de invitación; Mauricio C. y Jorge O. sugirieron la contratación del proveedor, luego de elaborar el informe de necesidad; y, Carlos M. habría participado en el presunto delito como administrador del contrato. Además, previamente, habría elaborado los términos de referencia, el informe de necesidad y el informe de idoneidad, de quién fue adjudicatario del contrato.

La Magistrada ratificó las medidas cautelares dictadas previamente para todos los procesados: prohibición de ausentarse del país y la presentación periódica ante la autoridad. Y, finalmente, acogió los ochenta y ocho anuncios probatorios, negando los pedidos de exclusión realizados por las defensas de los procesados, mismos que podrán ser utilizados en la audiencia de juicio.

En virtud de los acontecimientos suscitados en torno al examen de habilitación profesional a los profesionales en las carreras de salud elaborado por el Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, (Caces) la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte recibió la opinión de un grupo de profesionales, quienes advierten inconsistencia en el proceso.

Los profesionales de la Medicina exigieron la anulación del Examen de Habilitación para el Ejercicio Profesional (EHEP) que receptó el Caces, para que puedan ejercer la profesión. Piden un pronunciamiento sobre el informe de resultados del examen en modalidad en línea de las carreras Medicina, Enfermería y Odontología, segunda aplicación del 2020.

El presidente de la Comisión, Marcos Molina, dijo es importante conocer sus quejas y analizarlas para luego tomar las medidas y si es necesario llamar a las personas involucradas. Adelantó que enviarán una carta al Caces para que informe la condiciones en que se tomó el examen y sacar una conclusión.

De su lado, la asambleísta Bella Jiménez precisó la importancia de analizar la situación y de fiscalizar a quienes no respetan los derechos de los profesionales de la salud. "Debemos ponernos en el lugar de ellos, han luchado con esfuerzo y sacrificio", afirmó.

Ana María Coello, representante de los estudiantes de Odontología expuso la situación que enfrentan los estudiantes por las anomalías en el examen de habilitación profesional. Aseguró que el examen fue filtrado en las redes sociales, las preguntas fueron mal formuladas, fueron ambiguas y fuera del temario estudiantil, por lo que pidió la intervención de la Comisión del Derecho a la Salud para que se respeten sus derechos.

Alejandra Gavilanes, representante de Medicina, denunció que se presentaron problemas de conectividad, no hubo preguntas diferenciadas para los distintos grupos y se dieron fallas en la plataforma. Allison Clavon, ex estudiante de Medicina aseveró que el Caces ha vulnerado sus derechos al haber tantas inconsistencias en el examen de habilitación profesional. María Isabel Tigre, representante de los estudiantes de Enfermería, sostuvo que el 88% de los estudiantes de esta carrera no aprobó el examen.

La Comisión de Garantías Constitucionales inició un proceso de seguimiento a la ejecución de la sentencia constitucional favorable a la acción de protección interpuesta por los trabajadores de la empresa Furukawa. En la mesa legislativa, Elsie Monge, representante Comité Furukawa Nunca Más, señaló que existen graves violaciones a los derechos humanos, razón por la cual solicitó al Estado cumpla sus obligaciones, más aún cuando constituye el primer caso de esclavitud moderna que derivó un llamado de atención a nivel internacional a Ecuador.

Por su parte, Alexandra Zambrano, abogada litigante, calificó a la sentencia como histórica, porque por primera vez en Ecuador se dicta un veredicto por esclavitud moderna, servidumbre a la leva, ya que se reconoce la situación precaria que enfrentan los trabajadores agrícolas en distintas plantaciones del país.

Son más de 70 años que este grupo de personas vive en condiciones insalubres, sin agua, ni luz y en condiciones de trabajo expuestas a riesgos de salud por el uso de agroquímicos; con remuneraciones muy por debajo del salario básico. Pidió a los parlamentarios hagan un seguimiento al cumplimiento de la sentencia para que haya una reparación real a los 123 trabajadores del total de 1.244 personas que laboraron en las plantaciones de la abacalera Furukawa.