Hechos Ecuador

Por convocatoria de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, el Pleno sesionará este viernes, con la finalidad de resolver la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal, para Prevenir y Combatir la Violencia Sexual Digital y Fortalecer la Lucha contra los Delitos Informáticos, sobre la base del informe no vinculante de la Comisión de Justicia y Estructura de Estado.

La sesión semipresencial 716 está prevista para el viernes, 9 de julio, a partir de las 11h40. En ella, los legisladores conocerán el informe preparado por la Comisión de Justicia, que lidera Alejandro Jaramillo, sobre esta importante reforma legal, que procura fortalecer la lucha contra los delitos informáticos y proteger a niños, niñas, adolescentes a través de normas que permitirán prevenir y sancionar esta clase de delitos.

El organismo legislativo efectuó un análisis exhaustivo a las observaciones formuladas por el Ejecutivo respecto de 14 artículos, las cuatro Disposiciones Transitorias y la Disposición Reformatoria Única.

La mesa propone al Pleno acoger las objeciones del Ejecutivo a los artículos 1, 2, 5, 6, 9, 14, 17, 18, 19, 20 y 21; Disposiciones Transitorias y Disposición Reformatoria Única, por considerar que mejoran el texto del proyecto y contribuyen a dotar de claridad y coherencia a la normativa.

En el caso del artículo 4, por el cual se introducen nuevos tipos penales, que sancionan con penas privativas de libertad que van desde un año hasta tres años por atentar, por ejemplo, contra los recursos económicos de la mujer en la sociedad conyugal o de hecho; que menoscaben, anulen, suspendan, impidan o restrinjan la participación política, la Comisión no alcanzó los votos necesarios para proponer la ratificación del texto original, ni para el allanamiento.

Mientras, en el artículo 16, relacionado con las contravenciones de segunda clase previstas en el artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal, que sustituye el numeral 1) para que la persona que, por cualquier medio, inclusive a través de cualquiera de las tecnologías de la información y comunicación, profiera expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra, ya sea mediante lenguaje violento, agresivo, vulgar u hostil, sea sancionada con pena privativa de libertad de quince a treinta días, la Comisión recomienda insistir en el texto aprobado por la Legislatura.

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, presidida por el asambleísta Ramiro Narváez, recibió al ministro de Defensa, Fernando Donoso, quien presentó sus observaciones al proyecto de Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas.

El secretario de Estado indicó que es fundamental tener una nueva normativa, ya que la ley vigente fue publicada en 1991 y no está acorde con la Constitución de la República. Sostuvo que el proyecto eleva a rango de ley y actualiza las normas relacionadas con la tipificación y sanción de las infracciones disciplinarias que antes constaban en un reglamento, lo cual permite mantener y restituir la disciplina, pilar fundamental en una estructura institucional militar.

Mencionó que en la norma actual dentro de los procedimientos administrativos y disciplinarios se han incorporado los principios constitucionales del debido proceso con la finalidad de que el personal militar ejerza sus derechos constitucionales. Además, se han incorporado artículos relacionados con el personal femenino como período de gestión, lactancia y cuidado del recién nacido.

El Ministro de Defensa ratificó que es importante que se incorpore el régimen disciplinario a la Ley venido a menos por un reglamento que dejó de ser efectivo por el tiempo de uso.

Robiro Peñafiel, asesor del Ministro de Defensa, consideró que una vez que la ley ha sido analizada y socializada y cuenta con informe para segundo debate, lo que corresponde es discutirla en el Pleno. Manifestó que por parte de las Fuerzas Armadas no existen más observaciones. Sin embargo, de presentarse alguna sugerencia adicional la institución lo hará en el debido momento. El propósito es que la ley sea efectiva y sirva a las Fuerzas Armadas para llevar adelante su misión constitucional, afirmó.

El presidente de la mesa, Ramiro Narváez, solicitó al secretario de Estado delegar a un funcionario del Ministerio para que trabaje con el equipo técnico de la Comisión en la elaboración del Código Orgánico de Seguridad del Estado. Incluso indicó que está previsto que en la norma se incluya un capítulo relacionado con la ciberseguridad para lo cual también pidió apoyo. El Ministro de Defensa se comprometió delegar a personal de la institución.

La Comisión de Fiscalización, presidida por Fernando Villavicencio, aprobó por unanimidad la actuación de pruebas de oficio, así como el calendario de comparecencias y comisiones generales, en el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político presentada por Juan Cristóbal Lloret, en contra de Pablo Celi de la Torre, excontralor subrogante.

Según el cronograma, las comparecencias arrancarán el 19 de julio, con la presencia de los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral; luego, el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Aturo Cabrera. El 20 de julio, se recibirá a María Mercedes Placencia, subcontralora; el 21 de julio, a Darwin Moreno, funcionario de la Contraloría; a Silvana Vallejo; y, a Diana Salazar, fiscal General del Estado.

Para el 22, está prevista la comparecencia de Nelson Dueñas López, director Nacional de Auditoría de Deuda Pública; el 23, a la auditora Flor María Guerrero, a Hugo Pérez Mena, subcontralor de Auditoría; Luis Alfonso Miño, exsecretario de Gestión Institucional y a Michelle Cedeño, directora de Predeterminación de Responsabilidades.

El 25 de julio la mesa escuchará a Pablo Baldeón, funcionario de la Contraloría, a Luis Andrade, administrador del contrato del Ministerio de Seguridad y una empresa china. El 26 asistirá José Gabriel Benítez, funcionario de la Contraloría, Ana Vanessa Proaño, representante de la Arcotel y a un representante de Conecel.

Dentro de las comisiones generales, el 20 de julio la mesa recibirá a Ligia Cobo Ortiz, exfuncionaria, representantes legales de Fuerza Compromiso Social, de Juntos Podemos, Movimiento Libertad es Pueblo, del Movimiento Coalición Unión por la Esperanza, de Justicia Social y Fausto Camacho.

Para el 21 de julio se prevé la presencia de los representantes legales de la empresa HDC producciones, de Smart Social y MCD publicidad, José Esteban Celi, Carlos Pólit, Daniel Fernández de Córdova, Raúl de la Torre, Valentina Zárate Montalvo, Pablo Celi de la Torre, Hans Coloma Vallejo y Lorena Figueroa.

El 23 de julio estarán citados Galo Chiriboga Zambrano y Carlos Baca Mancheno, exfiscales del Estado; Pablo Flores Cueva, Marco Flores Troncoso. El 24, José Luis de la Paz, Roberto Barrera, Luis Adolfo Briones, Natalia Cárdenas, Luis Esteban Celi, Pedo Vicente Saona, Álvaro de Guzmán Pérez.

Igualmente, el 25 se receptará la versión de Carlos Pareja Yanuzzelli, Álex Bravo, Gustavo Villavicencio Salinas, Deisy Marisol Guevara, Martha Ulloa Durán, el apoderado de una empresa china, Germán Rodas Coloma, Marcelo Avendaño, Vanessa Escobar. El 16, en cambio, acudirá Sabett Chamoun Villacrés y Álex Fernando Delgado.

Pruebas de oficio

La mesa aceptó actuar como pruebas de oficio las solicitadas por los asambleístas Bruno Segovia, Fernando Villavicencio y Soledad Diab, que incluyen el requerimiento de información a la Contraloría, la Fiscalía, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), el Servicio de Rentas Internas, la Superintendencia de Compañías, Petroecuador, entre otras entidades.

Se solicita información certificada respecto de las auditoría seguidas a procesos de contratación en distintas materias, las glosas que se ha establecido, las que se han desvanecido, los informes con indicios de responsabilidad penal, las investigaciones en contra de los procesados en el caso “Las Torres”, la selección de los exfiscales Galo Chiriboga y Carlos Baca; y el encargo a Pablo Celi en la Contraloría.

Andrés Arauz, candidato ganador de la primera vuelta electoral con más de 13 puntos de diferencia sobre sus inmediatos seguidores, cumplió una importante agenda de trabajo en Estados Unidos por invitación de los migrantes. Mantuvo reuniones con inversionistas, con el FMI y varias entrevistas con medios de comunicación.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por moción de la presidenta Mgs. Sofía Almeida, conformará una Veeduría al proceso de reconteo de votos solicitado por los candidatos Yaku Pérez y Guillermo Lasso para las elecciones presidenciales, en el caso de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) apruebe dicho pedido de los candidatos. Además se vigilará el sistema informático utilizado para este proceso.

El conteo rápido es una herramienta tecnológica que permite estimar las tendencias de los resultados y trasparentar el proceso de los mismos. Luego de estabilizar la muestra estadística a las 21h16 y procesar los datos de 2 344 actas de escrutinio equivalentes al 96,7% de un total de 2 425 seleccionadas, los resultados que reflejan las tendencias de los candidatos de los binomios presidenciales:

Cabe destacar que tanto el Sistema de Conteo Rápido como el Sistema Informático de Escrutinio y Resultados (SIER) fueron debidamente encerados en presencia del Notario Público previamente a este proceso.

En ese sentido, los resultados obtenidos de la muestra estabilizada fueron arrojados en una base datos en los servidores del CNE mismos que son procesados a través de conteos matemáticos por la Dirección Nacional de Estadística.

Fiscalía, con apoyo de la Agencia de Regulación y Control Sanitario (Arcsa) y la Policía Nacional, allanó las oficinas de un centro médico, ubicado en el centro norte de Quito, donde se encontraron 154.800 pruebas para detección de Covid-19 que no cuentan con registro sanitario.

El establecimiento tampoco tiene permisos de funcionamiento, ni RUC y no cumple con las condiciones adecuadas de almacenamiento para dichas pruebas.

Además, en Arcsa no se hallaron registros con esa dirección.

Con base en los indicios recabados, se determinó, junto a dicha Agencia, que la falta de registro sanitario en el envase, facilita la importación y comercialización de las pruebas de detección de Covid-19.

Se incautaron 258 cajas, cada una con 600 pruebas en su interior, además de documentación relacionada con el esposo de la sentenciada (en varios procesos penales) María Sol L.

Fiscalía fijó en cadena de custodia este material y valorará la respectiva apertura de una investigación.

Otros procesos

María Sol L. fue sentenciada en dos ocasiones por tráfico de influencias: en 2017, por irregularidades en un contrato por servicios de limpieza en varias unidades médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS); y, en 2018, por irregularidades en un contrato para la adquisición de medicamentos de esa entidad.

Por cada uno de estos casos recibió un año de privación de libertad.

Además, pese a que fue sentenciada a ocho años de prisión por el delito de peculado, un Tribunal dispuso su libertad.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), este lunes 01 de febrero de 2021, acreditó a once personas naturales y dos personas jurídicas que incluyen nueve delegados para realizar observación electoral, con esto se suma un total de 2 540 Observadores Electorales Nacionales que fueron acreditados en primera instancia para los comicios del próximo 7 de febrero.

Una vez que, el Pleno del CNE concedió un plazo de 10 días luego de la notificación, para que los observadores subsanen las observaciones realizadas, se constató que a la fecha, tanto las personas naturales, como jurídicas cumplieron con los requisitos y documentación habilitante establecidos en la Convocatoria para acreditarse como Observadores Electorales Nacionales.

Las autoridades electorales, luego de conocer el informe presentando por la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales, Cooperación y Observación Electoral, acreditaron a los Observadores Electorales Nacionales que en sesión plenaria pasada no cumplieron con la normativa vigente.

El Consejo Nacional Electoral trabaja en el fortalecimiento de la democracia del país y cumple con los tiempos establecidos en el Calendario Electoral para el eficaz y trasparente proceso electoral.

Le arrancaron la vida pero a algunos les parece poco. Efraín hablaba del tema insumos médicos.

Quiero recordarle al país que los únicos que presentamos una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado por el reparto de los hospitales y el sobreprecio de las fundas para cadáveres fuimos Joselito Arguello y Pedro Granja.

Nosotros no hablamos solo en las redes sociales, pusimos el pecho a las balas y denunciamos a la red de corrupción que existe en los hospitales del país.

Necesito que todos ustedes sepan que hasta el día de hoy, la Fiscal General Diana Salazar ni me llama a rendir versión y menos nos garantiza ninguna protección a Joselito ni a mi.

No, no repita lo que usted no sabe. No es cuestión de reformar el COIP y con eso se va a acabar por arte de magia la mafia en Ecuador.

Se trata de refundar el estado, el modelo social, el perfil de los dirigentes sociales.

Acá, a los pocos que se juegan la vida, no con cuentas falsas, no escondidos detrás de una computadora o un celular, a los que se enfrentan todos los días a los poderosos, NO los cuida nadie. En el colmo, la Fiscalía General del Estado ni siquiera ubica las IP de gente que en este momento está publicando que Efraín fue asesinado "por algo", porque "por gusto" no matan a nadie. Estos tipos son DELINCUENTES, están justificando un crimen y riendo encima del dolor de los familiares del occiso.

Otros se dedican a inventar historias, a tratar de ganar protagonismo mediante noticias falsas. Lo central en este momento es que TODOS dejemos el miedo y organizamos una gran jornada de protesta contra tanta impunidad.

Públicamente los invito para que el próximo martes 2 de febrero a las 10 am, nos concentremos en los exteriores de la Fiscalía de La Merced en Guayaquil para repudiar tanta inseguridad, para protestar contra el terror de vivir en una ciudad, en un país en el que mañana o más tarde pueden matar impunemente a uno de sus hijos o padres o hermanos.

Hagamos algo, demostremos que como sociedad no podemos tolerar más la cultura del reparto de los hospitales y que muchos hijos de puta involucrados estén muy campantes y como grandes señores, no podemos tolerar más la cultura del garrote contra los comerciantes informales, la cultura del abuso de los banqueros, de los empresarios, de los dueños de las compañías de telefonía celular. TODO ESTO, ES VIOLENCIA.

Yo no soy candidato a NADA. Nunca en mi vida he estado afiliado a ningún partido. Simplemente les hago esta convocatoria como ciudadano. Si usted desea ir, le agradezco, si usted desea compartir este post, se lo agradezco. Dejemos el miedo o les terminamos de dejar el país a los criminales.

El martes 2 de febrero del 2021 debemos protestar con un plantón pacífico frente a la Fiscalía del Guayas, UNA PROTESTA JUSTA POR LA VIDA, POR LA PAZ CONTRA LOS DELINCUENTES QUE SE REPARTIERON LOS HOSPITALES Y AHORA SE ESTÁN REPARTIENDO LAS VACUNAS; CONTRA LOS DELINCUENTES QUE VIOLAN, LOS QUE SECUESTRAN Y LOS QUE SE ROBAN EL ECUADOR EN PESO.

Tribunal de Apelación de la Corte Nacional aceptó parcialmente el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y modificó la sentencia de primera instancia dictada contra Maria Alejandra V., exvicepresidenta de la República y exasambleísta, quien deberá cumplir una pena privativa de libertad de dos años, al haber sido hallada culpable del delito de concusión.

El juez ponente, David Jacho, agregó que se desecha el recurso de apelación presentado por la procesada, quien pretendía que se revoque la sentencia de primera instancia y que se ratifique su estado de inocencia.

En su argumentación, el Tribunal informó que, luego del análisis de la prueba, se determinó –más allá de cualquier dura razonable– que la conducta de la procesada se adecúa al verbo rector de “exigir” cuotas o contribuciones, sin que exista voluntariedad en la entrega de esos valores, pero que no existen agravantes ni atenuantes de la acción.

Por su parte, el fiscal general del Estado subrogante, Wilson Toainga, solicitó que se aplique el máximo de la pena por el delito de concusión, debido a que los jueces de primera instancia consideraron de manera inadecuada atenuantes de la infracción y no las agravantes que existían.

Añadió que la sentencia de primera instancia es clara y que cumple con los alegatos de cierre emitidos por Fiscalía, por lo tanto debía imponerse la pena de cuatro años, según lo establece la normativa vigente al momento de los hechos. Señaló, además, que existe la suficiente cantidad de prueba que demuestra la comisión del delito y la culpabilidad de la también exlegisladora.

En primera instancia, la ex Vicepresidenta de la República fue declarada culpable del delito de concusión, acogiendo el pedido de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el Tribunal de juicio consideró atenuantes a la infracción, imponiéndole un año de pena privativa de libertad y la obligación de cumplir con la reparación de 173.180 dólares, equivalente al cuádruple del dinero recibido irregularmente, lo cual también fue ratificado por el Tribunal de apelación.

Los resultados de las investigaciones determinaron que María Alejandra V., mientras cumplía funciones de asambleísta, recibió transferencias bancarias de sus tres asesores en su cuenta personal. Estos aportes mensuales, solicitados a sus excolaboradores, habrían sido para el financiamiento del movimiento Alianza Bolivariana Alfarista (ABA).

Según Fiscalía, con esta actuación, la procesada vulneró el bien jurídico protegido de la eficiente administración pública, siendo el Estado ecuatoriano la víctima directa.