Ana Lucía Cevallos, jueza de la Unidad Judicial Penal de Iñaquito, dictó auto de llamamiento a juicio contra Jorge C. y Abel G., dirigentes de Fedotaxi y Fenacotip, respectivamente, tras haber encontrado suficientes elementos de responsabilidad en el delito de paralización de servicio público.

La Magistrada comunicó su resolución la mañana de este jueves.

El fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que lleva el caso presentó, durante la audiencia preparatoria de juicio, varios elementos de convicción, entre los que constan declaraciones en las que se pronunciaron con la paralización de servicio de transporte, con lo que se iniciaron los hechos de octubre del año 2019, que desembocó en un paro nacional.

El Pleno de la Asamblea cerró su ciclo legislativo 2020 con un balance positivo, no solo por la aprobación de las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) en materia anticorrupción, sino por la emisión definitiva de la Ley Orgánica para la Racionalización, Reutilización y Reducción de Plásticos de un Solo Uso, que significa un gran aporte al cuidado y protección del ambiente. A la vez, la Legislatura, encabezada por César Litardo Caicedo, recibió la Certificación ISO 37001 de Gestión Antisoborno de parte de la empresa Aenor Ecuador.

En el Complejo Judicial Norte se desarrolló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en contra del ciudadano sueco Ola B., por su presunta participación en el delito de acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones.

La primera parte de la audiencia se desarrolló el pasado 3 de diciembre. Allí se trataron los vicios de procedimiento, procedibilidad y competencia, Hoy, 16 de diciembre, en la reinstalación, después del respectivo análisis, la jueza Yadira Proaño declaró la validez del proceso.

Luego, la Fiscalía General del Estado presentó el dictamen acusatorio en contra de Ola B., el cual fue sustentado con más de sesenta elementos de convicción que demostrarían que el procesado accedió sin autorización ni consentimiento al sistema de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), con el objetivo de explotar ilegítimamente el acceso logrado e intentar obtener información del contenido digital de las plataformas de la Empresa Pública Petroecuador y de la entonces Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).

Esto se pudo evidenciar gracias a una fotografía que se encontró en el dispositivo celular de Ola B., imagen que fue compartida mediante la aplicación WhatsApp.

Entre los principales elementos de convicción constan los informes periciales de informática forense y de audio y video, además de la asistencia penal internacional requerida a los Estados Unidos, mediante la cual se extrajo información de uno de los dispositivos del procesado, así como versiones, oficios del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y de otras entidades públicas y privadas.

Fiscalía solicitó a la Magistrada que el ciudadano sueco sea llamado a juicio como autor del delito antes mencionado e hizo el anuncio de prueba. La audiencia se suspendió pasadas las 19:00 y se reinstalará en los próximos días para conocer la resolución oral.

En este caso también estuvo procesado Marco A., pero Fiscalía emitió dictamen abstentivo a su favor.

Información jurídica

El acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones está tipificado en el artículo 234 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

En la respuesta a la pandemia hemos visto surgir rápidamente enfoques innovadores en la prestación de servicios de salud y en los modelos de atención sanitaria, así como mejoras en la preparación. Debemos aprender de esta experiencia. En el Día de la Cobertura Sanitaria Universal, comprometámonos sin más dilación a poner fin a esta crisis y a construir un futuro más seguro y saludable invirtiendo en sistemas de salud que protejan a todas las personas.

Por disposición de la ingeniera Diana Atamaint Wamputsar, Presidenta del Consejo Nacional Electoral y de conformidad con el artículo 32, numeral 2, de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador – Código de la Democracia, se convoca a las Consejeras y Consejeros a la Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo Nacional Electoral, a realizarse el día *martes 8 de diciembre de 2020, a las 19H00*, en la sede de este Organismo, ubicado en la Av. 6 de Diciembre N33-122 y Bosmediano, del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1° Conocimiento y resolución respecto de la aprobación del Plan Operativo, cronograma, matriz de riesgos y contingencia, convocatoria y formularios a utilizar para el Colegio Electoral para la elección y designación de las o los Representantes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Municipales y Parroquiales Rurales, para la Conformación del Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo de Fronteras y de los Comités Intersectoriales Territoriales, presentado por el Coordinador Nacional Técnico de Procesos Electorales;

2° Conocimiento y resolución respecto de la recusación presentada por los señores Coronel Carlos Arboleda Heredia y doctor Wilson Edmundo Freire Castro;

3° Conocimiento y resolución respecto del informe presentado por el Director Nacional de Asesoría Jurídica, sobre la petición realizada por los señores Coronel Carlos Arboleda Heredia y doctor Wilson Edmundo Freire Castro, respecto a las candidaturas provenientes de la Alianza conformada por el Movimiento Centro Democrático, Lista 1, y F. Compromiso Social, Lista 5; en cumplimiento de la sentencia emitida dentro de la causa Nro. 122-TCE-2020;

4° Conocimiento del informe No. 342-DNOP-CNE-2020 de 4 de noviembre de 2020, del Coordinador Nacional Técnico de Participación Política (E), de la Directora Nacional de Organizaciones Políticas y del Director Nacional de Asesoría Jurídica; y, resolución respecto del cumplimiento de la Sentencia dentro de la Causa No. 083-2020-TCE, referente al Movimiento Nacional F. Compromiso Social, Lista 5; y,

5° Conocimiento del informe No. CNE-DNFPE-2020-0037 de 1 de diciembre de 2020, adjunto al memorando No. CNE-CNTPP-2020-1142-M de 1 de diciembre de 2020, del Coordinador Nacional Técnico de Participación Política (E) y de la Directora Nacional de Promoción Electoral; y, resolución respecto del Informe Técnico de Cumplimiento de Requisitos para Calificación de Proveedores de Promoción Electoral.

La grave crisis que atraviesa el país, está promoviendo el auge delictivo en el Ecuador; desde hace mucho tiempo.

De acuerdo a la información que nos llega hasta nuestra mesa de redacción, el perjudicado Rodi Rivera Chang, ha sido estafado por parte de sujetos aún no identificados que han sustraído una chequera del banco del pichincha, con la que han comenzado a comprar vehículos.

La trama de esta historia delictiva se basa en que el banco del pichincha ha entregado según Rodi Rivera Chang, (perjudicado), un talonario de cheques, cuyos números asignados los dejamos en reserva toda vez que se encuentra en investigación por parte de fiscalía, quiénes son las personas que están utilizando este sistema de estafa.

Ya son tres los cheques que han sido girados por cuantiosas sumas de $8000 aproximadamente, el primero en Pedro Carbo, el segundo en Flavio Alfaro y el tercero en Olmedo.

De acuerdo a las declaraciones de Rodi Rivera Chang, para este medio de comunicación, expresa que está iniciando las acciones legales correspondientes para que el banco del Pichincha proceda a entregar un informe completo de quién retiró el talonario de la chequera que se está siendo utilizada para esta estafa, entre otras diligencias previas que nos reservamos como fuente informativa.

La banca en el país debe de comenzar acciones legales contra quienes están cometiendo este tipo de ilícitos, para evitar que ciudadanos como el perjudicado Rodi Rivera Chan, al que este medio conoce y da fe de ser un hombre íntegro de buena conducta y alta calidad moral, se vean afectados en su imagen, con el inicio de juicios por estafa, que dañan la integridad.

La fiscalía tiene una responsabilidad en el país para investigar profundamente, quienes están detrás de todo esto, cuántas personas más están siendo perjudicadas por este tipo de ilícitos, que se convierten ya en delincuencia organizada.

Lo inexplicable es, porque vendes un carro con un cheque de $8000 y más, porque lo entregas, por qué no le das el traspaso, porque coges un cheque, seguramente debe de ser un conocido del vendedor. El perjuicio es para una sola persona, el dueño de la chequera, y para la institución que emite la chequera.

La pregunta se la dejamos a los ciudadanos que siguen nuestro medio de comunicación.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), presidido por la Ms. Sofía Almeida, exhorta al Presidente de la República del Ecuador, y a los titulares de los Gobiernos Cantonales a que, dentro de sus respectivas competencias, y considerando la precaria situación económica de las familias ecuatorianas, amplíen el plazo para el pago de los servicios básicos, con el fin de no profundizar su situación de pobreza y exclusión.

La moción, presentada por el consejero David Rosero, indica que dicha ampliación del plazo sea de seis meses para que, quienes no pudieron pagar las planillas mensuales de luz eléctrica y agua potable durante el periodo del estado de excepción, lo hagan de manera prorrateada; además, para beneficiarse del nuevo plazo, no se solicitará el porcentaje de pago ni se podrá suspender el suministro de estos servicios por falta de pago.

Esta resolución se tomó luego de escuchar en Comisión General a los señores Manuel Moya Cevallos y a Guillermo Leones, en representación de la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador (CUBE), quienes expusieron su situación en torno a la amenaza de suspensión de los servicios básicos por no tener los recursos para pagarlos, debido a los problemas derivados del desempleo e incremento de la pobreza que atraviesan las familias del país y que agravaría su situación.

Adicionalmente, se aprobó la moción de la presidenta Sofía Almeida de instar a las proveedoras de internet y telefonía móvil CNT, Claro, Movistar, y  TV Cable, a fin de que pospongan cualquier tipo de corte de servicio de internet y telefonía móvil durante los meses de noviembre y diciembre.

Las principales ciudades de Manabí, Portoviejo y Manta, cumplen 3 semanas seguidas con las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) al tope de su capacidad. El hospital de especialidades de la capital manabita instaló 5 camas más, para intentar abastecer la demanda.

Melba Morales, Gerente del Hospital de Especialidades de Portoviejo, comentó que no pueden abrir más camas por “falta de intensivistas”, pero con el apoyo del Ministerio de Salud contratarán a “2 especialistas”, con lo que podrían abrir más camas y llegar a las 40 en UCI.

Los ciudadanos que acuden a estas casas de salud con algún familiar positivo para Covid-19 entran en desesperación, por no poder encontrar una cama para su ser querido.

Guayaquil (Guayas), 29 de noviembre de 2020.- En audiencia de calificación de flagrancia, que concluyó cerca de las 02:00 de este domingo, Juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva contra siete personas, a quienes la Fiscalía General del Estado les formuló cargos por su presunta participación en el delito de secuestro extorsivo del ciudadano Heriberto G, la madrugada del sábado 28 de noviembre en Guayaquil.

El Magistrado, además, señaló el inicio de la instrucción fiscal de 30 días, tiempo en el cual Fiscalía profundizará su investigación.

Los procesados fueron detenidos en un operativo que logró la liberación del ciudadano, quien permaneció retenido desde la noche del jueves 26 de noviembre. Tres allanamientos fueron ejecutados en varios sectores de la ciudad, en los que diez personas fueron detenidas, seis de ellas luego de una persecución que terminó en un enfrentamiento con armas de fuego con agentes de la Policía Nacional.

En la audiencia, el fiscal Patricio Toledo, de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional 8, presentó, como elementos de convicción: el parte policial, que detalla las acciones emprendidas por las unidades especializadas de Policía Nacional para la liberación de ciudadano secuestrado. Además, los informes de reconocimiento del lugar de los hechos y de levantamiento de evidencias, entre estas el teléfono celular que habría sido utilizado por los presuntos secuestradores para solicitar el rescate.

El Fiscal señaló que los procesados pretendían recibir 400.000 dólares para liberarlo.

Agregó que las investigaciones determinaron que los secuestradores habrían realizado un análisis de la ruta de la víctima diariamente, para interceptarlo, lo que fue ejecutado por hombres armados que iban en dos autos y dos motocicletas. Informó, también, que, al notar que la Policía los estaba cercando, los presuntos delincuentes lo habrían liberado en la periferia de la ciudad.

Posteriormente se ubicaron los lugares donde se encontraban los ahora procesados y se procedió con el operativo en que se logró su captura.

Este caso será investigado con base en lo tipificado en el artículo 162 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de secuestro extorsivo con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Esta tarde, Tribunal de Garantías Penales de Santa Elena sentenció a seis años y ocho meses de pena privativa de libertad al israelí Oren S., por su participación en el delito de enriquecimiento privado no justificado.

El 1 de junio del año en curso, el ciudadano extranjero fue detenido junto con su compatriota Shy Dahan (+) con 312.000 dólares y documentos falsos de identificación en su poder, en un operativo policial ejecutado en la vía La Libertad-Santa Elena.

La sentencia, emitida por los jueces Abdón Monroy, Felipe Pozo y Deysi Lindao, también contempla una multa de doce salarios básicos unificados y el comiso de los bienes muebles (dos vehículos de alta gama) y del dinero que se le encontró.

En la audiencia de juzgamiento, el fiscal Santiago Cargua sustentó la teoría del caso de Fiscalía con pruebas documentales, diecisiete testimoniales y nueve periciales, que demostraron la responsabilidad del procesado en el mencionado delito.

Entre los principales elementos probatorios constan: el informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que determinó que Oren S. no registra ningún tipo de ingresos. Además, se presentaron pericias contables, documentológicas y de audio y video.