Hechos Ecuador

La Comisión de Educación, recibió de forma virtual, al Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), Agustín Albán, quien señaló que el ajuste presupuestario en las Universidades Ikiam, Yachay Tech, UNAE y Uniartes, se debe a la caída de ingresos fiscales que afecta de manera directa en la liquidez de la caja fiscal.

La Fiscalía General del Estado pidió pena máxima agravada, en concurso real de infracciones, dentro del caso conocido como ‘El Rodeo’, tras siete días de audiencia de juzgamiento y la presentación de veintiocho testigos y veinte pruebas documentales.

Durante los alegatos finales, cinco personas fueron acusadas por el fiscal provincial de Pichincha, Alberto Santillán, como autores directos, por, presuntamente, haber solicitado dinero a personas privadas de la libertad (PPL), a cambio de garantías penitenciarias.

Para cuatro procesados pidió la pena agravada de trece años, tres meses y tres días, por asociación ilicita y concusión –en concurso real de infracciones–, más circunstancias agravantes. Ellos son funcionarios públicos: un juez de garantías penales y penitenciarias y tres funcionarios jurídicos del Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI).

Al quinto procesado, un abogado en libre ejercicio, Fiscalía lo acusó como autor de asociación ilicita y pidió privación de libertad de cinco años, más veinte meses adicionales, como pena agravada.

Mientras que, para dos jueces de garantías penales y penitenciarias y una funcionaria del SNAI, Fiscalía se abstuvo de mantener la acusación, pues no se encontraron elementos suficientes para continuar con los cargos penales.

El Tribunal de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Manabí reinstalará la audiencia de juicio a las 17:00 del jueves 26 de noviembre de 2020, para anunciar su resolución, vía telemática.

En la semana del 23 al 27 de noviembre, el Pleno de la Asamblea Nacional se apresta a realizar el juicio político contra la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Mientras que, en la agenda de las comisiones legislativas permanentes y ocasionales se registra la continuación del tratamiento de proyectos de ley, entre ellos las reformas al Código Orgánico Integral Penal, en materia anticorrupción; al Sistema Nacional de Contratación Pública; reformas parciales a la Constitución, entre otros.

El juez nacional Marco Rodríguez acogió parcialmente el dictamen acusatorio de la fiscal general del Estado, Diana Salazar Méndez, y dictó auto de llamamiento a juicio contra Eliseo A., exasambleísta; Jorge J., exsubdirector del Servicio de Contratación de Obras (Secob); Pablo C., Danny C. y Danilo V., por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada, y ratificó las medidas cautelares de carácter personal para los procesados.

Este miércoles, 18 de noviembre 2020, la Comisión del Derecho a la Salud, que preside William Garzón, se reunirá para iniciar el tratamiento de dos reformas a la Ley de Discapacidades y un proyecto de ley relacionado con el deporte.

Luego de avocar conocimiento de la calificación del Consejo de Administración Legislativa (CAL), la Comisión escuchará a las asambleístas Elizabeth Cabezas y Flérida Guevara, quienes explicarán los alcances y contenido de sus propuestas de ley que reforman a la Ley de Discapacidades.

En el primer caso, el espíritu de la reforma es evitar abusos y fraudes. Propone que la autoridad sanitaria nacional, previa la apertura de un expediente administrativo, podrá anular o rectificar una calificación de discapacidad, por considerar que la misma fue concedida por error, negligencia o dolo del equipo calificador especializado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales correspondientes.

La propuesta de la asambleísta Flérida Guevara tiene como objetivo combatir la ineficencia de las instituciones públicas, cuando permiten que ciudadanos obtengan una certificación de discapacidad para acceder de manera ilegal, inmoral y antiética a los beneficios establecidos para este sector. Plantea un procedimiento para la calificación de la discapacidad.

De igual manera, el parlamentario Luis Pachala sustentará su proyecto de Ley del Deporte y Cultura Recreacional, encaminado a establecer regulaciones para los animales en la práctica deportiva, clasificar el deporte en sus diferentes niveles de organización, determinar la rectoría de las Federaciones Ecuatorianas del Deporte Adaptado, entre otros aspectos.

Ante las diferentes denuncias públicas sobre posibles irregularidades en el concurso de designación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Sofía Almeida Fuentes, convocó al Director General del Consejo de la Judicatura, Pedro Crespo, para que informe a la ciudadanía sobre el desarrollo del concurso. El Dr. Crespo se presentará en Comisión General ante el Pleno del CPCCS el próximo 18 de noviembre de 2020.

Además, conforme sus facultades constitucionales y legales, el CPCCS solicitó a la Veeduría Ciudadana que vigila el proceso, que presente un informe actualizado sobre la situación del concurso.

El CPCCS conformó la Veeduría Ciudadana para vigilar el concurso y selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia el 9 de julio de 2020, la que debe ejercer su labor de control social durante todo el proceso y hasta un mes después de que termine el mismo, fecha en la cual presentará su informe final para conocimiento del Pleno del organismo.  La Veeduría cuenta con un permanente acompañamiento y asesoría técnica por parte del CPCCS.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, CPCCS, invita a la ciudadanía a inscribirse en la Veeduría Ciudadana para fiscalizar el servicio de salud, contratación de personal, adquisición de bienes y servicios y manejo de los recursos económicos del Hospital General del Norte de Guayaquil IESS Los Ceibos, en los meses de junio del 2020 hasta julio del 2021.

Las inscripciones se recibirán del 16 al 23 de noviembre de 2020, en el correo electrónico  [email protected].

Requisitos:

Una vez que concluya el plazo establecido y se realice la verificación de la información receptada, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tomará contacto con los postulantes que hubieran remitido sus solicitudes.

Descarga aquí:

Convocatoria

Formulario de inscripción

El pasado 10 de noviembre, el expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Paúl Granda, amplió -por petición propia- su versión ante la Fiscalía General del Estado.

Granda cumplió con esta acción cuatro días después de que fue vinculado al proceso de delincuencia organizada por la presunta venta irregular de insumos médicos a hospitales de Guayaquil. El objetivo fue insistir ante la fiscal Claudia Romero en que revise y considere los documentos entregados en su testimonio realizado el 29 de junio de 2020.

En esa versión se hablaba sobre la actuación del expresidente del Consejo Directivo, que incluyó la cesación de Luis Jairala Zunino de la Dirección del Hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. También consta la investigación interna del Comité de Ética y Transparencia, el informe definitivo de la Contraloría General del Estado, la denuncia de la Comisión Nacional Anticorrupción sobre convenios de pago realizados en el Hospital Teodoro Maldonado entre el 2016 y 2018.

Esta serie de actuaciones configurarían para Granda parte de su defensa, debido a que él habría impulsado ante la Fiscalía la denuncia respectiva el 5 de julio de 2019.

“Es increíble que luego de presentar una denuncia con todos los sustentos del caso en julio del año pasado, sobre hechos en los que jamás participé y se dieron mucho antes de mi presencia en el Seguro Social, hoy se me vincule injustamente privándome de todos mis derechos”, expresó.

Para la fiscal Romero, el escenario sería diferente. Según la funcionaria, Granda habría diseñado o cambiado en 2019 el sistema de contratación para favorecer a ciertas empresas.

Ante esa aseveración, el exdirectivo del IESS mencionó que la Ley de Seguridad Social establece con claridad la competencia del Consejo Directivo que, fundamentalmente, es de legislar y fiscalizar, no administrar, ni nombrar personal en los hospitales, ni firmar contratos o convenios.

Señaló que se reunió con políticos, líderes nacionales y provinciales de todo el país, dirigentes gremiales, trabajadores, empresarios, jubilados y afiliados en el marco del Diálogo Nacional y del Acuerdo por la Seguridad Social.

“Conversé con todos, mi intención fue sumar voluntades para sacar adelante al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y garantizar las pensiones de las futuras generaciones”, expresó Granda.

El exfuncionario lamentó que en la tercera ocasión que acude a la Fiscalía, la fiscal Romero no haya estado presente.

En un vídeo del 1 de noviembre subido en su cuenta de Twitter, Granda precisó que se defenderá con la verdad.

En su última publicación efectuada el 5 de noviembre reiteró que se ha reunido con varias personas y que jamás ha hablado de ilícitos.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

iscalía procesó a siete personas, entre ellas el exsecretario de Salud del Municipio de Quito, Lenin M., por su presunta participación en el delito de peculado, por la adquisición irregular de kits de pruebas para Covid-19 durante la emergencia sanitaria.

Pese a que Fiscalía solicitó prisión preventiva para todos los involucrados, el juez de Garantías Penales, Máximo Ortega, acogió el pedido para el exsecretario Lenin M. y para Alejandro V., mientras que para Diego S., Simón V., José M., Enrique B. e Iván M., dictó medidas sustitutivas. Además, para todos, se ordenó la retención de cuentas, prohibición de enajenar bienes, acciones y participaciones de todas las compañías.

Durante la audiencia de formulación de cargos, desarrollada hoy en el Complejo Judicial Norte, en Quito, la fiscal Ruth Amoroso presentó cincuenta elementos de convicción, entre los que constan: las proformas de la Compañía Salumed S. A. para la adquisición de 100.000 kits de pruebas para Covid-19, el contrato de externalización de Laboratorios One Lab para la ejecución del convenio, el informe de responsabilidad penal emitido por Contraloría General el Estado sobre este contrato, en el que se detallan inconsistencias en el proceso de compra; versiones, certificados, memorandos, entre otros.

Según la investigación de Fiscalía, la compra de 100.000 kits de pruebas para Covid-19 representó un perjuicio para el Estado de 4’274.000 dólares.

El exsecretario de Salud del Municipio de Quito, Lenin M., y el gerente de la empresa Salumed S. A., Alejando V., tienen una orden de detención vigente desde el 28 de mayo pasado, solicitada por Fiscalía; sin embargo, la Policía no ha logrado ejecutarla.

La instrucción fiscal durará treinta días.

Cuatro personas fueron vinculadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) al proceso por presunto delito de delincuencia organizada para ejecutar actividades delictivas con el fin de obtener beneficios económicos, entre estos, la comercialización irregular de pruebas Covid-19 e insumos médicos, en el contexto de la emergencia sanitaria.

Para los ciudadanos extranjeros Oren Sh. y Orietta Isabel M. P., la Jueza de Garantías Penales ordenó prisión preventiva, mientras que para los ecuatorianos Verónica Alexandra A. G. y Bryan Alexis P. V., la Magistrada dispuso presentaciones semanales y prohibición de salida del país, a pesar de que Fiscalía solicitó prisión preventiva para el último.

Como medidas cautelares de carácter real, se ordenó la retención de cuentas por 16.000 dólares y la prohibición de enajenar bienes hasta por el monto de 49.222 dólares, por cada uno de los vinculados.

Además, la retención de dos vehículos y de 312.510 dólares y 385 euros incautados a los extranjeros al momento de su detención, que se encuentran ingresados en cadena de custodia.

La audiencia de vinculación al proceso se instaló la tarde del 12 de noviembre de 2020 en el Complejo Judicial Norte, en Quito. Fiscalía explicó ante la Jueza que se investiga la facilidad que los ciudadanos habrían dado para comercializar, de manera irregular, insumos médicos como mascarillas KN95 y pruebas rápidas de Covid-19.

“Incluso, la ciudadana de nacionalidad peruana, Orietta Isabel M. P., compró un vehículo en 41.000 dólares, adquisición que no ha sido justificada en legal y debida forma. Presumimos que el vehículo fue utilizado en los actos objeto de investigación”, señaló Fiscalía durante la audiencia.

Con esta vinculación, el número de procesados asciende a nueve personas.

Antecedentes

La instrucción fiscal se abrió el 13 de agosto de 2020 contra tres agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT): Klever Stalin A. H., Jhony Samuel O. T. y Leandro Germán B. R.

También están procesados en este caso el expresidente de la República, Abdalá B. O., y su hijo, Jacobo Abdalá B. P. Este último, vinculado al proceso el 26 de septiembre de 2020, después de su expulsión de Colombia, debido a su irregular situación migratoria.

La teoría que mantiene Fiscalía es que los procesados habrían conformado un grupo estructurado para planificar actividades delictivas entre noviembre de 2019 y agosto de 2020 (en Quito y Guayaquil). Los delitos fines serían “enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público, evasión tributaria, incluso, presuntamente, delitos contra la vida, que se están investigando”.

Continuarán en prisión preventiva

Los tres funcionarios de la AMT y Jacobo Abdalá B. P. apelaron a la prisión preventiva. Sin embargo, y con base en los argumentos de Fiscalía, la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó la medida de prisión preventiva en la audiencia de apelación instalada la mañana de este 12 de noviembre.

Fiscalía argumentó que existen elementos de convicción suficientes para presumir su participación en los hechos que se investigan, que hay un alto riesgo de fuga y que no existe otro recurso legal para asegurar la presencia de los encausados durante el proceso penal.