Hechos Ecuador

La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda, recibió este lunes, 19 de octubre, los argumentos de cargo de los legisladores María de Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez, solicitantes del juicio político contra María Paula Romo Rodríguez, ministra de Gobierno. Ratificaron que hubo incumplimiento de funciones durante las protestas de octubre de 2019.

En primer lugar intervino  Roberto Gómez, quien subrayó que el juicio, más allá de tener como hechos que configuran el incumplimiento de funciones lo ocurrido con las acciones para el mantenimiento del orden público durante el paro del año anterior, incluye también otros elementos que inciden en la falta de probidad notoria de la funcionaria, como el presunto reparto de hospitales en el país.

Después, le correspondió exponer las pruebas a la legisladora Lourdes Cuesta, quien aseguró que la falta de probidad notoria de la ministra Romo no solo se evidenció en octubre de 2019, sino a lo largo de su ejercicio como ministra. “El juicio debe centrarse en los hechos de octubre, pero yo pregunto ¿qué octubre?. Octubre de 2018, cuando permitió la fuga de Fernando Alvarado; octubre de 2019, cuando no pudo controlar a seguridad y el orden público; o más bien octubre de 2020, cuando aparece que su tío Andrés Romo está implicado en el reparto de los hospitales”, agregó.

En septiembre, la demanda de energía eléctrica en el Ecuador se incrementó por primera vez desde el inicio de la pandemia del COVID-19, en comparación con el consumo de energía eléctrica de 2019. El aumento fue de un 3%, alcanzado los 2004,7 gigavatios-hora (GWh), frente a los 1946,2 GWh registrados en septiembre de 2019.

Una carta abierta, en la que Andrés Arauz, da conocer que su cuenta de Facebook ha sido suspendida sin razones fundamentales, para que se de tremenda falta a la libertad de expresión.

Los ciudadanos ecuatorianos, frente a esta situación, han reaccionado con indignación y se están autoconvocando, para el día de hoy, a las tres de la tarde. Unos en el parque el arbolito, otros, frente al palacio de gobierno, otros, frente al tribunal contencioso electoral y otros frente del Consejo Electoral.

Esperemos que no llegue a mayores, pues persecución que hace este gobierno a los líderes de izquierda, podría provocar una explosión social, situación que no le conviene al país, debido a la crisis social, a la crisis humanitaria, que vive en Ecuador, debido a la falta de cordura en la toma de decisiones de un gobierno que llegó con un plan de izquierda y se volteó a un plan de derecha por el que los ciudadanos del país en el año 2017 no votaron.

En una parte del comunicado, que circula por redes sociales, del candidato por la alianza unes dice: “informo al país, que el día de ayer mi cuenta oficial de Facebook, fue suspendida tras la acción masiva de un troll center, atacaron el post que mostraba a miles de ecuatorianos y ecuatorianas, manifestándose en numeral Manabi, esperando una resolución del tribunal contencioso electoral.

Al suspender mi cuenta de Facebook, que sin pauta alcanzaba 3 millones de personas en pocos meses, están intentando callar a esos millones de ecuatorianos y ecuatorianas.

Por esta razón, nuestra única opción es mantenernos activos publicando, compartiendo e informando. Llevemos la voz de la esperanza, vamos a estar presentes en las redes y en las calles. Aparte sabemos que los ataques no detendrán el cambio, ni callarán la voz de todo un pueblo. Es el deber de cada uno de nosotros defender la democracia.

Facebook el Tribunal Contencioso Electoral no hagan trampas; termina diciendo, el comunicado que adjuntamos a este boletín informativo.

Una vez calificada la solicitud de juicio político presentada por los legisladores María de Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez, contra María Paula Romo Rodríguez, ministra de Gobierno, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley, la Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda, notificará a las partes con el inicio del plazo de 15 días para la presentación de las pruebas de cargo y de descargo, respectivamente.

El organismo aprobó, también, el cronograma de trabajo para recibir las comparecencias que sean solicitadas por los interpelantes, por la ministra de Gobierno y las que requieran los miembros de la Comisión, con la flexibilidad necesaria para que el titular de la mesa, Elio Peña, convoque las sesiones necesarias, entre el 17 y el 31 de octubre.

De esta manera, quedó planteada para el lunes, 19 de octubre, la comparecencia de los solicitantes del juicio político: María de Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez, quienes expondrán los argumentos que sustenten sus afirmaciones para demostrar el incumplimiento de funciones de la ministra María Paula Romo, durante el Paro Nacional ocurrido entre el 3 y el 14 de octubre de 2019, que evidenció una falta de mantenimiento del orden público, vulneración de los derechos humanos y pérdida de confianza en la autoridad.

Para el sábado 31 de octubre está fijada la comparecencia de María Paula Romo, ministra de Gobierno, quien ejercerá su derecho a la legítima defensa y presentará las pruebas de descargo que considere pertinentes.

Dentro de los restantes 11 días, el presidente Elio Peña programará las comparecencias y presentación de testimonios que soliciten las partes, así como por los legisladores que conforman el organismo fiscalizador.

Entre el 1 y el 5 de noviembre, la mesa valorará las pruebas que hayan sido aportadas al proceso, a fin de elaborar el informe que remitirá a la Presidencia de la Asamblea.

Cabe recordar que la solicitud, auspiciada por los asambleístas Cuesta, Naranjo y Gómez, cuenta con el respaldo de 47 firmas, de igual número de legisladores y tiene como causal el incumplimiento de funciones de la ministra Romo.

Los interpelantes fundamentan su acusación en la responsabilidad de la funcionaria como titular del entre rector de la Seguridad Pública, de conformidad con lo dispuesto tanto en la Ley de Seguridad Pública y del Estado, cuanto en el Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.

Pedido de la Ministra.

Los miembros de la Comisión de Fiscalización rechazaron el pedido de la ministra de Gobierno María Paula Romo, en el sentido que su comparecencia y la de sus interpelantes sea presencial. Elio Peña, titular del organismo, anunció que responderá dicha comunicación de manera contundente, a la cual calificó como una actuación desafortunada de la Secretaria de Estado. “Haremos respetar la independencia de funciones del Estado”, enfatizó.

Luego de analizar los elementos presentados durante la audiencia preparatoria de juicio, la Jueza acogió la solicitud de la Fiscalía General del Estado y dictó auto de llamamiento a juicio en contra de María Sol L., exfuncionaria del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Marcelo E., Carlos E., y siete personas jurídicas, por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

En su resolución, la Magistrada decidió mantener las medidas cautelares en contra de los procesados –en el caso particular de María Sol L., la prisión preventiva– y la prohibición de enajenar bienes y traspasar acciones.

Durante la audiencia, que se extendió por cuatro días, en el Complejo Judicial Norte de Quito, el fiscal del caso expuso los elementos de convicción para sustentar su dictamen acusatorio y el pedido de llamamiento a juicio.

Con base en la investigación, se presume que María Sol L., junto con su esposo y cuñado (los otros ciudadanos procesados) habrían obtenido contratos por aproximadamente 91,1 millones de dólares en el periodo 2008-2018, mientras que la exfuncionaria ocupó altos cargos públicos durante el periodo 2008-2015.

El principal cliente de las compañías que habían constituido fue el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), seguido por coordinaciones zonales de Salud y el Ministerio de Salud Pública. Con esta fachada habrían colocado fondos en el sistema financiero nacional, dinero transferido entre las cuentas de las empresas procesadas, con las cuales se habría simulado la existencia de proveedores y clientes.

En este caso, la Procuraduría General del Estado presentó una acusación particular.

Entre 2008 y 2013, María Sol L. fue directora general del Hospital Carlos Andrade Marín y coordinadora nacional de Gestión de Unidades Médicas del IESS. De 2013 a 2015 fue asesora de Despacho y coordinadora general de Planificación del Ministerio de Industrias y Productividad.

El Artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de lavado de activos con uno a trece años de prisión, dependiendo de los montos que hayan sido lavados, de si ha existido asociación para delinquir o de si el delito ha sido cometido utilizando empresas, instituciones públicas o dignidades, cargos o empleos públicos.

Asamblea censuró y destituyó a Christian Cruz, presidente del Consejo de Participación Ciudadana.

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 124 votos afirmativos, censuró la actuación de Christian Cruz Larrea, quien incurrió en incumplimiento de funciones otorgadas por la Constitución y la Ley; en consecuencia, ordenó su inmediata destitución del cargo de presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 131 de la Constitución de la República. Se registraron, además, cinco abstenciones.

Derecho a la defensa

Christian Cruz hizo uso de su legítimo derecho a la defensa y, durante tres horas, aproximadamente, incluida la réplica, defendió su gestión como titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social pues, dijo, las causales invocadas para su enjuiciamiento (obtención del carné de discapacidad, uso de documentos presuntamente falsos y obtención de licencia tipo “E”) son extemporáneas ya que se trata de hechos que sucedieron antes de ser elegido miembro del Cpccs.

Cruz defendió la validez legal de su carné de discapacidad, así como de su licencia, al reiterar que el haber obtenido dichas credenciales no constituye causal de juicio político. Así mismo, en torno a la presunta arrogación de funciones, al haber emitido dos reglamentos de carácter administrativo, justificó su actuación con normas emitidas por la Contraloría General del Estado que, según él, le facultan para hacerlo.

“He venido para defender la verdad y la justicia, soy un ser humano que anhela un futuro mejor para todos los ecuatorianos”, subrayó.

Interpelantes

Henry Kronfle, en su calidad de interpelante, aseguró que jamás se ha puesto en entredicho la legalidad del carné de discapacidad, ni la validez de su licencia, sino si realmente existe el 81 % de discapacidad visual y auditiva, porque si existe tal porcentaje de discapacidad, no debería tener una licencia tipo “E” y si tiene capacidad para conducir vehículos autorizados con esa licencia, se deduce que no tiene la referida discapacidad.

Kronfle enfatizó que la probidad notoria no es una condición temporal, es un atributo permanente que debe mantener un funcionario público, más aún quien está al frente de una institución tan importante para la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción. Desestimó las amenazas del interpelado, de acudir a instancias judiciales nacionales e internacionales para defenderse, en caso que el juicio político llegue a su censura y destitución.

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Pleno procesará juicio político contra el titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social

Por disposición del titular del Legislativo, César Litardo Caicedo, el Pleno de la Asamblea Nacional sesionará el próximo martes, 13 de octubre, a las 11h30, con el propósito de tratar el Juicio Político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Christian Cruz Larrea, propuesto por el asambleísta Henry Kronfle.

CNE aprueba inscripción de la primera empresa para que realice pronósticos electorales

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Sesión Ordinaria de 11 de octubre, aprobó la inscripción de Centroinvest Cia. Ltda. como la primera empresa jurídica para la realización de pronósticos electorales para las Elecciones Generales, que se realizarán el 7 de febrero de 2021, por cumplir con los requisitos legales y reglamentarios establecidos.

MEDIDAS ECONÓMICAS ESTÁN LISTAS: CRÉDITO, REGULACIÓN A LA BANCA Y PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL

En un encuentro con medios de comunicación de Imbabura, el presidenciable Andrés Arauz aseguró que no le temblará la mano para cobrar los impuestos que ciertos grupos le deben al país, así como, protegerá la industria nacional, fomentará la colocación de crédito a tasas mucho más bajas que las vigentes, se revisarán las comisiones por servicios bancarios, se evitarán descuentos indebidos de las cuentas de la clase media ecuatoriana.

“Estas regulaciones están listas y se aplicarán a partir del 24 mayo de 2021”, dijo. Concretamente, con la entrega de crédito se beneficiarán sectores como: PYMES, mujeres, pueblos y nacionalidades, jóvenes emprendedores, la zona del campo y las Finanzas Populares: “son mil millones de dólares con financiamiento del Banco Central”.

La recuperación también contempla poner dinero en el bolsillo de la gente a través de medios tecnológicos para que circule más rápido y genere más actividad económica en la sociedad.

La industria textil de Imbabura y del país será rescatada, “tenemos una industria pujante, fuerte que se ha visto afectada por un bobo aperturismo que permite la libre importación, sin aranceles y sin acceso a la compra pública”, todo esto vamos a corregir para retomar la actividad industrial”, recalcó.

La Ciudad del Conocimiento Yachay será retomada y repotenciada “es el camino hacia el desarrollo científico, tecnológico, de innovación para salir de una economía primaria, hacia una basada en el conocimiento, ese proyecto generará oportunidades para todos los jóvenes del país”.

En la madrugada de este jueves 8 de octubre, la Policía Nacional ejecutó un operativo para recuperar a varios niños del plan habitacional Socio Vivienda, al noroeste de Guayaquil.

La investigación por más de tres meses estuvo realizando la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), los resultados fueron el rescate de cuatro menores de edad.

El jefe nacional de la Dinapen, coronel Paúl Aguirre, revela que en ese sector operaba una red de trata de menores que los explotaba, pidiendo limosna en los semáforos de la avenida Francisco de Orellana. Han muchos delitos relacionados que se han encontrado en esa zona del norte de Guayaquil.

En el operativo se logró aprehender a tres adultos y un joven de 17 años, ellos aparentemente contactaban a niños que eran llevados en una camioneta para pedir dinero en los semáforos.

Según el coronel Aguirre, hay otras siete órdenes judiciales con el fin de recuperar más infantes y que los once niños pasarán a manos del Estado y serán ingresados en casas de acogida.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.