Hechos Ecuador

Las reformas que derogan la inhabilidad especial por mora para garantizar el empleo de los servidores públicos del Ecuador tuvo el respaldo unánime (125 votos) del Pleno de la Asamblea Nacional. La propuesta de Ley irá en las las próxima horas al Ejecutivo, para su sanción u objeción. Con esta normativa suman 16 las aprobadas de manera virtual, en la administración del presidente César Litardo Caicedo.

El proyecto de reformas a la Ley de Servicio Público (Losep), que fue discutido sobre la base del informe elaborado por la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, plantea la no inhabilidad especial por mora, en ejercicio de funciones, ni como falta disciplinaria o causal de remoción de la servidora o del servidor público.

Garantiza la estabilidad, al regular la inhabilidad por mora para el ingreso al servicio público cuando las personas se encuentren en mora con el Gobierno Nacional, Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), Servicio de Rentas Internas (SRI), Banco Central del Ecuador, instituciones financieras abiertas o cerradas pertenecientes al Estado, entidades de derecho privado financiadas con el cincuenta por ciento (50%) o más con recursos públicos; así como empresas públicas o, en general, con cualquier entidad u organismo del Estado.

La mañana del martes 10 de noviembre de 2020, la subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, presidida por el asambleísta Ángel Sinmaleza informó, mediante rueda de prensa, que los delegados de los ministerios de Finanzas, Salud y Trabajo tienen hasta el día de mañana miércoles 11 de noviembre para presentar los textos alternativos para la reforma a los artículos 10 y 40 del reglamento de la Ley Humanitaria, relacionados a la aplicación del artículo 25 de la Ley en vigencia desde julio pasado, donde se determina el otorgamiento de nombramientos definitivos a los médicos y trabajadores de la salud que laboraron durante la emergencia del Covid-19.

Sinmaleza aclaró que la subcomisión no acepta el planteamiento formulado por los delegados del Ejecutivo, el pasado lunes 9 de noviembre, de que se emita una normativa secundaria interministerial para proceder a los nombramientos de los profesionales de la salud, cuando el pedido puntual es reformar el reglamento.

La asambleísta Rosa Verdezoto, miembro de la subcomisión, advirtió que si no existe una respuesta al pedido de reformar el reglamento, el siguiente camino es iniciar un juicio político en contra de los tres ministros de Estado por incumplimiento de funciones debido a la falta de aplicación del artículo 25 de la Ley Humanitaria.

Recordó que el origen de la subcomisión y el pedido de los gremios de la salud es la reforma al reglamento y eso lo puede hacer el Ejecutivo en dos días si existiera la voluntad política; por eso, hoy se pide un pronunciamiento frontal para atender a los médicos y a los trabajadores de la salud; pero “si no tenemos una respuesta inmediata, dentro de esta misma subcomisión vamos a empezar a tramitar un juicio político por incumplimiento de lo que está establecido en el artículo 25 de la Ley Humanitaria”, subrayó Verdezoto.

También Ismael Espinosa y Carlos Ulfe, dirigentes de los profesionales de la salud, dijeron que apoyan la resolución de la subcomisión de salud y que no están de acuerdo con lo planteado por el gobierno de crear un acuerdo interministerial para proceder a los nombramientos y dejar en vigencia un reglamento que no observa lo que determina la Ley Humanitaria.

Espinosa añadió: «Lo único que pedimos es una estabilidad ganada durante años y no solo la estabilidad a los empleados o médicos, sino a todos los trabajadores de la salud que siguen trabajando en pandemia; pues no se ha acabado la pandemia, más aún cuando se esperan un rebrote de Covid-19, porque hay cifras de que existen 700 contagios diarios solo en la ciudad de Quito», apuntó.

Los dirigentes afirmaron que seguirán con los plantones dentro de lo que la Ley lo permite, no se paralizará la salud, porque los médicos y trabajadores no somos irresponsables, subrayó.

“Nosotros hoy pedimos el cumplimiento de esa Ley que él presidente aprobó y lo que es un derecho adquirido en beneficio de todos quienes seguimos trabajando en la pandemia”, manifestó el dirigente.

Fuente: Pichincha Universal, Republica del Banano.

A las 10:45 de este domingo 8 de noviembre, Luis Arce Catacora juró como nuevo presidente de Bolivia al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). El nuevo gobernante asume el país con la meta de superar la dura crisis económica generada por la pandemia del Covid-19.

David Choquehuanca, flamante vicepresidente del Estado, fue el encargado de tomar el juramento al nuevo mandatario, en medio de la sesión de honor de diputados y senadores, y ante la atenta mirada de invitados nacionales e internacionales. El juramento se hizo en medio de gritos de los presentes que decían: “Jallalla Bolivia”.

El exministro de Evo Morales juró con la mano derecha en el corazón y no con el puño en alto, como suelen realizar los integrantes del MAS. Retumbaron petardos y gritos de celebración en la urbe paceña.

También derramó algunas lágrimas de emoción mientras se entonaba el himno nacional, cuando si levantó el puño izquierdo, ya con la banda propia del cargo que ahora ocupa.

Este 30 de octubre de 2020, el Pleno del Consejo Nacional Electoral resolvió calificar al binomio de la Unión por la Esperanza (UNES), listas 1-5, una vez que se cumplieron los plazos otorgados a esa alianza electoral para reemplazar al candidato a la vicepresidencia.  En un primer momento, el precandidato vicepresidencial propuesto por Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social, integrantes de la alianza, estaba incurso en inhabilidades legales y constitucionales, por lo que el cuerpo colegiado resolvió permitir, conforme lo determina el Código de la Democracia, que sea reemplazado.

Guayaquil (Guayas).- La deportista de tenis de mesa, Nathaly Paredes, compite por el club TTC Langweid en la segunda división de la Liga Alemana de la disciplina que se desarrolla del 24 de septiembre al 2 de marzo.

CNE califica a todos menos a Arauz y Rabascall | El País podría tener un estallido social, si no califican a los candidatos de la esperanza por las listas de la coalición UNES

Éste no es un día cualquiera, este no es un momento cualquiera, porque esta es una histórica fecha, en la que inauguramos la sede de UNES Manabí, porque contamos con la presencia de Eduardo Franco Loor, director nacional de la Unión por la Esperanza, dijo Luisa Gonzalez candidata a Asambleista quien expresó además, que la lucha recién ha comenzado, que es la recuperación de la patria, es con el cambio generacional que tiene Andrés Arauz y Carlos Rabascall.

En efecto, el legislador Fernando Burbano rendirá testimonio acerca de las investigaciones que desarrolló la Comisión que presidió para establecer posibles responsabilidades en los hechos de violencia registrados en las manifestaciones que se produjeron, entre el 2 y el 13 de octubre de 2019, en contra de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno.

Mientras, Paola Pabón, prefecta de Pichincha, expondrá la situación que enfrentó durante las referidas jornadas de protesta, al ser acusada, junto a dos de sus compañeros, de un supuesto delito de rebelión, proceso en el cual fue llamada a juicio, el pasado 27 de agosto.

La sesión virtual 16 de la Comisión de Fiscalización está prevista para este viernes, 23 de octubre, a partir de las 09h00.

Cabe recordar que, hasta el momento, el organismo ha recibido las pruebas de cargo de los solicitantes del juicio político, asambleístas Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez, quienes ratificaron que la ministra de Gobierno, María Paula Romo incumplió funciones conferidas por la Constitución y la Ley, en el marco de las protestas de octubre del año anterior.

Igualmente, como pruebas de cargo, recibió los testimonios de Julio Aníbal Flores Ron; Nicole Alejandra Villafuerte Lascano; y, Jhajaira Estefanía Urresta Guzmán, quienes responsabilizaron a la Secretaria de Estado por los excesos policiales que derivaron en agresiones a la ciudadanía, que dejaron secuelas físicas y psicológicas, sin que se hayan tomado las medidas de sanción para los responsables, ni reparación para las víctimas.

La Comisión de Fiscalización y Control Político, dirigida por la vicepresidenta, Noralma Zambrano, recibió testimonios de tres ciudadanos, quienes responsabilizaron a María Paula Romo Rodríguez, ministra de Gobierno, por los efectos de la represión que se aplicó en el Paro Nacional de octubre del año pasado, como parte la presentación de pruebas de cargo, en la sustanciación de la solicitud de juicio político auspiciada por los legisladores Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez.

El primero en intervenir fue Julio Aníbal Flores Ron. Según su versión, al igual que muchos ciudadanos, él participó en las protestas del 4 de octubre el año anterior, de manera pacífica, y fue víctima de dos perdigones que le impactaron cerca del corazón, luego un nuevo impacto en la ingle; fue perseguido por el parque El Ejido y sometido a golpes de parte de la Policía, que hasta le removieron siete piezas dentales y, finalmente, se desplomó frente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.

La Comisión de Fiscalización y Control Político, presidida por Elio Peña Ontaneda, recibirá mañana, miércoles 21 de octubre, nuevas pruebas de cargo, en contra de María Paula Romo Rodríguez, ministra de Gobierno, en el marco de la sustanciación de la solicitud de juicio político auspiciada por los legisladores Lourdes Cuesta, Amapola Naranjo y Roberto Gómez.