Hechos Ecuador

El Pleno de la Asamblea Nacional, en la reinstalación de la sesión semipresencial 690, inició el segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, que busca salvaguardar la inversión del Estado en obras de infraestructura hidráulica de titularidad pública, incluidas obras de propósito múltiple.

Antes de la lectura del informe de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, Pablo Jurado, presidente del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (Congope), expresó su preocupación por las consecuencias de la intromisión de la anterior Secretaría Nacional del Agua (Senagua), organismo que tenía la facultad de presentar informes de concordancia para que se transfieran los recursos a favor de las provincias. Sin embargo no tenían la capacidad técnica para atender los más de 70 proyectos de las prefecturas a nivel nacional.

“Presentamos esta reforma para que se deje en manos de los propios gobiernos provinciales el manejo de los proyectos para agilizar los trámites. Las prefecturas no han podido ejecutar obras de riego, de drenaje desde 2018 a 2019, pues tenemos una demora de tres años y esto afecta directamente a los pagricultores”, dijo, al indicar su respaldo a la propuesta.

En el informe se detalla el análisis de las observaciones formuladas por los legisladores durante el primer debate, así como las remitidas por escrito por otros asambleístas y, en cada caso, el organismo formula recomendaciones relacionadas con la pertinencia o no de los cambios propuestos a la normativa.

Así, entre los cambios planteados consta un nuevo texto para el inciso primero del artículo 1, por el cual establece: Naturaleza jurídica. Los recursos hídricos, entendidos como el agua en todas sus formas, son parte del patrimonio natural del Estado y serán de su competencia exclusiva, la misma que se ejercerá concurrentemente entre el Gobierno Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados, de conformidad con la ley.

En el artículo 9, el proyecto dispone que el Estado asignará de manera equitativa y solidaria el presupuesto público para la ejecución de políticas y prestación de servicios públicos que permitan mejorar la calidad del agua, su conservación, protección y distribución de conformidad con la Ley. Se priorizará la atención a zonas que no cuentan con el servicio de agua de consumo humano y a zonas dedicadas a la soberanía alimentaria.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales, en el marco de sus competencias, realizarán estudios y ejecutarán programas y proyectos de infraestructura de saneamiento en sus territorios, para la adecuada conducción y tratamiento de aguas residuales y depuración de aguas negras, para lo cual contarán con las asignaciones presupuestarias correspondientes.

Concluida la lectura del informe, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, a cargo de la conducción del Pleno, suspendió la sesión 690, cuya reinstalación será convocada oportunamente.

La Comisión de Fiscalización continuó hoy con la quinta jornada de recepción de testimonios en la sustanciación de la solicitud de juicio político contra el excontralor subrogante, Pablo Celi. En esta ocasión recibió a las exfuncionarias de Contraloría Mishell Cedeño y María de las Mercedes Placencia, quienes se refirieron a la gestión de la Dirección de Determinación de Responsabilidades y a la contratación de servicios comunicacionales con la empresa HDC Producciones C.A., respectivamente.

Mishell Cedeño indicó que trabajó en la Contraloría, en diversos cargos, desde 2015 hasta el 7 de julio de 2021. Dentro de los últimos cargos, ejerció la Dirección de Determinación de Responsabilidades que tiene la facultad de recibir los informes de auditoría que han sido aprobados; los analistas y supervisores revisan los hallazgos que haya en dichos informes y verifican que se enmarquen en lo previsto en la ley.

Posteriormente, se hace un resumen de los hallazgos en los informes de auditoría de manera individualizada, con la indicación de la persona o institución de quien se trate; después se remite al área de Responsabilidades.

Indicó que en el ejercicio del cargo, conjuntamente con tecnología, implementó un procedimiento que permite hacer un seguimiento de los procesos de determinación de responsabilidades.

Al ser consultada sobre los mensajes, vía chat, en los cuales el excontralor le requiere que agilice el registro de la destitución de una autoridad, con lo cual se lo inhabilita para el ejercicio de un cargo público, Mishell Cedeño dijo que eso era parte de un diálogo normal porque la inscripción de la destitución le permite al administrado presentar el recurso de que se considere asistido para apelar dicha sanción.

Se perjudicó mi buen nombre

De su lado, María de las Mercedes Placencia, exsubcontralora de Gestión Interna, subrayó que acude a la Comisión para aclarar cómo se produjeron las contrataciones en el ejercicio de su cargo, porque a través de lo que se ha dicho “se perjudicó mi buen nombre”.

Añadió que, en 2017, fue invitada a trabajar en la entidad por el excontralor Pablo Celi, dada su experiencia en materia de cooperación internacional.

Como subcontralora de Gestión Interna le correspondía suscribir todos los contratos, sobre la base de la información y los documentos aportados por el área administrativa. Específicamente, en el caso del contrato para la provisión de servicios comunicacionales con HDC Producciones, el requirente fue la Coordinación de Comunicación, que dependía directamente del despacho del Contralor.

Explicó que las especificaciones técnicas, la invitación a las empresas, los términos de referencia correspondían a la unidad requirente y que no está dentro de la potestad de su área determinar si la empresa a la que se adjudica el contrato cumple o no los requisitos, puesto que la calificación y adjudicación son actos anteriores a la suscripción del contrato. “Si yo hubiese sabido que HDC Producciones tenía una glosa, por ética profesional, no habría firmado el contrato, mas no porque sea un impedimento legal”, enfatizó.

Así mismo, defendió la validez del proceso, pues se contó con la certificación presupuestaria y se hizo una reforma al Plan Anual de Contratación (PAC) de 2017. Sobre este tema, dijo que se trataba de una contratación con ejecución plurianual, razón por la cual constó en el PAC de 2018.

El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, agradeció por el aporte de las dos exfuncionarias quienes, pese a que al momento no ejercen cargos públicos aceptaron colaborar con el proceso de sustanciación de la solicitud de juicio político en contra del excontralor subrogante, Pablo Celi.

Para Manuel Villegas, habitante del sitio Carrasco, atrás quedarán los malos recuerdos y las disputas por conseguir agua para sus hogares. “Antes sufríamos para conseguir agua. La traíamos en pomas a caballo. Recuerdo que cuando llegó la luz se hicieron pozos y se implementaron las bombas eléctricas”, sostuvo el ciudadano

Esos problemas de don Manuel serán cosa del pasado, con el inicio de los trabajos de la construcción del sistema de agua para las comunidades Carrasco y La Feria, perteneciente a la parroquia Santa Rita.

Para Hipólito Olmedo, de 77 años, esta es una obra esperada por más de 40 años y en su propiedad estará ubicado el primer punto de captación de agua. “Nos hacía mucha falta y ahora vamos a contar con agua en nuestras casas. Es una alegría enorme”, señaló don Hipólito. 

El alcalde de Chone, Leonardo Rodríguez, en su visita a Carrasco y La Feria agradeció la colaboración para la ejecución del proyecto.  “Es una obra tan añorada y muy pronto tendrán agua en cada uno de sus hogares. Son comunidades que han estado desatendidas y la única forma de recuperar la confianza es con trabajo. Es motivante poder cambiar la historia y sembrar juntos un mejor bienestar a estas comunidades” , aseguró Rodríguez.

Para la presidenta de la Junta de Agua de Carrasco y La Feria, Mirian Intriago, son aproximadamente 110 familias las beneficiadas con el proyecto de agua en ejecución. En Carrasco son 71 familias más ocho instituciones y en La Feria son 35 familias, además del dispensario médico, escuela, cancha, iglesia, entre otras.     

  Son aproximadamente 4.000 metros lineales de tubería flexible que serán colocadas de diámetros desde 20mm, hasta 63mm. Habrá un pozo profundo para captar el agua, línea de impulsión, tanque de reserva, proceso de desinfección y finalmente ser distribuida a las familias a través de la red, explicó el gerente de la empresa “Aguas del Chuno”, Diego Mendoza.

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE) junto con su brazo operativo que son los Voluntarios de Protección Civil, brindan soporte logístico en los puntos de vacunación en todo el país, con el fin de cumplir con la meta del Plan de Vacunación 9/100 del Gobierno Nacional.

Cristian Torres, Director General del SNGRE, señaló que los Voluntarios de Protección Civil están completamente capacitados en primeros auxilios y puestos a disposición del Ministerio de Salud Pública (MSP) para que colaboren durante las jornadas de vacunación, brindando así mayor agilidad en el proceso.

Cabe destacar que, los voluntarios tienen amplio conocimiento en prevención y gestión de riesgos y pueden ayudar a la ciudadanía que asiste a estos puntos, para evacuar de manera ordenada, en caso de que ocurra algún evento peligroso de carácter natural o antrópico. Para este proceso participa personal inmunizado, con el fin de precautelar su salud y de la ciudadanía.

Por su parte, María Alvarado, Líder Cantonal del Voluntariado de Protección Civil de General Villamil Playas, mencionó que también brindan asistencia a personas con discapacidad y acompañamiento a los adultos mayores en el proceso de vacunación.

En Guayaquil y Playas, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias ha destinado alrededor de 20 Voluntarios de Protección Civil, quienes en esta semana se han sumado a la gran brigada de vacunación que lidera el MSP.

Para la ejecución de este plan, hemos coordinado también de manera interinstitucional con los GAD y otros organismos, la implementación de biombos, carpas, sillas y fuentes de hidratación en los nuevos puntos de vacunación que se han habilitado en diferentes partes del país.

Dentro del tratamiento del proyecto de Ley para la Gestión de Emergencia Sanitaria por Pandemia, la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte recibió las observaciones de la delegada del Ecu 911, Renata Moreno y del constitucionalista Ismael Quintana.

La iniciativa busca regular las medidas de restricción por Covid-19 de una forma que no necesite estados de excepción, conforme el pronunciamiento de la Corte Constitucional que pidió al Ejecutivo y Legislativo trabajen en un proyecto para evitar la necesidad de recurrir a estados de excepción.

El presidente de la Comisión, Marcos Molina, manifestó que la ley es necesaria para evitar las declaratorias de estados de excepción, que afectan a varios sectores, entre ellos al productivo.

Informó que la demora en el cierre del informe para primer debate se debe a que la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República no ha enviado sus observaciones al texto. Aseguró que el proyecto tendrá importantes cambios para cubrir los vacíos que tenía el texto original.

Molina consideró que el camino correcto para esta ley es definir de manera clara las restricciones en áreas críticas determinadas, como barrios, parroquias, zonas de tolerancia o tipos de locales como bares y discotecas. La idea es que se logre contener futuros brotes del virus sin paralizar ciudades enteras o afectar la economía de los ciudadanos, basados en indicadores, afirmó.

El constitucionalista Ismael Quintana subrayó que la Asamblea tiene la obligación de tramitar y debatir este proyecto. “El proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria por Pandemia no se puede archivar y debe pasar por primer y segundo debate” enfatizó.

Advirtió que uno de los temas de mayor preocupación podría ser el relacionado con el régimen sancionatorio, porque puede existir una eventual violación al principio de legalidad, en el establecimiento de sanciones, al no estar tipificadas las infracciones.

Asimismo, dijo que con la Ley de Emergencia Sanitaria el COE Nacional tendrá una base legal para su existencia. Sin embargo, hay que analizar el alcance de sus atribuciones, a fin de no afectar determinados derechos constitucionales.

Renata Moreno junto a Juan Pablo Morales, asesor del Ecu 911 dijo que han divido sus observaciones en dos partes: de carácter general, indicando la necesidad y el contexto en la cual la Corte Constitucional consideró la necesidad de la expedición de una ley que regule las medidas que se podrían adoptar en función de la pandemia.

Subrayó que esta Ley es fundamental por dos razones: primero porque la pandemia, se calcula, nos “acompañará” por años, lo cual obligará a tomar medidas de carácter extraordinario y finalmente porque la resolución de la Corte dispone debatir de la forma más amplia posible y considerar mecanismos adicionales a los existentes para combatir temas relacionados con la pandemia.

El asambleísta Joel Abad solicitó el criterio jurídico sobre las posibles inconstitucionalidades del proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria por Pandemia por la posible transgresión del artículo 11 de la Constitución.

El Secretario Nacional de Planificación, Jairon Merchán visitó a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, con el fin de coordinar la presentación del Plan Nacional de Desarrollo 2021 2025.

En la cita también se habló de cooperación interinstitucional, sobre todo, para articular la Agenda Parlamentaria Minga por el Ecuador al Plan Nacional de Desarrollo.

En efecto, este primer acercamiento protocolario tuvo como objetivo afinar aspectos para la presentación de este Plan de Desarrollo que la Secretaría de Planificación que, por disposición de la ley, debe presentar ante la Asamblea Nacional.

Merchán aspira que hasta el próximo mes esté listo el Plan y presentar ante el el Pleno de la Asamblea Nacional. Adelantó que este contendrá 4 ejes: económico, social, institucional y de seguridad, en los que se tendrá de manera transversal el tema medio ambiental y de transición ecológica que es muy importante.

De igual manera, el eje de derechos humanos, va a estar transversal en todo el Plan Nacional de Desarrollo, enfatizó al precisar que la Presidenta de la Asamblea ha mostrado la apertura para esta presentación una vez que el Plan esté listo y aprobado por el Consejo de Planificación.

De su lado la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, hizo ciertas sugerencias en el sentido de que el tema medio ambiental sea reforzado en todos los ejes.

En el marco de la fiscalización y control político, la Comisión del Derecho al Trabajo, que preside la asambleísta Rina Campain, conoció y tramitó varias solicitudes de pedidos de comparecencias de funcionarios públicos, para que respondan por temas relacionados con el cumplimiento de la Ley de Apoyo Humanitario, deuda del Estado con el IESS y pago a maestros jubilados.

En tal sentido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de la Función Legislativa y, por encontrarse dentro de los ejes temáticos de la Comisión, los legisladores recibieron la argumentación de las propuestas por parte de cada uno de los proponentes, las mismas que contaron con el respaldo unánime de los 9 asambleístas presentes.

El asambleísta Luis Almeida planteó la comparecencia de Jorge Madera, presidente del IESS; Renato González, director general de ISSPOL y de Frank Landázuri, director general del ISSFA, para que expongan cuál es el estado de los concursos y de los nombramientos del personal médico, cuyo beneficio se encuentra contemplado en la transitoria novena de la Ley de Apoyo Humanitario.

Wilma Andrade también solicitó la comparecencia del Presidente del Consejo Directivo del IESS para que explique la situación financiera de la entidad y las acciones para que la prestación de servicios de seguridad social se realice de manera óptima. Argumentó que se ha puesto en riesgo la sostenibilidad de la seguridad social, en donde está el ahorro de los ecuatorianos.

En tanto, el asambleísta Elías Jachero propuso convocar a los ministros de Economía, Simón Cueva; Educación, María Brown; y, de Trabajo, Patricio Donoso, para que expliquen las demandas de los maestros jubilados relacionadas con el pago del incentivo jubilar; expedientes de pago de bonos procesados y validados de manera ágil y oportuna; y, el  establecimiento de un cronograma de pagos.

Por último, el parlamentario Ricardo Ulcuango, en coordinación con los asambleístas Fausto Jarrín, Dina Farinango y Yeseña Guamaní, solicitó la presencia del director Nacional del Seguro Social Campesino, Juan Sebastián Romero y de Luis Andrango, coordinador Provincial de Pichincha, para que informen sobre la elaboración del Reglamento de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario y su aplicación en el proceso de otorgamiento de nombramientos provisionales y definitivos al personal que labora en esas dependencias, sobre todo de aquellos que estuvieron trabajando en primera línea durante la pandemia.

De igual forma, proponen que se reciba a una delegación de los funcionarios de las Unidades Médicas del Seguro Social Campesino, quienes expondrán la problemática respecto a su inestabilidad laboral, que guarda relación con la aplicación del Reglamento de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario.

Fiscalía procesó a cinco personas, entre ellas cuatro privados de libertad (PPL), por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada con fines de robo a vehículos de transporte terrestre: se presume que operaban en diferentes vías de la provincia del Guayas.

En audiencia de formulación de cargos, en la Unidad Judicial de Yaguachi, el fiscal Patricio Toledo presentó como elementos de convicción: el parte de aprehensión, los videos de las cámaras de seguridad de los buses de transporte asaltados, el parte informativo emitido por la Policía Judicial del cantón Milagro, entre otros.

La jueza de Garantías Penales, Deida Verdesoto, acogió la solicitud de Fiscalía y dictó prisión preventiva para José Luis C. G., Joel Giancarlos B. F., Ítalo Bienvenido V. O., Érick Javier A. A. y Leonel Francisco C. N. (los cuatro últimos son personas privadas de libertad, detenidas por otros delitos).

La instrucción fiscal durará noventa días.

Contexto

La madrugada del 20 de julio de 2021, en operativos ejecutados por Fiscalía y Policía Judicial en los cantones El Triunfo, Yaguachi, Milagro y Guayaquil (al interior de la Penitenciaría del Litoral), cinco personas fueron detenidas por su presunta participación en el robo a transporte interprovincial e intercantonal.

Fiscalía inició una investigación el 24 de febrero de 2021, luego de recibir un parte informativo de la Policía Judicial de Milagro y denuncias relacionadas por robos a transporte público, especialmente en el circuito de la vía que conecta los cantones El Triunfo- Milagro-Yaguachi y en la vía Durán-Virgen de Fátima-Yaguachi.

Fiscalía ubicó la presunta participación de cuatro PPL, que se encuentran detenidas –por delitos de robo y receptación de artículos robados– al interior de la Penitenciaría del Litoral. A ellos se les inició un nuevo proceso penal por los hechos investigados.

Información jurídica

Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

La probabilidad de que el agresor sexual sea padre del hijo de su víctima es del 99.9%.

Así lo comprobó una pericia genético forense practicada el 23 de febrero de 2021, que representó una de las pruebas más fuertes de Fiscalía para probar que Winter B. es el autor del delito de violación contra una adolescente de 15 años.

El fiscal multicompetente del cantón Shushufindi, Wilson Molina, probó ante un Tribunal de Garantías Penales que los hechos ocurrieron en mayo de 2019.

El procesado, vecino de la víctima, aprovechó su estado de vulnerabilidad, pues tiene una discapacidad intelectual del 40%, para perpetrar el delito, que incluso resultó en un embarazo de la adolescente.

De acuerdo al informe médico ginecológico y al testimonio del perito Carlos Macías, al momento de la valoración, el estado de gestación de la víctima había alcanzado aproximadamente los ocho meses.

Aquella pericia, además del informe de reconocimiento del lugar de los hechos, el testimonio anticipado de la víctima rendido en cámara de Gessel y el testimonio de una perito psicóloga, fueron presentadas como pruebas durante la audiencia de juicio.

El Tribunal, acogiendo lo expuesto por Fiscalía, emitió una sentencia condenatoria de una pena privativa de la libertad de veintinueve años y cuatro meses. En su resolución, los jueces dispusieron también el pago de una multa de 600 salarios básicos unificados y de una reparación integral de 5.000 dólares a favor de la víctima.

Información jurídica

La sentencia agravada se dictó según lo estipulado en el artículo 171, numerales 1 y 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), con las circunstancias agravantes del artículo 48, numeral 4, del mismo cuerpo legal.

La Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por el legislador Juan Fernando Flores, aprobó por unanimidad el informe sobre el Acuerdo que crea la Comisión Binacional para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos de las Cuencas Hidrográficas Transfronterizas entre Ecuador y Perú.

El Presidente de la Comisión dispuso que el documento sea enviado de inmediato a la Presidencia de la Asamblea Nacional, a fin de que sea tratado en el menor tiempo posible en el Pleno de la Legislatura.

El Acuerdo prevé la creación de una Comisión Binacional, fundamental en el contexto internacional, acorde a los objetivos de desarrollo sostenible, particularmente el objetivo seis, que habla sobre garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos, incluyendo la cooperación transfronteriza y conforme a los principios ambientales consagrados en nuestra Constitución.

La Comisión, en su informe, destacó que el Acuerdo es un instrumento clave que permitirá la construcción de institucionalidad para la cooperación entre Ecuador y Perú, guardando concordancia con la Constitución de la República de conformidad al dictamen emitido por la Corte Constitucional.

También resaltó que el instrumentos internacional se enfoca en los principios del Derecho Internacional del Tratamiento de Aguas, tales como: cooperación, utilización equitativa y razonable, deber de no causar daños y conservación de ecosistemas.