Hechos Ecuador

Quito (Pichincha). – El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE), a través de su Coordinación Zonal 9 y su Unidad de Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades en Gestión de Riesgos, desarrolló capacitaciones a Voluntarios de Protección Civil y a la Empresa Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (EMGIRS-EP).

En el macro de esta jornada se desarrolló un simulacro en la EMGIRS-EP, junto con instituciones como la Policía Nacional del Ecuador, la Agencia Metropolitana de Tránsito, la Secretaría de Gestión de Riesgos del Distrito Metropolitano de Quito, funcionarios del Municipio de Quito, y el personal del SNGRE, quienes cumplieron el papel de evaluador frente al ejercicio para ayudar a mejorar el Plan de Emergencias.

El simulacro es el producto final de las capacitaciones impartidas entre los días 27 y 29 de julio, en temas como Plan Familiar de Emergencias y Técnicas de Evacuación, donde los 60 funcionarios estarán mejor preparados ante un sismo durante la jornada laboral, así como en otros espacios de su quehacer diario.

Además, desde hoy 30 de julio, se desarrolla el curso de Evaluación Inicial de Necesidades para Eventos Peligrosos en el barrio Atucucho, para incrementar las capacidades de respuesta del Voluntariado de Protección Civil de Pichincha, en estas capacitaciones también se encuentran presentes las directivas del barrio.

El curso tiene una duración de tres días y se socializarán conceptos básicos relacionados con asistencia humanitaria, formularios de evaluación, entre otros temas fundamentales.

Las acciones de fortalecimiento en gestión de riesgos tienen como objetivo incrementar las capacidades de respuesta de los actores del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos ante los diferentes eventos peligrosos y emergentes que puedan ocurrir.

La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Verónica M., funcionaria de la Institución en la provincia del Guayas, por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias en la adquisición de termómetros infrarrojos en el contexto de la pandemia por Covid-19.

Entre los principales elementos de convicción se incluyen: la suscripción de dos actas –de entrega y recepción– suscritas por la servidora pública y una particular en hojas con logotipo de la Institución, así como la factura presentada por el representante legal de la empresa proveedora a nombre de la Fiscalia de Guayas.

El Juez dictó medidas como prohibición de salida del país, presentación todos los lunes en Fiscalía, retención de sus cuentas por 15.000 dólares y prohibición de enajenar bienes.

La instrucción fiscal durará noventa días.

La funcionaria fue detenida para investigaciones la madrugada de este viernes 30 de julio en su domicilio, en Guayaquil, durante uno de los dos allanamientos que se ejecutaron en coordinación con la Policía Nacional. El otro se llevó a cabo en las oficinas del edificio La Merced, de la Fiscalía del Guayas, donde se levantaron indicios relacionados al hecho, entre estos: una laptop, un CPU, una terminal móvil y más.

El caso

En mayo de 2021, Fiscalía conoció del cometimiento del presunto delito por parte de Verónica M., quien –durante su desempeño como coordinadora administrativa financiera encargada– habría solicitado a una empresa treinta y cinco termómetros infrarrojos a nombre de la Institución, sin que existieran los requisitos previos como el informe de necesidad o el respectivo proceso de compra.

Además, tampoco se habría procedido con el pago de lo adquirido y no se los habría utilizado en la Institución.

Al solicitarle información al respecto, la funcionaria respondió que ella asumiría el costo de los termómetros, pero no lo hizo.

Esta investigación se inició a través de la Dirección de Transparencia en la Gestión de la Fiscalía General del Estado, que además ha acompañado este proceso, en coordinación con Policía Nacional.

La Comisión de Soberanía y Seguridad Integral continuó la tarde de este viernes 30 de julio la revisión de la situación del sistema penitenciarios del país. Para ello recibió  las versiones de la Secretaría de Derechos Humanos, de los agentes penitenciarios y de expertos en el tema. El objetivo es diagnosticar y generar planes de acción y coordinación para cambiar la realidad de este sector.

Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión, Ramiro Narváez, quien recalcó que el respeto a los derechos humanos es fundamentales en este problema que que requiere a intervención de todas las instituciones.

Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, habló de las competencias y su marco de acción. Subrayó que articulan la política pública en derechos humanos y que en esta materia trabajan en la capacitación permanente de a los funcionarios del sistema nacional de rehabilitación social.

El asambleísta Jorge Pinto planteó instalar mesas técnicas articuladas de trabajo. Mientras la legisladora Geraldine Weber consideró que estas comparecencias deben servir para aunar esfuerzos institucionales hacia una cultura de paz, con acciones puntuales  e inmediatas.

En tanto, la parlamentaria Patricia Núñez consultó sobre el trabajo en asistencia psicológica y social de los familiares de las personas privadas de la libertad que han fallecido en la cárcel. Presentó su preocupación en el proceso de prevención. El asambleísta Guido Chiriboga recordó la responsabilidad del SNAI, con sustento en el artículo 4 del Decreto Ejecutivo 560.

En su turno, el presidente  de la Asociación de Servidores Penitenciarios del Ecuador, Cristian Peñaherrera,  expuso los problemas que tienen dentro del sistema de rehabilitación social y el rol de los agentes penitenciarios. Desde el año 2013, la Policía Nacional es la institución que está a cargo del control del perímetro externo. “Los directores de los centros han sido ubicados por compadrazgos”, advirtió.

Sostuvo que no cuentan con protección, con armas, ni resguardo policial cuando se trasladan de un lugar a otro.

De su lado, Alicia Borja representante de las Mujeres Agentes de Seguridad Penitenciaria cuestionó las “malas decisiones de las autoridades, privilegios a varios internos, entrega de llaves” y otros hechos. Aseguró que “la Fuerza Pública se encarga de todos los filtros”. Asimismo dijo que son discriminadas y estigmatizadas y que son expuestas a amenazas y extorsiones.

El presidente de la Asociación  de Servidores Penitenciarios Activos del Ecuador, Carlos Ordóñez señaló que lamentablemente la corrupción se ha enquistado en muchas áreas. Indicó que son aproximadamente 1500 agentes de seguridad divididos en tres turnos de jornadas laborales entre 24 y 36 horas continuas para una población penitenciaria de casi 40.000 personas.

Guayaquil (Guayas), 28 de julio de 2021.- Con base en los elementos de convicción presentados por la Fiscalía General del Estado, el juez Francisco Mendoza dictó auto de llamamiento a juicio para tres integrantes de una organización delictiva, procesados por su presunta participación en el delito de trata de personas, abuso sexual y explotación laboral en los cantones Guayaquil y Marcelino Maridueña, en Guayas; y Buena Fe, en la provincia de Los Ríos.

En la audiencia preparatoria de juicio, desarrollada en la Unidad Judicial Albán Borja, el fiscal de la Unidad de Delincuencia Organizada, Fernando Bonoso León, presentó la acusación fiscal con base en los elementos de convicción recabados, entre estos: informes investigativos y de seguimiento a los procesados y a los vehículos utilizados, las órdenes de detención, los informes de los allanamientos ejecutados con autorización de Juez competente, los informes de reconocimientos y de exámenes médicos practicados a las presuntas víctimas (menores de edad), que indicaban las lesiones correspondientes a la agresiones sexuales; las versiones de las afectadas y las denuncias de sus familiares.

Se agregaron también los partes informativos de la Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión (Unase), el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y los informes ejecutivos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), del Servicio de Rentas Internas (SRI), del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y los testimonios anticipados y pericias psicológicas de las víctimas.

El juez de Garantías Penales, Francisco Mendoza, acogió en parte el pedido de Fiscalía y dictó prisión preventiva contra Evelyn Magdalena I. C., mientras que a Éver Dick G. S. y Maribel de Lourdes O. M. les dispuso arresto domiciliario.

Además, ordenó la retención de fondos en las cuentas bancarias del sistema financiero nacional y la prohibición de enajenar los bienes de los procesados y de la compañía LOGISTRANSGJ S. A., investigada en esta causa.

Contexto

Fiscalía, la Unase y la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapena) de la Policía Nacional, los días 6 y 7 de octubre de 2020, ejecutaron operativos y allanamientos en las provincias de Guayas y Los Ríos, donde se procedió a la detención de tres personas: un hombre y dos mujeres, líder e integrantes de una congregación religiosa, respectivamente.

Ellos habrían operado desde el 2018, captando la atención de mujeres jóvenes con sus hijos, a quienes las invitaban a ser parte de este grupo religioso, albergándolas en sus iglesias ubicadas en Guayaquil y en Buena Fe (Los Ríos), para obligarlas a realizar trabajos domésticos, explotándolas laboralmente y –después de cierto tiempo y una vez ganada su confianza– abusar sexualmente de ellas, en especial de las menores de edad.

Familiares de las víctimas denunciaron el hecho en enero de 2020, por un presunto delito de secuestro. Fiscalía inició una investigación con la colaboración de las unidades especiales de la Policía Nacional, determinando que existiría el presunto cometimiento de los delitos de abusos sexual y explotación laboral.

Información jurídica

Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 91, inciso 2, numerales 2 y 3; en concordancia con el artículo 92, numeral 2, y artículo 94 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de trata de personas con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años.

La Comisión de Fiscalización, con el voto unánime de los ocho asambleístas presentes, decidió solicitar a la Presidencia de la Asamblea Nacional autorice la prórroga de cinco días para emitir el informe sobre la sustanciación de la solicitud de juicio político en contra del excontralor subrogante, Pablo Celi de la Torre, dada la magnitud de la información que tiene que procesar el organismo, respecto de las seis causales de incumplimiento de funciones propuestas por el interpelante, Juan Cristóbal Lloret.

Este pedido se sustenta en lo previsto en el inciso segundo del artículo 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por el cual de considerarlo necesario, la Comisión de Fiscalización podrá solicitar a la Presidenta una prórroga de hasta cinco días adicionales para la remisión del informe.

Durante la sesión que mantuvo la mañana de este viernes, 30 de julio, la mesa conoció un avance del proceso previo a la elaboración del informe, que consiste en sistematizar los testimonios rendidos en las 45 comparecencias; la revisión de documentos aportados por funcionarios, exfuncionarios de Contraloría, de Petroecuador, autoridades electorales y de otras instancias.

Igualmente, en la revisión de la documentación remitida por el interpelante, Juan Cristóbal Lloret y por el excontralor, Pablo Celi, al igual que los argumentos de cargo y de descargo, respectivamente, expuestos en la sesión del lunes 26 de julio.

Según el equipo de trabajo de la Comisión, hasta el momento han avanzado el procesamiento de un 50 % de la información recibida. Resta aún dar paso a la valoración de las pruebas para luego establecer las conclusiones y recomendaciones al Pleno.

Fernando Villavicencio, titular de la Comisión, destacó que hasta el momento todas las resoluciones se han aprobado por unanimidad, lo cual demuestra el alto nivel de consenso al interior de la mesa de Fiscalización. “Queremos entregar al país un informe de alta calidad sobre este proceso de juicio político”, concluyó

Se investiga presunto tráfico de influencias. Servidora fue detenida con fines investigativos.

Como parte de una investigación por presunto tráfico de influencias, agentes de la Fiscalía y Policía Nacional desarrollaron al menos dos allanamientos la madrugada de este viernes 30 de julio

Las intervenciones se ejecutaron en el edificio La Merced, donde se ubican las oficinas de la Fiscalía del Guayas, y en un domicilio de una funcionaria de esa institución. Ella fue detenida con fines investigativos.

En redes sociales, la entidad señaló que la indagación se realiza con acompañamiento de la Dirección de Transparencia de la Fiscalía.

Varios objetos relacionados con la investigación fueron incautados durante el operativo.

El inicio de adquisición de medicamentos e insumos, y el cambio total de gerentes de hospitales está previsto para mediados de septiembre.

Al referirse a las acciones que desarrollará el Gobierno en cuanto a la compra de insumos y medicamentos para el sistema de salud del país, que ahora cuenta con un abastecimiento del 50 % únicamente; el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, señaló que el Gobierno y el presidente, Guillermo Lasso, van a implementar medidas drásticas al respecto, y que hasta mediados de septiembre se espera iniciar con las adquisiciones.

En entrevista con Diario EL UNIVERSO, Borrero, médico de profesión y con amplia experiencia en administración de salud, comenta lo que ha encontrado en su visita a 45 hospitales del país, hasta el momento; las medidas que tomarán para hacer correctivos; refiere que alcanzarán la meta de los 9 millones de ecuatorianos vacunados con la primera dosis y un poco menos con la segunda dosis, en los primeros cien días; entre otros temas.

¿Qué ha encontrado en sus visitas a los hospitales del país?

Hemos visitado aproximadamente 45 hospitales y vamos a seguir visitando, el denominador común es que no existen medicamentos, las estructuras hospitalarias están caducas, colapsadas, los equipos no funcionan y el que termina pagando los platos rotos es el paciente. Pero hay hospitales como el de Ventanas, Jaime Roldós Aguilera que, a pesar de que tiene un equipo de laboratorio, no hace ni examen de orina porque todo mandan fuera, eso es un problema muy serio (...), en otro hospital, creo que el de Babahoyo, no hacían ecos (...), el Estado tiene la obligación de brindar a los usuarios la mejor calidad de salud, tanto en el sistema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), cuanto en el sistema del Ministerio de Salud Pública (MSP).

¿Cuáles van a ser las líneas para eliminar estos problemas?

Vamos a actuar en cuatro frentes: decisiones estratégicas, salud digital, transparencia, integridad y eficiencia operativa (...) Son tres pilares del cambio: compras, sistema de salud a través de la tecnología y la movilidad, un 50 % de ambulancias está dañado.

Gracias a la firma de un convenio entre las dos instituciones, la Universidad Técnica Particular de Loja dotará de uniformes, apoyo económico y próximamente becas de descuento para la matrícula de los miembros de la Federación Deportiva Provincial de Loja

Este 22 de julio, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y la Federación Deportiva Provincial de Loja (FedeLoja) suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional que beneficiará a los deportistas federados de la provincia en diversos ámbitos, según comentó Luciano Rodrigues Marcelino, director general de Relaciones Interinstitucionales de la Universidad. Así, el Club de Ciclismo de FedeLoja y la Asociación Provincial de Ciclismo de Loja pasarán a denominarse “Team UTPL” para su participación en todas las competencias nacionales e internacionales que sean organizadas por el Ministerio del Deporte y la Federación Ecuatoriana de Ciclismo.

De parte de la UTPL, el aporte que recibirán los deportistas lojanos comprende la dotación de uniformes para los seleccionados provinciales de FedeLoja en cualquiera de las 16 disciplinas que desarrolla; además de un auspicio económico para el “Team UTPL”. Y, debido a que la universidad cree en la educación como pilar fundamental para el emprendimiento e innovación en la sociedad, próximamente a través de un convenio se concederá becas de descuento en la matrícula para los deportistas federados de Loja y personal de la Federación.

“En la UTPL tenemos como visión garantizar la formación integral de la persona y sabemos que lo podemos hacer a través de la entrega de becas de estudio que brindarán acceso a educación de calidad, innovadora e inclusiva”, puntualizó la autoridad de la institución.

Por su lado, FedeLoja se ha comprometido con la UTPL, entre otros aspectos, como brindar capacitaciones a los profesionales de la universidad en el ámbito deportivo y a dar acceso a los estudiantes y al personal de la institución a la piscina del colegio Beatriz Cueva de Ayora y a la cancha y pista atlética del Estadio Reina de El Cisne, con el fin de continuar promoviendo la práctica deportiva en la comunidad universitaria. Cabe recalcar que en la actualidad son 296 estudiantes de la UTPL quienes pertenecen a diversos clubes deportivos desarrollados en la universidad. 

“Este es un convenio que beneficia a más de 581 deportistas, de los cuales más de 80 pertenecen al ciclismo; pero también es un beneficio para los entrenadores y profesionales de nuestra Federación. Quiero agradecer la buena voluntad que han tenido para creer en nuestros proyectos e ideas, de nosotros recibirán el máximo esfuerzo en cada entrenamiento, en cada competencia…”, comentó Jorge Luis Feijó Zaruma, administrador general de FedeLoja.

El evento contó con la presencia de la viceprefecta de Loja, María José Coronel; Patricia Picoita, vicealcaldesa del cantón Loja; el coordinador zonal del Ministerio del Deporte, José Luis Larreátegui; y deportistas representantes de FedeLoja. Justamente, a nombre de ellos, tomó la palabra la atleta Andrea Calderón, quien agradeció a los directivos de las instituciones involucradas en el convenio por los esfuerzos que han sumado y por la confianza en los deportistas lojanos para potenciar su educación y apoyarles para su participación en eventos deportivos locales, nacionales e internacionales, mejorando su formación deportiva y académica.

La Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral se reunió esta tarde con el fin de analizar la situación que enfrenta la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) por el ataque a sus sistemas informáticos. En ese marco, la mesa recibió a Byron Zapata, gerente General de CNT.

En su intervención informó que la Corporación se encuentra en el proceso de implementación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Dijo que la institución registró el ataque informático el 14 de julio de 2021 y la denuncia fue realizada ante la Fiscalía el pasado 16 de julio de 2021, para que se realicen las pericias correspondientes. Comentó que el ataque se realizó a las plataformas y aplicativos de la empresa.

Así mismo, sostuvo que la Corporación ya adoptó las medidas necesarias para proteger la información. Señalo que la institución cuenta con controles ISO 27002 que proporcionan diferentes recomendaciones de las mejores prácticas en la gestión de la seguridad de la información. Comentó que al momento se revisan y rediseñan acciones para salvaguardar la infraestructura e información.

Andrés Jácome, director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), informó que la CNT puso en su conocimiento que se presentó un evento de fuerza mayor en sus servidores. Puntualizó que al momento los equipos de la CNT están en custodia de la Fiscalía, debido a la investigación que se ejecuta.

Vianna Maino, ministra de Telecomunicaciones, indicó que el 14 de julio conoció por las autoridades de la CNT que la infraestructura tecnológica de la empresa fue atacada por un “virus” que impidió el correcto funcionamiento de la información en plataformas y aplicativos. Indicó que de forma inmediata se gestionó el incidente, con el fin de contener y encapsular el ataque cibernético evitando que crezca y afecte la prestación de servicios a los clientes.

Así mismo, dijo que se resolvió solicitar informes técnicos, legales y financieros para sustentar la denuncia ante la Fiscalía. Remarcó que frente al ataque informático la CNT se verá fortalecida, pues habrá una serie de innovaciones tecnológicas.

Fernando Donoso, ministro de Defensa, explicó que existe institucionalidad en el manejo de datos. Expresó que el Centro de Inteligencia del Estado trabaja directamente con EcuCERT que depende de la Arcotel y que no se reportaron ataques a las instituciones públicas.

Con el voto unánime de los 132 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica para la Reactivación Económica de las provincias de Esmeraldas y Manabí, que tiene por objetivo dotar de herramientas que permitan reactivar las actividades productivas propias de la zona, que fue afectada por el terremoto del 16 de abril de 2016.

Esta normativa tiene por objeto generar condiciones para reactivar el sector productivo de dichas provincias a través la aplicación de estímulos sociales y empresariales, en especial para la creación, adecuación y funcionamiento de micro, pequeños y medianos emprendimientos, así como la creación de infraestructura pública y vivienda digna.

Para ello determina varias líneas de acción, como poner en marcha un amplio plan de capacitación y formación de emprendedores, fomentar el turismo, agricultura, ganadería y pesca; facilitar los trámites de importación y exportación orientados a las MIPYMES.

Los ministerios de Industrias, Agricultura y de Turismo, así como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria atenderán todo tipo de consultas y brindarán asesoría sobre cualquier asunto jurídico y técnico que requieran los empresarios de las provincias dentro de sus respectivas competencias.

Además, se establecerán programas especiales de acceso a créditos, bajo condiciones preferenciales por parte del Gobierno Nacional a través de la banca pública.

Wilma Andrade Muñoz, en su condición de ponente del informe, indicó que la Comisión de Desarrollo Económico analizó las observaciones formuladas en el curso del segundo debate y decidió acoger las propuestas de los asambleístas John Vinueza y Xavier Santos, sobre la conformación de la Unidad Ejecutora para la reactivación de las provincias de Esmeraldas y Manabí, así como la disposición por la cual se establece, para el caso de calamidad pública o desastres naturales, las provincias, por sí solas o en unidad con otras, puedan acogerse a esta ley y conformar las respectivas unidades coordinadoras, para evitar que por cada situación de desastre se dicte una nueva ley.

Recordó que esta ley tiene por objetivo propiciar la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y Manabí, a través de la aplicación de estímulos sociales, empresariales para la creación, adecuación y funcionamiento de micro, pequeños y medianos emprendimientos, productores agrícolas, sector turístico y actores del sector no financiero de la economía popular y solidaria, así como la creación de infraestructura de vivienda digna, que garantice las condiciones materiales e inmateriales de la ciudadanía para la competitividad de estas provincias.

Comisión general

Antes de someter a votación el texto definitivo del proyecto el Pleno recibió en comisión general a Mae Montaño, exlegisladora nacional, hoy ministra de Inclusión Económica y Social, quien justificó su iniciativa de crear una ley que otorgue a estas dos provincias mecanismos que permitan una verdadera reactivación social y económica.