Hechos Ecuador

Zaida Rovira, exdefensora del Pueblo, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, como parte de la recepción de pruebas dentro del juicio político contra René Ortiz, exministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, aseguró que el incremento de tarifas y los cobros presuntivos de las planillas del servicio de electricidad irrespetó los derechos de los usuarios.

La exfuncionaria dijo que la Defensoría patrocinó los respectivos reclamos de la ciudadanía, sobre todo de las provincias de Guayas, Santa Elena, El Oro y Esmeraldas pero, lamentablemente no hubo respuesta de las autoridades; en el mejor de los casos se plantearon convenios de pago, pero no revisaron las planillas.

Aseguró que durante los momentos más duros de la pandemia, entre abril y diciembre de 2020, las autoridades obligaron a los usuarios a pagar planillas sobrevaloradas y no hubo un ministro que defienda los derechos de los consumidores cuando, debido a la precaria situación sanitaria y económica debieron aplicar políticas solidarias.

De su lado, Alfredo Carrasco, representante de la Asociación de Usuarios, recordó que se presentaron más de 200 mil reclamos, solo en la provincia del Guayas, por los abusos en las planillas de energía eléctrica, con la aplicación de valores estimados, lo cual está expresamente prohibido por la Ley de Defensa del Consumidor.

Indicó que hubo casos de locales comerciales que permanecieron cerrados, sin embargo tuvieron que pagar sus planillas con costos elevados y al momento de reclamar, las autoridades dijeron que primero paguen las facturas y, luego, revisarían los casos. “Hasta hoy no tenemos ninguna solución”, agregó.

Así mismo, adujo que la actual administración mantiene el mismo esquema de cobros presuntivos y el ciudadano que no puede pagar, por falta de recursos, mas no porque no quiera hacerlo, sale perjudicado con el corte del servicio, a veces efectuado de forma automática, lo cual le cuesta al usuario más de seis dólares de recargo en la siguiente planilla, recursos que van a favor de empresas privadas, no del Estado.

En otro orden, el activista político Fernando Balda, acudió a la Comisión de Fiscalización para informar de la “ruta del dinero”, según varios movimientos económicos por valores significativos, en cuentas del extranjero por el expresidente Rafael Correa y varios de sus excolaboradores.

La Comisión de Garantías Constitucionales aprobó, por unanimidad, el cronograma de trabajo para la investigación del caso denominado “Pandora Papers”, en el que se establece comparecencias de delegados de la academia, representantes de instituciones públicas, expertos nacionales y del exterior, organismos internacionales, delegados del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Ecuador. Posterior a recabar información se convocará al Presidente de la República, Guillermo Lasso, para que brinde información y presente la documentación necesaria.

Los comisionados resolvieron que la investigación contará con observadores internacionales para dar transparencia al proceso. Con 8 votos afirmativos acogieron la moción de la legisladora Sofía Sánchez.

La Comisión tiene 30 días de plazo, a partir del 8 de octubre para presentar el informe no vinculante. El informe se construirá a la par de la realización de pedidos de información y comparecencias, sin descartar la convocatoria a personas naturales y jurídicas que puedan aportar a la investigación.

Así, de la academia serán citados representantes de las Universidades Simón Bolívar, Central del Ecuador, del Azuay, Universidad del Guayaquil, mientras que de las instituciones públicas se convocará a las autoridades del Servicio de Rentas Internas, Contraloría, Consejo Nacional Electoral, Superintendencia de Compañías, Superintendencia de Bancos, Ministerio de Relaciones Exteriores (Embajada del Ecuador en Estados Unidos), Fiscalía, Unidad de Análisis Financiero y Económico, Tribunal Contencioso Electoral y del Banco Central.

Entre los expertos nacionales, llamarán a Javier Bustos, abogado y perito en derecho tributario; Mario Prado, abogado en derecho tributario; Ramiro Crespo – Interamerican Dialogue- experto en rehabilitaciones, recuperaciones, fusiones y adquisiciones; Paola Robalino, experta en fiscalidad internacional, Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario (IEDT), Christian Cruz, exsuperintendente de Bancos, entre otros.

También invitarán a Martin Litwa, experto argentino en temas de paraísos fiscales; Carlos Coronel, secretario Institute of Tax Law (IFA), experto en fiscalidad local e internacional; Julian Oviglio, presidente de la Fundación Nuevas Generaciones, Argentina; Robert Wood, economista experto en paraísos fiscales con énfasis latinoamericano; Carlos Coronel, secretario del Institute of Tax Law (IFA), experto en fiscalidad local e internacional.

De instituciones internacionales a Susana Ruiz, experta de OXFAM Internacional; Andrés Knobel, de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe; Ramiro Chimurris, Uruguay, experto en deuda externa y paraísos fiscales, coordinador y co-fundador de la Red de Cátedras de Deuda Pública; Éric Toussaint, experto internacional en deuda externa y paraísos fiscales, portavoz de la red internacional del Comité para la abolición de las deudas ilegítimas.

También citarán a Roger Arosemena Benítez, María Lourdes Alcívar de Lasso, Santiago Xavier Lasso Alcívar, Jaime Durán Barba, Arturo Serrano Salgado, Miguel Macías Yerovi, Eugenia Touriz Mawyin.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), con el apoyo de la Embajada del Reino Unido en el Ecuador y la Fiscalía General del Estado (FGE), inauguraron esta mañana el taller virtual sobre Respuesta de la justicia penal a la violencia contra mujeres y niñas en el Ecuador.

El objetivo del curso es fortalecer las capacidades de la FGE para el abordaje de casos de violencia basada en género a partir del estudio y análisis de sus causas e impactos y su tratamiento desde los instrumentos y estándares internacionales.

Guido Quezada, Director de Capacitación y Fortalecimiento Misional de la Fiscalía dio la bienvenida a los participantes que deberán completar 60 horas académicas dividas en cuatro módulos. “Es indispensable abordar las causas fundamentales que perpetúan la violencia basada en género. Gracias a la Embajada del Reino Unido y a la UNODC por este proceso”. Según cifras oficiales, en el Ecuador 65 de cada 100 mujeres de 15 a 49 años han experimentado alguna forma de violencia. Cada 72 horas una mujer es víctima de femicidio. En el país se han registrado 494 casos de este delito desde agosto de 2014 hasta septiembre de 2021.

“En términos de violencia, esas cifras no son aceptables ni aquí ni en ningún país en el mundo”, aseveró Chris Campbell, Embajador del Reino Unido en Ecuador, para quien la articulación entre instituciones públicas, organismos internacionales y cooperación internacional es fundamental.

“Promover la igualdad de género y la protección de los derechos de las niñas y mujeres es una prioridad global para el Reino Unido. La colaboración adecuada permite eliminar los resquicios por donde estos crímenes pueden filtrarse. En ese sentido, este curso es un fuerte paso adelante. Gracias a la UNODC y a la Fiscalía por ello, debemos redoblar esfuerzos”.

La UNODC, en el marco de su estrategia para la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, ofrece asistencia a los Estados a fin de fortalecer el estado de derecho mediante la promoción de sistemas de justicia penal justos, humanos y responsables, en línea con los instrumentos internacionales en la materia.

En ese contexto, Gilberto Zuleta, Oficial Regional del Programa Global contra la Trata de Personas de la UNODC, agradeció el apoyo del Embajador de Reino Unido y la apertura de la FGE para llevar adelante este proceso de capacitación para fiscales, secretarios y asistentes de fiscal de todo el país. “Un inadecuado acceso a la justicia sustenta y promueve la violencia. La impunidad, por su parte, constituye una forma de perpetuarla. Mejorar las capacidades en el sistema judicial es una forma eficaz de prevención”, dijo.

El curso es facilitado por Daniela Saá, especialista en fortalecimiento de capacidades sobre género y justicia penal de UNODC y está estructurado bajo tres ejes temáticos:

• Respuesta de la justicia penal a la violencia contra las mujeres y niñas en Ecuador;

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El Pleno de la Asamblea Nacional destituyó, con 131 votos afirmativos, a Bella Jiménez, como asambleísta y segunda vicepresidenta de la Legislatura. El argumento para separarla de su cargo fue el incumplimiento de los numerales 3 y 4 del artículo 127 de la Constitución de la República y los numerales 3 y 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

Los artículos mencionados hacen referencia a que los y las asambleístas no podrán gestionar nombramientos de cargos públicos o percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas.

Durante la sesión 732, del Pleno de la Asamblea Nacional, intervino la legisladora Bella Jiménez, quien sostuvo que se ha violado su derecho a la presunción de inocencia y se han irrespetado sus derechos constitucionales, civiles y humanos.

Acto seguido el asambleísta denunciante Alejandro Jaramillo, intervino y afirmó que en un acto de confianza la Izquierda Democrática (ID) apostó por la asambleísta Jiménez. Manifestó que el Comité de Ética respetó el debido proceso y el derecho a la defensa. Ratificó que no se busca perseguir a nadie, pero sí atacar hechos que rayan la ética y la moral.

De su parte, la asambleísta Victoria Desintonio de la bancada Unión por la Esperanza (UNES), quien también denunció a Jiménez, por ofrecer un cargo en su despacho a cambio de dinero, en su exposición hizo un recuento de las declaraciones de Scarleth Lindao, exasistente administrativa de la legisladora acusada. Además, afirmó que el Comité de Ética sí cuidó el debido proceso. También dijo que la legisladora y su abogada quisieron dilatarlo. Recalcó que Jiménez es demandada por sus actuaciones fuera de lo legal, la ética y la moral.

La legisladora Marjorie Chávez, miembro del Comité de Ética, indicó que no se trata de persecución ni revanchismos, sino de hacer lo correcto. Recalcó que a pesar que hoy la asambleísta tuvo, una vez más, el derecho a la defensa no pudo desvirtuar las acusaciones que pesan en su contra.

La moción de destitución fue presentada por el asambleísta Alejandro Jaramillo, quien pidió acoger el informe del Comité de Ética que recomendó la destitución de Jiménez, por incurrir en las prohibiciones establecidas en la Constitución y la LOFL.

Por ello, el Pleno resolvió destituirla y cesarla inmediatamente de sus funciones; posesionar de manera definitiva a la o el asambleísta suplente que corresponda; remitir a la Fiscalía el expediente íntegro de todo lo actuado por el Comité de Ética; notificar con la presente resolución al Ministerio del Trabajo (...) y notificar el contenido de la resolución a Bella Jiménez al Consejo de Administración Legislativa y al Comité de Ética.

“Entre los años 2000 y 2014, Ecuador perdió más de 14 mil millones de dólares por concepto de castigo al precio del crudo exportado, respecto al de la referencia West Texas Intermediate (WTI)”, subrayó Henry Llanes, experto en temas petroleros, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, como parte de la recepción de pruebas en el juicio político contra René Ortiz, exministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables.

Llanes indicó que los sucesivos decretos relacionados con la comercialización del petróleo crudo, incumplen lo determinado en los artículos 313 y 314 de la Ley de Hidrocarburos, lo cual perjudica los intereses del país al permitir el castigo del precio del crudo, sin que existan elementos técnicos que lo justifiquen.

Explicó que en el país existen 12 empresas que controlan el comercio de los hidrocarburos, en más de 1.180 estaciones de servicio o gasolineras.

Henry Llanes insistió que desde el año 2000 no se justifica la aplicación del castigo al precio del crudo ecuatoriano porque a partir de entonces se incrementó la demanda. Sin embargo, las autoridades del sector, seguramente por desconocimiento, permitieron que el país pierda ingentes recursos y se obligue a un incremento permanente en el precio de los combustibles.

A criterio del experto, Ecuador pierde, también, por la mezcla del crudo de calidad que proviene de la provincia de Orellana y el crudo pesado de Napo, lo que significa que el país desaprovecha la riqueza petrolera, debido a las decisiones inadecuadas de las autoridades, advirtió.

Lamentablemente, dijo, que hay enormes pérdidas por la importación de combustibles, cuando lo óptimo sería que tengamos buenas refinerías y comercialicemos los derivados, inclusive con el impulso a la industria petroquímica. Hay países que no tienen un solo barril de petróleo, pero tienen refinerías y procesan el crudo con importantes resultados, concluyó.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, se reunió con los periodistas que diariamente realizan la cobertura informativa de las actividades legislativas, con el propósito de entregar la Sala de Prensa, un espacio desde el que reporteros, camarógrafos y fotógrafos podrán procesar la información que será difundida a través de los respectivos medios de comunicación.

“La decisión de esta administración es brindar las facilidades para que los representantes de los medios de comunicación puedan desarrollar sus actividades de manera digna y adecuada”, resaltó la Presidenta.

En este espacio la Titular del Parlamento mantuvo un diálogo con la prensa, en el que aclaró que la Asamblea Nacional no bloquea ninguna política del Ejecutivo, pues lo único que ha hecho es pedirle al Presidente de la República que subsane los errores de forma y fondo que tiene el proyecto de Ley Creando Oportunidades.

Guadalupe Llori aseveró que similares problemas se detectaron en las primeras listas de candidatos a las Juntas de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Una vez que el Presidente de la República subsanó las observaciones y los candidatos cumplieron los requisitos, el Pleno de la Asamblea Nacional posesionó a los integrantes, resaltó.

También fue enfática en señalar que el respeto a la independencia de las funciones del Estado fortalece la democracia y la gobernabilidad, y que en ese contexto la Asamblea Nacional continúa trabajando en la aprobación de las leyes para la vida, para el pueblo, con respeto a la normativa constitucional y legal.

Insistió que una vez que el Ejecutivo subsane el proyecto de ley, le corresponde al CAL calificar el proyecto y remitir a una de las comisiones para el respectivo análisis y preparación del informe, para que sea conocido y debatido por el Pleno.

Guadalupe Llori ratificó la necesidad de abrir verdaderos canales de diálogo y comunicación para garantizar un trabajo conjunto con el Ejecutivo, los gobiernos autónomos descentralizados, pueblos y nacionalidades para lograr el bienestar de los ecuatorianos y la reactivación económica y productiva del país, que es lo que espera la ciudadanía. “El pueblo ecuatoriano esta cansado de disputas políticas, lo que necesita es estabilidad y trabajo. "Un proceso de consulta popular o muerte cruzada además de desestabilizar al país genera un gasto de varios millones de dólares, recursos que podrían servir para atender las necesidades ciudadanas”, enfatizó la Presidenta.

Con respecto al denominado caso “Pandora Papers” aseveró que la Asamblea Nacional está obligada a realizar la investigación, la que, por decisión del Pleno, está a cargo de la Comisión de Garantías Constitucionales, que tiene un plazo no mayor a treinta (30) días, para desarrollar su trabajo y presentar el respectivo informe.

El 10 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, con el fin de crear conciencia sobre este tipo de problemas que aquejan a la sociedad y sumar esfuerzos para mejorar la calidad de vida psicosocial de la población.

La vicepresidenta de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte, María José Plaza, dio la bienvenida al conversatorio y señaló que las consecuencias dejadas por el COVID-19 cambiaron la vida de toda la humanidad, no solo en el ámbito físico o laboral, sino principalmente en materia de salud mental.

Señaló que según un informe emitido por el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 hay un aumento del 37% de suicidios con relación al primer semestre del año pasado, asociado principalmente a la pérdida de seres queridos por coronavirus y a la pérdida de trabajo. Incluso antes de la pandemia, según cifras del INEC en el 2016, el suicidio ya era considerado la segunda causa de muerte en adolescentes y la tercera en adultos.

Gina Chacón, subsecretaria de Gestión Intergeneracional del Ministerio de Inclusión Económica y Social, señaló que han trabajado en conservatorios a nivel nacional e internacional, capacitaciones y charlas orientadas a “cuidadores de cuidadores”, jóvenes y adultos mayores en relación a la salud mental durante la pandemia.

La psicóloga clínica experta en seguridad y derechos humanos, Fernanda Torres, expuso sobre los desafíos para la salud mental desde la perspectiva de las personas privadas de libertad (PPL). A su criterio el Estado debería establecer un programa de rehabilitación social que brinde a los PPL herramientas para desenvolverse en el plano laboral, así como promover actividades que estimulen la inteligencia y autoestima.

Camilo Salazar, experto en derecho parlamentario, abordó su exposición sobre la normativa de la salud mental como una necesidad urgente de la realidad judicial ecuatoriana. Recalcó que los profesionales de la salud, en materia de Psicología, son los encargados de generar políticas de salud mental, las cuales deberían ser acogidas por el Gobierno. “La Psicología debe ser tomada en serio, para un proceso determinante para tratar el proceso de salud mental de la sociedad”, afirmó.

“La salud mental es tan importante como al salud física”, manifestó, María Emilia Jara, estudiante de Psicología y fundadora de Salud Mental Ecuador, quien se refirió al funcionamiento de la plataforma virtual para ayuda primaria psicológica a la comunidad. A este criterio, se sumó la gerente del proyecto de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, Ignacia Páez, quien se refirió a la salud mental como una política de Estado y un derecho humano.

La legisladora, María José Plaza, indicó que el Legislativo ha recibido cuatro proyectos de ley sobre salud mental, depresión y prevención de suicidios. Hizo un llamado a todos los legisladores a dar la importancia y celeridad al tratamiento de esta normativa y generar regulaciones normativas que aborden efectivamente la salud mental de los ecuatorianos.

La ministra de Salud Pública, Ximena Garzón, pidió al Gobierno de Israel que continúe con el trabajo conjunto para ir tras la nueva meta que es conseguir el mejor sistema de salud pública del Ecuador. Esto, a próposito de la donación de equipos de protección y sanitarios, realizada este lunes 11 de octubre.

“Gracias por los insumos que serán distribuidos a las diferentes unidades de los hospitales, a través de las coordinaciones zonales 8 y 9. Alcanzan un monto de inversión de 55 mil dólares, que se suma a una primera donación en 2020 y que permitió a nuestro personal contar con insumos de protección”, destacó la Autoridad Sanitaria.

La entrega se llevó a cabo en las bodegas del Beaterio, al sur de Quito. Participaron la Ministra junto al embajador israelí, Zeev Harel, y al cónsul Nadav Markman.

Garzón ratificó las excelentes relaciones bilaterales y de cooperación que históricamente existen entre ambas naciones. “El Gobierno de Israel siempre ha estado con nosotros en las circunstancias más críticas por las que hemos pasado y esta no es la excepción. Esperamos seguir contando con todo su apoyo en la cruzada que llevamos adelante por la salud del país. Demostramos que el trabajo en equipo es la clave del éxito. Primero nos unimos por el Plan 9/100, ahora es la oportunidad de lograr la reactivación económica y social. Juntos vamos a lograrlo”, subrayó.

El embajador Harel hizo la entrega a nombre del pueblo de Israel, para enfrentar la pandemia por la COVID-19. “Es un tiempo para mostrar nuestro apoyo y agradecimiento al cuerpo médico dedicado y valiente que está en primera línea salvando vidas. Las relaciones entre Ecuador e Israel son profundas e históricas y se fortalecen cada día más”, añadió.

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La Comisión de Garantías Constitucionales avocó conocimiento de la resolución emitida por el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado 7 de octubre, respecto a la investigación del caso denominado “Pandora Papers”.

Una vez socializado el documento, el presidente de la Comisión, José Cabascango, indicó que ya se cumplió uno de los puntos de la resolución. “Hemos solicitado a la Comisión de Fiscalización que remita de manera inmediata a esta mesa toda la información relacionada con la investigación”, señalo.

Así mismo, la Comisión de Garantías Constitucionales aprobó el cronograma de trabajo que llevará adelante para el proceso de investigación. Las primeras comparecencias vendrán de la academia, la cual brindará contexto constitucional y legal, nacional e internacional, sobre paraísos fiscales y la situación actual del Presidente de la República.

La Comisión también tiene previsto escuchar a representantes de medios de comunicación parte del Círculo Internacional de Periodistas de Investigación, responsables de la investigación “Pandora Papers”. Una vez recabados los elementos de las comparecencias anteriores, el ente Legislativo llamará al Presidente de la República al seno de la Comisión para que brinde la información necesaria y así continuar el proceso de fiscalización.

Además, los comisionados recibirán a representantes de instituciones públicas como: Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Servicio de Rentas Internas (SRI), Superintendencia de Bancos, Fiscalía y Contraloría. También convocarán a expertos internacionales y representantes de instituciones del exterior.

Una vez conocido el cronograma, el presidente de la Comisión abrió el debate. La asambleísta Paola Cabezas resaltó que el Presidente de la República no es procesado. “Estamos en procedimiento de fiscalización, aquí no deberíamos adelantar criterios”, dijo.

La legisladora Victoria Desintonio indicó que se realizará un trabajo serio y real, “sin fiscalización a domicilio”. El asambleísta Mario Ruiz recalcó que el tema es tratado por esta mesa, porque no hay confianza en la imparcialidad del Presidente y Vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización.

Por su parte, el asambleísta Édgar Quezada consideró importante notificar al Presidente de la República, a fin de que no alegue violación a sus derechos permitiéndole comparecer personalmente o delegar a quien considere pertinente.

A criterio del legislador Gruber Zambrano, es responsabilidad de los miembros de la Comisión investigar apegados a la verdad. “No se debe perseguir a nadie y hay que remitirse a las pruebas; aquí no vamos a juzgar, trabajaremos con ética y profesionalismo”, añadió. De su parte, la legisladora Sofía Sánchez indicó que la Fiscalía ya debió iniciar una indagación previa.

El asambleísta Virgilio Saquicela estuvo de acuerdo con la presencia del Presidente de la República a esa mesa legislativa. Entre los comparecientes dijo que se debería citar al Consejo Nacional Electoral para que explique cómo calificó la candidatura del Jefe de Estado. Recalcó que todo debe estar enmarcado en la legalidad y que el informe debe ir más allá de los intereses políticos.

La legisladora Fernanda Astudillo manifestó que se fiscalizará con transparencia, con el objetivo de dar respuesta a las inquietudes ciudadanas.

La mesa aprobó por unanimidad, la moción de la asambleísta Victoria Desintonio, la cual propone otorgar a los legisladores 24 horas para que entreguen los nombres de instituciones o personas que crean pertinente convocar, en torno a la investigación del caso Pandora Papers.

El Pleno de la Asamblea Nacional con 105 votos afirmativos resolvió requerir a la Comisión Especializada Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, que efectúe la investigación correspondiente del caso denominado “Pandora Papers”.

Mediante Resolución RL-2021-2023-032, aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional, el 07 de octubre, la mayoría de asambleístas tomaron la decisión con base en lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y en razón de que este caso se considera un hecho de gran interés ciudadano que ha generado seria conmoción social.

Los legisladores subrayaron que corresponde al Pleno de la Asamblea como máximo organismo de decisión del Parlamento, definir el procedimiento a seguir; en ese contexto el Pleno dispuso que la Comisión de Fiscalización y Control Político remita de manera inmediata toda la información y/o documentación relacionada con la investigación periodística de los “Pandora Papers”, a la Comisión de Garantías Constitucionales, que tendrá la competencia exclusiva para el conocimiento de este proceso de fiscalización.

La Comisión de Garantías Constitucionales deberá solicitar las comparecencias y requerir la información que considere necesaria, con el fin esclarecer la vinculación del Presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, dentro de este caso, relacionado con depósitos de dinero en paraísos fiscales.

Una vez concluida la investigación, la Comisión elaborará un informe pormenorizado, con sus respectivas recomendaciones, para que sea conocido y debatido ante el Pleno de la Asamblea Nacional, para lo cual tendrá un plazo no mayor a treinta (30) días, contados a partir de la notificación.

Con base a lo dispuesto por el Pleno del Legislativo, la señora Presidenta de la Asamblea Nacional no autorizó el pedido de Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, para realizar mediante vía telemática y presencial en el Palacio de Gobierno la Sesión que había previsto para conocer este caso.

La investigación sobre las revelaciones de los “Pandora Papers” deben esclarecer si el Presidente de la República posiblemente haya incumplido el mandato legal del pacto ético, que prohíbe a los candidatos y funcionarios públicos tener sus recursos o bienes en paraísos fiscales.