Hechos Ecuador

El presidente informó que el trabajo se realizará respetando la Constitución y la ley, e hizo un llamado a la unión para enfrentar “una de las crisis más grandes de las últimas décadas” en el país

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció este lunes que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se encargarán de “mantener el orden y la seguridad dentro y fuera del sistema carcelario de manera indefinida”, estando los militares permanentemente dentro de las prisiones con motivo de la crisis penitenciaria causada por los motines.

Así lo avanzó el mandatario en una rueda de prensa tras una reunión con los representantes del Estado, en la que han llegado a varios acuerdos para llevar a cabo “acciones conjuntas” con el objetivo de “brindar una respuesta integral a la ciudadanía”, informó el diario ecuatoriano El Universo.

El mandatario aseguró que el trabajo del Ejército y la Policía Nacional en los reclusorios se realizará “de conformidad con la Constitución y la ley” y ha llamado a estar “unidos ante este problema”, “una de las crisis más grandes de las últimas décadas en Ecuador”.

Por ello, en su cita con las Fuerzas Armadas, el Legislativo, Judicial o la Fiscalía, se han registrado un total de seis acuerdos, entre ellos “iniciar un proceso de pacificación a través del diálogo y con el apoyo de la sociedad civil”.

Fuerzas Armadas en la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil tras el motín del fin de semana pasado (REUTERS/Santiago Arcos)

También, se enviará un proyecto de ley de Defensa Ciudadana, elaborado por el Ministro de Gobierno y la Fiscalía, a la Asamblea Nacional, al tiempo que se coordinarán acciones más ágiles con el Consejo de la Justicia y el Tribunal Constitucional, recoge el medio ecuatoriano.

Al respecto de los acuerdos, el Constitucional autorizó la presencia de los militares solo en los exteriores de las cárceles, por lo que se debe abordar como se llevará a cabo la medida.

Por su parte, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) impulsará mesas de diálogo para la reparación a las víctimas que lo deseen y, por otro lado, se indultará a los internos con enfermedades catastróficas, además de que se acelerarán las investigaciones respecto a estos sucesos.

El presidente ha insistido en que la “única forma” de “vencer a este enemigo”, es la “unidad del pueblo ecuatoriano y con la Constitución en la mano”, así como ha instado a “enfrentar unidos” este “problema global”. El “acuerdo nacional” cuenta con apoyo de la sociedad civil y organismos internacionales.

Familiares de presos en la puerta de la cárcel de Guayaquil en la que hubo un motín (REUTERS/Santiago Arcos)

En este contexto, antes del anuncio, el Gobierno de Ecuador desplegó este lunes a 3.000 militares y otros 1.000 policías en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, escenario este fin de semana de un nuevo motín que ha dejado 68 presos muertos y más de 40 heridos.

Con base en las pruebas presentadas por el fiscal del caso, Jorge Vélez, el Tribunal de la Sala Multicompetente Provincial de Justicia de Chimborazo declaró culpables del delito de tráfico de influencias –como autor y coautores, respectivamente– a Delfín Q., alcalde de Guamote; Iván M. y Segundo P., funcionarios municipales; y los sentenció a cinco años de pena privativa de la libertad.

Además, el fallo incluye disculpas públicas en un medio de comunicación local y la publicación de una placa en el Municipio de Guamote, en la que se establezca que no se cometerán actos de corrupción en esa jurisdicción.

Las pruebas presentadas determinaron la compra de insumos de bioseguridad (mascarillas, amonio cuaternario, guantes y otros) con sobreprecio, favoreciendo a Rafael Q., por un monto de 96.608 dólares (más IVA).

En la audiencia de juicio, el fiscal Vélez presentó ante el Tribunal veintiséis testimonios y peritajes, y cincuenta pruebas documentales, entre las que se incluyen: certificaciones del portal de compras públicas, el informe pericial de contratación pública (procesos de compra otorgados en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19), pericia informática, el informe de indicios de responsabilidad penal otorgado por la Contraloría, el informe documentológico, peritaje de marketing y compras públicas y la constatación de precios (mismos que no serían concordantes con los precios del mercado).

Esta abundante prueba presentada por Fiscalía, llevó al Tribunal a dictar la máxima pena para este tipo penal.

Información jurídica

El delito de tráfico de influencias está tipificado en el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) determinó como de alta prioridad el tratamiento de todos los proyectos de ley referentes a la seguridad del Estado y seguridad ciudadana, rehabilitación social o que correspondan a materias conexas y que se encuentren en conocimiento de las Comisiones de Justicia y Estructura del Estado; Soberanía y Seguridad Integral; y, Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad.

En tal sentido dispuso a los presidentes de dichas comisiones que, en el plazo de 7 días a partir de la notificación, presenten al CAL un cronograma priorizando el tratamiento de los proyectos en estas materias.

La legisladora Nathalie Arias se encargará de hacer el seguimiento respecto del cumplimiento del cronograma en la Comisión de Justicia; Johanna Moreira en la de Soberanía y Seguridad Integral; y Darwin Pereira en la Comisión de Garantías Constitucionales.

La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori Abarca, hizo un llamado a las comisiones legislativas a dar el tratamiento prioritario.

Además, el CAL calificó a trámite los proyectos de Ley para el uso legal, proporcional, adecuado y necesario de la fuerza; de seguridad privada (dos); seguridad digital, ciberseguridad, ciberdefensa y ciberinteligencia, mismos que serán analizados por la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral. También, el proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal y Ley de Navegación, Gestión de la Seguridad y Protección Marítima y Fluvial para sancionar los delitos en los espacios acuáticos nacionales que serán analizados por la Comisión de Biodiversidad.

Por otro lado, luego de verificar los requisitos, el CAL calificó con 6 votos a favor el inicio de proceso disciplinario en contra del asambleísta Diego Ordóñez Guerrero, una vez que la asambleísta Mónica Palacios completó la queja, conforme el artículo 173 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

En otro orden, el CAL conoció varias solicitudes de amnistía, mismas que fueron remitidas a la Unidad Técnica Legislativa (UTL), para que verifique el cumplimiento de los requisitos y pertinencia establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Una vez que el CAL emita el dictamen previo de admisibilidad, el Secretario de la Asamblea, en el plazo de 2 días, remitirá a la Comisión Especializada encargada de tramitar el tema, a fin de dar inicio al pedido solicitado.

De igual forma conoció las solicitudes sobre indultos y remitió a la Comisión Administrativa coordinada por la Unidad Técnica Legislativa para verificación del cumplimiendo de requisitos.

La Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa continuó el análisis de las observaciones planteadas al proyecto de Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19, que fue presentado por el Ejecutivo con el carácter de urgente.

Durante la sesión realizada la noche de este jueves se dio lectura a las mociones presentadas por la asambleísta Wilma Andrade, en torno a la protección de inversiones en curso, la deducción del Impuesto a la Renta y auspicios para inversiones en proyectos de remediación ambiental y bioemprendimientos.

La legisladora Nathalie Arias, por su parte, presentó seis mociones, en torno al acogimiento del régimen impositivo, el fortalecimiento de procesos tributarios, reliquidación de tributos, obligación tributaria, las mismas que tuvieron el voto favorable de la mesa.

César Rohon, puso a consideración seis mociones en relación al impuesto, al valor agregado y a la enajenación ocasional de inmuebles. La asambleísta Diana Pesántez solicitó que se mantenga la tarifa específica para las bebidas alcohólicas, conforme lo establece el artículo 82 numeral 4 de la Ley de Régimen Tributario Interno, a fin de que se genere una categoría diferenciada con la misma tarifa para las de fabricación artesanal.

Ante la presentación del informe por parte del asambleísta Carlos Zambrano, la mesa legislativa solicitó al titular de la Comisión analizar con mayor profundidad cada de los puntos planteados en dicho documento. La Comisión proseguirá mañana con el debate a partir de las 08h00.

Comparecencia

De acuerdo con los pedidos de los integrantes de la Comisión, a esta sesión acudió un delegado del Ministerio de Finanzas, quien explicó las inquietudes sobre el Impuesto a la Renta y las deducciones. A criterio del funcionario la reforma tributaria responde a los principios de progresividad y justicia.

Un siglo después del descubrimiento de la insulina como tratamiento para la diabetes, sigue estando fuera del alcance de muchas personas que viven con esta enfermedad, según un nuevo informe de la agencia de la salud de la ONU, publicado este viernes.

El informe “Cumplir la promesa de hace100 años: hacer universal el acceso a la insulina” detalla los principales obstáculos para acceder a este medicamento vital para muchas personas; entre otros, los elevados precios, la escasa disponibilidad de insulina humana, un mercado dominado por unos pocos productores y la debilidad de los sistemas sanitarios.

El beneficio por encima de la solidaridad

La enfermedad de la diabetes se caracteriza por presentar niveles elevados de azúcar en sangre que, con el tiempo, pueden dañar gravemente muchos órganos y sistemas, como el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y el sistema nervioso.

La insulina es la "piedra angular" del tratamiento de la diabetes, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja con los países y los fabricantes para ampliar el acceso a todas las personas que la necesitan.

"Los científicos que descubrieron la insulina hace 100 años se negaron a beneficiarse de su descubrimiento y vendieron la patente por un solo dólar", explicó su director general Tedros Adhanom Ghebreyesus..

"Desgraciadamente, ese gesto solidario ha sido suplantado por un negocio multimillonario que ha creado enormes brechas de acceso", añadió

La insulina no llega a millones de personas

Existen dos tipos de diabetes. La de tipo 1, conocida anteriormente como diabetes juvenil, es una enfermedad crónica en la que el páncreas produce poca o ninguna insulina. Para nueve millones de personas en todo el mundo que padecen diabetes de tipo 1, tener acceso a la insulina convierte la enfermedad en algo manejable.

La forma más común de diabetes es la de tipo 2, que suelen padecer los adultos. Se produce cuando el organismo se vuelve resistente a la insulina o no la produce en cantidad suficiente.

La agencia para la salud afirma que para más de 60 millones de personas que viven con diabetes de tipo 2, la insulina es esencial para reducir el riesgo de insuficiencia renal, ceguera o amputación. Sin embargo, una de cada dos personas que necesitan este medicamento no lo reciben.

Aunque el número de enfermos de diabetes está aumentando en los países de ingresos bajos y medios, no lo ha hecho así el consumo de insulina.

Asimismo, a pesar de que tres de cada cuatro personas con diabetes de tipo 2 viven fuera de Norteamérica y Europa, estos representan menos del 40% de los ingresos por ventas de insulina.

Cerrar la brecha de la insulina

El informe ofrece medidas para mejorar el acceso a la insulina y productos afines.

Las acciones incluyen el impulso de la producción y el suministro de insulina humana, y la diversificación de la fabricación de productos biosimilares para crear competencia y reducir los precios.

La Organización Mundial de la Salud  explicó que los mercados mundiales han pasado de la insulina humana, que puede producirse a un coste relativamente bajo, a las insulinas sintéticas más caras, que pueden ser hasta tres veces más caras.

La agencia de la ONU pidió que se mejorara la asequibilidad regulando los precios y los márgenes de beneficio mediante la adquisición conjunta y una mayor transparencia de los precios, y fomentando la capacidad de fabricación local en las regiones insuficientemente atendidas.

La Comisión de Fiscalización y Control Político continuó la recepción de pruebas de cargo, en la sustanciación de las solicitudes de juicio político en contra de Víctor Anchundia, superintendente de Compañías, presentadas por Luis Almeida y Ricardo Vanegas. Acudieron al organismo exfuncionarios del Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL), el liquidador y la interventora de la compañía Ecuagran.

José Ibánez, liquidador de Ecuagran, subrayó que se demostró que las transacciones realizadas por esta compañía estuvieron marcadas por el incumplimiento de la normativa, así como la adecuación de los balances y la utilización de un sistema de exportaciones ficticias para aumentar los pasivos y hacer más atractivas las inversiones. Detalló algunas de las operaciones ilegales desarrolladas por la empresa, sin que haya existido control de las autoridades del ramo, quienes tenían la obligación legal de cuidar a los inversionistas.

Entre tanto, Silvia Solano indicó que en su calidad de interventora no tiene como aportar con mayores elementos, porque únicamente es la encargada de recibir los reportes e informes y direccionarlos a sus superiores.

De su lado Juan Rueda, exdirector General del ISSPOL, aseguró que el perjuicio para los afiliados y pensionistas de la entidad supera los US$ 900 millones, a través de siete tramos de inversión, entre ellos las operaciones de intercambio de recursos, como el caso de 327 millones de dólares invertidos hasta 2034, mediante intercambio con bonos emitidos por Citibank. Aseguró que, por falta de control, en este caso tienen responsabilidad, no solo la Superintendencia de Compañías, sino el Banco Central y varias entidades financieras.

A su turno, el periodista de Diario Expreso, Guillermo Lizarzaburo, dijo que no se explica cómo entidades serias realizan operaciones por tres millones de dólares con una compañía recién creada y con un capital de 800 dólares. Reveló algunos de los nombres de personas que estarían involucradas en esta trama para despojar de sus recursos al ISSPOL.

Para César Aquilla, exjefe de inversiones del ISSPOL, quien se limitó a solicitar la lectura de un documento en el cual se establece el tiempo que estuvo al frente del área de inversiones, lo que se hizo fue cumplir con un proceso que parte de la recaudación de los aportes de los afiliados, del patrono y el aporte del Estado; luego se determina si existe un excedente, se busca cómo invertir. Aquí interviene la Comisión, revisa la información de las casas de valores y se escogen aquellas operaciones que resultan más convenientes. Explicó que en su período no hubo ningún manejo irregular de las inversiones, pues este sistema se vuelve una rutina.

Mientras, Hilda Vásquez, interventora externa de Ecuagran, dijo que su participación se ajusta a lo establecido en el reglamento y tiene que ver con el registro de los movimientos económicos, pagos, autorización de cheques y control de ingresos y gastos.

Finalmente, Renato González, director del ISSPOL, subrayó que hubo una cadena de omisiones en el control de las actividades de las empresas que ofertaron servicios al instituto asegurador, inclusive con medios de inversión que no constan en ninguna parte de la legislación ecuatoriana. Añadió que hay contratos que superan los 500 y hasta los 700 días, que no están registrados en el catastro de las casas de valores.

En el marco de la sustanciación de las solicitudes de juicio político contra de Víctor Anchundia, superintendente de Compañías, planteadas por Ricardo Vanegas y Luis Almeida, por incumplimiento de funciones, la Comisión de Fiscalización recibió los testimonios de actores relacionados con el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol) y del Fondo de Cesantía del Magisterio Nacional.

Pablo Guzmán Narváez, exdirector de prestaciones del Isspol, aseguró que desconoce el período de actuación del Superintendente de Compañías y de montos, cantidades y rubros que afectaron a la institución. No obstante, manifestó su preocupación por lo ocurrido en el Isspol pues, a su criterio, hubo omisiones de parte del organismo de control.

Marlon Tenecela, presidente del Fondo de Cesantía del Magisterio, explicó que de buena fe invierten sus recursos en los papeles que se emiten a través de las bolsas de valores, con la convicción de que todo cuanto se negocia en las bolsas de valores cuenta con la supervisión y la autorización de la Superintendencia de Compañías.

Aseguró que el Fondo del Magisterio registra en sus libros el perjuicio causado por la falta de pago de capital e intereses de las inversiones efectuadas a través de la compra de obligaciones emitidas por las compañías Delcorp y Ecuagran.

Enfatizó que se evidencia incumplimiento de deberes por parte de la Superintendencia de Compañías, no solo por la inversión realizada, sino porque tiene que supervigilar, controlar que las calificadoras de riesgo cumplan los requisitos, para las inversiones.

Luis Almeida, en su condición de interpelante, pidió se explique qué ha hecho el Fondo de Cesantía al conocer que sus inversiones estuvieron en riesgo. Al respecto, Tenecela indicó que presentaron una denuncia por estafa, y pidieron se agilice el proceso, porque está en juego el dinero de los maestros invertidos de buena fe. Mientras, Ricardo Vanegas consultó contra qué personas se ha presentado la denuncia. El compareciente indicó que se trata de los dueños de las empresas Delcorp y Ecuagran.

Pruebas de oficio

La Comisión calificó las pruebas de oficio remitidas por el titular de la mesa, Fernando Villavicencio. Por unanimidad, aprobó solicitar a la Superintendencia de Compañías remita información respecto de las aseguradores; además, la comparecencia de Yesenia Riofrío, directora Regional de Seguros; y Jorge Lince, intendente Nacional de Seguros.

Sistema SUCRE

En otro orden, los asambleístas aprobaron nuevas comparecencias, para el miércoles, 17 de noviembre, a partir de las 15h30. Acudirán David Maridueña Vargas, excontador de empresas que utilizaron el sistema SUCRE; Mateo Villalba, exgerente del Banco Central; Diego Zurita, exoperador crediticio del Banco Central; Diego Martínez Vinueza, expresidente del Directorio del Banco Central; Gustavo Pinto, abogado de los perjudicados del caso Coopera; el Gerente del Banco Guayaquil; y la insistencia para que comparezca la exministra de Inclusión Económica y Social, Doris Soliz.

Cárceles

Al inicio de la sesión, los legisladores expresaron su rechazo e indignación por los hechos que se suscitan en las cárceles del país y por la muerte de varias personas privadas de libertad. “Es hora de que el Presidente de la República actúe, ya no se debe culpar a nadie; es hora de asumir responsabilidades, no puede haber cárceles sin Estado. Es impresentable lo que se está viviendo, que se esté desconocimiento el sufrimiento de seres humanos que, más allá de que hayan cometido error, están en la penitenciería a merced de las mafias incontrolables”, fueron parte de los comentarios expresados por la mesa de Fiscalización.

Los asambleístas Joel Abad y Mario Ruiz, de la bancada de Pachakutik, presentaron la solicitud de juicio político en contra de los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral (CNE), por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la Ley, al amparo de lo dispuesto en el artículo 131, de la Carta Magna.

A criterio de Joel Abad, para nadie es desconocida la serie de irregularidades que se presentaron en el CNE. Indicó que uno de los problemas evidenciados en los comicios de 2021 fue el incremento inusual del número de electores en el correspondiente registro, por alrededor de un millón 700 mil ciudadanos.

De su lado, Mario Ruiz, señaló que el CNE tiene que dar respuesta al país de lo que ocurrió en las elecciones generales de 2021. “La bancada de Pachakutik está en la obligación moral, jurídica y política de presentar en esta Asamblea Nacional un juicio político a los miembros del Consejo Nacional Electoral por no haber cumplido con su deber, por no haber respetado la ley y por no haber garantizado un proceso electoral transparente”, enfatizó.

Indicó que la solicitud de juicio político cuenta con el respaldo de 40 firmas, principalmente de asambleístas que pertenecen a las bancadas de Pachakutik y de Izquierda Democrática.

Entre las causales, los proponentes del juicio consideran que el CNE incumplió funciones al negar la solicitud formulada por varios candidatos presidenciales, entre ellos Yaku Pérez, quien representó a Pachakutik y el actual Mandatario, Guillermo Lasso, para que se abran 39 mil urnas que presentaban inconsistencias, para verificar si efectivamente lo que constaba en las actas correspondía al pronunciamiento popular. La decisión del CNE contravinó lo previsto en el artículo 148 de la Ley de Elecciones, advirtieron.

Ruth Arregui Solano, superintendente de Bancos, compareció ante el Pleno para informar sobre la auditoría y los resultados de los inconvenientes presentados en el funcionamiento de banca móvil, banca web, corresponsales “Mi Vecino”, aplicativo “De Una” y ATM multifunción del Banco Pichincha, por un incidente de ciberseguridad en los sistemas informáticos.

En su exposición Arregui aseguró que en el año 2021 las supervisiones han estado concentradas en los principales riesgos como el de crédito operativo, de liquidez y sus mitigantes. Dijo que el viernes 8 y sábado 9 de octubre la Superintendencia fue informada de unas pruebas que están dentro de su plan de estabilización, para poder incorporar las mejoras dentro del manejo de la seguridad de información y de lo tecnológico del Banco Pichincha.

El domingo 10 del mismo mes el Banco Pichincha notificó un incidente en los canales de atención, para lo cual la Superintendencia de Bancos instruyó a un equipo de supervisión para que detecte qué tipo de problemas trataba estas intermitencias y el lunes 11 se activó el plan de contingencia.

Frente al incidente explicó que se dispuso una auditoría forense que realice las acciones correspondientes para no afectar a los clientes. “Se implementa un proceso de supervisión basada en riesgos. Uno de los objetivos es validar la información reportada por la institución financiera. En el Banco Pichincha está en proceso una auditoría forense independiente, respecto al incidente presentado”.

Debate

El legislador Darwin Pereira, proponente de la resolución, hizo una exposición cronológica de los inconvenientes que atravesaron los clientes del banco por la inhabilitación de los servicios. Expuso que más de 5 millones de usuarios se quedaron sin respuesta frente a la ausencia de los servicios y sin una autoridad que les respalde.

De su lado, Henry Kronfle dijo que la presentación de la Superintendenta de Bancos ha sido muy técnica y apolítica. El asambleísta Rodrigo Fajardo indicó que lo primero que hay que hacer es verificar que la ciudadanía no haya sido afectada y que las autoridades de control sean capaces de resolver, mitigar y sobre todo, responsabilizarse de los ataques.

Voces sociedad civil

Los legisladores escucharon a Harold Burbano Villarreal, del colectivo “Mis datos me pertenecen”, quien expuso sobre la importancia de la protección de la información confidencial de los bancos para el proceso de control y propuso iniciar una investigación por la divulgación de datos.

Por su parte Maura Paulina Falcón, cliente del Banco Pichincha relató el presunto atropello y vulneración de sus derechos por parte de la institución bancaria. Tras detallar el proceso judicial por embargo de su vivienda solicitó el estudio de su caso.

El presidente de la Conaie,  Leonidas Iza,  anunció que tras el diálogo Guillermo Lasso se llegó a un consenso en 3 de los 6 puntos tratados.  El dirigente mencionó que,  en los próximos 15 días,  el gobierno revisará el tema de los combustibles. 

Reunión sobre el precio de los Combustibles termina sin acuerdo en Ecuador

La Confederación de Nacionalidades Indígenas Conaie ha liderado la protestas contra el Gobierno de Lasso

Exige congelar los precios a 1,5 dólares por galón de diésel y 2,10 el galón de gasolina

El vocero de la Presidencia Carlos Jijon

 informa que la reunión que el Gobierno mantiene a estas horas de la tarde con la Conaie,  hasta el momento se mantienen las negociaciones por el precio de los combustibles sin que aún tengan acuerdos. 

Ministra de Gobierno Alexandra Vela,  se contradice,  primero dijo que habían llegado a 3 acuerdos con la Conaie,   luego rectifica y señala que son 3 coincidencias,  pero no acuerdo. 

Guardia presidencial impide que Leonidas Iza,  presidente de la Coanie,  dialogue con los medios de comunicación,  a su ingreso al Palacio de Carondelet,  antes del diálogo con el presidente.