Listas las Primeras papeletas para elecciones del 2023

El pueblo sigue olvidado por el Gobierno. Se han olvidado de los más vulnerables!!

Consejeros destituidos del CPCCS presentan acción de protección para recuperar sus cargos

La Asamblea Nacional cumplió esta semana una importante gestión en materia legislativa y fiscalización. Aprobó dos leyes en beneficio de los trabajadores y comerciantes minoristas, y censuró políticamente a cuatro autoridades del Consejo de Participación Ciudadana.

El Pleno se ratificó en la aprobación del proyecto de Ley de Defensa de Comerciantes Minoristas

La Asamblea Nacional ratificó el texto aprobado del proyecto de Ley de Defensa del Comerciante Minorista y Trabajador Autónomo. Esta normativa tiene como objeto regular, fomentar, incentivar y garantizar las actividades productivas de comercio y servicios de los trabajadores autónomos y de los comerciantes minoristas, quienes constituyen una parte fundamental del sistema económico popular y solidario. También busca defender los derechos de los trabajadores autónomos; de las personas que desarrollan actividades de fabricación, producción, distribución y comercialización de bienes y a las personas que prestan servicios, de manera personal, ambulante o fija, habitual o temporal, sin relación de dependencia. En otro tema, el presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, posesionó a Juan Carlos Larrea como Procurador General del Estado, para el período de cuatro años.

La Legislatura censuró y destituyó a cuatro consejeros de Participación Ciudadana

Tras nueve horas de sesión, el Pleno de la Asamblea Nacional censuró y destituyó a Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y Hernán Ulloa, miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por incumplimiento de funciones al reformar el Reglamento para la elección de Contralor y por la falta de transparencia en la designación de Superintendente de Ordenamiento Territorial. La resolución será notificada al Ministerio de Trabajo, a fin de que registre la censura y destitución de los referidos consejeros y, en consecuencia, se disponga la prohibición de ejercer cargos en el sector público por el plazo de dos años, de conformidad con lo prescrito en el artículo 85 inciso segundo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en concordancia con el artículo 15 de la Ley Orgánica de Servicio Público.

Asamblea aprobó proyecto para que los encargos de puestos jerárquicos sean reconocidos económicamente

Con la presencia de representantes de sindicatos de diversas provincias del país, el Pleno de la Asamblea aprobó por unanimidad el proyecto de Ley Reformatoria a varias Leyes para la Defensa y Garantía de los Derechos Individuales y Colectivos de los Trabajadores. La propuesta atiende el anhelo de los sectores sindicales, sobre todo del sector público, pues cuando un obrero público se le designa provisional o temporalmente en un cargo de jefatura o dirección no recibe incremento de sueldo o mejoras salariales, aduciendo que el Código de Trabajo no prevé la figura de encargo o subrogación. En otro orden, declaró cuatro fechas conmemorativas de celebraciones andinas Raymi. El 21 de marzo se celebrará el “Pawkar Raymi”, fiesta del florecimiento de la vida; el 21 de junio será la conmemoración del “Inti Raymi” o del sol y la cosecha; el 21 de septiembre como fecha conmemorativa del “Kulla Raymi”, el inicio de la vida, preparación de la tierra para la siembra; y, el 21 de diciembre será la conmemoración del “Kapak Raymi”, la celebración del conocimiento, sabiduría y aparición de un nuevo liderazgo.

La jugosa oferta de un trabajo estable en el sector público fue la coartada que María Susana M. utilizaba para engañar a sus víctimas.

Ella fue sentenciada a una pena privativa de la libertad de ocho años por el delito de estafa. El fallo de primera instancia fue apelado por su defensa, pero la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó su condena, dándole la razón a Fiscalía, que motivó –por segunda vez– su acusación.

Los jueces consideraron que no se violentó el derecho a la defensa de la procesada, como alegaba la defensa. Por el contrario, en su resolución oral, indicaron que las pruebas practicadas por Fiscalía en la audiencia de juicio fueron contundentes para determinar la responsabilidad de María Susana M. en la estafa masiva.

De esta manera, la Sala –además de ratificar la pena privativa de la libertad de la acusada–confirmó el pago de la multa de treinta salarios básicos unificados y de una reparación integral de 6.000 dólares.

Los hechos

De acuerdo a los hechos probados por Fiscalía en la audiencia de juicio y ratificados en la apelación por el fiscal Erick López, entre abril y mayo de 2018, María Susana M. contactó a varias personas del cantón San Migue de Los Bancos ofreciéndoles plazas de trabajo en instituciones públicas.

A cambio de ubicarlos en el puesto, ella pedía una suma de 6.000 dólares. La mitad de ese dinero –decía– era para la conformación de una empresa que se encargaría de gestionar los contratos. Los otros 3.000 se iban a emplear para la adquisición de vehículos con los que se prestarían servicios en instituciones públicas. Todo fue un engaño.

Estos ofrecimientos los hacía en contubernio con otro hombre, a quien Fiscalía también procesó por los mismos hechos, alcanzando la misma sentencia condenatoria de ocho años en su contra. La Corte Provincial de Justicia de Pichincha rechazó –de igual manera– el recurso de apelación que él interpuso.

La pericia contable que el fiscal Erick López presentó en las audiencias de juicio y de apelación determinó que María Susana M. sí recibió en su cuenta 6.000 dólares de parte de una víctima, configurándose así su responsabilidad en el delito de estafa masiva, en el grado de coautoría, fallo que se ratificó en la audiencia de apelación.

Información jurídica

María Susana M. fue sentenciada con base en el artículo 186, inciso primero –en concordancia con el inciso tercero– del Código Orgánico Integral Penal: “la persona que, para obtener un beneficio patrimonial para sí misma o para una tercera persona, mediante la simulación de hechos falsos o la deformación u ocultamiento de hechos verdaderos, induzca a error a otra, con el fin de que realice un acto que perjudique su patrimonio o el de una tercera, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. La persona que perjudique a más de dos personas o el monto de su perjuicio sea igual o mayor a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años”.

Por convocatoria del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, el Pleno sesionará este viernes, 18 de noviembre, a las 14h30, con el propósito de proceder al juicio político en contra de Hernán Ulloa, Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo Macías, vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por incumplimiento de funciones al reformar el Reglamento para la designación del Contralor y por la falta de transparencia en la designación del Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo.

Dichas causales constan en la solicitud de enjuiciamiento político presentada por los asambleístas Ángel Maita y Mireya Pazmiño, quienes sustentaron sus afirmaciones ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, dentro de la fase de actuación de pruebas.

Esta convocatoria responde a la decisión adoptada por el Pleno de la Asamblea Nacional, este martes, 15 de noviembre, con 84 votos afirmativos, por la cual resuelve enjuiciar políticamente a los cuatro consejeros y consejeras del CPCCS, al haberse encontrado méritos suficientes conforme a la solicitud y pruebas presentadas y practicadas en el juicio político interpuesto por los legisladores Maita y Pazmiño.

Procedimiento

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la fecha y hora señaladas los asambleístas interpelantes llevarán adelante el juicio político por el lapso de dos horas, con base en las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo probatorio respectivo.

A continuación, la funcionaria o funcionario enjuiciado políticamente, en el lapso máximo de tres horas, presentará sus alegatos de defensa ante el Pleno de la Asamblea Nacional sobre las acusaciones imputadas en su contra, con base en las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo probatorio respectivo.

Luego, cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de una hora. Finalizada la intervención de la funcionaria o funcionario, se retirará del Pleno y el Presidente de la Asamblea Nacional declarará abierto el debate, en el cual podrán intervenir todos los asambleístas y exponer sus razonamientos por el tiempo máximo de diez minutos, sin derecho a réplica. De no presentarse al término del debate, una moción de censura y destitución, se archivará la solicitud.

La Comisión de Desarrollo Económico debatió el proyecto de reformas a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica que Regula la Inversión de los Recursos para Proyectos de Desarrollo Territorial, en el marco de la construcción del informe para segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Este proyecto propone redireccionar fondos que hasta el momento son administrados por las hidroeléctricas públicas y privadas del país, para que pasen de ser dirigidos por los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y que se reinviertan en proyectos de desarrollo social.

Entre las observaciones planteadas durante el primer debate en el Pleno del Parlamento, se propone destinar un determinado monto para los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales y agregar la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes como uno de los proyectos de inversión posibles producto de la reinversión de los fondos.

El asambleísta Cristian Yucailla sugirió que se destinen recursos para la conservación de los páramos, ya que proveen de agua a las propias hidroeléctricas.

Asimismo, la vicepresidenta la de la Comisión, Wilma Andrade, resaltó la importancia de que conste en el informe que durante procesos de construcción, operación y mantenimiento de las centrales de generación se dará prioridad a los proyectos que promuevan el uso de tecnologías limpias y energías alternativas, tomando en consideración el avance que debe existir en el país.

El parlamentario al presentar formalmente la solicitud de juicio político sostuvo que el ministro de Agricultura y Ganadería, Bernardo Manzano Díaz ha incumplido sus funciones establecidas en la Constitución y la ley.

Ricardo Vanegas espera que la solicitud sea calificada por el Consejo de Administración Legislativa y remitida a la Comisión de Fiscalización para que inicie el proceso de sustanciación.

Afirmó que durante la sustanciación de esta petición demostrará que el Ministro de Agricultura y Ganadería ha incumplido los mandatos legales a los que por mandato constitucional y legal se encontraba obligado a respetar.

A criterio del legislador el ministro Manzano incumplió lo que determina la Constitución, la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales y otras normas al revertir las adjudicaciones realizadas de forma constitucional, en legal y debida forma a predios agrícolas situados dentro de la denominada “Hacienda Ayalán” y que desarrollan su plena capacidad de aprovechamiento productivo.

Recordó que la adjudicación de los predios responde a un proceso de compra venta a través de una mediación de la Procuraduría General del Estado, pero que el Ministerio de Agricultura, a través del Subsecretario de Tierras, ha realizado actos administrativos de reversión de esas tierras, sin considerar el acta de mediación como cosa juzgada.

El costo mundial de las importaciones de alimentos ascenderá a 1,94 billones de dólares en 2022, una cifra más alta de lo previsto anteriormente, según destaca un nuevo informe de Perspectivas Alimentarias publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

La nueva previsión marcaría un máximo histórico y un incremento del 10% respecto al anterior récord registrado en 2021, aunque se espera que el ritmo de crecimiento se ralentice en respuesta al aumento de los precios mundiales de los alimentos y la depreciación de las divisas frente al dólar estadounidense.

El organismo destaca que ambos factores pesan sobre el poder adquisitivo de los países importadores y, en consecuencia, sobre los volúmenes de alimentos importados.

Peligra la comida de los países de bajos ingresos

La mayor parte del aumento de la factura de las importaciones corresponde a los países de renta alta, debido sobre todo a la subida de los precios, aunque también se espera que aumente su volumen. Pero, la subida de precios afecta más a los grupos de países económicamente vulnerables.

A modo de ejemplo, se prevé que la factura total de las importaciones de alimentos para el conjunto de los países de bajos ingresos permanezca apenas sin cambios, si bien se prevé que disminuya un 10% en términos de volumen, lo que apunta a un problema de acceso a la comida cada vez mayor para estos países.

"Estas señales son alarmantes desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, ya que indican que los importadores sufren dificultades para costear el aumento de los precios internacionales, lo que podría presagiar el fin de su capacidad de resistencia a la subida de los precios internacionales", advierte el informe de la Dirección de Mercados y Comercio de la FAO.

El informe advierte sobre un posible ensanchamiento de las diferencias existentes y la desigualdad, ya que los países de altos ingresos siguen importando toda la gama de productos alimentarios, mientras que las regiones en desarrollo se centran cada vez más en los alimentos básicos.

En este contexto, la Organización celebró la aprobación por parte del Fondo Monetario Internacional de una “Ventanilla para el Choque Alimentario”, que estará disponible durante un año para proporcionar mayor acceso a la financiación de emergencia a los países que se enfrentan a necesidades urgentes de balanza de pagos relacionadas con la crisis alimentaria mundial.

El estudio también prevé que la factura mundial de las importaciones de insumos, incluyendo los fertilizantes, aumente hasta los 424.000 millones de dólares en 2022, un 48% más que el año anterior y hasta un 112% más que en 2020.

El incremento de los costes de la energía y los fertilizantes importados son los responsables de esta previsión.

Estuardo Juvenal C., presunto autor del femicidio de su conviviente, Dayanara C., se encuentra con prisión preventiva.

Así lo dispuso la jueza Soraya Quintero, durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos. Además, ordenó medidas de protección a favor de la madre de la víctima y demás familiares.

La madrugada del viernes 11 de noviembre de 2022, Juvenal C. trasladó a su pareja –la víctima–, de 26 años, hasta el hospital Vicente Corral Moscoso de Cuenca. Allí, el personal de salud verificó que la mujer llegó sin signos vitales; sin embargo, le brindaron reanimación, pero solo confirmaron su deceso.

La autopsia reveló que la víctima falleció a causa de un trauma craneoencefálico. Además, tenía lesiones en el rostro, antebrazos, muslos y otras partes del cuerpo.

La fiscal Fernanda Aguirre expuso los elementos de convicción recopilados durante la investigación: acta del levantamiento del cadáver, informe de la autopsia médico-legal, versiones del médico que atendió a la víctima en la casa de salud y del agente aprehensor, informe médico pericial de lesiones del procesado y un informe de investigación de la Dinased.

Información jurídica

Fiscalía procesó a Estuardo Juvenal C., con base en los artículos 141 y 142 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifican y sancionan el delito de femicidio con privación de libertad de veintidós a veintiséis años.