Hechos Ecuador

La Comisión de Relaciones Internacionales recibió las comparecencias de Katherine Herrera, del Ministerio del Interior y de Christian Matute, de la Secretaría de Derechos Humanos, con el fin de tratar algunos nudos críticos dentro del articulado para segundo debate del proyecto de ley Orgánica contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes .

Para el análisis de las observaciones al proyecto, la Comisión llevó a cabo mesas técnicas de trabajo con instituciones y equipos de los legisladores, en donde se plantearon modificaciones sobre regularización migratoria, difusión de servicios de atención de víctimas de trata, ente rector y elaboración de política pública de prevención. En este sentido, el debate se centró en definir el ente encargado de la rectoría y desarrollo de la política pública en materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes.

Herrera afirmó que al tratarse de delitos, la rectoría debe caer en las instituciones de Estado que están a cargo de la seguridad y el orden público. Sin embargo, enfatizó que el trabajo tiene que hacerse de forma coordinada con otras entidades encargadas de derechos humanos, educación, desarrollo social y trabajo.

Por su parte, Christian Matute precisó que la Secretaría de Derechos Humanos tiene la responsabilidad, dentro de la atención a víctimas, de dar respuesta a los procesos que son delegados a través de medidas administrativas y judiciales.

Durante la sesión, los legisladores Fernando Cedeño, Raisa Corral, Mónica Palacios y Esther Cuesta señalaron que de acuerdo con el enfoque de la ley, la Secretaría de Derechos Humanos debe ser quien ejerza como ente rector. Por otro lado, los asambleístas Juan Fernando Flores, Jessica Castillo, Marjorie Chávez y Patricio Cervantes mencionaron que al tratarse de un delito, el ente rector debe ser el Ministerio del Interior.

Al finalizar la reunión, la comisión decidió tener una nueva mesa de trabajo para conocer las propuestas presentadas por el Ministerio del Interior y el asambleísta Fernando Cedeño, con el fin de llegar a un consenso y poder tener soluciones y respuestas de cara a una necesidad.

En cumplimiento de la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral recibió al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez; a la directora general del Servicio Integrado ECU-911, Daniela Saltos; a los gobernadores de Orellana, Esperanza Bustamante; de Napo, Javier Grefa; Sucumbíos, Deysi Manzano; y, de Morona Santiago, Edwin Castillo, para analizar las acciones que se están ejecutando para combatir la delincuencia organizada.

El ministro Jiménez enfatizó que es necesario trabajar de manera coordinada con cada función del Estado para combatir la problemática de inseguridad. Explicó que según la normativa vigente el Ministerio del Interior es el encargado de la seguridad.

Al presentar la documentación referente a las funciones del Ministerio de Gobierno, aclaró que la evaluación de la gestión de los gobernadores está a cargo del Ministerio del Interior, a la vez informó que el presupuesto de las gobernaciones es de 37 millones de dólares, de los cuales se ha ejecutado el 76%.

Daniela Saltos, directora general del Servicio Integrado ECU-911, dio a conocer que ha suscrito 332 convenios a nivel nacional con los gobiernos autónomos descentralizados y otras instituciones del sector público y del sector privado.

Esperanza Bustamante, gobernadora de Orellana, expresó que en cumplimiento del artículo 3 de la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional se ha implementado el programa SOS Orellana, para trabajar de forma coordinada frente a la inseguridad.

El gobernador de Napo, Javier Grefa informó que han creado un chat institucional con las autoridades de instituciones encargadas de la seguridad y trabajan de forma articulada en la ejecución de operativos integrales de control.

Deysi Manzano, de la provincia de Sucumbíos, señaló que conformaron mesas de seguridad y se ha levantado el comité de seguridad interinstitucional, desde donde se trabaja de la mano con la ciudadanía para frenar la delincuencia en la provincia.

El Gobernador de Pastaza, Rodrigo Mena, indicó que desde agosto pasado emprendió acciones para combatir la delincuencia, así como la realización de reuniones de seguridad en barrios y parroquias a las que son convocadas todas las autoridades de la provincia.

Edwin Castillo, gobernador de Morona Santiago, manifiestó que los índices de delincuencia han incrementado en 100% en la provincia. Reveló que semanalmente mantienen reuniones de evaluación para definir las acciones frente a la problemática.

Alexis Yaguana, representante del Frente de Reactivación Productiva y Económica de Esmeraldas, solicitó el apoyo por parte del Gobierno para reactivarse, ya que han sido golpeados fuertemente primero por la pandemia y ahora por la inseguridad, situación que está llevando a la quiebra a varios emprendedores de la provincia.

Carlos Pareja Yanuzzelli, exgerente de Petroecuador, en su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, ratificó la existencia de una estructura organizada de corrupción en el sector petrolero, dirigido desde el Ejecutivo, que sometía a organismos de control como la Fiscalía, Contraloría General del Estado, el Comité de Deuda Externa, Ministerio de Finanzas, entre otras carteras, hecho que redundó en la pérdida de más de 5.000 millones de dólares para el país.

Pareja Yanuzzelli, quien cumple siete sentencias por diversos delitos en un centro de privación de libertad, aseguró que, en agosto de 2008, dirigió una carta al Mandatario de la época, alertándole de las prácticas irregulares en las contrataciones petroleras que generaban pérdidas mensuales de nueve millones de dólares, pero no se tomaron acciones.

Igualmente, remitió información al entonces fiscal general, Galo Chiriboga, para que inicie las correspondientes investigaciones, pero tampoco tuvo respuesta. Por eso, insistió, no podía existir una estructura de delincuencia organizada con la venia de las entidades de control.

Recordó que durante la administración de Carlos Pólit como contralor general del Estado hubo una estructura que desvanecía las glosas en contra de empresas que no cumplían los términos de los contratos. Así como para establecer las glosas se requieren informes técnicos y una serie de procedimientos administrativos, también se efectuaban los informes para desvanecer dichas glosas, explicó.

El exfuncionario de la estatal petrolera agregó que, en su momento, entregó documentación al expresidente Lenín Moreno para que tomara los correctivos, así como al titular de la Legislatura, César Litardo, quien tampoco remitió la información a alguna de las comisiones especializadas para que realice las correspondientes investigaciones.

Subrayó que hay responsables directos por las pérdidas económicas por las contrataciones petroleras, por la contratación de deuda con China, con una garantía soberana ilegal, pero también hay otros exfuncionarios responsables por omisión, ya que conocían de estas prácticas y no hicieron nada para contrarrestarlas, ni para sancionarlas.

Legisladores miembros de la comisión y quienes pidieron asistir con voz a esta comparecencia formularon algunas preguntas al exfuncionario Carlos Pareja Yanuzzelli, algunas de las cuales fueron respondidas y, en otros casos, dijo que no contaba con la documentación de respaldo para topar temas que no formaban parte de su comparecencia.

La Subcomisión de Garantías Constitucionales que busca salidas a los casos de femicidios en el Ecuador, recibió a Virginia Muñoz, madre de Lizbeth Baquerizo, quien expuso la muerte de su hija que ocurrió el año 2020. Fue víctima de femicidio y hasta hoy no hay justicia para este crimen, relató al advertir que en cada juzgado solo encuentra trabas, se postergan las audiencias lo que causa daño emocional y psicológico a los familiares.

Entre tanto, Sara Sabando, madre de Naomi Arcentales, relató los hechos de la muerte de su hija, que le informaron que se trataba de un suicidio, lo que -a su criterio- era falso, porque tenía huellas de maltrato, que atribuyó a la pareja, que es un fiscal de género en Portoviejo. Reveló que la segunda autopsia develó datos contundentes que no puede hacerlos públicos por el proceso de investigación. Es necesario que se haga justicia, insistió.

Por su parte, Martha Jaramillo, madre de Samia Carrasco, víctima de femicidio, indicó que la persona que quitó la vida a su hija tiene poder económico y la justicia actuó a favor del victimario. Pidió justicia para su hija y respetar la vida de todas.

A la subcomisión debía acudir la Fiscal General, Diana Salazar, quien envió su delegada. El asambleísta Mario Ruiz protestó por la inasistencia de la Titular de la Fiscalía, en razón de que se trata un tema muy sensible. Mientras, Sofía Sánchez dijo que le volverá a convocar para la próxima semana para que rinda cuentas a las madres de familia.

Patricia Andrade, directora de Control Jurídico de la Fiscalía, mencionó que en el caso de Lisbeth Baquerizo, fue suspendido el fiscal Luis Machado con un informe de control de disciplina. Virginia Muñoz, madre de Lisbeth Baquerizo, respondió que Machado no fue suspendido por este caso.

Patricia Andrade, al referirse al caso de Naomi Arcentales informó que la Fiscalía motivó la suspensión del fiscal Juan Carlos Izquierdo, pero que le corresponde al Consejo de la Judicatura tomar la resolución.

Por su parte, Freddy Sarzosa, director de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión; y, responsable de la Unidad de Criminalística de la Policía Nacional, manifestó que esta entidad investiga los delitos o tentativas contra la vida, secuestro, extorsión y la desaparición de personas, conforme lo dispone la autoridad competente y la normativa legal vigente.

Informó que la Dinased estableció un plan con 4 ejes: fortalecer el talento humano e incrementar el personal de acuerdo con la demanda de casos; aumento financiero, implementación tecnológica para mantener de forma transversal datos de víctimas y victimarios; y, renovación del parque automotor.

Subrayó que su trabajo está enmarcado en el respeto y protección de derechos y garantías, que permite entregar a los administradores de justicia suficientes elementos de convicción probatorios, con los que se pueden determinar las responsabilidades punibles de una o más personas.

Con base en las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por Fiscalía, Aldo Andrés R. V. fue sentenciado a cuatro años de pena privativa de libertad por la extorsión perpetrada en diciembre de 2017 contra una estudiante universitaria.

En la audiencia de juicio, desarrollada en la Unidad judicial Albán Borja, la fiscal de la Unidad de Patrimonio Ciudadano, Cecilia Rodríguez Arboleda, presentó como pruebas: informes de investigación y partes de aprehensión elaborados por la Policía Nacional, el de reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias, la transcripción de mensajes intimidatorios enviados vía teléfono celular por el ya condenado, el informe de rastreo telefónico y geolocalización de mensajes, los documentos de transferencias y depósitos bancarios hechos por la agraviada y el victimario, entre otros.

Además, Fiscalía llamó a ocho testigos, entre agentes aprehensores e investigadores de la Policía Judicial, peritos grafológicos y las versiones de la afectada y su padre. Estos últimos reconocieron como único autor del delito al procesado.

El Tribunal de Garantías Penales, conformado por los jueces Rocío Álvarez, Marlon Castro y Diógenes Cueva –por unanimidad–, acogieron las pruebas presentadas por Fiscalía y emitieron la sentencia de cuatro años de prisión para Aldo Andrés R. V., además de una multa de doce salarios básicos unificados (4.100 dólares) y del pago de una reparación integral de 27.300 dólares (monto total de la extorsión) a la víctima.

Contexto

Fiscalía inició una investigación tras haber recibido la denuncia presentada por el padre de la víctima, quien indicaba que su hija, estudiante de Medicina de la Universidad de Guayaquil, habría solicitado –a través de un presunto dirigente estudiantil– ayuda para realizar ciertos trámites administrativos, entre estos, los relacionados con las publicaciones de notas de exámenes.

El procesado contactó a la víctima, a quien le habría solicitado ciertos valores económicos a cambio de ayudarle en sus problemas, solicitando pagos y depósitos a cuentas bancarias, por diferentes montos. Después de unos cuantos meses, la afectada encaró a su victimario, ya que no cumplía con lo solicitado.

Aldo Andrés R. V. amenazó a la estudiante con no continuar ayudándola y la presionó indicándole que las autoridades de la Facultad –presuntamente– ya tenían conocimiento del asunto y que procederían a expulsarla y a negarle una matrícula para el próximo año de estudio, por lo que exigía nuevos pagos económicos para que eso no sucediera.

El padre de la víctima encaró al procesado y este lo amenazó de muerte, si denunciaba el hecho a las autoridades estudiantiles y policiales.

Los valores cancelados ascendían ya a los 27.300 dólares, lo que padre de la estudiante desconocía, por lo que procedió a denunciar el hecho en Fiscalía.

El ahora sentenciado fue llamado a juicio el 22 de noviembre de 2018.

Información jurídica

La Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 185, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de extorsión con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

I

Del 8 de noviembre al 5 de febrero de 2023 se realizarán, a escala nacional, las capacitaciones a los ciudadanos que fueron designados como Miembros de Juntas Receptoras del Voto (MJRV) para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023.

Un total de 279.244 MJRV deberán acceder -de manera presencial y obligatoria- a la capacitación sobre las funciones que desempeñarán el día del sufragio. En el siguiente enlace, se puede conocer el cronograma y los puntos fijos de capacitación habilitados en las 24 provincias: https://www.cne.gob.ec/puntos-fijos-de-capacitacion/

Cada capacitación tienen una duración aproximada de 1 hora y 30 minutos. Los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto que no asistan a la capacitación obligatoria, deberán cancelar una multa correspondiente al 10% de un Salario Básico Unificado (SBU).

Quienes fueron designados para conformar las Juntas Receptoras del Voto reciben sus notificaciones desde el pasado 27 de octubre y este procedimiento se cumplirá hasta el 25 de noviembre de 2022. Los MJRV se encargarán de levantar las actas de instalación y escrutinios, entregar las papeletas y certificados de votación a los electores, efectuar los escrutinios, entre otras actividades.

El Pleno de Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó el texto de la convocatoria al concurso de méritos y oposición para la designación de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, presentado por la Comisión Ciudadana de Selección encargada de este proceso de designación.

La convocatoria, que se publicará en los idiomas de relación intercultural, en tres diarios de circulación nacional y en cadena de radio y televisión, contiene: la autoridad a designarse; requisitos y prohibiciones; documentos a entregar y forma de presentación; lugar, fecha, y horario de recepción de postulaciones.

Además, se aprobaron los documentos habilitantes que se publicarán en el sitio web institucional, desde el momento de la convocatoria, como son: formato único de declaración juramentada, formulario único de postulación y hoja de vida.

Según la Codificación del Reglamento para el Concurso de Méritos y Oposición para la Selección y Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado, artículo 15, las y los postulantes cumplirán los siguientes requisitos:

Una vez transcurrido el término de diez días, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria, concluirá el período para recibir postulaciones.

La mañana de este martes 8 de noviembre, la asambleísta Dina Farinango, vicepresidenta de la Comisión de Justicia, presentó un proyecto que reforma el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), referente a la extorsión, argumentado que los niveles de inseguridad se han incrementado de forma desmesurada en los últimos años.

La reforma tiene como objeto revisar determinadas conductas tipificadas como delitos y adaptarlas a las nuevas dinámicas que vive la sociedad. Considera que el delito de extorsión tipificado en el COIP queda insuficiente para enfrentar esta práctica que ejecutan principalmente grupos organizados de la delincuencia.

La asambleísta sostuvo que el tema referente a la extorsión presentada en el último paquete de preguntas de la Consulta Popular es una cortina de humo para distraer al país de otros aspectos importantes. “Este delito ya se encuentra tipificado y por eso no es necesaria la consulta, se puede canalizar a través de la Asamblea Nacional con las facultades que tenemos para legislar y fiscalizar”, aseguró.

La reforma quiere modificar dos aspectos del artículo 185, el primero es el incremento de la pena por el cometimiento del delito, que pasaría a ser de siete a diez años de prisión, actualmente es de tres a cinco años. Y el segundo hace referencia a las causas que pueden agravar el delito, con la inclusión del siguiente texto: “Si se comete afirmando pertenecer a un grupo de delincuencia organizada”.

Dina Farinango concluyó su presentación argumentando que es importante trabajar en proyectos como este, para luchar contra la delincuencia organizada y evitar las “vacunas” que están afectando a los negocios pequeños y grandes de todo el país.

Con base en los elementos de convicción recabados durante la fase de investigación previa, la Fiscalía General del Estado formuló cargos por presunto cohecho contra siete personas: fueron detenidas en un operativo ejecutado la mañana del 1 de noviembre en varias ciudades del país por su presunta participación en actos de corrupción en la Empresa Pública Petroecuador.

Concluida la audiencia de formulación de cargos, una jueza de Garantías Penales dispuso prisión preventiva para los exfuncionarios de la estatal petrolera Galo G., Miguel P. y Lenin A., mientras que al exsubsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, William V.; Andrés R., también extrabajador de la estatal petrolera; Wilson N. y Jorge P. se les dispuso prohibición de salida del país, presentación periódica y uso del dispositivo de vigilancia electrónica.

También tienen la prohibición de enajenar los bienes inmuebles y vehículos que los procesados tengan en el territorio nacional.

Fiscalía investiga una presunta trama de sobornos en Petroecuador, que estaría encabezada por Nilsen A. –investigado en Estados Unidos por presunto lavado de activos–, quien en su calidad de gerente de Comercio Internacional de la empresa estatal, se habría asociado con varias personas –entre ellas los ahora procesados– para ejecutar actos de corrupción a cambio de brindar información privilegiada para beneficiar a varias empresas con la adjudicación de contratos. Según expuso la Fiscal del caso durante la audiencia, el monto del cohecho habría alcanzado los 22 millones de dólares.

Los procesados fueron detenidos en un operativo en que se ejecutaron varios allanamientos de forma simultánea en las instalaciones de Petroecuador, Ministerio de Finanzas, empresas privadas y en los domicilios de varios de los investigados en Quito, San Antonio de Pichincha, Samborondón, Manta e Ibarra, donde –además de cumplir con las órdenes de detención– se levantaron indicios como dispositivos de almacenamiento, equipos electrónicos y documentación sobre los hechos investigados.

Entre los elementos de convicción presentados se encuentran los partes policiales de detención de los procesados, el informe investigativo, las versiones, los partes policiales de las diligencias de allanamientos, de donde también se levantaron elementos de convicción que fueron puestos en cadena de custodia; informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y de la Superintendencia de Compañías, movimientos migratorios, entre otros.

Además, los informes de seguimientos y vigilancias, y la pericia de traducción de la información proporcionada por la justicia de Estados Unidos, a través de Asistencia Penal Internacional.

Información jurídica

El delito de cohecho se encuentra tipificado en el artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y es sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

30% de Miembros de las Juntas Receptoras del Voto han sido notificados en 6 días El pasado 27 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) inició la notificación a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) que cumplirán este rol en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023.

Durante 6 días, con corte al 1 de noviembre, 46.126 MJRV fueron notificados de forma electrónica y 19.403 integrantes de las Juntas Receptoras del Voto recibieron la notificación de forma física. Esto representa el 30% del total de MJRV seleccionados el pasado 19 de octubre.

La ciudadanía también puede consultar si consta como Miembro de Junta Receptora del Voto a través de la página web institucional (www.cne.gob.ec), en el aplicativo para teléfonos inteligentes CNE App y en la plataforma Telegram, mediante CNE Bot.

En cumplimiento del calendario electoral, las notificaciones serán remitidas hasta el 25 de noviembre. Los MJRV deberán capacitarse presencialmente -de forma obligatoria- del 8 de noviembre al 5 de febrero de 2023, para que puedan cumplir con su labor cívica con eficiencia y, además, evitar multas.