Hechos Ecuador

La Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, integrada por los jueces José Miguel Jiménez (ponente), Carlos Figueroa y la jueza Mónica Bravo, rechazó el recurso de apelación a la prisión preventiva interpuesto por la defensa de la cadete de Policía, Joselyn Brigitte S. P., procesada por su presunta participación en el delito de femicidio de la abogada María Belén B.

En la audiencia de apelación, Isabel Jiménez, fiscal de la Dirección de Derechos Humanos, se opuso al cambio de medida cautelar, justificando que, en el expediente fiscal existen suficientes elementos de convicción sobre materialidad y responsabilidad que hacen presumir la participación de Joselyn Brigitte S. P. en el delito que se investiga.

Asimismo, argumentó que las medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva son insuficientes para garantizar la comparecencia de la procesada a las otras etapas de esta causa.

De esta manera, Fiscalía General del Estado justificó la necesidad de mantener dicha medida privativa de la libertad, sustentando el cumplimiento de los requisitos del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), demostrando, además, ante la Sala, que la decisión emitida por la Jueza de Garantías Penales que dispuso la prisión preventiva estuvo debidamente motivada en la audiencia de formulación de cargos.

La prisión preventiva también fue ratificada en la audiencia de reformulación de cargos, llevada a cabo el 23 de septiembre, fecha en que también se vinculó al teniente de Policía, Germán C. (prófugo) como presunto autor del delito de femicidio de su cónyuge , María Belén B.

Esta no es la primera vez que la defensa de Joselyn Brigitte S. P. intenta revertir el auto de prisión preventiva. Ya lo hizo por medio de una acción constitucional de habeas corpus, tramitada el 12 de octubre de 2022, fecha en que un Tribunal desechó la pretención presentada por la cadete.

Joselyn C. fue procesada -inicialmente– por un presunto delito de desaparición involuntaria, el 17 de septiembre de 2022. Sin embargo, tras el hallazgo del cuerpo de María Belén B., en el cerro Casitagua, registrado el 21 de septiembre, el caso fue trasladado a la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado.

Con base en los nuevos elementos recabados, el 23 de septiembre, en audiencia desarrollada en Casa de Justicia Carcelén, la fiscal titular de la causa, reformuló cargos por el delito de femicidio.

El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó, este viernes 28 de octubre, el listado oficial de las candidaturas que buscan integrar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en las Elecciones 2023, una vez que se cuenta con las certificaciones del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en las que se constata que no existen recursos pendientes por resolver.

La nómina está conformada por 45 postulantes que cumplieron los requisitos legales y no incurrieron en prohibiciones o inhabilidades, con el siguiente detalle: 20 candidatos hombres, 17 candidatas mujeres y 8 candidatos de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y, ecuatorianos en el exterior.

La fase de verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades de los candidatos se efectuó dentro de los plazos establecidos y contó con la participación de observadores nacionales e internacionales, garantizando así la transparencia y legalidad del proceso.

El listado oficial de candidaturas del CPCCS se publicará en la página web institucional www.cne.gob.ec  y en los canales oficiales del Consejo Nacional Electoral, con el objetivo de promover el voto informado de la ciudadanía en los comicios del próximo 5 de febrero.

La Comisión de Fiscalización y Control Político concluyó la fase de actuación de pruebas de cargo y de descargo. El último funcionario cuestionado en ejercer su derecho a la defensa fue Hernán Ulloa, actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

Ulloa defendió la transparencia del proceso de designación de Pablo Iglesias como superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. Explicó que la votación fue unánime de los siete consejeros y su participación fue posterior al trabajo de la Comisión Técnica, que fue la encargada de revisar los requisitos de los postulantes y a partir del proceso de impugnación y ninguna de ellas versaba sobre algún presunto conflicto de interés.

Respecto de la reforma al Reglamento para la selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado, Hernán Ulloa aseguró que se actuó con apego a la Constitución, la Ley y el Reglamento del Pleno del CPCCS, que faculta al organismo a dictar y reformar la reglamentación. Con las reformas se garantizará que el funcionario que sea seleccionado cuente con las condiciones morales y profesionales para ejercer el cargo de Contralor.

Aseveró que, previamente, los consejeros de la mayoría anterior ya efectuaron una reforma al mismo Reglamento, con una clara orientación hacia determinados postulantes. “Nosotros eliminamos toda subjetividad para la evaluación de los postulantes a la Contraloría General del Estado”, enfatizó.

Ulloa indicó que, venciendo todos los obstáculos y los intentos de boicot, hoy se posesionó a los miembros de la Comisión Ciudadana de Selección de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado, con lo cual se inicia el proceso, con la debida transparencia.

Una vez concluida la sustanciación de las solicitudes de juicio político en contra de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, corre el plazo de cinco días para que la Comisión de Fiscalización elabore y apruebe el informe no vinculante, por el cual recomendará el juicio político o el archivo del expediente, según considere sobre la base de la valoración de las pruebas aportadas por las partes.

El Pleno de la Asamblea Nacional resolvió llamar a la titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), Andrea Montalvo, a fin de que exponga el proceso de asignación de cupos y explique la razón por la cual, cientos estudiantes pese a cumplir los requisitos y puntaje exigido, no se les ha asignado un cupo en una universidad pública y por tanto se ha afectado su derecho a la educación.

Exhortó al Presidente de la República que a que revise, a través de la Senescyt, la política de educación superior y normativa; y, se realicen los cambios correspondientes, a fin de garantizar los derechos de la educación para los jóvenes.

También exige al mandatario que asigne los recursos correspondientes a educación, ciencia y tecnología, de forma que las universidades y escuelas politécnicas fortalezcan su oferta académica y el Estado ecuatoriano garantice el acceso a la educación superior.

Además, exhortó a la Contraloría a que practique un examen especial a la aplicación del examen transformar durante los períodos fiscales 2021 y 2022, a fin de esclarecer las irregularidades y se determinen, de ser el caso, las responsabilidades, civiles, administrativas y los indicios de responsabilidad penal; y, a la Fiscalía General del Estado que inicie las investigaciones legales pertinentes.

Comisión general

Que el Gobierno garantice el derecho al acceso a la educación superior, fue la demanda de un grupo de jóvenes bachilleres que fueron recibidos en el Pleno. El abogado Oswaldo Gallo, en representación de los estudiantes, advirtió que sobre la base de un reglamento la Senescyr dejó al margen de la educación superior a cientos de estudiantes, pese a que obtuvieron más de 900 puntos en las pruebas.

Recordó que según la Constitución Ecuador es un Estado de derechos y justicia, y todos los ecuatorianos somos iguales ante la ley, pese a lo cual se dicta un reglamento para la asignación de cupos en el que no se respeta la “meritocracia”.

De su lado, Andrea López Lara, representante de los jóvenes bachilleres, expresó su inconformidad con la situación que enfrentan por la asignación injusta de cupos, ya que las ilusiones y anhelos de muchos jóvenes se han apagado y que por esta situación tienen afecciones psicológicas. “La excelencia académica no se castiga, se incentiva”, enfatizó.

Andrea López fue la mejor egresada del Colegio Benalcázar, con promedio de 9.73 y abanderada del Pabellón Nacional. No deberíamos estar aquí sino preparándonos para asumir nuestra vida universitaria, aspiración que ha sido truncada por la Senescyt, subrayó.

El debate

La proponente de la resolución, la legisladora Jessica Castillo advirtió que los padres de familia tuvieron que endeudarse para la preparación de los estudiantes, incluso para el ingreso a cursos preuniversitarios, pero que por decisión de la Senescyt hoy se han quedado fuera de la educación superior y están expuestos a peligros de diversa naturaleza.

En el debate los parlamentarios recordaron que el presidente de la República, Guillermo Lasso ofreció libre ingreso a la educación superior, pero que ello no se cumple, a la vez que presentaron varias sugerencias para mejorar la educación.

Advirtieron que lamentablemente no se ha trabajado en la construcción de infraestructura educativa ni se ha incrementado el presupuesto para ampliar el ingreso a la educación superior. Propusieron que la Titular de la Senescyt en su comparecencia ante el Pleno informe el presupuesto para la educación y el estado de la universidad de pueblos y nacionalidades.

La Asamblea Nacional en la semana del 31 de octubre al 4 de noviembre avanzará en el estudio de proyectos de ley de interés social, para atender las demandas de la ciudadanía. Está prevista la aprobación del informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Extinción de las Universidades y Escuelas Politécnicas cerradas; el tratamiento del proyecto de Ley de Barrios y del proyecto que apoya al sector cafetalero. En materia de control político continuará la revisión de la ejecución presupuestaria en el primer semestre de este año, la aprobación del informe sobe la desaparición y muerte de María Belén Bernal y la preparación del informe sobre el juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Comisión de Régimen Económico

El lunes 31 de octubre, a las 12h00, la Comisión de Régimen Económico conocerá y votará el informe sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre de este año.

Comisión multipartidista

La Comisión por la Verdad, Justicia y Reparación, que investiga el caso del fallecimiento de María Belén Bernal, sesionará el lunes 31 de octubre, a las 10h00, para analizar y aprobar el informe no vinculante.

Gobiernos Autónomos

A las 08h30, del martes 1 de noviembre, la Comisión de Gobiernos Autónomos avocará conocimiento del proyecto de Ley de Barrios. También está prevista la socialización del proyecto de reformas a la Ley 047.

Fiscalización

El martes, a las 08h00, la Comisión de Fiscalización realizará la lectura del informe sobre la solicitud de juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presentada por los asambleísta Mireya Pazmiño, Salvador Maita, Ricardo Vanegas y José Chimbo.

Relaciones Internacionales

La Comisión de Relaciones Internacionales convocó para el miércoles 2 de noviembre, a las 10h00, al director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), para que informe sobre el censo de los ecuatorianos residentes en el exterior.

Desarrollo Económico

El miércoles 2 de noviembre, a las 10h00, sesionará la Comisión de Desarrollo Económico, con el fin de avocar conocimiento del proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero y Otras Leyes para la Protección y Defensa de las Personas Usuarias y Consumidoras Financieras. Luego conocerá el proyecto de Ley para la Regulación de Títulos Valor Electrónicos y el proyecto de Ley Scooter Seguro.

Soberanía Alimentaria

El miércoles 2 de noviembre, a las 11h30, la Comisión de Soberanía Alimentaria avanzará con el tratamiento del proyecto de Ley para el Desarrollo Sostenible del Sector Cafetalero.

Garantías Constitucionales

La Comisión de Garantías Constitucionales continuará el miércoles 2 de noviembre el tratamiento del proyecto unificado del Código para la Protección y Garantía de los Derechos Colectivos de las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades.

Este domingo, con 92 votos favorables, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió ratificarse en el texto de los artículos 1, 24 y 44 del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, referentes al objeto de la ley, la democratización de las frecuencias y la acción afirmativa que deben tener los medios comunitarios.

El primer artículo ratificado por el Pleno agrega al objeto de la Ley la desconcentración de las frecuencias, además de la protección del derecho a la libertad de expresión y a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo índole a través de medios de comunicación.

En cuanto al artículo 24, establece que uno de los objetivos del Sistema de Comunicación Social es evidenciar los casos de concentración de frecuencias y promover el desarrollo de capacidades técnicas de los medios comunitarios.

Finalmente, el artículo 44, referente a la acción afirmativa, establece que “el Estado implementará las políticas públicas que sean necesarias para la creación y el fortalecimiento del ecosistema de medios comunitarios, dirigidos y administrados por organizaciones sociales, comunas, pueblos, nacionalidades, indígenas, afroecuatorianos, montubios y migrantes, que históricamente han sido discriminados por su etnia, clase, género, edad o situación de movilidad humana y que hayan carecido de acceso a los medios de comunicación o lo tengan de manera limitada”.

José Adolfo Z., Jonnathan Fabián R. y Pedro Sebastián T. fueron sentenciados –mediante procedimiento abreviado– a tres años de privación de libertad por su participación en el robo de dinero de un cajero automático, ubicado en el sector de Challuabamba, en Cuenca.

En este caso, Fiscalía presentó dictamen abstentivo a favor de una ciudadana, por lo que el juez Jorge Íñiguez le dictó sobreseimiento Además, se encuentra procesado Iván Santiago U., contra quien se efectuará la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio el próximo 15 de noviembre.

La investigación del caso

A las 03:00 del martes 31 de mayo de 2022, una camioneta con vidrios polarizados llegó hasta una estación de servicio de combustible en la autopista Cuenca-Azogues. El conductor solicitó al despachador que llene el tanque del vehículo y en ese momento se bajaron otros dos ciudadanos para amedrentarlo con un arma blanca.

Enseguida, la camioneta se acercó al cajero y otras dos personas sacaron de la cajuela algunos objetos y uno de ellos golpeó con un objeto la parte posterior. Se alejaron y se produjo la primera explosión del cajero.

Luego continuaron golpeando, de igual forma se retiraron y ocasionaron la segunda explosión del cajero. Debido a la vulneración, de forma automática se activó el sistema de entintado del cajero, por lo que se liberó una sustancia química de color verde que manchó el dinero (43.280 dólares).

Los implicados tomaron las gavetas que contenían el dinero y huyeron.

Como resultado de las labores investigativas, en la parroquia Ricaurte fueron detenidos Iván Santiago U. y otra ciudadana, quienes se encontraban dentro de una camioneta.

De igual forma en la vía a Ochoa León fue detenido Pedro Sebastián T. En su poder se encontraron billetes de diferentes denominaciones. Además, tenía sus prendas de vestir con manchas de color verde.

Información jurídica

Los sentenciados fueron procesados con base en el artículo 189, inciso 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de robo con privación de libertad de cinco a siete años.

Sin embargo, la pena se redujo debido a que los sentenciados consintieron la aplicación del procedimiento abreviado y admitieron su participación en el hecho, de acuerdo a los artículos 635 y 636 del COIP.

A partir de este 27 de octubre y hasta el próximo 25 de noviembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) notificará a los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) que participarán en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023. Un total de 541 notificadores se han desplegado a escala nacional para cumplir con este propósito.

Los 279.244 MJRV que fueron seleccionados el pasado 19 de octubre, recibirán sus notificaciones de forma personal y a través de medios electrónicos. Hasta el momento, se han remitido 28.125 notificaciones de manera virtual.

En ese sentido, los ciudadanos también podrán consultar si fueron designados como Miembros de Juntas Receptoras del Voto a través de www.cne.gob.ec, en el aplicativo para teléfonos inteligentes CNE App y en el chatbot de la plataforma Telegram.

Del 8 de noviembre de 2022 al 5 de febrero de 2023, los MJRV deberán capacitarse presencialmente de forma obligatoria, para que puedan cumplir con esta responsabilidad eficientemente y así evitar multas.

En la jornada de este jueves, 27 de octubre, la Comisión de Fiscalización continuó la recepción de los argumentos de descargo. Esta vez de las consejeras de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Ibeth Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira defendieron sus actuaciones y solicitaron a la mesa legislativa el archivo de las solicitudes de juicio político propuestas en su contra, puesto que no ha existido incumplimiento de funciones.

Los argumentos de defensa versaron sobre las causales relacionadas con la remoción de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura (CJ); la reforma al Reglamento para la designación de Contralor General del Estado; la elección de Pablo Iglesias como superintendente de Ordenamiento Territorial; y, el encargo de la Defensoría del Pueblo a César Córdova, exsecretario general del CPCCS.

Ibeth Estupiñán argumentó que la reforma al Reglamento para la elección de Contralor en ningún momento violentó derechos de persona alguna. Se trató del ejercicio de una facultad contemplada en la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. María Fernanda Rivadeneira coincidió en este argumento y agregó que antes de la reforma materia del juicio político, hubo otra liderada por el exvicepresidente del Consejo, David Rosero, en un encargo de la Presidencia. En ese caso, dijo, voté en contra porque se quería regresar a un Reglamento para elegir otro contralor 100/100 como el que hoy está prófugo.

Respecto de la remoción de Fausto Murillo como vocal del CJ, las dos consejeras explicaron que se cumplió con un requerimiento del entonces ministro de Trabajo, Andrés Isch, quien notificó que el doctor Murillo registraba impedimento para ejercer cargo público. Sobre tal pedido se solicitó un informe de la Coordinación de Asesoría Jurídica del CPCCS, unidad que confirmó la existencia del referido impedimento. Se garantizó el derecho a la defensa y teníamos que tomar una decisión, so pena de incurrir en incumplimiento de decisión legítima de autoridad competente, que se sanciona con destitución, añadieron.

En torno a la designación de César Córdova, como defensor del Pueblo encargado, Estupiñán señaló que es facultad del Pleno del CPCCS nombrar a un reemplazo de una de las autoridades que designa, hasta que se proceda con la selección del titular. Mientras que Rivadeneira dijo que su voto fue en abstención.

Finalmente, solicitaron a la comisión que, en virtud de las pruebas aportadas, que demuestran que no existe incumplimiento de funciones, proceda al archivo de las solicitudes de juicio político.

Las asambleístas Gissela Garzón y Jahiren Noriega presentaron el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal sobre la Instigación al Suicidio y el Feminicidio, que tiene como objetivo tipificar el feminicidio y que el Estado asuma por acción o omisión sus responsabilidades.

Las legisladoras sostuvieron que es necesario abordar la responsabilidad del Estado de reparar integralmente a las víctimas, fundamentalmente cuando existan responsabilidades directas o indirectas del Estado, ya sea por acción u omisión, tanto en la prevención, como en el cometimiento del delito, la investigación y la sanción al responsable.

Afirmaron que con ello se busca visibilizar la responsabilidad estatal con la finalidad de prevenir, sancionar y también de reparar adecuadamente a los familiares de mujeres fallecidas por razones de género.

Gissela Garzón, tras señalar que el proyecto de ley cuenta con el aporte de las organizaciones de la sociedad civil y de la Fundación Nina Warmi, dijo que es importante reformar el femicidio por feminicidio e incluir una agravante en el caso en el tema del suicidio, considerando que existe un alto índice de casos de mujeres víctimas de abuso que luego han tomado la decisión de quitarse la vida.

Jahiren Noriega enfatizó que el Estado debe asumir su responsabilidad y generar garantías para salvaguardar la integridad de las víctimas.