Hechos Ecuador

Por iniciativa del presidente de la Asamblea, doctor Virgilio Saquicela Espinoza, desde hace varias semanas, se puso en la mesa de discusión una serie de estrategias orientadas a enfrentar de manera eficaz la inseguridad, que es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía, dado el alto índice de violencia civil, delincuencia y acciones relacionadas con el crimen organizado.

Oportunamente el Titular de la Función Legislativa solicitó de manera pública al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, convoque a reunión urgente del Consejo de Seguridad Pública y del Estado para establecer las estrategias que permitan controlar la ola de inseguridad que afecta al país.

Igualmente, después de los valiosos resultados obtenidos en las mesas técnica y política sobre la Ley de Inversiones, que permitieron alcanzar acuerdos en más del 85% de la propuesta del Ejecutivo, el presidente de la Legislatura convocó a un nuevo encuentro con los representantes de las demás funciones del Estado y de los organismos relacionados con la seguridad pública y del Estado, a fin de establecer las prioridades legislativas en esta materia.

A este llamado acudieron los representantes de diversos entes públicos, entre ellos, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Fiscalía General, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública y Policía Nacional. Sin embargo, no se contó con la participación de los 23 gobernadores provinciales, que son parte del Ejecutivo; tampoco estuvieron los representantes del Ministerio de Gobierno y de la Secretaría de Seguridad Pública, ni la Directora del ECU911, entidades que están directamente vinculadas con la temática de seguridad, inasistencia que fue rechazada por el presidente de la Comisión de Seguridad Integral, Ramiro Narváez.

La mesa sigue abierta y los ejes temáticos giran en torno al proyecto de Ley de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública, que ya fue tramitado en primer debate en el Pleno, cuyo trámite está a cargo de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral.

Aporte legislativo

En cuanto al trabajo legislativo, la Asamblea aprobó dos importantes normativas, la Ley que regula el Uso Legítimo de la Fuerza y la Ley de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, las cuales tienen como propósito fortalecer la seguridad pública, a través de instrumentos jurídicos que garantizan el desarrollo de las actividades de la Policía Nacional y de las tres ramas de Fuerzas Armadas, al servicio de la ciudadanía.

La Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana recibió la comparecencia de Roberto Castillo, director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, quien detalló las razones por las que no se encuentra realizando el censo poblacional para ecuatorianos residentes en el exterior.

Resaltó que uno de los principios fundamentales de los censos poblacionales es contabilizar a todas las personas dentro de un territorio determinado con precisión. Asimismo, explicó que el marco legal ecuatoriano es muy claro al facultar al INEC para realizar censos de población en el territorio nacional.

Sin embargo, señaló que el Censo 2022 permite cuantificar migrantes y retornados con dos preguntas establecidas, por un lado información sobre las personas que salieron del territorio nacional en determinado momento y obtener una cuantificación sobre las que retornaron al país en los últimos 5 años.

Para complementar el cálculo, el INEC recomienda solicitar a las Oficinas Nacionales de Estadística de los países que proporcionen información de los ecuatorianos residentes en el exterior, según los últimos censos de población de esos países.

Por su parte, la legisladora Mónica Palacios comentó que al existir un censo telemático, los ecuatorianos residentes en el exterior exigen ser parte del censo a través de esta modalidad. “Estamos pasando por la segunda ola migratoria, tener un censo y saber cuántos ecuatorianos residen en el exterior para crear políticas públicas es indispensable”, agregó.

Al finalizar, el Director del INEC se comprometió a trabajar en mesas técnicas junto a la Comisión de Relaciones Internacionales, con el propósito de encontrar soluciones y resolver las necesidades de la comunidad migrante.

En otro orden, la Comisión decidió hacer extensiva la solidaridad y expresar el sentimiento de pesar al pueblo de Korea del Sur por el fallecimiento de 149 personas durante un accidente multitudinario producto de una caída colectiva, y al país amigo de la India donde se derrumbó un puente colgante y dejó como resultado la muerte de 135 personas.

La Subcomisión que busca salidas frente al incremento de casos de femicidios en Ecuador, escuchó nuevas versiones de la realidad que viven las familias de varias víctimas, con la finalidad de evidenciar las deficiencias y errores cometidos por las instituciones del Estado en los procesos de investigación.

El femicidio es un fenómeno global y hasta el momento no existe país en el mundo que haya logrado su erradicación, manifestó Karina Ponce, de Mega Mujeres, al advertir que Ecuador no se escapa de esta realidad, pues entre muertes violentas y femicidios superan los 1200 casos en lo que va del 2022; de estos el 40% son femicidios.

Subrayó que estos hechos evidencian que somos una sociedad profundamente violenta, que las formas de convivencia entre hombres y mujeres no son iguales, ni respetuosas; además que los femicidas son personas que poseen menos de 44 años, con instrucción primaria, por lo que hay un enorme desafío para trabajar en el ámbito de la educación para cambiar las conductas de potenciales agresores. Recomendó fortalecer el ejercicio de fiscalización y control político a las instituciones responsables de cumplir la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Yadira Lavanda, al igual que otras madres, narró el caso de su hija de 19 años, desparecida y asesinada por su novio, quien tiene una condena de 26 años, que la cumple en la cárcel de Cotopaxi. Expresó que no es fácil mencionar las injusticias que pasan las madres. Fueron dos años y medio de intensa búsqueda, agonía y de recorrer todo el país exigiendo verdad y que hasta el día de hoy no cuentan con medidas de reparación.

Mientras que la madre de Cristina Palacios, víctima de femicidio por parte del esposo, al que lo calificó de psicópata, rechazó el acoso, la agresión y muerte de su hija, a la vez aseveró que no hay familia que haya tenido reparación económica y moral, por lo exhortó a las autoridades a velar por los derechos de las familias de las víctimas y la no revictimización.

La representante de la Asociación Fundación Fuerzas Unidas por Nuestras Víctimas Ecuador, Johanna Velasteguí enfatizó que los casos de femicidio deben ser atendidos y solucionados, para lo que “hay que acudir a los entes internacionales porque lastimosamente en este país hay muchas trabas que nos molestan”.

El legislador Mario Ruiz, al señalar que no hay una política de salud mental, solicitó la comparecencia del ministro de Salud, José Ruales, para que explique cuál es la planificación para su implementación.

La asambleísta Sofía Sánchez, quien dirige la subcomisión de la Comisión de Garantías Constitucionales, tras recordar que este proceso inició días anteriores con los testimonios de más de 15 familiares de las victimas, subrayó que la reparación es el nudo más grande y crítico que atraviesan las familias de las víctimas. Enfatizó que el Ministro de Inclusión Económica y Social debe comparecer para que explique respecto al tema de los bonos para las familias.

Finalmente, informó que la subcomisión tiene 50 días para realizar el proceso de investigación y en la próxima sesión continuará las comparecencias de autoridades de los Ministerios de Inclusión Económica y Social, Educación, Fiscalía, Consejo de la Judicatura y especialistas internacionales con enfoque de género, cuyos aportes servirán para elaborar el informe y las respectivas recomendaciones.

La Comisión por la Verdad, Justicia y Reparación en el caso Bernal, con el voto unánime de sus cinco integrantes, aprobó el informe de la investigación desarrollada los últimos 30 días y recomienda enjuiciar políticamente a los secretarios de Seguridad, Diego Ordóñez; y, de Derechos Humanos, Paola Flores, así como al exministro del Interior, Patricio Carrillo, por el femicidio cometido en contra de la abogada María Belén Bernal Otavalo.

El organismo estableció que existe responsabilidad estatal, no solo por lo ocurrido en la Escuela Superior de Policía, sino por los actos posteriores a este hecho, incluyendo la falta de diligencia en la vigilancia del sospechoso, Germán Cáceres y su posterior huida.

Según el informe, existiría responsabilidad política desde el propio presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza; los secretarios de Seguridad Pública y de Derechos Humanos; el exministro del Interior, hasta el Comandante General de Policía.

Entre las recomendaciones a la Asamblea Nacional, la Comisión solicita que el Pleno apruebe el informe; propiciar una reforma el Código Orgánico Integral Penal (Coip), en materia de feminicidio, que permita visibilizar algunas circunstancias que hoy no constan en la normativa, así como una reforma al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.

Así mismo, que el Pleno designe a un o una asambleísta para que lleve a cabo el juicio político a los secrerarios de Seguridad, Diego Ordóñez; y, de Derechos Humanos, Paola Flores; y, al exministro del Interior, Patricio Carrillo. Este informe y sus anexos servirán como insumos para los juicios propuestos en contra de Carrillo.

La mesa recomienda remitir el informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que se conceda una audiencia en la próxima reunión para tratar este caso. También a la Relatoría de Derechos de las Mujeres de dicho organismo y a la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y niñas.

Igualmente, plantea designar a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional para que realice un seguimiento trimestral de las conclusiones y recomendaciones constantes en este informe.

Entre las recomendaciones al Presidente de la República consta la supresión de la Secretaría de Derechos Humanos y la creación de un Ministerio que cuente con todo el respaldo político y económico que permita desarrollar políticas de Estado para la prevención y erradicación de la violencia de género. También, la separación del comandante general de la Policía, Fausto Salinas.

Finalmente, se demanda del Ministerio del Interior la depuración de la Policía Nacional y exigir que la misma se abstenga de continuar con las investigaciones del caso Bernal; formula un llamado a la Fiscalía para que solicite asistencia penal internacional para garantizar la transparencia de la investigación.

El proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública regresará a la Comisión de Participación Ciudadana, con la finalidad de acoger las observaciones y criterios vertidos por los legisladores en el segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Ferdinan Álvarez, presidente de la comisión y ponente del informe, destacó que la propuesta unifica seis iniciativas legales y respeta la Constitución, la ley; y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano.

Agregó que a la ley promulgada en 2004 faltaba darle poder coercitivo a la Defensoría del Pueblo para imponer responsabilidades administrativas, en caso de incumplimiento al transparentar la información pública.

Durante el debate intervinieron ocho legisladores que solicitaron modificar el articulado para que la información sensible y reservada sea exclusiva de las instituciones que manejan asuntos relacionados con la defensa nacional, mientras que los contratos y facturas de los sectores de telecomunicaciones, petróleo y minería deben ser públicos. Expresaron su preocupación ante la posibilidad de acceder a información financiera con fines extorsivos.

La propuesta tiene como objetivo garantizar el derecho de acceso a la información pública de manera justificada, y que esta sea oportuna, completa y fidedigna para el ejercicio de los derechos ciudadanos contemplados en la Constitución de la República y la ley.

Determina que en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública se aplicarán, además de los principios previstos en la Constitución de la República y en los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, los siguientes: máxima publicidad, supremacía del interés público, buena fe, gratuidad, igualdad y no discriminación, celeridad, in dubio pro actione, accesibilidad e integridad, rendición de cuentas, participación ciudadana y transparencia.

La Comisión de Fiscalización y Control Político, con seis votos afirmativos, resolvió solicitar una prórroga de cinco días para la aprobación y entrega del informe sobre la sustanciación de las solicitudes de juicio político presentadas por los asambleístas Ángel Maita y Mireya Pazmiño contra cuatro integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y por Ricardo Vanegas y José Chimbo, contra los siete consejeros, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley.

El equipo asesor del organismo presentó los avances de la redacción del borrador de informe que al momento tiene un 75 %, en lo que corresponde a la revisión y análisis de las pruebas de descargo y de los argumentos de los asambleístas solicitantes en el curso de la actuación de pruebas, así como de los testimonios recibidos en las comparecencias.

De esta manera, solo restaría establecer, entre otros aspectos, las conclusiones y recomendaciones, sobre la base de la valoración de las pruebas aportadas por las partes, proceso que se llevará a cabo con la participación de los equipos de trabajo de los asambleístas que conforman la Comisión de Fiscalización.

En función del tiempo que se requiere para concluir la redacción del documento que será enviado al Pleno de la Asamblea, al tenor de lo dispuesto en el artículo 82, inciso segundo, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la comisión oficiará al presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, para solicitar una prórroga de hasta cinco días para la remisión del informe.

A las 11:46 de este martes, 1 de noviembre de 2022, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (Snai) confirmó que los ocho guías penitenciarios ya fueron liberados en la cárcel de Esmeraldas. Ellos permanecían retenidos desde la medianoche del 31 de octubre.

El hecho ocurrió cuando las personas privadas de libertad de la cárcel de Esmeraldas empezaron a gritar y agitar los cuchillos en las rejas, luego rompieron los candados de las celdas y salieron al patio con explosivos y granadas artesanales.

Acto seguido, ocho guías penitenciarios fueron tomados como rehenes y los obligaron a entrar al patio central. Allí les colocaron explosivos en el pecho y abdomen.

Fueron momentos de terror para los funcionarios que trabajan en ese centro carcelario.

EL COMERCIO entrevistó a un miembro de los guías y contó todo lo que sucedió dentro de la cárcel.

Según el agente, los presos enardecidos dijeron que era una manifestación a favor de sus compañeros en la cárcel de Guayaquil, tras el anuncio de posibles traslados.

Mediación y liberación de los guías penitenciarios

El director de la cárcel de Esmeraldas llegó a mediar a las 08:00 y consiguió liberar a cuatro de los ocho guías retenidos. Los otro cuatro fueron liberados, así lo confirmó el Snai a las 11:46 de este 1 de noviembre.

Los agentes salieron sin heridas y permanecieron en los exteriores de la cárcel. Allí se reunieron con el resto de sus compañeros, quienes también estaban afuera de la cárcel por seguridad.

“No hay garantías para ingresar y la Policía no hace nada. Los compañeros llevan ya más de ocho horas secuestrados y no hacen nada. Acá estamos solos”, dijo uno de los informados.

EL COMERCIO constató que en los exteriores de la cárcel se encontraban más de 50 militares de la Fuerza de Tarea Conjunta. Ellos estaban rodeando los exteriores.

En cambio, un bus con policías se encontraba al frente de la cárcel. Pero los agentes permanecieron sentados y hasta las 09:30 no se bajaron.

La Comisión por la Verdad, Justicia y Reparación en el caso Bernal, con el voto unánime de sus cinco integrantes, aprobó el informe de la investigación desarrollada los últimos 30 días y recomienda enjuiciar políticamente a los secretarios de Seguridad, Diego Ordóñez; y, de Derechos Humanos, Paola Flores, así como al exministro del Interior, Patricio Carrillo, por el femicidio cometido en contra de la abogada María Belén Bernal Otavalo.

El organismo estableció que existe responsabilidad estatal, no solo por lo ocurrido en la Escuela Superior de Policía, sino por los actos posteriores a este hecho, incluyendo la falta de diligencia en la vigilancia del sospechoso, Germán Cáceres y su posterior huida.

Según el informe, existiría responsabilidad política desde el propio presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza; los secretarios de Seguridad Pública y de Derechos Humanos; el exministro del Interior, hasta el Comandante General de Policía.

Entre las recomendaciones a la Asamblea Nacional, la Comisión solicita que el Pleno apruebe el informe; propiciar una reforma el Código Orgánico Integral Penal (Coip), en materia de feminicidio, que permita visibilizar algunas circunstancias que hoy no constan en la normativa, así como una reforma al Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.

Así mismo, que el Pleno designe a un o una asambleísta para que lleve a cabo el juicio político a los secrerarios de Seguridad, Diego Ordóñez; y, de Derechos Humanos, Paola Flores; y, al exministro del Interior, Patricio Carrillo. Este informe y sus anexos servirán como insumos para los juicios propuestos en contra de Carrillo.

La mesa recomienda remitir el informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que se conceda una audiencia en la próxima reunión para tratar este caso. También a la Relatoría de Derechos de las Mujeres de dicho organismo y a la Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra las mujeres y niñas.

Igualmente, plantea designar a la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional para que realice un seguimiento trimestral de las conclusiones y recomendaciones constantes en este informe.

Entre las recomendaciones al Presidente de la República consta la supresión de la Secretaría de Derechos Humanos y la creación de un Ministerio que cuente con todo el respaldo político y económico que permita desarrollar políticas de Estado para la prevención y erradicación de la violencia de género. También, la separación del comandante general de la Policía, Fausto Salinas.

Finalmente, se demanda del Ministerio del Interior la depuración de la Policía Nacional y exigir que la misma se abstenga de continuar con las investigaciones del caso Bernal; formula un llamado a la Fiscalía para que solicite asistencia penal internacional para garantizar la transparencia de la investigación.

En virtud de la no comparecencia de las autoridades del Ejecutivo convocadas para informar sobre las acciones para combatir la situación de inseguridad que vive el país, la Comisión de Seguridad Integral decidió solicitar al Pleno de la Asamblea Nacional que amplíe a 30 días el plazo para completar el proceso documental de fiscalización que lleva adelante esta mesa legislativa.

Este lunes, la Comisión de Seguridad Integral esperaba las comparecencias de Matías Abad, gobernador del Azuay; Mirtha Aristeguieta, gobernadora de El Oro; y, Fredy Bravo, gobernador de Loja; sin embargo, las autoridades de las tres provincias no acudieron.

Los legisladores mostraron enérgicamente su inconformidad por la ausencia de las autoridades y la falta de respuestas concretas ante la crisis de inseguridad en el Ecuador. “No hay interés, es evidente la insensibilidad ante la realidad del país, por parte del Secretario de Seguridad Pública del Estado y del Ministerio de Gobierno”, enfatizó el presidente de la Comisión, Ramiro Narváez.

Asimismo, los parlamentarios coincidieron en que la inasistencia de las autoridades convocadas constituye una evidencia más de la falta de planificación para resolver los graves problemas de seguridad y el desinterés del Ejecutivo frente a esta crisis.

En otro orden, y de conformidad con el artículo 58.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, con 9 votos afirmativos, decidió solicitar al Consejo de Administración Legislativa (CAL) la unificación de los proyectos de Ley para la Gestión de la Emergencia Sanitaria por Pandemia y Ley Orgánica de Gestión Integral de Riesgos, Desastres, Endemia y Pandemia, con el proyecto de Ley de Gestión de Riesgo de Desastres que tramita esta comisión.

El presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, Ramiro Narváez, expresó su preocupación porque el Gobierno no ha remitido ni ha proporcionado información en torno al Plan de Seguridad Ciudadana.

Este pronunciamiento lo realizó ante la inasistencia de los gobernadores de Chimborazo, Tungurahua y Cañar, quienes fueron convocados para que expliquen los planes que han previsto para enfrentar la creciente inseguridad en sus respectivas provincias, razón por la que insistirán en esas comparecencias para lograr la información requerida.

El legislador Blasco Luna cuestionó la actitud asumida por los representantes del Ejecutivo en las provincias, que se han negado a comparecer ante la comisión. “El incremento de los homicidios es grave. En 2016 se reportaban 5.68% por cada 100 mil habitantes y en 2021 este rubro subió a 13.89%”, enfatizó

De su lado la asambleísta Patricia Núñez manifestó que es evidente que en la ciudad de Riobamba los niveles de inseguridad se han incrementado, situación que preocupa a la ciudadanía que se halla expuesta a la delicuencia.

En otro orden, la comisión decidió unificar el proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), relacionado con el delito de tenencia y porte de armas y el proyecto de reformas a varios cuerpos legales para el fortalecimiento institucional y la seguridad integral.

Además la asambleísta Nuñez afirmó que ha solicitado información en torno al “Caso Narcogenerales” a varias autoridades, pero que no han tenido respuesta, por lo que sugirió disponer la comparecencia del personal técnico y talento humano de la Comandancia de la Policía Nacional, para que entreguen de información completa, propuesta que fue acogida por unanimidad.