Hechos Ecuador

La consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Ibeth Estupiñán, posesionó a Francisco Bonilla, representante de la Defensoría del Pueblo, como nuevo integrante de la Comisión de Verificación y Calificación a los Héroes y Heroínas Nacionales (CVCHHN), quien reemplaza a Miguel Ángel Chimborazo.

Además, los comisionados ratificaron a Ramsses Torres como presidente de la Comisión de Héroes y Heroínas, respecto de lo cual la consejera Estupiñán reafirmó su apoyo ante el “reto enorme que tiene la Comisión para que se reconozca a todas las personas que lo merezcan”, dentro del Sexto Trámite Sumario que está en desarrollo.

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela Espinoza, en rueda de prensa, indicó que debido a la falta de informe de la Comisión de Fiscalización en torno a la sustanciación del juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), en aplicación de lo previsto en el último inciso del artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), será el Pleno quien adopte la resolución para dar paso al juicio político o archivar el expediente.

Subrayó que este tema consta como tercer punto del orden del día para la sesión 810 del Pleno, convocada para mañana, martes 15 de noviembre, a las 10h00.

Explicó que la Comisión tenía plazo hasta el 3 de noviembre para emitir el informe de la sustanciación de la solicitud de juicio político contra los vocales del CPCCS; el organismo solicitó una prórroga de cinco días, el cual feneció el 8 de noviembre.

A esa fecha, la mesa no alcanzó los votos para recomendar el juicio político o el archivo. Entonces, correspondía al Presidente de la Comisión remitir, en el plazo de dos días, al Presidente de la Asamblea Nacional las actas de votación y un informe que detalle las posiciones de los asambleístas para que sea el Pleno el que resuelva, ya sea el archivo o el juicio político, en virtud de lo dispuesto en el artículo 82, inciso tercero, de la LOFL.

Luego, el 9 de noviembre, la Comisión reconsideró la votación de la sesión y envió el informe que recomienda el juicio, cuando feneció el plazo adicional de cinco días para dicho efecto. Por tanto, no existe informe legalmente aprobado y opera lo determinado en el artículo 142 de la LOFL, reiteró.

Mesa Técnica de Seguridad

En torno a los avances de la Mesa Técnico-jurídica de Seguridad, el presidente de la Legislatura, Virgilio Saquicela, indicó que esta instancia está trabajando con la participación del Legislativo, del Ejecutivo, de la Función Judicial y de la Fiscalía, entre otras entidades.

Aspiramos tener una reforma antes del mes de diciembre respecto del Código Orgánico Integral Penal, con la inclusión de temas como la consideración de los antecedentes penales de las personas, para negar medidas sustitutivas a la privación de libertad; la imputabilidad de menores de edad en casos de delitos; y, el aporte de armas, previo análisis muy profundo de sus implicaciones.

Igualmente, anunció que el próximo 22 de noviembre habrá una nueva reunión de la Mesa Anticorrupción, que es un espacio de reformas abierto por la Presidencia de la República, todo esto dentro del marco que corresponde a la Asamblea, que es el de legislar.

Muchos no le dan la importancia que se debiera, pero lo cierto es que esta enfermedad causó 4 millones de muertes en 2017. Hablamos de la diabetes, una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.

Desde 1980 el número de personas con diabetes en el mundo casi se ha cuadruplicado. Se estima que 425 millones de adultos padecían diabetes en 2017, frente a los 108 millones de 1980.

Este preocupante crecimiento también es extrapolable a América Latina, donde los datos hablan por sí solos: la diabetes es la cuarta causa de muerte en el área.

Todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones en diversas partes del organismo e incrementar el riesgo de muerte prematura. Además, provoca el aumento de factores de riesgo conexos, como el sobrepeso o la obesidad.

Gran parte de los casos y sus complicaciones podrían prevenirse manteniendo una dieta saludable, una actividad física regular y un peso corporal normal, y evitando el consumo de tabaco.

La importancia de la atención médica contra la diabetes

El tema del Día Mundial de la Diabetes 2021 es "Acceso a la atención de la diabetes".

Cien años después del descubrimiento de la insulina, millones de personas con diabetes en todo el mundo no pueden acceder a la atención que necesitan. Los diabéticos requieren supervisión y apoyo continuos para controlar su afección y evitar complicaciones.

El centenario del descubrimiento de la insulina presenta una oportunidad única para lograr un cambio significativo para los más de 460 millones de personas que viven con diabetes y los millones más que están en riesgo. Unida, la comunidad mundial vinculada al problema de la diabetes tiene los números, la influencia y la determinación para lograr un cambio significativo. Solo necesitamos asumir el desafío.

Tipos de diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre).

La diabetes de tipo 1 (anteriormente denominada diabetes insulinodependiente o juvenil) se caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina.

La diabetes de tipo 2 (llamada anteriormente diabetes no insulinodependiente o del adulto) tiene su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es consecuencia del exceso de peso o la inactividad física.

La diabetes gestacional corresponde a una hiperglicemia que se detecta por primera vez durante el embarazo.

Antecendentes

El Día Mundial de la Diabetes (DMD) fue creado en 1991 por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes en respuesta al aumento de la preocupación por la creciente amenaza para la salud que representa esta enfermedad.

El Día Mundial de la Diabetes se convirtió en un día oficial de las Naciones Unidas en 2006 con la aprobación de la Resolución 61/225 de las Naciones Unidas. Se celebra cada año el 14 de noviembre, aniversario del nacimiento de Sir Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto con Charles Best en 1922.

La Fiscalía del Guayas vinculó a José Paúl S. Y., funcionario del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, al caso por presunto delito de peculado en la adquisición de insumos médicos y prótesis de hombros para el Área de Traumatología, que habría causado un perjuicio al Estado de 1’455.462,50 dólares.

En la audiencia de vinculación, desarrollada la mañana del viernes 11 de noviembre en la Unidad Judicial Sur Valdivia, el fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez Pilay, presentó como elementos de convicción: el Iinforme con Indicios de Responsabilidad emitido por la Contralaría General del Estado (CGE) y el informe contable, que determina el perjuicio económico por un contrato para el área médica de la casa de salud.

Además, el informe del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), las versiones de los auditores de la CGE, las copias certificadas del contrato remitido por el IESS, el acta de entrega-recepción de las prótesis, la pericia de contratación pública (que ratifica incumplimientos de procedimientos), la certificación del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador y los requerimientos solicitados para el Área de Traumatología.

La jueza de Garantías Penales, Magdalena Preciado, acogió el pedido de Fiscalía y vinculó al proceso a José Paúl S. Y., disponiéndole medidas cautelares de prohibición de salida del país y su presentación periódica ante el Fiscal que lleva la investigación.

La Magistrada le prohibió también enajenar bienes por un monto de 350.000 dólares.

La instrucción fiscal se extiende por treinta días más.

Actualmente, José Paúl S. Y. es funcionario del hospital Teodoro Maldonado y a la fecha de los hechos se desempeñaba en la Unidad de Traumatología: sería quien solicitó –sin justificar la necesidad– los requerimientos para la compra de los insumos médicos.

Contexto

Fiscalía inicio una investigación a mediados de julio de 2021, tras haber recibido un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal por parte de la CGE por un presunto perjuicio de cerca de 1’455.462 dólares en un contrato de adquisición de insumos y prótesis de hombros para la Unidad Técnica de Traumatología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS, en el periodo correspondiente al año 2019.

Una vez recaudados los elementos de convicción necesarios, Fiscalía solicitó –el 17 de agosto de 2022– la audiencia de formulación de cargos contra Susana Sumpy E. D., César Emilio V. B., Angélica Andrea R. J. (funcionarios de la casa de salud) y Julia M. P. (contratista), para quienes se emitieron medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación cada quince días ante Fiscalía, además de la prohibición de enajenar bienes por 350.000 dólares a cada uno.

El 14 de octubre de 2022, Fiscalía vinculó a Carlos Arturo V. F., Hayro Adalberto D. V., Julio Alejandro R. M., Andrés Alexander L. H. y Jorge Josué H. A.

A este último –exjefe de Compras Públicas– se le dictó prisión preventiva.

Información jurídica

Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de peculado con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Fiscalía formuló cargos contra José Andrés R. A. por su presunta participación en el robo con resultado de muerte del servidor policial Eduardo Javier P. C., con base en los indicios obtenidos durante la investigación.

En la audiencia de formulación de cargos efectuada la mañana de este 11 de noviembre de 2022, la Fiscal del caso –de manera motivada– solicitó la prisión preventiva, misma que fue aceptada por el Juez de Garantías Penales que conoció el caso.

El hecho ocurrió en la madrugada del 17 de octubre de 2022, mientras el servidor policial Eduardo Javier P. C. intentó evitar un asalto a una gasolinera en Santo Domingo de los Tsáchilas, en la que uno de los delincuentes fue abatido.

Fiscalía –mediante técnicas especializadas de investigación– obtuvo indicios que establecieron la existencia de un grupo delictivo dedicado al robo en gasolineras, que se trasladaban desde Esmeraldas a cometer los ilícitos hasta Santo Domingo de los Tsáchilas.

Entre los elementos recabados constan: el análisis de información, relación de llamadas telefónicas, ubicación de celda de los números utilizados por los investigados, videos del establecimiento, entrevistas, entre otros.

Fiscalía solicitó –días atrás– la orden de detención con fines investigativos del ahora procesado. También, Fiscalía continúa con el trabajo de campo –en coordinación con la Policía Nacional– para la aprehensión de los demás sospechosos del crimen.

Información jurídica

El delito de robo con resultado de muerte está tipificado en el artículo 189, inciso 6, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con pena privativa de libertad será de veintidós a veintiséis años.

La Comisión de Régimen Económico aprobó este sábado el cronograma de trabajo para el tratamiento de la Proforma del Presupuesto General del Estado para el período fiscal 2023, que asciende a 31.503 millones de dólares y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2023-2026.

Los legisladores coincidieron en la necesidad que durante el análisis y debate de estos documentos participe de manera permanente un representante del Ministerio de Finanzas, a fin de que realice un acompañamiento durante todo el proceso para absolver las consultas.

Según el Ministro de Finanzas, en la proforma se asignan 200 millones de dólares adicionales para las instituciones de educación superior por concepto del Fondo Permanente de Desarrollo Universitario y Politécnico, USD 3.357 millones para los gobiernos autónomos descentralizados; y, USD 2.354 millones para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por el aporte del Estado del 40% de las pensiones jubilares y otros, entre otros aspectos.

De conformidad con la Constitución de la República, la Asamblea Nacional tiene plazo hasta el 30 de noviembre para aprobar la Proforma del Presupuesto

La sentencia fue ratificada en todas sus partes. El procesado, Cristian Eduardo A., abogado de profesión, fue condenado a una pena privativa de la libertad de tres años tras haber sido hallado culpable del delito de extorsión.

El fallo de primera instancia fue apelado por el acusado, pero la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha rechazó dicho recurso, dándole nuevamente la razón a Fiscalía, que –citando los elementos de prueba esgrimidos en primera instancia– demostró por segunda ocasión la responsabilidad penal de Cristian Eduardo A. en el delito imputado.

Los magistrados dijeron que está “absolutamente demostrado el elemento objetivo” del delito de extorsión: la intimidación. La no existencia de esta figura era el fundamento que utilizó la defensa del procesado para intentar revertir la sentencia.

La Corte, además, resolvió que, con base en las pruebas practicadas por Fiscalía, se comprobó que la extorsión afectó el patrimonio de la víctima, desechando de esta forma la pretensión del procesado.

Por su responsabilidad en el delito de extorsión, el procesado también tendrá que pagar una multa de diez salarios básicos unificados y una reparación integral de 20.500 dólares a favor de el agraviado.

Extorsionado por no ir preso

La víctima, Xavier E., comenzó a vivir su pesadilla el 13 de enero de 2019. Esa fecha, se produjo una violación grupal en el bar donde él mantenía una relación societaria. La víctima de este delito fue una mujer cuyo caso se denominó “Martha”.

De acuerdo al testimonio del afectado, que fue parte de la prueba practicada por Fiscalía en la audiencia de juicio, un día después de los hechos Cristian A. lo contactó para explicarle que patrocinará la defensa de “Martha” y que para evitar que lo vinculen al proceso que se abrió por la agresión sexual, debía entregarle 1.500 dólares.

Aunque Xavier E. sabía de su inocencia, el miedo por verse envuelto en el caso le obligó a conseguir esa suma de dinero que fue entregado al abogado extorsionador.

Su calvario no terminó ahí. El 4 de febrero de 2019, Cristian A. volvió a contactarse con él para pedirle 5.000 dólares más. Según le dijo, esa era la única forma en que podría salir libre de la causa, pues quienes sí estaban procesados por la violación grupal a “Martha” lo querían vincular.

Ocho días después, Cristian A. lo contactó otra vez. En esa ocasión le exigió 15.000 dólares, explicándole que así podía frenar su inminente vinculación al caso que generó conmoción en Quito. Para intimidarlo, el ya sentenciado le dijo que podía ir preso por treinta años y que debería pensar en su familia.

Al verse contra la pared, la víctima consiguió asesoría legal que le advirtió de la extorsión de la que estaba siendo objeto. Él se contactó con “Martha” para preguntarle si estaba al tanto de lo que ocurría, a lo que ella respondió que no y que, por estos hechos, cesaría a Cristian A. como su patrocinador legal.

El abogado fue detenido y procesado por el delito de extorsión. Su causa llegó a etapa de juicio y, tras haber sido hallado culpable con las pruebas presentadas por Fiscalía, su defensa solicitó la suspensión condicional de la pena, determinada en el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Pese a que Fiscalía se opuso a dicha pretensión, el Tribunal de Garantías Penales aceptó el requerimiento de Cristian A., advirtiendo que deberá cumplir con los requisitos establecidos en los numerales 1, 3, 7, 8, 9, y 10 de ese mismo artículo. De esta manera, el procesado cumple su sentencia, pero sin una pena privativa de la libertad.

Con la presencia de varias organizaciones sociales, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió por unanimidad declarar la Lucha contra el Cáncer de Mama como tema de sensibilidad e interés nacional, que necesita políticas de salud adecuadas y claras que sean difundidas en la sociedad, para generar conciencia ciudadana en todos los estratos socio – económicos.

El objetivo es trabajar de manera conjunta para fomentar el auto cuidado y controlar los factores de riesgo con los programas de detección temprana, tratamiento, tamizajes para incidir en la reducción del cáncer.

Decidió fomentar bajo la planificación y creación de políticas públicas la implementación de mecanismos de diagnóstico de precisión, hasta el año 2025, para reducir la tasa de mortalidad de las mujeres con cáncer de mama; y, solicitar a la Comisión del Derecho a la Salud realizar el seguimiento del cumplimiento de la Estrategia de Atención Integral del Cáncer y el Plan Nacional de Cuidados Paliativos.

Exhortó al presidente de la República, Guillermo Lasso, que cumpla con lo establecido en los artículos 361 y 362 de la Constitución, relacionados con la formulación de la política de salud y los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. Además, que exija al Ministro de Salud aplicar las medidas para que los servicios de salud fomenten la realización de exámenes clínicos preventivos a la edad apropiada para detectar a tiempo el cáncer. En el caso del cáncer de seno, promover el acceso a tamizaje y mamografías de calidad.

La asambleísta Yeseña Guamaní, proponente de la resolución, recalcó la necesidad de fomentar la realización de exámenes clínicos preventivos, así como al derecho al acceso equitativo a los mejores tratamientos de precisión y de calidad, sin importar su ubicación o condición socio-económica.

Pacientes con cáncer

Nuevas voces de pacientes con cáncer se hicieron escuchar en el Pleno. Andrea Arroyo, presidenta de la Fundación CA Positivo, hizo un recuento del proceso doloroso que atraviesa una persona con cáncer. Dio su testimonio, en su familia le arrebató a su madre, padre y abuela. “El cáncer no es lo único que se hereda, también la fuerza y la determinación, aún estamos a tiempo de construir un mundo más empático y solidario”, afirmó.

Olga Valencia, de la Fundación Acuerdo contra el Cáncer, comentó que recibió la medicación luego de su última comparecencia en la Asamblea Nacional. María Gabriela Rivadeneira, directora de la Fundación Fuerza Rosa, agradeció al Legislativo por unirse a esta lucha en conjunto y no quiere que el sistema de salud siga robando más vidas de mujeres.

Diego Jimbo, de la Fundación Acuerdo contra el Cáncer, pidió dejar las redes sociales como medios de referencia eficientes para conseguir turnos en los hospitales y se respete los formularios con los tiempos adecuados.

Durante el análisis del tema, los legisladores se solidarizaron y recalcaron en lo complejo del proceso, no solo para quien sufre la enfermedad, sino para sus familia. Subrayaron en la importancia de prestar atención al tema y la urgencia de dotar los recursos necesarios para inversión en la atención y tratamiento a las enfermedades catastróficas.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social convoca a la ciudadanía a inscribirse en el concurso para designar a la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.

Los ciudadanos que cumplan con los requisitos y cuenten con la preparación profesional que se requiere podrán entregar sus postulaciones del lunes 14 al viernes 25 de noviembre de 2022, de 08h30 a 17h00 y en la misma hora dentro del huso horario correspondiente en el exterior.

Requisitos:

Además, en el concurso  se valorará preparación profesional y experiencia laboral en Derecho, Economía, Auditoría, Finanzas, Administración Pública, Ingeniería Civil, Ingeniería en Minas y Petróleos, Ingeniería Ambiental o Gestión Pública.

El formulario único de postulación y hoja de vida, prohibiciones, documentos y forma de presentación, se encuentran en la convocatoria completa publicada en la página web institucional: www.cpccs.gob.ec.

Las postulaciones se receptarán en las oficinas del CPCCS en todo el país, así como en las Embajadas y consulados del Ecuador en el exterior.

https://www.cpccs.gob.ec/convocatoria_concurso_contraloria_general-del-estado/

Reglamento del concurso

Información sobre el proceso

El Pleno de la Asamblea Nacional, con 70 votos afirmativos y 45 en contra, negó la autorización previa, solicitada por la doctora Mercedes Caicedo Aldaz, jueza nacional (e) para enjuiciar penalmente al legislador Fernando Villavicencio, dentro del proceso contravencional que inició el legislador Ronny Aleaga en su contra.

La Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa establecen que los asambleístas gozarán de fuero de Corte Nacional de Justicia durante el ejercicio de sus funciones; y, para el enjuiciamiento penal por cualquiera de las infracciones penales tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), que incluye a los delitos y contravenciones, en contra de un legislador es necesario requerir la autorización previa de la Asamblea Nacional.

Debate

En el debate intervinieron nueve legisladores, quienes defendieron lo que establece la Constitución de la República para que los parlamentarios puedan ejercer sus funciones de fiscalización. Ricardo Vanegas recordó que la Asamblea ya cuenta con un precedente, cuando en agosto 2022, se pretendió levantar la inmunidad a Yeseña Guamaní.

Fernando Villavicencio cuestionó que una denuncia por supuestamente cometer una contravención de cuarta clase sea causal para levantar la inmunidad parlamentaria.

De su lado, Ronny Aleaga advirtió que Villavicencio habría utilizado el aparataje comunicacional para injuriarlo sin haber presentado, hasta el momento, una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Señaló que el respeto debe primar entre adversarios políticos.

Mario Ruiz cuestionó el uso de las redes sociales para emitir afirmaciones sin tener pruebas, para influir en la opinión pública. Ana Belén Cordero dijo que “se debe tener respeto en nuestra labor parlamentaria de fiscalizar y legislar”.