Hechos Ecuador

La Comisión de Régimen Económico sugiere al Pleno de la Asamblea Nacional ratificar los textos del proyecto de reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas para Garantizar Presupuestos Incrementales en Educación y Salud que fue aprobado por la Asamblea Nacional.

La legisladora Jhairen Noriega mocionó ratificar los textos de los artículos 2 (80.1; 80.3 y 80.4), 4 y 5, moción que fue respaldada por los asambleístas Franklin Arce, Blasco Luna, Jhonny Terán y Mireya Pazmiño. En contra votaron los parlamentarios Byron Maldonado, Blanca Sacancela y Eitel Zambrano.

Respecto del artículo 2 (80.1), la mesa legislativa plantea que el incremento constitucional para salud y educación se dé en función del valor mayor entre el presupuesto codificado y el inicial, en virtud que cumple la Constitución y beneficia a la ciudadanía.

El artículo 80.3 hace referencia al computo de las asignaciones para salud. En el informe se sugiere la ratificación por cuanto no contraviene la Constitución ni genera antinomias con el Código de Planificación y Finanzas Públicas.

Igualmente, se sugiere ratificar el texto del artículo 80.4 sobre no regresión presupuestaria. En este marco, se determina que cuando se alcance la asignación constitucional de mínimo 6% del PIB para la educación inicial, básica y bachillerato; o, mínimo 4% del PIB para el Sistema Nacional de Salud, la proforma del Presupuesto General del Estado contendrá la asignación que permita conservar al menos dicho porcentaje en el año siguiente.

Cuando se alcance las metas establecidas en el inciso anterior, estas asignaciones solo podrán reducirse nominalmente si en la proforma del Presupuesto General del Estado se prevé una caída del PIB nominal, en cuyo caso se mantendrán asignaciones relativas al PIB no menores a la meta constitucional antes señalada.

La mesa legislativa propone ratificar el artículo 4 que hace mención a la no disminución de las asignaciones para enfermedades raras, huérfanas y catastróficas y el presupuesto de educación superior a través de modificaciones presupuestarias.

Así mismo, sugiere ratificar el artículo 5 en virtud que mejora la transparencia y aumenta el control político sobre la ejecución presupuestaria.

La Comisión de Fiscalización continuó la recepción de testimonios, como parte de las pruebas de cargo y descargo, en el proceso de sustanciación de la solicitud de juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Freddy Viejó, ex coordinador general de Asesoría Jurídica del CPCCS, aceptó haber elaborado un informe por pedido del Pleno del Consejo, en el que se recomienda remover de sus funciones al vocal del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo. Argumentó que el informe se fundamentó en un un memorando suscrito por el ministro de Trabajo de ese entonces, Andrés Isch, en el que se informaba sobre el impedimento que pesaba en contra de Fausto Murillo para ocupar un cargo público.

Viejó también aceptó haber recomendado que el Consejo de Participación Ciudadana acepte la sentencia emitida a favor de Fausto Murillo, para ser reintegrado al cargo del que fue removido, al considerar que hay que respetar las decisiones judiciales, sean estas correctas o no.

Patricio Donoso, ministro de Trabajo, en su comparecencia aclaró que la LOSEP se aplica de manera subsidiaria a los servidores de la carrera judicial y por lo tanto no es aplicable para los vocales del Consejo de la Judicatura, al considerar que estos no pertenecen a la carrera judicial.

Andrés Isch, exministro de Trabajo, se refirió a la función que tiene el ministerio en cuanto a las inhabilidades. Precisó que la institución lo único que hizo fue trasladar la información a la entidad nominante, para que tome las acciones que crea convenientes.

Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, aseguró que no se le concedió un debido derecho a la defensa, que el informe jurídico no contempló ninguno de los documentos que había remitido previamente como información de descargo. “Me canse de explicar el por qué, para ser vocal de la Judicatura, no tengo ningún impedimento. El informe jurídico presentado por Viejó es una reproducción del remitido por Isch. Luego de mi comparecencia se votó a favor del informe jurídico y fui removido de mi cargo” expresó.

Finalmente, Pablo Iglesias, superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, afirmó que no ha tenido relación alguna con Christian Cruz, ex presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y presentó documentos del IESS y el SRI como pruebas que respaldan esta declaración.

Los asambleístas de la comisión cuestionaron la relación laboral de Iglesias con la empresa ACME, que consta como experiencia laboral en la hoja de vida del superintendente, de la cual el funcionario precisó, no ha tenido ningún vinculo laborar comprobable, y que seguramente se trata de una empresa homónima en la que figura Christian Cuz como representante legal.

Luego de las comparecencias, la comisión suspendió la sesión para retomarla el lunes próximo, a fin de continuar el proceso de sustanciación del juicio político en contra de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Fiscalía procesa a tres personas por presunto peculado, luego de su participación en la contratación de servicios de mantenimiento de equipos electrónicos para el Hospital Los Ceibos, lo que habría ocasionado un perjuicio de 291.595 dólares, según los informes con indicios de responsabilidad penal emitidos por la Contraloría General del Estado (CGE).

En la audiencia de formulación de cargos, desarrollada anoche en la Unidad Judicial de Flagrancia Cuartel Modelo, el fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez Pilay, presentó como elementos de convicción: los informes con indicios de responsabilidad penal emitidos por la CGE, el de reconocimiento del lugar de los hechos, los informes contables en los que se identifica el presunto perjuicio ocasionado a la casa de salud, el informe de contratación pública, la resolución del contrato y su adjudicación, y el acta de convalidación de errores, suscrita por los miembros de la Comisión Técnica del referido hospital.

Además, los informes investigativos de la Unidad de Delitos Anticorrupción y de inspección ocular técnica de Criminalística de la Policía Nacional, las acciones de personal de los procesados y sus versiones, el comprobante único de registro (CUR de pagos), las facturas presentadas por el proveedor, entre otros.

El Juez de Garantías Penales acogió en parte el pedido de Fiscalía y dictó medidas cautelares de prohibición de salida del país y el arresto domiciliario –con control periódico del fiscal investigador, los días lunes y viernes– para Andrés C. M. (actual funcionario del hospital), Bolívar J. M. y Jorge Mauricio R. C.(exfuncionarios).

El Magistrado –por pedido de la Fiscalía– también dispuso la enajenación de bienes por un monto de 50 mil dólares para cada procesado.

Contexto

El fiscal César Suárez junto a agentes de Criminalística de la Policía Nacional allanaron el 10 de septiembre de 2021, el Hospital Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), ubicado al norte de Guayaquil, por supuestas irregularidades en la contratación de servicio de mantenimiento para equipos electrónicos del hospital, cuyo monto fue de 544.310,98 dólares.

Fiscalía inició una investigativo el 30 de agosto de 2021, por un informe con indicios de responsabilidad penal remitido por la CGE. La negociación la habrían realizado la exgerente general del hospital, Susana M., y el contratista Renato A., con la aprobación de la Comisión Técnica del centro hospitalario.

El informe señala que Renato A. no presentó documentación que avale su experiencia para  los trabajos de mantenimiento de equipos electrónicos del Hospital Los Ceibos.

Además, este habría recibido un anticipo de 291.595 dólares sin que hasta el 30 de abril de 2022 se haya dado ningún servicio. Finalmente, la CGE agrega que tampoco se adjuntaron certificados de capacitación ni de trabajo, contratos o facturas de entrega-recepción requeridos, “por lo que la oferta no cumplió con los parámetros establecidos” en el proceso.

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) designó, por mayoría, a Juan Carlos Larrea Valencia, como el nuevo Procurador General del Estado. El proceso se realizó a través de una terna presentada por el Presidente de la República, cuyos candidatos superaron las etapas de admisibilidad e impugnación ciudadana. El CPCCS notificará a la Asamblea Nacional para la respectiva posesión.

El presidente del CPCCS, Hernán Ulloa, tomó juramento al Procurador designado, quien se comprometió a realizar un trabajo serio y técnico para llevar a la institución a mejores niveles de eficiencia al servicio de la colectividad.

Juan Carlos Larrea Valencia es abogado de los Tribunales y Juzgados de la República, ha trabajado en la banca privada, en el departamento legal del Servicio de Rentas Internas, además, fue asesor Jurídico del Ministerio de la Producción. Se ha desempeñado como catedrático universitario y representante de la Cámara de Industrias de Guayaquil en la Comisión para tratar el proyecto de racionalización y simplificación tributaria.

Esta designación se dio durante la Sesión Extraordinaria Nro. 40,  realizada este jueves 20 de octubre de 2022, en la cual el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social recibió a los integrantes de la terna entregada por el Ejecutivo: Juan Enmanuel Izquierdo Intriago, Yolanda Narciza de Jesús Salgado Guerrón y Juan Carlos Larrea Valencia, en la audiencia de exposición del plan de trabajo que implementarían en caso de ser elegidos.

Durante su intervención, los candidatos expusieron sus planes de trabajo y respondieron las preguntas de los consejeros y consejeras.

Juan Carlos Larrea Valencia, señaló que la institución debe ser un ente técnico de apoyo, consultoría y patrocinio de las instituciones públicas, con una contínua presencia en territorio, acercamiento a la ciudadanía y, debe hacerse preponderante la participación ciudadana, así como el control social. Indicó que su plan de trabajo reforzará métodos alternativos de solución de conflictos, capacitación, asesoría permanente en territorio y de manera virtual, así como buscar convenios internacionales para la recuperación de activos.

Yolanda Salgado Guerrón, presentó un plan enfocado en tres objetivos: fortalecer la representación de la defensa del Estado a nivel nacional, incrementar la prevención del control de legalidad, y fortalecer la gestión estratégica operativa. Destacó que enfocará su trabajo en la prevención de posibles conflictos, lo que implicaría propuestas de cambios normativos para que los servidores públicos puedan ejercer su labor de defensa del Estado de manera más eficiente.

Juan Izquierdo Intriago, señaló que su plan de trabajo tiene como principal objetivo fortalecer el ejercicio de la defensa jurídica del Estado y sus instituciones, para una efectiva tutela de los derechos de las personas, así como del interés público y patrimonio estatal. En ese sentido, propuso medidas para fortalecer la institución en temas como la recuperación de los dineros provenientes de actos de corrupción, cooperación internacional, iniciativa legislativa, renovación tecnológica, entre otros.

La designación, tal como lo establece la normativa vigente, fue motivada, mencionando el cumplimiento, por parte del candidato de los criterios de especialidad y méritos y porqué se lo ha seleccionado, respecto de los otros postulantes.

Dirigentes de gremios de estudiantes secundarios y universitarios, del Colegio de Médicos y catedráticos de la Universidad SEK, solicitaron a la Comisión de Régimen Económico ratificar los textos del proyecto que garantiza presupuestos incrementales para educación y salud aprobados por la Asamblea Nacional.

Estas comparecencias se dieron en la Comisión de Régimen Económico en el marco del análisis de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de reformas al Código de Planificación y Finanzas Públicas.

Mauricio Chiluisa, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, afirmó que en los últimos cinco años el presupuesto de las universidades y escuelas politécnicas públicas se ha reducido en alrededor de 483 millones de dólares. También indicó que el Estado adeuda a las universidades alrededor de 850 millones de dólares por devolución del IVA.

Aseguró que 383 docentes han sido desvinculados, se redujo el presupuesto para investigación y becas académicas, por lo que respaldan el proyecto que busca garantizar presupuestos incrementales para educación y salud.

Cecilia Paredes, representante de la Coordinadora Nacional de los Maestros Jubilados del Ecuador “Alfonso Yánez”, pidió hacer justicia con los 17 mil maestros jubilados a quienes no se les paga el incentivo jubilar creado en el 2008.

De su lado, Dayana Basantes, presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios, subrayó que educación y salud debe ser prioridad en la gestión del Gobierno, pero al vetar este proyecto se evidencia el poco interés que da a estos dos sectores. La educación necesita inversión conforme lo determina la Constitución, dijo al propone que se ratifique el texto del proyecto.

La comisión también recibió a Andrés Albuja, de la Universidad Internacional SEK, quien coincidió en la necesidad de garantizar recursos para educación y salud.

Proyecto

En otro orden, la mesa legislativa conoció el proyecto de reformas al Código Monetario y Financiero para Impulsar la Competencia Extranjera en el Sistema Financiero Nacional, por el cual se ampliaría el espacio de competencia en el mercado de intermediación financiera al extenderse las posibilidades para el ingreso de sucursales bancarias extranjeras, las que, en virtud del diferencial de tasas de interés con el resto del mundo, volverían muy atractivas las operaciones de colocación en el país.

La asambleísta Mireya Pazmiño, presidenta de la comisión y proponente del proyecto, explicó que con ello se busca generar flujo de divisas hacia la economía ecuatoriana para su colocación como crédito, lo que incidiría notablemente en una reducción de las tasas de interés locales, expandiendo las posibilidades de financiamiento, principalmente productivo, con claros efectos positivos en el crecimiento productivo y el sostenimiento de la dolarización.

El lunes 24 de octubre de 2022 se reunirá el Comité de Ética para calificar las pruebas expuestas de las partes denunciante y denunciada en el proceso de sustanciación de la denuncia presentada por la asambleísta Johanna Ortiz en contra de la legisladora Guadalupe Llori.

La denuncia presentada por Johanna Ortiz corresponde a una presunta violación del numeral 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, relacionada con las prohibiciones a los y las asambleístas, en el que habría incurrido Guadalupe Llori.

La norma precisa que las y los asambleístas no podrán percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas, que incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo.

La Comisión de Fiscalización recibió los primeros testimonios, como parte de las pruebas de cargo y de descargo, en la sustanciación de las solicitudes de juicio político a los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), por presunto incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley.

El primero en comparecer fue el exsecretario general del CPCCS, Carlos Chiriboga, por pedido de los cuatro interpelantes, quien se refirió a la causal de juicio político relacionada con la reforma del Reglamento para la Designación de la Primera Autoridad de la Contraloría General del Estado, cuando el proceso ya había iniciado, lo cual configuraría el cometimiento de irregularidades para la selección del alto funcionario.

Igualmente, cuestionó el procedimiento seguido por cuatro de los siete consejeros en la remoción de la entonces presidenta, Sofía Almeida y del vicepresidente, David Rosero, que motivó acciones de protección y medidas cautelares ante la justicia ordinaria, decisiones que fueron desobedecidas por los cuatro consejeros de la nueva mayoría.

Luego, la mesa recibió a Fausto Lupera, excandidato al CPCCS, quien reconoció que mantuvo un diálogo con la consejera Ibeth Estupiñán, por pedido de Alfredo Pérez Serrano, para comentar sobre una postulante a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, concretamente Ginella Jácome.

Fausto Lupera lamentó que esa conversación sea utilizada con fines oscuros, pretendiendo decir que se trataba de un diálogo a favor de una u otra persona. “Lo que preocupa es que exista alguien enquistado en el Consejo para grabar las conversaciones, sin consentimiento de los intervinientes, para luego ejercer, posiblemente, actos de chantaje”, dijo.

En el desarrollo de estos testimonios participaron los solicitantes del juicio político Ángel Maita, Ricardo Vanegas y José Chimbo, como también varios de los consejeros cuestionados, quienes formularon preguntas a los comparecientes.

La audiencia de recepción de pruebas continuará este viernes en horas de la tarde, con la presencia de Freddy Viejó, director de Asesoría Jurídica del CPCCS; del exministro de Trabajo, Andrés Isch; el presidente encargado del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo; y, Pablo Iglesias, Superintendente de Ordenamiento Territorial.

La Comisión por la Verdad, Justicia y Reparación en el caso de María Belén Bernal recibió al secretario de Seguridad, Diego Ordóñez y al ministro de Interior, Juan Zapata, en el marco de las investigaciones sobre la desaparición y muerte de María Belén Bernal Otavalo.

El Secretario de Seguridad explicó que su cartera, en estricto apego a sus competencias, no tiene ninguna participación en lo que atañe a la investigación y sanción del presunto femicidio de la abogada María Belén Bernal. Indicó que apenas conoció del hecho se comunicó con la señora Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, para expresarle la solidaridad del Gobierno y la predispoción para apoyar todas las acciones de búsqueda de su hija desaparecida.

Añadió que fueron tres ocasiones en las que conversó con la señora Otavalo y coordinó el apoyo de estamentos como los bomberos para que se sumen al bloque de búsqueda de María Belén Bernal.

De su lado, el ministro de Interior, Juan Zapata, reiteró que se agotarán todas las acciones para la localización de Germán Cáceres. “No vamos a bajar la guardia en la búsqueda del sospechoso, hemos activado todos los mecanismos de cooperación con Ameripol y más de 150 países, con la difusión roja para Germán Cáceres”, agregó.

Indicó que desde que asumió el Ministerio del Interior se propuso cinco ejes de gestión: Política de seguridad ciudadana y pública con un enfoque integral; fortalecimiento de las capacidades institucionales de la Policía; reforma normativa y del modelo educativo policial, con énfasis en derechos humanos y equidad de género; comunicación estratégica; y, adecuadas relaciones interinstitucionales e internacionales.

En el eje normativo, dijo, que es imprescindible el aporte de la Asamblea Nacional, para actualizar la legislación que rige a las entidades de seguridad pública y del Estado, sobre todo en el aspecto disciplinario, porque en la actualidad los procesos sancionatorios internos toman un mínimo de 45 días, en el mejor de los casos y hay un excesivo garantismo que permite la reincorporación de elementos que son separados, luego de cumplidos los trámites administrativos y el respeto del debido proceso.

Recordó que permanentemente ha apoyado a la señora Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal; ha atendido todos los requerimientos formulados y está siempre en contacto para mantenerla al tanto de los avances de la investigación.

En el marco del trabajo que realiza la Comisión Ocasional para la Verdad, Justicia y Reparación, la fiscal general del Estado, Diana Salazar expuso los avances en la investigación por la desaparición y muerte de María Belén Bernal Otavalo y por el delito de fraude procesal relacionado con el mismo caso.

Diana Salazar inició su intervención aclarando que este no es un caso de fuero de Corte Nacional y por tal motivo, no está en conocimiento directo de los procesos en marcha, como si lo están los fiscales de primer nivel asignados al caso.

Detalló que como parte del proceso investigativo se han receptado 47 versiones a personas que podrían tener conocimientos de los hechos; se han emitido 77 impulsos fiscales; y, se han dispuesto 246 diligencias investigativas.

Además, explicó que la Fiscalía abrió una investigación por fraude procesal en relación a posibles actividades conexas relacionadas con el femicidio de Maria Belén Bernal, misma que tiene carácter reservado, razón por la cual solo se puede poner en conocimiento público datos generales.

Las asambleístas pidieron que la Fiscal aclare algunas dudas sobre las inconsistencias presentadas en torno al proceso de búsqueda del cuerpo de María Belén Bernal; la línea de tiempo referente al seguimiento y vigilancia del teniente Germán Cáceres; y, por qué solo hay una persona detenida por la causa.

La fiscal explicó que el día 21 de septiembre a la 01H20 la Policía no realizaba actividades de búsqueda del cuerpo, sino que se encontraba realizando otro tipo de actividades investigativas, las cuales tienen que ver con el mapeo técnico de la ruta de los dispositivos celulares, y que fue ahí cuando identificaron una funda negra y se dio el aviso al equipo de la DINASED. Una vez que se tuvo conocimiento del indicio a las 08:00 de la mañana se organizó el equipo de búsqueda que finalmente halló el cuerpo.

En cuanto al seguimiento y vigilancia del teniente Cáceres, puntualizó que la Fiscalía no contaba con los elementos suficientes para emitir una orden de detención con fines investigativos, y que ante la ausencia de estos, un juez niega la petición porque se considera que es infundada. “Cada entidad tiene que cumplir competencias, entonces la Fiscalía dirige la investigación y la Policía tiene que hacer la búsqueda de campo y son ellos los que tienen que detallar las actividades realizadas para dar con el paradero de Cáceres”, comentó.

Diana Salazar indicó que las investigaciones relacionadas con los oficiales que se encontraban en el edificio ese día forman parte del proceso de fraude procesal que está en su fase de investigación previa y es de carácter reservado, pero que no se han encontrado elementos suficientes para detener a otras personas.

El Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres mantuvo uno sesión de trabajo con las representantes de ONU Mujeres y Fundación Haciendo Ecuador, para continuar con la elaboración del proyecto de reforma a la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia.

Este proyecto tiene como objetivo fortalecer la participación política de las mujeres a partir de normas que aseguren la efectividad de la paridad y las disposiciones sobre violencia política de género, para garantizar la protección de las víctimas y el acceso a la justicia.

Patricia Calero, de ONU Mujeres, expuso sobre la “violencia política de género”. Dijo que es necesario fortalecer la normativa e incluir el principio de no discriminación y la prevención de la violencia política de género, como por ejemplo, que no pueda ser candidato quien tenga sentencia condenatoria ejecutoriada por violencia de género.

Por su parte, Mónica Banegas, de la Fundación Haciendo Ecuador, informó que el tema ha sido analizado en siete mesas de trabajo, con el objetivo de fomentar la participación de las mujeres en la política y en los debates de los temas de interés nacional.

Finalmente, la presidenta del Grupo Parlamentario, Zolanda Plúas anunció que el proyecto de reformas al Código de la Democracia se presentará el 25 de noviembre próximo.