Hechos Ecuador

El asambleísta Bruno Segovia presentó en la Unidad de Gestión Documental el proyecto de reformas a la Ley de Telecomunicaciones, que tiene el objetivo garantizar el derecho al internet y disminuir las brechas digitales que afecta principalmente a la niñez y la juventud.

El legislador sostuvo que la normativa garantiza el derecho al acceso universal y progresivo al servicio móvil avanzado (SMA) y al Servicio de Internet (SAI), a través del Ministerio rector de Telecomunicaciones.

Indicó que las redes comunitarias de telecomunicaciones tienen el propósito de satisfacer las necesidades de estos servicios en las comunidades, pueblos y nacionalidades, pueblo afroecuatoriano y montuvio en los sectores rurales y urbanos marginales del Ecuador. Sostuvo que, según su propuesta normativa, estos sectores de la población tendrán un diseño de red abierta, sin protocolos, ni especificaciones de tipo propietario y permitirá la interconexión con otras redes públicas.

Además manifestó que como parte de responsabilidad social se implementará la conectividad de acceso público y gratuito en instituciones educativas en los sectores rurales y urbano marginales, y que su operación requiere de un registro realizado por la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones.

Por último, expresó que en Ecuador, según informes oficiales, en el año 2021, el 53% de los hogares tenían acceso al internet a nivel nacional; el 61,7% en el área urbana y el 34,7% en el área rural.

Con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Pleno de la Asamblea Nacional escuchó a María Rivadeneira, presidenta de la Fundación “Fuerza Rosa”; Diego Jimbo, coordinador nacional del Acuerdo Contra el Cáncer; y, Paola Valencia, vicepresidenta del Observatorio de Enfermedades Catastróficas del Ecuador, quienes solicitaron aprobar la normativa técnica que proteja a miles de hombres y mujeres que padecen cáncer donde se incluya la promoción, prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado y continuo de esta enfermedad.

El presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela expresó su decisión de apoyar la lucha contra el cáncer y las enfermedades catastróficas, raras y huérfanas. “Los testimonios de las personas que tienen esta grave enfermedad no pueden quedar en la indiferencia, reitero el compromiso de legislar para construir una ley que garantice el diagnóstico temprano y una atención integral a quienes tienen esta patología”, resaltó.

María Rivadeneira reseñó la lucha que vive desde que le diagnosticaron cáncer, con 28 quimioterapias y 30 radioterapias. “No se puede perder más vidas por esta causa, se debe velar por los pacientes que padecen cáncer para que tengan calidad de vida. Urge un sistema de salud integral”, precisó.

Diego Jimbo, al dar datos de la muerte de varias personas con cáncer producto de la ineficiencia del sistema de salud, pidió a la Legislatura apoyar las acciones para incidir en la reducción de la muerte por cáncer, fomentar el tamizaje mamográfico como un mecanismo de diagnóstico temprano para detectar la enfermedad.

Así mismo, solicitó fiscalizar la estrategia integral y el Plan Nacional de Salud, ante los problemas detectados en la provisión de medicamentos y las fallas en el tratamiento. Pidió iniciar el juicio político en contra de la exministra de Salud Pública, Ximena Garzón.

Mientras, Paola Valencia recordó que a los 40 años de edad le diagnosticaron cáncer de tiroides agresivo, que luego se diseminó en todo el cuerpo. Habló de la falta de medicación, lo que ha desmejorado su salud.

La asambleísta Yeseña Guamaní informó que el próximo martes se conocerá en el Pleno de la Asamblea Nacional la Declaratoria de Lucha Contra el Cáncer de Mama, que busca sensibilizar a la población la importancia de la detención temprana y acceso a tratamientos médicos efectivos para disminuir el cáncer, así como las enfermedades catastróficas, raras y huérfanas en Ecuador, atención de calidad sin importar su condición económica y social. Todos tenemos derecho a la atención de salud, dijo.

Como parte de los hechos que ratifican la transparencia y la participación protagónica de la ciudadanía en las diferentes fases de las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023, el Consejo Nacional Electoral (CNE) seleccionó, a través de un sorteo aleatorio y de manera simultánea en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales, a un total de 279.244 Miembros de Juntas Receptoras del Voto (MJRV), quienes receptarán y escrutarán los votos el próximo domingo 5 de febrero.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, participó en este hito del calendario electoral desde la provincia de Loja,  donde destacó la labor que cumplirán quienes resultaron seleccionados como MJRV. “Cuidar y garantizar el voto requiere de los mejores hombres y mujeres, que sin duda serán los ciudadanos que hoy fueron seleccionados en este sorteo que, de forma simultánea, se realizó en todo el Ecuador. Tengan presente que en sus manos está la Democracia”, manifestó.

El vicepresidente del CNE, Enrique Pita García, acudió a la Delegación Electoral de Guayas con el objetivo de constatar el desarrollo de esta fase del proceso electoral. Mientras que el consejero José Cabrera Zurita, quien participó en la selección de los MJRV en Pichincha, reconoció el rol trascendental que cumplirán los ciudadanos que fueron seleccionados. “Como Miembros de las Juntas Receptoras del Voto tienen un compromiso con el país, pues su rol constituye el pilar que garantizará el éxito de la jornada electoral”, enfatizó.

Por su parte, las consejeras Esthela Acero y Elena Nájera, hicieron un llamado a los  MJRV para que realicen su trabajo con ética, honestidad y transparencia. Adicionalmente, para las tres circunscripciones del exterior, se seleccionaron 2.190 MJRV, para las 51 zonas electorales establecidas para la votación presencial.

Los ciudadanos podrán consultar si fueron designados como MJRV en la página web www.cne.gob.ec o a través del aplicativo CNE App. El proceso de capacitación obligatoria se realizará desde el 8 de noviembre de 2022 al 5 de febrero de 2023 a través de las 24 Delegaciones Provinciales.

El 83,85% (3.801) del total de instituciones y el 83,45% (4.855) de las autoridades de elección popular cumplieron con el mandato constitucional y legal de rendir cuentas a la ciudadanía de su gestión. Adicionalmente, se recibieron 238 informes de autoridades de elección popular suplentes. Estos datos representan un incremento del 1,33% en el nivel de cumplimiento de las instituciones, con relación al año anterior.

Así lo indica el Informe de Implementación del Proceso de Rendición de Cuentas del Periodo Fiscal 2020, que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conoció y aprobó durante la Sesión Ordinaria Nro. 39.

El Informe señala que el 100% de las entidades que conforman las Funciones Legislativa y Judicial cumplieron con su obligación de rendir cuentas. Los Gobiernos Autónomos Descentralizados, las Funciones Electoral y Ejecutiva tuvieron un cumplimiento superior al 90%.

De conformidad con Ley Orgánica del CPCCS, se remitirán los listados de las instituciones y entidades del sector público que incumplieron con la obligación de rendir cuentas a la Contraloría General del Estado, a fin de que se proceda con las acciones correspondientes.

El informe completo, así como sus anexos, se publicarán en la página web del CPCCS, con la finalidad de informar a la ciudadanía y fortalecer su función de evaluadora y primera fiscalizadora de la gestión de los sujetos obligados a rendir cuentas.

Juan Zapata, ministro del Interior, compareció ante la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, con el fin de conocer las medidas que han tomado frente a los hechos de violencia que se suscitaron en el Centro de Rehabilitación Social Cotopaxi y en el Centro de Rehabilitación Social de Varones No. 1 de Guayaquil, en el marco del proceso de fiscalización de la crisis carcelaria.

Zapata mencionó que las autoridades penitenciarias de la cárcel de Cotopaxi son las llamadas a informar qué pasó con el PPL Leandro Norero y su permisibilidad dentro del centro de rehabilitación.

Además explicó que trabajan en base a cinco enfoques de seguridad integral, entre ellos doctrina, recursos y las reformas al régimen disciplinario que, según dijo, serán presentadas a la Asamblea Nacional la próxima semana.

Adicionalmente Zapata manifestó que el presupuesto para seguridad asciende a 13 millones, recursos que están invertidos en vehículos, mantenimiento, matriculación y otros equipos que próximamente se pondrán en marcha.

También explicó que la reestructuración de la Policía es un tema que le compete al Ejecutivo. Aseguro que, todo policía que incumpla los parámetros establecidos en la normativa legal, reglamentaria y estatutaria será expulsado de la institución.

La Comisión de Educación recibió a Andrea Montalvo, titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) para que explique los procesos de admisión en las universidades y escuelas politécnicas y la planificación para fortalecer el sistema de educación superior.

El presidente de la comisión, Manuel Medina advirtió que el sistema de evaluación siempre ha presentado dificultades que perjudican a la juventud que espera prepararse para alcanzar una profesión, razón por la que exigen a las autoridades competentes que rindan cuentas y buscar soluciones para que los jóvenes puedan ingresar a la universidad.

Por su parte, Andrea Montalvo dio a conocer que en la primera etapa se crearon 168 mil cupos, de los cuales 95 mil fueron aceptados y 72 mil no fueron asignados; en la segunda etapa hay 68.830 aspirantes.

Informó que se han tomado acciones para viabilizar un proceso inclusivo y permitir el ingreso de estudiantes de pueblos y nacionalidades, sistema que privilegia los méritos y la igualdad de oportunidades. Informó que las carreras más solicitadas son Medicina, Derecho y Turismo. Precisó que la asignación de los cupos a los aspirantes a las universidades públicas se ha manejado con transparencia y que en la calificación participa personal calificado.

De su lado, Dayana Basantes, presidenta de la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador (FESE), afirmó que la información de la Titular de la Senescyt no se ajusta a la realidad, puesto que hay más de un millón y medio de estudiantes que no han podido ingresar a la universidad. “Lo fundamental es que se cumpla con el presupuesto que prevé la Constitución, el problema no son las calificaciones de los estudiantes, no queremos más improvisación en la educación por parte del Gobierno”, añadió.

Así mismo, Oswaldo Gallo, representante de los padres de familia, precisó que no se cumple el mérito académico, ya que existen alumnos con excelentes puntajes, pero no tienen un cupo en la universidad, a la vez anunció que no desmayarán en esta lucha para evitar que los derechos de sus hijos sean vulnerados. Pidió que se valore el puntaje de los estudiantes y no se les quite la oportunidad de cumplir el sueño de formarse como profesionales.

Durante la sesión representantes de los estudiantes afectados expresaron su posición sobre el proceso y resultados del Examen Transformar. Solicitaron hacer el seguimiento de los diferentes casos que requieren solución, porque “la pobreza no es sinónimo de ignorancia y se están quedando afuera estudiantes con excelencia académica”.

Los legisladores sostuvieron que el Gobierno debe incrementar el presupuesto para la educación superior para garantizar la formación profesional de miles de jóvenes.

Finalmente, el presidente de la mesa legislativa informó que adelantan el estudio de las reformas de la Ley Educación Superior, que buscan soluciones a los diferentes problemas que enfrenta el sector.

La Comisión de Relaciones Internacionales avanzó en el seguimiento del Plan de Registro Migratorio de las personas extranjeras que se encuentran en el país y el Plan de Regularización Extraordinario a favor de los ciudadanos venezolanos y su grupo familiar, mediante el otorgamiento de la visa de residencia temporal de excepción para ciudadanos venezolanos (VIRTE).

Para el efecto escuchó la información de Andrés Naranjo, director de Servicios Migratorios del Ministerio de Interior; Silvia Espíndola, viceministra de Movilidad Humana; Álvaro Garcés, subsecretario de Servicios Migratorios y Consulares; Fernando Alvear, director del Registro Civil; Verónica Cando, viceministra de Inclusión Social; Pablo Pérez, director de Mecanismos para Promoción y Protección de Personas en Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo; y, Samia Mármol, subsecretaria de Derechos Humanos.

Andrés Naranjo informó que el registro migratorio inició el 01 de septiembre de 2022 y que hasta la fecha 59.517 personas han completado este proceso, que tiene como finalidad generar un mecanismo de visado y está compuesto por cuatro etapas: registro y certificado migratorio, emisión de visa, cédula de identidad y proceso especializado para la regularización de niñas, niños o adolescentes no acompañados o separados.

Verónica Cando precisó que el procedimiento para niñas, niños y adolescentes no acompañados y separados, no tiene costo, lo único que se costeará será la cedulación, mismo que contará con apoyo de organismos internacionales.

Por otro lado, Pablo Pérez explicó que la Defensoría del Pueblo no tiene un rol específico en este proceso, pero se encarga de garantizar a todos los habitantes sus derechos. En esta misma línea, Samia Mármol ratificó el compromiso de la Secretaría de Derechos Humanos para trabajar de forma coordinada con los casos que podrían derivarse de las carteras de Estado encargadas de este proceso.

A criterio de las autoridades, el programa beneficiará tanto a las personas en situación de movilidad, como a las comunidades que las acogen, dado que facilitará la inclusión y promoverá la reactivación económica del país.

En otro orden, la comisión recibió a las legisladoras Marjorie Chávez y Esther Cuesta, quienes presentaron sus observaciones al proyecto de Ley contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.

Marjorie Chávez explicó que su propuesta contribuye al desarrollo de una norma coherente, orientada a brindar protección, asistencia, atención y apoyo en la judicialización tanto a las víctimas como posibles víctimas de tráfico ilícito de migrantes.

Por su parte, Esther Cuesta sostuvo que la ley debe tener un enfoque de derechos humanos. Propuso que la rectoría en materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes esté a cargo del ente rector en materia de derechos humanos. “Tenemos que enfocarnos en la prevención, protección y reparación de las víctimas”, añadió.

Ministerio de Agricultura y Secretaría de Pueblos presentan informe de ejecución de presupuesto

Ante la preocupación de la Comisión de Régimen Económico sobre el nivel de ejecución del presupuesto en este año, los directivos del Ministerio de Agricultura y de la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades acudieron a la mesa legislativa a presentar la información correspondiente.

Gretty Vargas, de la Secretaría de Pueblos, expuso los montos, proyectos y porcentajes del presupuesto de este año que ha ejecutado la institución hasta el 30 de septiembre pasado. La ejecución en inversión está en un 18,51%, mientras que la de gasto corriente está en un 48,32%.

Aseguró que, en cuestiones públicas hay ocasiones en las que se heredan situaciones como estas, pero que su reto y compromiso con el cargo al que ha sido designada es mostrar que se puede ejecutar este presupuesto en su totalidad.

“Estamos trabajando en el fortalecimiento de los dos proyectos emblemáticos que maneja la Secretaría, el de desarrollo integral pueblos y nacionalidades y el de fortalecimiento de economías comunitarias, mismos que fueron articulados con los GAD parroquiales y se enfocan en apoyar los pequeños emprendimientos. Nosotros los queremos reformar y fortalecer, para que los recursos lleguen de manera directa”, concluyó.

Por su parte Eduardo Izaguirre, ministro subrogante de Agricultura, puntualizó que desde que recibieron la cartera de Estado, se inició una estrategia administrativa y de manejo, con la cual han dado un salto de calidad en el que la ejecución de proyectos en las diferentes áreas del ministerio ha sido una prioridad. “La mayor cantidad de problemas que se han encontrado son los relacionados a nudos legales y de procedimiento, que dentro tres meses esperamos seguirlos desatando”, comentó.

Las ejecuciones presupuestarias, de acuerdo con los datos presentados, muestran un cumplimiento del 70,54% en el gasto corriente y un 56,89% en el gasto de inversión.

El funcionario reconoció que hay proyectos, como el de Dinamización del Sector Forestal y el de Fomento a la Producción Agrícola que tienen bajos porcentajes de ejecución, menos del 26%, pero son optimistas que ese porcentaje aumente considerablemente antes de que finalice el año.

Los asambleístas resaltaron la importancia de contar con las comparecencias de las autoridades convocadas, no de delegados, inclusive cuando los números en cuanto al cumplimiento del presupuesto de sus carteras no son los mejores. Señalaron, además, que uno de los parámetros para medir la gestión de un ministerio es el nivel de ejecución y que es importante conocer si existen problemas que retrasan estos procesos.

Por unanimidad, la Sala de la Corte Provincial de Justicia de Azuay acogió el pedido de Fiscalía e incrementó la pena de veintiséis a treinta y cuatro años y ocho meses de privación de libertad para José Jonás L., como autor del femicidio de su pareja.

El sentenciado también deberá cancelar 124.800 dólares como reparación integral a los familiares de la víctima.

Durante la audiencia de apelación, efectuada el viernes 14 de octubre, la fiscal Blanca León expuso ante los magistrados, que –en la audiencia de juicio, desarrollada en julio de 2022–Fiscalía justificó la existencia de circunstancias agravantes de la infracción; sin embargo, el Tribunal no las consideró al dictar la sentencia.

Estas se encuentran tipificadas en los numerales 1 y 6 del artículo 47 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), las cuales hacen referencia a cometer el delito con alevosía y aumentar las consecuencias dañosas de la infracción para la víctima.

La investigación

La víctima salió de su domicilio el 27 de mayo de 2020 para trasladarse a la parroquia Cañaribamba del cantón Santa Isabel, donde cumpliría labores agrícolas. Debido a que no retornó, sus familiares denunciaron su desaparición.

El 4 de junio de 2022, en la quebrada San Pedro –cerca de la vivienda de José Jonás L.– fue encontrado un saco de yute que contenía fragmentos de huesos humanos y utensilios de cocina incinerados.

Por esta razón se allanó la vivienda del ahora sentenciado, donde se levantaron muestras de máculas de sangre. Además, frente al inmueble, en un sitio en el cual se había prendido fuego, se encontraron restos incinerados que correspondían a fibras textiles y alambres de colchón.

La investigación reveló que el día de su desaparición, la víctima llegó al domicilio de José Jonás L. y mientras se encontraban acostados sobre el colchón, él le disparó en la cabeza.

Enseguida quemó el cuerpo para desaparecerlo; sin embargo, el dorso de la mujer no fue incinerado, por lo que lo enterró en el sector Cebadillas. Los demás restos humanos los colocó en un saquillo, que fue lanzado a la quebrada.

Fiscalía justificó el cometimiento del delito y la responsabilidad del sentenciado con los testimonios de familiares de la víctima, de dos médicos legistas, un antropólogo forense, agentes de la Policía y peritos que practicaron las valoraciones psicológica y de trabajo social.

Información jurídica

El delito de femicidio está tipificado en los artículos 141 y 142 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y se sanciona con privación de libertad de veintidós a veintiséis años. En este caso la pena se incrementó por la existencia de circunstancias agravantes de la infracción

Los expedientes de los ecuatorianos y ecuatorianas que aspiran a ser declarados como héroes o heroínas del país, entran en la fase de calificación y verificación de los posibles actos heroicos que realizaron.

La Comisión de Verificación y Calificación a los Héroes y Heroínas Nacionales (CVCHHN) dio inició oficial a dicha fase, este 18 de octubre, dentro del Sexto Trámite Sumario.

Para el proceso de calificación, los miembros de la Comisión aplicarán la Ley de Héroes y Heroínas Nacionales, que en su Art. 1, establece como actos heroicos a los: “actos únicos, verificables, de valor, solidaridad y entrega, más allá del comportamiento normal esperado y del estricto cumplimiento del deber, aún a riesgo de su propia integridad; salvando vidas, protegiendo las Instituciones establecidas por nuestra Constitución o defendiendo la dignidad, soberanía e integridad territorial del Estado”.

El análisis de los expedientes se realizará dentro del término de 30 días, que pueden extenderse a 60, de acuerdo a las necesidades del proceso. Concluido el plazo se notificará la resolución tomada a los correos personales de los postulantes, quienes no sean calificados pueden presentar su solicitud de reconsideración. La designación de los héroes y heroínas nacionales debe superar la fase de impugnación ciudadana y cuenta con el acompañamiento de la Veeduría correspondiente.

El inicio de la fase de verificación de posibles actos heroicos se realizó en la Sesión Ordinaria Nro. 98 a la que asistieron: Sr. Ramsses Torres, Presidente de la Comisión; Dr. Miguel Chimborazo, Comisionado por la Defensoría del Pueblo; Gral. Santiago Almeida, delegado por el Ministerio de Defensa Nacional; y, Gral. Fausto Olivo, delegado del Ministerio del Interior.