Hechos Ecuador

El Pleno de la Asamblea Nacional recibió a John Anton Sánchez, académico del Instituto de Altos Estudios Nacionales; Byron Villacís, exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; y, a Reina Valle, directora de Ubuntu por un nuevo futuro, para escuchar sus criterios en cuanto al proceso de fiscalización al INEC y a la ejecución del Censo Nacional, que empezó su proceso virtual este mes de octubre.

Las preocupaciones expuestas ante el Pleno se centraron en temas como el método de recolección de datos previsto para el proceso; la marginación de grupos étnicos para el trabajo de planificación, acompañamiento y obtención de información; la vulneración del derecho de privacidad; la falta de una campaña de información y socialización efectiva; y, la posible exclusión de pueblos, nacionalidades y grupos étnicos minoritarios del país.

“El problema que acarrea una mala recopilación de información es que si los resultados arrojan una disminución de un grupo poblacional en comparación del último censo, no vamos a saber la razón exacta de esto” señaló Byron Villacís.

En el debate participaron nueve asambleístas, quienes coincidieron en señalar que el método escogido por el INEC deja muchas dudas en cuanto a la efectividad del mismo, considerando que si los resultados no son precisos, se estaría dejando sin atención a muchos ecuatorianos, ya que esta es una herramienta estadística importante para determinar muchas de las asignaciones de recursos.

La asambleísta Paola Cabezas aseguró que le llama la atención que se haya cambiado la metodología para la obtención de resultados y la aparición de valores que antes no se contemplaban en el gasto para el censo. “Se conoce poco o nada en la transparencia de la ejecución de este presupuesto, es un préstamo de 80 millones de dólares en recursos que son para mejorar las capacidades estadísticas del país”, señaló.

Por su parte Marjorie Chávez sostuvo que en este proceso no se puede dejar de lado a las personas con enfermedades catastróficas. Sugirió incorporar tres preguntas al temario. Las preguntas están dirigidas a recolectar datos para saber qué hogares tienen familiares que padecen estas enfermedades, qué miembro de la familia la padece y qué afección tiene. “Esta información servirá para tener una base de datos clara sobre personas con enfermedades catastróficas y poder atenderlas de mejor manera” finalizó.

Pierina Correa cuestionó la contratación de cerca de veinte mil personas para recabar la información del censo. “Este proceso se ha hecho en tiempo de elecciones y solo el hecho de dar trabajo a tantas personas se podría considerar un acto proselitista” subrayó.

Al concluir el Pleno de la Asamblea aprobó, con 107 votos afirmativos y 19 abstenciones, la resolución propuesta por la legisladora Paola Cabezas, la cual ratifica el proceso de fiscalización al Instituto Nacional de Estadística y Censos; exhorta a que capacite a los censadores para que no se impongan frente a los censados en zonas de conflictos limítrofes, respecto de su identidad territorial.

También dispone la comparecencia del Director Ejecutivo del INEC, Secretario Nacional de Planificación y del Ministro de Economía ante la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. Además invitarán a dirigentes de las organizaciones nacionales, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubias para que expongan el riesgo de su invisibilización en el actual censo poblacional.

El tratamiento a personas con enfermedades catastróficas, raras y huérfanas volvió al debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. Tras escuchar los testimonios de padres cuyos hijos padecen atrofia muscular espinal (AME) y que no consiguen medicamentos, uno de los más caros del mundo, el Legislativo exhortó al presidente de la República, Guillermo Lasso, a que cumpla la Constitución y aplique las medidas respectivas para dotar a los servicios de salud de los medicamentos y tratamientos necesarios para brindar atención oportuna.

También requirió que el mandatario disponga al Ministerio de Finanzas que asigne el presupuesto o genere los convenios o instrumentos internacionales necesarios, para lograr que el medicamento Zolgensma pueda llegar de manera oportuna a las familias ecuatorianas que padecen de atrofia muscular espinal.

Esta resolución se incluirá en el Informe de actualización respecto de la vigencia de la situación de escasez de medicamentos necesarios para el tratamiento de las personas con discapacidad, y con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, así́ como la atención hospitalaria y el abastecimiento del cuadro nacional de medicamentos básicos en el Sistema Nacional de Salud.

Laura Varela Torres, madre de Theo Tabango, de 7 meses de edad, con diagnóstico de atrofia muscular espinal (AME) tipo 1, expuso de manera desesperada y angustiada la enfermedad y los procesos que ha tenido que pasar, a fin de salvar la vida de su hijo. Pidió la intervención inmediata de las autoridades en la compra del medicamento, cuyo costo es de alrededor de dos millones de dólares.

La asambleísta Yeseña Guamaní, proponente de la resolución, presentó su solidaridad e indicó que la enfermedad de Theo afecta la capacidad motriz, de ahí que es necesario que el Gobierno Nacional asuma su responsabilidad con los pacientes con enfermedades crónicas, catastróficas, raras y huérfanas. “Es una enfermedad que afecta la capacidad que tienen los niños para caminar, sentarse y controlar incluso los movimientos de su cabeza.

De su lado, Gladys Tapia portavoz de niños con AME y madre de una niña con la enfermedad solicitó que se les permita el acceso a medicamentos, para que el tratamiento sea administrado a tiempo y que los tres tipos de tratamientos que existen para esta enfermedad sean ejecutados de manera oportuna. Advirtió que Ecuador es el único país en Latinoamérica que no ha firmado ningún acuerdo con laboratorios o instancias internacionales que les permita acceder a este tratamiento.

Félix Galarza, presidente de la Federación Ecuatoriana de Enfermedades Raras, instó a las autoridades para que asignen un presupuesto permanente para proveer los medicamentos necesarios para el tratamiento. Norma Noguera, presidenta de la Fundación de Padres de Niños con AME, pidió concretar acuerdos para evitar que más niños mueran por falta de medicamentos, tras informar que en lo que va del año, siete niños han perdido la vida esperando el tratamiento que les corresponde por derecho.

La primera vicepresidenta de la Legislatura, Marcela Holguín presentó el respaldo de la Asamblea a las personas que están en riesgo su vida a consecuencia de las enfermedades catastróficas, raras y huérfanas y que requieren de manera urgente la atención del Gobierno Nacional, para asegurar su tratamiento y la provisión de los medicamentos para su recuperación.

El asambleísta Mario Ruiz presentó el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría, que tiene por objeto regular el sistema de control de utilización de recursos públicos, que examina, verifica y evalúa a las instituciones del Estado y la adecuada administración, utilización y custodia de los recursos del Estado.

Explicó que según esta propuesta, los dignatarios, autoridades, funcionarios y servidores públicos, sin excepción, se responsabilizarán y rendirán cuentas públicas sobre el ejercicio de sus atribuciones, la utilización de recursos públicos puestos a su disposición, así como de los resultados obtenidos en el desempeño de sus funciones.

Además, sostuvo que el proyecto busca evitar cualquier forma de desviación o abuso de los recursos o bienes públicos y que cada institución estatal asuma la responsabilidad por el mantenimiento de su propio sistema de control interno.

Planteó que los informes de auditoría gubernamental sean aprobados por el Contralor General del Estado o su delegado, cuyos resultados serán comunicados a las máximas autoridades de las instituciones del Estado examinadas y publicados en la página web de la Contraloría.

Finalmente, el legislador Ruiz aseveró que las normas propuestas evitarán que se caduquen los informes con responsabilidad, civil, administrativa y presunciones de responsabilidad penal.

Con el objetivo de transparentar las acciones y la ejecución de los hitos del calendario para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023, el Consejo Nacional Electoral (CNE) realizó un taller de socialización dirigido a autoridades del Cuerpo Diplomático acreditado en el país.

En este espacio, se destacó el trabajo que realiza el órgano electoral para garantizar la participación de actores políticos y ciudadanía en los procesos electorales nacionales, entre los que se incluye el acompañamiento en la fase de democracia interna de las organizaciones políticas; el desarrollo de la cruzada institucional y ciudadana ‘Sin ti no hay democracia’ con la cual se fomentó la participación política de las mujeres y jóvenes; entre otros aspectos.

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, destacó que el resultado de este trabajo se evidencia en el actual registro de mujeres como cabezas de lista de cara a los comicios del 5 de febrero próximo. Al respecto, indicó que, según datos preliminares, “el 50% de mujeres encabezan las listas para la prefectura, mientras que un 32% lo hace para la alcaldía”.

Además, la titular del CNE reconoció el rol que cumplen las Misiones de Observación de organismos internacionales y el Cuerpo Diplomático, como un factor coadyuvante que otorga credibilidad a los comicios. “La Observación Electoral es un pilar y una de las garantías ineludibles que revisten de legitimidad, autenticidad, certeza y de transparencia a un proceso electoral”, puntualizó.

Finalmente, se hizo un llamado a los representantes internacionales a acreditarse como Observadores Electorales de cara a las próximas elecciones, fase que arrancará el 19 de octubre hasta el 1 de noviembre, en su primera etapa, conforme a la convocatoria aprobada por el Pleno del CNE.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) recibió la terna para el proceso de designación del vocal del Consejo de la Judicatura en representación de la Corte Nacional de Justicia que, de acuerdo con lo que dispone el Art.179 de la Constitución de la República del Ecuador, presidirá el Consejo de la Judicatura.

La terna está integrada por:

El Abg. Hernán Ulloa, presidente del CPCCS recibió la terna del titular de la Corte Nacional de Justicia y señaló que conforme lo establece la sentencia de la Corte Constitucional, el proceso de designación se realizará con la celeridad posible, para lo que se estima un promedio de entre  15 y 20 días, gracias a las reformas que se realizaron en el Reglamento que regula el proceso. Acotó que el Pleno del CPCCS conocerá la terna y, simultáneamente, el equipo técnico revisará los requisitos e inhabilidades de los postulantes.

El titular de la Corte Nacional de Justicia, Dr. Iván Saquicela, dijo que será el CPCCS quien se encargue de seguir el trámite respectivo según lo indica la Constitución y la Ley. “Lo importante es el mensaje que se dará al Ecuador: que quien sea que presida el Consejo de la Judicatura, trabaje en beneficio de la justicia, en beneficio del Ecuador” afirmó.

Según lo establecido en el Reglamento para la Designación de los Miembros del Consejo de la Judicatura en caso de ausencia definitiva de vocales titulares y suplentes, la Comisión Técnica verificará el cumplimiento de requisitos, prohibiciones e inhabilidades en el plazo de 2 días luego de recibir la terna, y presentará un informe que debe ser conocido por el Pleno del CPCCS que deberá resolver en 2 días. La resolución del Pleno deberá ser notificada a la autoridad correspondiente dentro del plazo de 1 día posterior a la decisión.

El Art. 12 señala en el caso de que todos los integrantes de la terna, algún, o alguno de sus integrantes no cumplan con los requisitos o estén incursos en cualquiera de las prohibiciones, el Pleno notificará, dentro del plazo de dos días a la autoridad correspondiente, para que, dentro de tres se remita una nueva terna, o la complete, de ser necesario. En estos casos, se cumplirá con el mismo proceso de verificación y se continuará con el proceso de designación.

Una vez aprobado el informe de verificación de requisitos e inhabilidades iniciará la fase de impugnación ciudadana. En el caso de ser calificadas las impugnaciones, se continuará con el procedimiento a través de Audiencias Públicas de Sustentación, caso contrario, se ordenará su archivo.

Terminada la etapa de impugnación ciudadana, el Pleno del CPCCS convocará a los candidatos a presentarse a una Audiencia Pública, en la que cada candidato realizará una exposición sobre las principales propuestas de mejora institucional que implementaría en caso de ser designado como vocal del Consejo de la Judicatura. Después de escuchar a todos los candidatos, el Pleno, de forma motivada, resolverá designar al vocal del Consejo de la Judicatura que corresponda.

La Comisión de Régimen Económico aprobó por unanimidad el informe para primer debate del proyecto de reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero sobre el Defensor del Cliente en Entidades de la Economía Popular y Solidaria, que está orientado a que los usuarios de las instituciones financieras de la economía popular y solidaria cuenten con una persona que precautelará sus derechos sobre reclamos, quejas o haberes descontados sin la autorización respectiva.

La mesa legislativa elaboró una nueva normativa que incluye una reforma al Código Monetario y Financiero, para que la misma regulación del Defensor del Cliente sea incorporada en las instancias de la economía popular y solidaria, específicamente donde los terceros son denominados clientes, mientras que los socios de mutualistas, cooperativas y cajas de ahorro tendrán que acudir al Consejo de Vigilancia conformado internamente por sus socios.

De esta forma, se alinea esta nueva denominación de puestos, conforme el marco constitucional que establece esta figura del Defensor al Cliente y la normativa secundaria, así como los procesos que tendrá que seguir bajo su reglamento respectivo, emitido desde ente de control como es la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, ampliando esta garantía constitucional, frente a las entidades financieras.

Según la propuesta, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tiene el deber de proteger los derechos de los clientes y usuarios; resolver controversias en el ámbito administrativo que se generen con las entidades bajo su control, cooperativas, mutualistas, cajas de ahorro y bancos comunales y contará con mecanismos de control y evaluación para asegurarse que los usuarios tengan procesos transparentes y de calidad.

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria expedirá la normativa para el ejercicio de funciones de los defensores del cliente en este sector. Prevé que para procesar sus reclamos o quejas los socios de esa entidades tendrán que dirigirlas al Consejo de Vigilancia dentro de sus instituciones, mientras que las personas que mantengan el rol de “cliente” contarán con acceso al Defensor del Cliente, en cada una de sus instituciones, para garantizar sus derechos.

La Comisión de Justicia y Estructura del Estado retomó el estudio del proyecto de reformas al Código Civil en materia de Protección y Bienestar Animal. Esta vez recibió las opiniones de la profesional veterinaria María Cristina Cely, que servirán para preparar el informe para segundo debate en el Pleno de la Asamblea Nacional.

Cely aseveró que la reforma debe estar orientada a garantizar la convivencia y protección de los animales, porque no podremos tener un planeta sano, si no tenemos mares, lagos y animales sanos.

Sostuvo que los animales no pueden ser considerados cosas o bienes inmuebles, ni pueden ser sujetos de apropiación, pues por el contrario son seres sintientes y sujetos de derechos, reconocidos en la Constitución.

Además sugirió que la reforma elimine la posibilidad de que los animales sean objeto de comercio, para asegurar la protección y evitar el maltrato, el abandono y la muerte.

El presidente de la comisión, Alejandro Jaramillo reiteró el compromiso de mantener las puertas abiertas de la mesa legislativa para escuchar las propuestas y observaciones de los diversos sectores para construir las leyes.

Los legisladores, luego de escuchar a la compareciente, destacaron la necesidad de promover una política pública para la protección de los animales y sensibilizar a la ciudadanía para defender sus derechos, así como la importancia de democratizar los derechos, como alternativa para asegurar su respeto y cumplimiento.

Representantes de la Comisión de Soberanía alimentaria, autoridades locales y de organizaciones sociales suscribieron en Loja un compromiso para generar convenios entre los diversos sectores para afrontar el hambre, la desnutrición y luchar por una alimentación adecuada para todos.

Este compromiso lo asumieron en el marco de la socialización del proyecto de Código Orgánico de Soberanía Alimentaria y la identificación de los temas sustantivos que serán sometidos a una consulta prelegislativa, a fin garantizar el cumplimiento de los derechos colectivos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades.

La asambleísta Lucía Placencia, vicepresidenta de la mesa legislativa, expuso el contenido, objetivos y alcances del proyecto. Resaltó la importancia de recoger aportes y propuestas de los diversos actores que ayuden a mejorar esta normativa, la cual se encuentra en la etapa final del proceso constructivo, antes de ser presentada en el Pleno de la Asamblea Nacional.

“Los sistemas agroalimentarios tienen que ser sostenibles y respetuosos de la naturaleza, tienen que incluir al pequeño productor, para que tenga beneficios que le permitan seguir produciendo. Queremos que esta ley sirva para que el sector privado cumpla los acuerdos del Estado y con sus trabajadores”, enfatizó.

De inmediato, en un pequeño acto simbólico por el Día de Internacional de la Alimentación, se suscribió un compromiso para trabajar por una alimentación adecuada y con ello enfrentar el hambre y la desnutrición.

Por su parte, los representantes de organizaciones ecológicas y de medio ambiente de la provincia de Loja expresaron su preocupación, ante lo que ellos consideran, cambios en la ley que pueden afectar los logros y cambios obtenidos en la ley vigente.

Sus dudas estaban enfocadas en los procesos de protección a los agricultores y pequeños comerciantes, frente a las grandes empresas que podrían aprovecharse de este proyecto de ley para seguir creciendo en detrimento de los campesinos, además del impacto que el crecimiento de estas grandes industrias pueda tener en el medio ambiente.

“No encontramos mecanismos claros que permitan a los jóvenes acceder a tierras en las que puedan trabajar y tampoco vemos que se considere en el articulado la importancia que tienen las instituciones campesinas en el proceso de generación de alimentos”, precisaron.

Para acoger estas dudas y aportes, finalmente se conformó un grupo de trabajo junto con los asesores técnicos de la Comisión de Soberanía Alimentaria para analizar los artículos que abordan estos temas y poder considerar los cambios que se pueden realizar como parte del proceso.

La Comisión por la Verdad, Justicia y Reparación en el caso de María Belén Bernal recibió a Pablo Albán y Sybel Martínez, expertos en derechos humanos, quienes coincidieron en indicar que el sistema de protección en Ecuador no funciona, hecho que se evidenció en la falta de prevención, así como en la respuesta tardía a las acciones de investigación y búsqueda de María Belén Bernal, víctima de femicidio al interior de la Escuela Superior de Policía Gral. Alberto Enríquez Gallo.

El doctor Pablo Albán, sin establecer la existencia de un posible crimen de Estado, aseguró que existen algunos elementos que determinan la responsabilidad estatal por la falta de medidas de prevención frente a la violencia de género que, lamentablemente, se ha normalizado en el país. Igualmente, dijo, habría responsabilidad del Estado por falta de la debida diligencia en la investigación de los hechos al interior de la Escuela de Policía.

Recordó que, por recomendación de organismos internacionales, para garantizar la transparencia de la investigación, en casos como el de María Belén Bernal, en el cual está involucrado un servidor policial como principal sospechoso, la Policía no debería ser quien lleve a cabo las acciones de apoyo a la investigación de la Fiscalía.

Entre tanto, Sybel Martínez reiteró que la violencia de género es un fenómeno sistemático, estructural y cultural, pues cada 28 horas se cobra la vida de una mujer; se trata de una violencia ante la cual la víctima no está protegida, porque el sistema de protección no funciona y, en el caso de María Belén Bernal, su desaparición y muerte se produjo dentro de un recinto policial y ninguno de los cadetes ni de los oficiales presentes en la Escuela de Policía cumplió su deber.

La especialista consideró necesario establecer reformas que permitan una verdadera reestructuración y saneamiento de la Policía Nacional, que vaya de mano con políticas públicas con enfoque de género, mayor presupuesto público para el ejercicio de actividades preventivas y de reparación para las víctimas de la violencia de género y facilitar el acceso a servicios de atención a niñas, niños, adolescentes y mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

De otro lado, la comisión procederá a una segunda convocatoria al ministro de Interior, Juan Zapata, posiblemente para el jueves 20 de octubre, a fin de que informe sobre este caso.

A través de sorteo público, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) conformó la Comisión Ciudadana de Selección encargada del proceso de selección y designación de la primera autoridad de la Defensoría Pública. El sorteo contó con la presencia de Veedores Ciudadanos, la notaria designada, Dra. María del Pilar Flores, y fue transmitido en tiempo real a través de las plataformas digitales del Consejo.

El presidente del CPCCS, Abg. Hernán Ulloa, calificó como “una decisión fundamental para el destino de la Defensoría Pública” a la conformación de la Comisión Ciudadana que ejecutará el concurso de designación de esta autoridad.

Una vez que se publiquen los resultados del sorteo, el Pleno del CPCCS realizará la sesión pública de posesión respectiva.

Los comisionados y comisionadas representantes de la ciudadanía son:

Principal

Suplente

1

William Alexi Falconí Calderón

Tania Elena Chamorro Paltin

2

Diana Maribel Villacís Acosta

César Alberto Enderica Guin

3

Víctor Vicente Vásconez Merelo

Gabriela Alexandra Cadena García

4

Gina Montalván Bravo

Eduardo Vicente Yanez Meza

5

Jorge Hernán Tipán Poma

Kimberly Ninoshka Villagomez Moscoso

Los comisionados y comisionadas delegados de las funciones del Estado son:

Función

Principal

Suplente

1

Judicial

Jessica Gabriela Burbano Piedra

Paul Marcelo Astudillo Valdivieso

2

Legislativa

Diego Xavier Berrezueta Carrión

María José Valverde Borja

3

Electoral

Jessica Paola Rojas Vallejo

Xavier Tobías Vera Barros

4

Transparencia y Control Social

Luis Enrique Mejía López

Ana Cristina Hernández Salcedo

5

Ejecutiva

Isabel Cristina Noboa Nowak

Julio César Ruiz Zhingre

En atención al Art. 32 de la norma vigente la Comisión Ciudadana se conformó de manera paritaria entre mujeres y hombres. Primero se sorteó el género. Posteriormente se sorteó a los cinco comisionados principales del listado diferenciado entre hombres y mujeres provenientes de la ciudadanía y organizaciones sociales. Los comisionados suplentes fueron designados, en forma alternada y secuencial entre hombres y mujeres.

De la nómina de delegados de la primera función del Estado establecida por sorteo, se designó como principal al género sorteado anteriormente. La delegada o delegado restante de cada función del Estado fue designado como suplente.

Para garantizar la transparencia del proceso, los veedores ciudadanos vigilaron el óptimo funcionamiento del mecanismo del sorteo, verificaron la secuencia numérica de las esferas, su ingreso al ánfora y, por su pedido, se realizaron varias pruebas para descartar posibles fallas en el sistema.