Hechos Ecuador

Luis Alberto O. y Manuel Jesús V. se encuentran con prisión preventiva por su presunta participación –en calidad de autor y coautor, respectivamente–:del asesinato del abogado Mario V.

Los procesados comparecieron a la audiencia de formulación de cargos, la tarde del miércoles 12 de octubre –vía telemática– desde el Centro de Privación de Libertad (CPL) de Azogues.

El asesinato ocurrió aproximadamente a las 10:00 del martes 11 de octubre. De acuerdo a la investigación, Luis Alberto O. y Manuel Jesús V. ingresaron a la oficina de la víctima, ubicada en un inmueble en el centro de Azogues, donde preguntaron por él.

En presencia de cuatro personas, Luis Alberto O. habría disparado en varias ocasiones contra Mario V. Según al informe de autopsia, la víctima tenía tres heridas en la cabeza y una en el pecho, causadas por el paso de proyectiles, lo que causó su deceso en el sitio.

Luego de cometer el ilícito, los ahora procesados huyeron en un auto color negro.

Fiscalía y Dinased realizaron varias diligencias investigativas, como la obtención de videos de las de cámaras de seguridad y versiones de moradores del sector, las cuales permitieron la captura de los procesados mientras caminaban por las calles Milchichig y Las Caras, en Cuenca. A pocas cuadras, también se allanó el inmueble donde residían.

De igual forma, en este sector se revisaron las cámaras de seguridad, en cuyas imágenes se observa a los dos procesados mientras se subían al auto color negro, antes de cometer el ilícito.

Personal policial ubicó el vehículo, el cual se encontraba abandonado en el sector Plaza del Arte, de la capital azuaya.

El fiscal de turno, Santiago Calle, presentó como elementos de convicción ante el juez Ariel León: el acta del levantamiento del cadáver, el informe de autopsia, fotografías y videos de las cámaras de seguridad, así como versiones de testigos presenciales.

Información jurídica

El delito de asesinato está tipificado y sancionado en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) con privación de libertad de veintidós a veintiséis años.

La Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes junto a la ministra de Educación, María Brown, analizaron varios temas sobre el presupuesto para el sector y la entrega de raciones alimenticias a niñas. niños y adolescentes.

La ministra Brown informó que del presupuesto codificado al 31 de agosto, el gasto corriente es de 3.641 millones de dólares y el gasto de inversión 240 millones 342 mil dólares, de un presupuesto total de 3.984 millones de dólares.

Indicó que a principios de año se contrataron 14 unidades educativas con capacidad para 1.200 estudiantes por jornada cada una, que estarán listas hasta diciembre próximo.

En otro orden, dio a conocer que están prohibidas las contribuciones voluntarias y peor obligatorias o cualquier tipo de cuotas fijadas por los comités de padres de familia, situación que está debidamente normada para evitar que el estudiante sea sancionado por no pagar esas cuotas.

El legislador Xavier Ortiz explicó que en el cantón Muisne, provincia de Esmeraldas, los estudiantes no pueden utilizar las instalaciones de una escuela por un problema de escrituras, lo que les obliga a trasladarse a sitios más lejanos para realizar sus estudios.

El asambleísta Lenin Mera expresó su preocupación porque hay denuncias en el sentido que no llegan a los estudiantes las raciones alimenticias del desayuno escolar, situación que amerita la investigación y una respuesta a los padres de familia por parte de las autoridades.

Finalmente, la presidenta de la comisión, Pierina Correa sostuvo que es necesario conocer el presupuesto que se asignará al Ministerio de Educación para el próximo año y su relación con el Producto Interno Bruto (PIB), a fin de determinar si se ajusta a las disposiciones de la Constitución de la República.

La Comisión de Régimen Económico, con 5 votos a favor y tres en contra, aprobó el segundo informe trimestral de seguimiento al proceso de valorización, desinversión y eventual del Banco del Pacífico.

El informe será entregado a la Presidencia de la Legislatura para que se lo incluya en una sesión del Pleno.

Cabe recordar que el Pleno del Parlamento, mediante resolución, determinó que la Comisión de Régimen Económico lleve adelante este proceso de investigación, por lo que solicitó información a la Superintendencia de Bancos, Corporación Financiera Nacional, Banco del Pacífico, entre otras instituciones.

Los parlamentarios analizaron cómo se encuentran las operaciones financieras del Banco del Pacífico; solvencia, el posible escenario de venta, avances y estado actual del mismo, estudios de valoración de la entidad financiera, entidades responsables de su elaboración, entre otros temas.

En el marco de las mesas de diálogo que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) organiza, con el objetivo de delinear estrategias y acciones determinantes para atender la situación carcelaria, delegados de diferentes organizaciones sociales se dieron cita para presentar sus propuestas y experiencias relacionadas con la temática.

La segunda mesa de diálogo organizada por el CPCCS, se realizó este 11 de octubre, trató temas relacionados con la rehabilitación social, derechos humanos de las personas privadas de la libertad (PPL), academia, colectivos LGBTI y mecanismos de control social. Se contó con representantes de la Fundación Dignidad, Fundación Vivir Libre, Pastoral Penitenciaria Guayas, Fundación Aldea, Instituto Superior Tecnológico Cotopaxi, Universidad Técnica Particular de Loja y el Observatorio de Políticas Públicas para Migrantes Retornados y Sujetos de Protección Internacional.

Los interlocutores de la mesa de diálogo expusieron sus experiencias en el trabajo que realizan y, a partir de ellas, sus propuestas sobre la necesidad de reestructurar la administración de los centros de privación de libertad, el ejercicio de los derechos de participación ciudadana para los PPL, reformas legales, acceso a salud y educación, así como medidas que propendan a la rehabilitación social y el desarrollo de actividades productivas.

En la primera mesa que organizó el CPCCS participaron representantes de las instituciones del Estado a cargo de la materia; y en el tercer encuentro que se está preparando, las organizaciones sociales podrán exponer sus propuestas directamente a los encargados de las instituciones responsables de la implementación de las medidas respectivas. De esta manera, se viabilizará un escenario para el diálogo entre la ciudadanía y el Estado para atender de mejor manera el sistema de rehabilitación social y el proceso de reparación integral a las familias afectadas por la crisis carcelaria.

Con 119 votos a favor el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió disponer la comparecencia ante la Comisión de Seguridad Integral, de Juan Zapata, ministro del Interior; Diego Ordóñez, secretario de Seguridad; Fausto Salinas, comandante general de Policía; María Saltos, directora del Sistema ECU911; y, los gobernadores provinciales, para que informen sobre la delicada situación de inseguridad que atraviesa el Ecuador y cuáles son las acciones a emprender para combatir la misma.

La proponente de la resolución, la legisladora Viviana Veloz, expresó su preocupación porque el país está sumido en la violencia e inseguridad y no hay respuesta del Gobierno. Advirtió que, en el caso de su provincia, Santo Domingo de los Tsáchilas en lo que va del año se han registrado 150 muertes violentas. “Exigimos que el Presidente de la República presente el plan de seguridad y lo ejecute, porque está destruyendo la paz y con ello la economía”, expresó.

Blasco Luna reveló que esta mañana, se produjo un caso de sicariato en Cañar, hecho sin precedentes en esta provincia, por lo que demandó la aplicación urgente de un plan de seguridad para todo el país, criterio que fue compartido por Sofía Sánchez, argumentando que Azuay también sufre una ola de delincuencia, para lo que se requiere instalar mesas técnicas en todas las provincias para enfrentar la creciente inseguridad.

De su lado, Noemí Cabrera tras advertir que la inseguridad también se vive en El Oro, donde se han registrado 218 muertes violentas en lo que va del año, por lo que demandó la inmedita intervención del Gobierno. Marlon Cadena expresó que “vemos con horror lo que sucede en el país en materia de seguridad, porque los ecuatorianos no estamos a salvo en ningún sitio, ni siquiera en la propia casa”.

Rafael Lucero afirmó que todos los días el país es testigo de sicariato, asaltos, muertes violentas, por ello “me sumo al pedido de los 17 millones de ecuatorianos que claman seguridad”. Rosa Belén Mayorga, advirtió que se corre el riesgo de paralizar al país, a consecuencia de la delincuencia. Joel Abad enfatizó que el Ministro del Interior debe explicar en la Asamblea las acciones ante los crímines y violencia.

En el debate también intervinieron Simón Remache, Jhajaira Urresta, Luis Almeida, Fernando Villavicencio, Jessica Castillo, Ricardo Chávez, Gruber Zambrano, Geraldine Weber, Ramiro Narváez y Ricardo Vanegas, quienes se refirieron a la inseguridad en las actividades de pesca artesanal, la necesidad de que la Policía resguarde la vida de las personas y construir una ley de seguridad y una política criminal en materia de seguridad, tipificar nuevos delitos que crean zozobra en la ciudadania, como las llamadas “vacunas”, instalación de escaneres en puertos y aeropuertos para controlar la salida de droga, la acción coordinada de todas las autoridades para cambiar esta situación y activar mesas provinciales de seguridad.

La Comisión de Fiscalización sesionará este miércoles, 12 de octubre, en doble jornada, con el propósito de escuchar a las autoridades de Policía y de Rehabilitación Social sobre los hechos de violencia ocurridos en pasado 3 de octubre, en el Centro de Privación de Libertad de la Sierra Centro, ubicado en Latacunga, así como para recibir a personeros de la Empresa Pública de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca (EMOV EP), dentro del proceso denominado “radares”, propuesto por el asambleísta Bruno Segovia.

La primera sesión está prevista para las 10h00. Están invitados el director del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad y a Menores Infractores (SNAI), Guillermo Rodríguez; el comandante general de Policía, Fausto Salinas; y, el ministro del Interior, Juan Zapata, para explicar los hechos de violencia acaecidos el pasado 3 de octubre, que dejaron como saldo 16 fallecidos, entre ellos Leandro Norero Tigua, y 21 internos heridos.

Para las 14h00 está prevista la comparecencia de Juan Carlos Aguirre, gerente general de la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca; Ana Lucía Moncayo, directora de Planifiación; Jorge Cabrera, gerente de Control de Tránsito; John Hernández, subgerente Administrativo; Wilson Quito, subgerente Financiero; Carlos Valdivieso, subgerente de Asesoría Jurídica; y, Edwin Feijoo, también funcionario de la referida empresa, quienes explicarán acerca del informe técnico en relación con los radares.

Cronograma

También la sesión de la tarde consta como segundo punto del orden del día, el conocimiento y aprobación del cronograma de trabajo, dentro de la solicitud de juicio político en contra de los consejeros de Participación Ciudadana y Control Social.

La Comisión por la Verdad, Justicia y Reparación en el caso de María Belén Bernal, recibió las comparecencias de Fausto Salinas, comandante general de Policía y del general Freddy Goyes, exdirector de Educación, quienes expusieron sus testimonios en torno a la muerte de María Belén Bernal. Salinas reiteró su compromiso de agotar todas las acciones legales y de cooperación internacional para capturar a Germán Cáceres, principal sospechoso del femicidio.

Cuando ha transcurrido un mes de la desaparición y muerte de la abogada María Belén Bernal, el Comandante de Policía detalló la línea de tiempo relacionada con la posible localización del teniente Cáceres, cuya búsqueda inició oficialmente el 14 de septiembre, pasadas las cuatro de la mañana, cuando llegó la autorización para su vigilancia.

Explicó que fue la propia Policía quien llevó a Germán Cáceres para que rinda su versión el martes 13 de septiembre, y estuvo en custodia hasta las 22h40. Luego, en vista que no hubo ninguna formulación de cargos ni orden de vigilancia por parte de la Fiscalía, Cáceres quedó en libertad, pues la Policía no tenía ninguna disposición ni orden legal para retenerlo. Tampoco era posible aplicar proceso disciplinario alguno, añadió.

Fausto Salinas indicó que no se aferra a la Comandancia de la institución. Sobre el plazo que le otorgó el presidente de la República, Guillermo Lasso, para que presente resultados en la localización de Cáceres, subrayó que después de presentar la línea de tiempo relacionada con la situación de Cáceres y la orden para su detención, se demostró que no hubo ninguna actuación negligente de la Policía ni responsabilidad en permitir su huida.

Aclaró que un ciudadano adquiere la condición de prófugo de la justicia a partir de que sobre él pesa una orden de detención o sentencia de privación de libertad. En este caso, solo desde el 14 de septiembre la Policía tuvo la responsabilidad de tomar las acciones para la localización de Germán Cáceres.

De su lado, el general Freddy Goyes, exdirector de Educación de la Policía, aseguró que a la fecha de lo ocurrido en la Escuela Superior de Policía, él se encontraba en vacaciones en el exterior y se reintegró a la institución el 14 de septiembre para retomar sus funciones como Director de la Policía Judicial.

Enfatizó que durante los 45 días de su gestión en el área de Educación se dispuso el cambio del Reglamento Disciplinario de la Policía, se estableció una política de género y se elaboró una Guía de Derechos Humanos. En suma, dijo, fue un trabajo orientado a cambiar el sistema operativo de la Escuela Superior de Policía y de las demás escuelas de formación de los servidores policiales.

Insistencia

Ante la ausencia del exministro del Interior, Patricio Carrillo y el envío de delegados de la Fiscalía General del Estado, la comisión decidió insistir en la convocatoria al exfuncionario y a la doctora Diana Salazar, titular de la Fiscalía para que -en una próxima fecha- acudan al organismo para dar respuestas al país.

La Bancada Legislativa de Unión por la Esperanza (UNES) presentó un nuevo pedido de enjuiciamiento político en contra de Patricio Carrillo, exministro de Interior, por incumplimiento de funciones relativo al caso de femicidio de María Belén Bernal, ocurrido en el interior de la Escuela de Policía.

La legisladora Gissela Garzón advirtió que el exministro Carrillo debe responder por acción u omisión. “Es importante que se marque un precedente para dejar claro que la Policía no puede quedar impune y Patricio Carrillo como su representante dé una respuesta al país mediante el control político”, dijo.

Puntualizó que en este caso se ha incumplido lo que establece la Constitución de la República respecto del derecho a una vida libre de violencia; y, la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer que especifica la responsabilidad de la Policía para acompañar estas situaciones.

En la semana del 10 al 14 de octubre la Asamblea Nacional avanzará en procesos de fiscalización y legislación en defensa de los derechos humanos. En la agenda consta la investigación de la muerte de María Belén Bernal y los hechos suscitados en las cárceles del país y en materia legislativa se intensificará el estudio de proyectos de carácter social.

Verdad, Justicia y Reparación

La Comisión Multipartidista por la Verdad, Justicia y Reparación que investiga la desaparición y muerte de María Belén Bernal sesionará los días 11, 12, 13 y 14 de octubre. Comparecerán el exministro del Interior, Patricio Carrillo; Comandante General de Policía, Fausto Salinas; la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, los generales Giovanny Ponce y Fredy Goyes.

También acudirán la Secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores; Secretario de Seguridad, Diego Ordóñez; Secretaria del Consejo Nacional de Igualdad de Género, Cristina Almeida, un experto en reforma política; exdirector de la Escuela Superior de Policía; un constitucionalista, expertos en seguridad y derechos humanos; Ministros de Defensa y del Interior. Además, está prevista una visita a las instalaciones de la Escuela Superior de la Policía Nacional.

Fiscalización

La Comisión de Fiscalización sesionará en dos jornadas el miércoles 12 de octubre. A las 09h00, en el marco de la investigación caso “radares” comparecerán el Gerente de la Empresa Municipal de Tránsito de Durán; el gerente y directora de Planificación de la Empresa Municipal de Movilidad de Cuenca; el gerente, los subgerentes Administrativo y Financiero de Control de Tránsito, miembros de la Comisión Técnico Económica de Cuenca; y, el representante legal del Consorcio Móvil Technologic Ecuador.

En cambio, a las 14h00, estará el Ministro del Interior, el Director del SNAI y el Comandante General de Policía, para que informen sobre los hechos suscitados el 3 de octubre del 2022, en el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro, de la ciudad de Latacunga.

Soberanía Alimentaria

La Comisión de Soberanía Alimentaria recibirá miércoles 12 a representantes de organizaciones sociales para que den sus observaciones al proyecto de Código de Soberanía Alimentaria, así como del proyecto de Ley para el Desarrollo Sostenible del Sector Cafetalero.

Régimen Económico

El miércoles 12, a las 15h00, la Comisión de Régimen Económico, en sesión reservada, debatirá y votará el segundo informe trimestral de seguimiento al proceso de valoración, desinversión y eventual venta del Banco del Pacífico.

Relaciones Internacionales

La Comisión de Relaciones Internacionales sesionará el miércoles 12 y viernes 14 de octubre para avanzar en la revisión de la objeción parcial por inconstitucionalidad y por inconveniencia al proyecto de reformas a la Ley de Comunicación.

Participación Ciudadana

A las 08h30 del miércoles 12 de octubre, la Comisión de Participación Ciudadana recibirá al Secretario Jurídico de la Presidencia de la República; a los Ministros de Finanzas, Obras Públicas, Energía, Salud Pública y del Interior; al Gerente de Petreocuador; Secretaria Técnica de la Amazonía y a la Secretaria de Educación Superior; a fin de elaborar el informe sobre el avance y cumplimiento respecto a la vialidad, creación de la universidad estatal, fortalecimiento de la salud, educación, trabajo, seguridad ciudadana y Ley Amazónica.

Con base en los elementos de convicción presentados por Fiscalía, el Juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el cantón Esmeraldas dictó prisión preventiva contra diecinueve detenidos durante el operativo «Impacto 172», ejecutado con el apoyo de la Policía Nacional, la madrugada de este jueves 6 de octubre.

Todos los procesados en este caso tienen antecedentes penales y se encuentran relacionados con seis eventos violentos registrados en Esmeraldas, entre los meses de abril y mayo del año en curso. Además, pertenecerían a la agrupación criminal «Los Tiguerones», vinculados a actividades ilícitas como asesinato, asalto, robo a personas, de vehículos y con resultado de muerte, extorsión, terrorismo, intimidación, narcotráfico, entre otros.

En los allanamientos también se incautaron un arma de fuego tipo cartuchera, un celular, se retuvo una motocicleta y se recuperó un vehículo reportado como robado.

Fiscalía junto a grupos especiales de la Policía Nacional (GIR, GOE, GEMA, Criminalística, UMO, UNIT, CRAC y la Dirección General de Investigación de la PJ) desarticularon esta organización delincuencial transnacional liderada por alias “Marcos”, cuyas operaciones se desarrollaban en la provincia de Esmeraldas.

Durante la audiencia de formulación de cargos, desarrollada la noche de este jueves, Fiscalía presentó como elementos de convicción ante el Juez: las imágenes de los eventos violentos registrados por las cámaras del Servicio Integrado de Seguridad Ecu 9-1-1, el informe de investigaciones, el parte de detención, entre otros.

La instrucción fiscal tendrá una duración de noventa días.

Los procesados son: Luis Adolfo A. V. (23 años), Marcos Alejandro C. A. (29 años), Cristhian Elian R. V. (22 años), Dody Yosimar (22 años), Gary Daniel H. G. (20 años), Darwin Leonardo N. M. (28 años), Michael Eduardo G. C. (22 años), Jackson Enrique R. G. (26 años), Christian Eugenio A. C. (21 años), David Jonathan C. O. (27 años), Aaron Alfredo M. G. (19 años), Frixon Andrés Q. S. (27 años), Darío Luis P. A. (30 años), Jéfferson Ramiro R. Z. (34 años), Diego Hamilton G. V. (25 años), Paúl Damián C. C. (29 años), Erick Henry Q. S. (21 años), Alirio Miguel S. V. (38 años) y Jeikol Elias M. M. (18 años).

Todos son de nacionalidad ecuatoriana y tienen antecedentes penales por asesinato, homicidio, porte de armas, robo, tráfico ilícito de sustancias, receptación, incumplimiento de decisiones, incendio y destrucción, entre otros delitos.

Información jurídica

Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona el delito de delincuencia organizada con pena privativa de libertad de siete a diez años de prisión.