Hechos Ecuador

La Comisión por la Verdad, Justicia y Reparación del caso María Belén Bernal, que preside Ana Herrera, aprobó el cronograma de trabajo que se extenderá hasta el 30 de octubre y cuyo informe será entregado oficialmente el 1 de noviembre de 2022.

A lo largo de las próximas seis sesiones, la mesa aspira recibir a funcionarios de Estado, comenzando por el primer Mandatario, Guillermo Lasso Mendoza; expertos en seguridad, derechos humanos; representantes de la Policía Nacional, del Ministerio de Defensa y de la Fiscalía General.

En efecto, el 7 de octubre, la comisión recibirá a la señora Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal. Para el 11 de octubre, el organismo prevé invitar al presidente de la República, Guillermo Lasso; al exministro de Interior, Patricio Carrillo; y, a la fiscal General, Diana Salazar.

Luego, para el 12 de octubre, se prevé la comparecencia de la Secretaria de Derechos Humanos y varios expertos en seguridad y en materia policial, mientras que para el 14 de octubre se convocará a expertos en seguridad, como el arquitecto Fernando Carrión y la doctora Carolina Andrade.

El 20 de octubre, la mesa recibirá al Ministro de Defensa, al exdirector de la Escuela Superior de Policía, a generales y otros oficiales vinculados con la temática, así como a expertos en derechos humanos. El 21 de octubre efectuarán una visita in situ a las instalaciones de la Escuela Superior de Policía, Gral. Alberto Enríquez Gallo.

Igualmente, se ha previsto realizar dos mesas de trabajo del equipo técnico, una de ellas el 24 de octubre, para elaborar el borrador del informe que será sometido a conocimiento de la Comisión por la Verdad, Justicia y Reparación y el 30 de octubre, para su aprobación.

El organismo no descarta realizar cambios en la agenda programada, así como incluir nuevas comparecencias que se consideren necesarias con el propósito de ampliar la información que se requerirá por escrito a varias instituciones y entidades del sector público.

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Abg. Hernán Ulloa, acudió este 4 de octubre ante el Pleno de la  Corte Nacional de Justicia (CNJ) para solicitar a su titular, Iván Saquicela, que remita la terna para designar al vocal del Consejo de la Judicatura que va a ejercer la presidencia del organismo.

El presidente Ulloa señaló que, una vez que se recibió la sentencia de la Corte Constitucional sobre el proceso, el Pleno del CPCCS preparó el camino para darle pleno cumplimiento con la mayor celeridad posible. Destacó que las resoluciones del Consejo se enfocan en garantizar la transparencia en la designación de esta autoridad. En ese sentido, además del oficio de solicitud de la terna, entregó al Dr. Saquicela el reglamento que rige el proceso de selección y las resoluciones del Pleno del CPCCS sobre el tema.

En declaraciones a la prensa, también aclaró, que entre las medidas tomadas para agilitar el proceso, el Art. 20 del reglamento señala: “En caso de que todos los integrantes de la terna, algún o algunos de los integrantes de esta fueren descalificados, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social notificará en el plazo de dos (2) días contados a partir de la resolución sobre la impugnación a la autoridad respectiva, para que, dentro del plazo de cuatro (4) días proceda a remitir una nueva terna o completarla si así fuere necesario. Estos nuevos candidatos se someterán a todo el procedimiento contemplado en este Reglamento”. Anteriormente, la normativa requería que se remita una nueva terna en caso de que uno solo de los candidatos sea descalificado, lo que implicaba la dilatación innecesaria del proceso.

Por su parte, el presidente de la CNJ, agradeció la visita del Abg. Hernán Ulloa, a la vez que afirmó que dará respuesta en Derecho, tan pronto como sea posible, con el afán de que se realice el proceso de designación del titular de la Judicatura.

Cinco presuntos integrantes de una organización delictiva dedicada al robo a domicilios tienen un proceso penal a cuestas, luego de que Fiscalía les formulara cargos penales por el delito de robo con fuerza en las cosas.

Luis Carlos C., Crystel V. y Aníbal M. guardan prisión preventiva por orden del Juez de Garantías Penales, quien encontró legalmente justificado el pedido de Fiscalía para que disponga dicha medida cautelar. En cambio, para Diana R. y Bryan T., el juzgador ordenó la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas todos los días, debido a que ambos justificaron tener una enfermedad preexistente.

En la audiencia de calificación de flagrancia se resolvió –además– que este caso se tramitará mediante procedimiento directo. La instrucción fiscal tomará veinte días y la audiencia de juicio para los procesados se desarrollará a las 14:30 del 25 de octubre del año en curso.

Los elementos de convicción que Fiscalía presentó para formular cargos incluyen: el formulario de cadena de custodia, el documento de ingreso de vehículo a los patios de la Policía Judicial, la denuncia y el reconocimiento de denuncia formalizada por las dos presuntas víctimas, las versiones de los perjudicados, así como la rendida por el agente aprehensor.

Con esto sustentó la presunción de la participación de los procesados en el delito de robo con fuerza en las cosas, por lo que el Juez de Garantías Penales dio paso al inicio de la instrucción fiscal.

Hechos

La aprehensión de los sospechosos se dio la mañana de ayer, 3 de octubre. Agentes de la Policía Nacional investigaron un robo registrado la tarde del domingo 2 de octubre, en dos departamentos situados en el sector de la Quito Tenis, en el norte de Quito.

De esos inmuebles sustrajeron computadores, prendas de vestir, cámaras fotográficas, entre otros costosos enseres. Los robos se registraron mientras los propietarios de los departamentos estaban fuera de casa, pero quedaron captados en las cámaras de video.

En las imágenes se identificó el vehículo gris que usaron los procesados para fugarse. El automotor fue identificado ayer en el sector de La Floresta, con Bryan T. y Aníbal M. a bordo.

La información recabada por la Policía permitió identificar un hostal en el sector de Solanda, donde pernoctaba el resto de la presunta organización delictiva.

Durante el operativo, la Policía encontró parte de los bienes sustraídos de los departamentos en la Quito Tenis.

Información jurídica

El inciso segundo del artículo 189 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece que: “cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años”.

El Pleno de la Asamblea Nacional tramitó en primer debate el proyecto de Ley de Gestión del Riesgo de Desastres, que crea un marco jurídico para la prevención, mitigación, reparación y generación de resiliencia en la población, frente a los desastres naturales o antrópicos que amenazan al Ecuador.

Los legisladores tomaron como base el informe preparado por la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, cuyo presidente, Ramiro Narváez informó al Pleno los objetivos y alcances de esta normativa que, según dijo, “es una ley para salvar vidas”. Explicó que el proyecto recoge cuatro iniciativas que buscan dejar atrás titulares de prensa que, frente a fenómenos naturales o desastres, indican que Ecuador enfrenta las emergencias sin una normativa adecuada.

Subrayó que son cuatro los ejes del proyecto de ley: la regulación de la gestión integral de riesgos; regulación del sistema nacional de gestión de riesgos; desarrollo del principio de descentralización subsidiaria, enfocada en los gobiernos autónomos descentralizados; y, la gobernanza del sistema, con la articulación de todas las instituciones relacionadas con esta temática, en los distintos niveles de gobierno.

Ramiro Narváez aseguró que la Comisión recogió las observaciones y los planteamientos de distintos sectores involucrados y, principalmente, del Servicio de Gestión de Riesgos que aportó al estudio de este proyecto de ley. También destacó la participación de expertos y de la academia.

Debate

En el debate, en el que participaron 13 legisladores, se hizo hincapié en la necesidad de la prevención, tomando en cuenta que Ecuador, por su ubicación geográfica, está expuesto a riesgos de desastres naturales, pero también a fenómenos antrópicos (provocados por la acción del ser humano), como por ejemplo la consecuencia de actividades extractivas, sin cumplir las recomendaciones de carácter ambiental.

Así mismo, se demandó un compromiso del Estado y del Gobierno, como el principal administrador de la cosa pública, para destinar recursos a los gobiernos autónomos descentralizados para que puedan enfrentar las consecuencias de desastres, como lo ocurrido con las provincias de Esmeraldas y Manabí, en abril de 2016, entre otras catástrofes.

Antes del cierre del debate y la clausura de la sesión, Ramiro Narváez acogió el pedido de varios asambleístas en el sentido que, por tratarse de una normativa de gran transcendencia de país, elabore el informe para segundo debate antes de los 90 días que prevé la ley, a fin de dar al país un cuerpo jurídico que permita enfrentar eficaz y eficientemente los riesgos de desastres.

El estudio de la ciudadanía y de los valores éticos y cívicos, obligatorio en todas las unidades educativas, es la manera más acertada para el combate a la corrupción, manifestó la asambleísta Yeseña Guamaní, al presentar ante diversos actores del sector educativo el proyecto de reformas a la Ley de Educación Intercultural.

El Salón José Mejía Lequerica, en la sede de la Asamblea Nacional, fue sitio de encuentro de estudiantes, maestros, sociedad civil y otros actores del quehacer educativo para escuchar los alcances y objetivos de esta propuesta legislativa.

La legisladora, en su proyecto, destaca que tener leyes estrictas anticorrupción no garantiza que haya una aplicación efectiva; si hay leyes estrictas sin una educación que anteponga valores, la corrupción seguirá floreciendo, por lo que es crucial dedicar prioridad y atención a la educación, enfatizó Guamaní.

Señaló también que “la sociedad presenta nuevos retos y desafíos en la tarea de formar y orientar para la vida con valores y que el sistema educativo debe reconfigurarse en torno a esta demanda; creando lineamientos”.

En este contexto, su proyecto busca que la Ley Orgánica de Educación Intercultural plantee un modelo de educación de calidad con una formación integral que cumpla condiciones de vivir con honestidad.

El proyecto determina que al ser el sistema educativo una influencia a mediano y largo plazo sobre las instituciones democráticas, los estudiantes deben recibir una educación en ciudadanía y los valores éticos y cívicos, que nos permita reconocer nuestra propia dignidad y la de los demás en su diversidad de género, colores de piel, culturas, idiomas, clase social, religiones y orígenes, y que, además, confronte sin temor a la corrupción.

Para ello, se deberá promover valores basados en la dignidad humana como vida, promoción del bien, tolerancia, verdad, libertad, justicia, amor, solidaridad, integridad, que sustentan la democracia, no solo como forma de gobierno sino como estilo de vida.

Por último, invitó a los diversos sectores que forman parte del sistema de educación a participar con sus observaciones y sugerencias para enriquecer el proyecto.

Caso María Belén B.: Fiscalía presenta el informe de sus actuaciones ante el Pleno de la Asamblea

El Consejo Nacional Electoral (CNE), con el objetivo de simplificar los trámites y servicios que ofrece a la ciudadanía, habilitó en su página web el módulo de emisión del certificado de apoliticismo de forma virtual, rápida y gratuita.