Hechos Ecuador

El próximo 19 de octubre se realizará la selección pública de los Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) que participarán en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023. Desde el pasado 1 de mayo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) avanza en el levantamiento y elaboración de las bases de datos -a escala nacional, a través de las 24 Delegaciones Provinciales- para cumplir con este hito del calendario electoral.

Del 12 al 18 de octubre, se ejecutará la consolidación y validación de las bases de datos para la selección de los MJRV. Entre los criterios para desarrollar este procedimiento se consideran a estudiantes legalmente matriculados en las instituciones del Sistema de Educación Superior, empleados privados que cuenten con título profesional y bachilleres, servidores públicos que cuenten con título profesional y bachilleres, estudiantes de bachillerato mayores de 18 años de colegios urbanos y rurales, entre otros.

Una vez seleccionados los MJRV, del 27 de octubre al 25 de noviembre serán notificados de forma personal o por medios electrónicos o digitales. Finalmente, del 8 de noviembre de 2022 al 5 de febrero de 2023, se cumplirá la etapa de capacitación obligatoria para que puedan desarrollar sus funciones de forma efectiva y eviten multas.

Al conmemorar el Bicentésimo Segundo Aniversario de Independencia de la ciudad de Guayaquil, la Asamblea Nacional sesionó en el puerto principal. El presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, exaltó a la Perla del Pacífico, señalando que Ecuador está cansado de adjetivos, de peleas, de enfrentamientos y discusiones, necesita paz y unidad e hizo un llamado al diálogo como único mecanismo para lograr acuerdos en beneficio de lo ecuatorianos.

Expresó su decisión de impulsar una patria distinta, donde se sepulte el odio, donde no haya desnutrición, en la cual se destierre el desempleo, se salga sin temor a la delincuencia, donde haya siempre una escuela para que un niño estudie, en la que tengamos un buen sistema de salud y no mueran nuestros padres e hijos por la falta de medicinas. “Sobre este andarivel trabaja y debe trabajar la Asamblea Nacional que hoy saluda a la ciudad de Guayaquil”, subrayó.

También manifestó que tiene el reto histórico de coadyuvar a que se sostenga la democracia, de buscar la paz del Ecuador de la mano de todo este grupo de asambleístas que representan a su pueblo en la diversidad de sus votantes. “Vengo para reverenciar la aurora gloriosa que anunció la libertad como un instrumento de la democracia de este Ecuador”, concluyó Virgilio Saquicela.

De su lado, Melvin Hoyos Galarza, miembro de la Academia Nacional de Historia, destacó la gesta independentista del 9 de octubre de 1820, donde varios hombres y mujeres con patriotismo lucharon por adquirir la libertad. Habló de los personajes que se reunieron para trazar los lineamientos de la Primera República Independiente, el primer estado libre e independiente.

Acuerdos

En la sesión solemne por parte de las autoridades del Parlamento, se entregaron acuerdos legislativos y condecoraciones a ilustres ciudadanos e instituciones de la ciudad de Guayaquil. Fueron homenajeados: Thomás Hanisch, Vicente Wong Naranjo, Mauricio Salem Mendoza, Jorge Fernando Buñay, Miguel Vanoni Patiño, Nicolás Ulloa Figeroa, Alfredo Escobar San Lucas, Eduardo Mendoza Paladines.

También, José Jouvin Vernaza, Washington Hagó, Raúl Alcívar González, Antonio Tramontana, José Herrera Valarezo, Cecilia Paredes Verduga, Daniel Molina Rodríguez, Patricia González Avellán, María José Agusto, Mónica Gilbert, Pedro Valverde Rivera; Fundación Cruzada Nuevos Horizontes, la Asociación de Exportadores del Banano del Ecuador y homenaje póstumo a Tania Tinoco, Carlos Pérez Perasso, Ronald Sonne Kusijanovic y León Febres Cordero.

Mauricio Salem Mendoza, en representación de los homenajeados, agradeció al Legislativo por la distinción realizada a hombres, mujeres e instituciones que luchan por hacer grande el país. Dijo que se requiere de decisión y acción; la Asamblea debe ser canalizadora de esperanza, “señor Presidente Virgilio Saquicela le toca defender el curso de la democracia en manos de quienes tengan identidad de fines y afán de la misma historia”, resaltó.

Entre 2018 y 2019, Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo) realizó pagos por la recolección de residuos sólidos, sin documentos que sustenten el cálculo de los desembolsos a los contratistas. El organismo de control determinó una responsabilidad civil por el monto del perjuicio a la empresa metropolitana.

La Contraloría confirmó una glosa de USD 3’529.720 por la ausencia de documentos que respalden el cálculo pagos por el servicio de recolección de residuos sólidos en volquetas, en el Distrito Metropolitano de Quito. La sanción se desprende del examen especial a la declaratoria de emergencia emitida en la Emaseo de febrero de 2018.

La responsabilidad civil señala a siete funcionarios de la Emaseo ­ —que actuaron entre 2018 y 2019— y tres contratistas. Durante el examen especial, auditoría estableció que no se utilizaron criterios técnicos para determinar el tipo de vehículos, volumen de carga, tiempo de servicio y pago de jornadas, por lo que no se justificaron desembolsos por el monto de la glosa.

Para calcular los pagos, se multiplicó el peso neto de los residuos sólidos por el volumen de carga de las volquetas. En este procedimiento no se consideraron las dimensiones reales de los cajones de los vehículos y se cancelaron los mismos valores por todas las volquetas, aunque tenían capacidades distintas y transportaron cargas diferentes.

Según el contrato, el transporte mínimo debió ser de ocho toneladas netas por jornada o de cuatro toneladas netas por viaje. Auditoría evidenció el incumplimiento de esta condición a través de los tickets de pesaje de las estaciones de transferencia de residuos sólidos, que registraron pesos que van desde las 0.72 hasta las 2.05 toneladas netas, diarias.

Además, la Contraloría determinó que los funcionarios no planificaron la cantidad específica de volquetas necesarias para cumplir el objeto contractual, el tiempo de servicio para la recolección y el transporte de residuos sólidos. En los expedientes tampoco constaron respaldos de las mediciones y monitoreo del servicio.

Recursos

Los responsables tienen el derecho de interponer un recurso de revisión, en sede administrativa, ante la Contraloría General del Estado o en los tribunales de lo Contencioso Administrativo.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) realizará un sorteo público  entre los postulantes que superaron las etapas de admisibilidad e impugnación ciudadana,  para la conformación de la Comisión Ciudadana de Selección de la primera autoridad de la Contraloría General del Estado.

Según el Art. 32 del Reglamento vigente para este proceso, las Comisiones Ciudadanas de Selección se conforman de manera paritaria, entre mujeres y hombres, a través de sorteo público, en sesión del Pleno del CPCCS, que será transmitido en tiempo real a través de los medios digitales institucionales.

Con presencia de Notario Público, se sorteará en primer lugar el género y posteriormente a los cinco comisionados principales de la ciudadanía y organizaciones sociales. Asimismo, de la nómina de delegados de la primera función del Estado, se designará como principal a quien corresponda, de acuerdo al género sorteado anteriormente.

Esta resolución se tomó, por unanimidad, una vez aprobado el informe de la Coordinación de Asesoría Jurídica, según el cual se aceptaron 11 de las 14 impugnaciones sustentadas en Audiencias Públicas. Con base en el análisis presentado, se dispuso la descalificación de los postulantes cuyas impugnaciones fueron aceptadas, quienes no podrán continuar en el proceso.

El presidente del CPCCS Hernán Ulloa, resaltó la participación de la ciudadanía y de las autoridades del Estado, especialmente de los asambleístas que presentaron sus impugnaciones en los procesos de selección. De esta manera, se reitera que en la designación de autoridades existe una corresponsabilidad que contribuye a la transparencia y fortalece la institucionalidad.

El presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela Espinoza, dio la bienvenida a las autoridades y delegados de las diferentes funciones del Estado, para la conformación de la Mesa Técnica de Seguridad Pública, la cual iniciará formalmente su trabajo la próxima semana, para la búsqueda de acuerdos que permitan contrarrestar uno de los temas que preocupan a la ciudadanía y a los legisladores, como es la creciente inseguridad.

“Todos, por acción u omisión, tenemos algo que ver con la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos, de allí la importancia de debatir con la Corte Nacional de Justicia; Defensoría Pública; Fiscalía; Policía; Defensoría del Pueblo; y, el Sistema de Rehabilitación Social, todas las alternativas para sintonizar las leyes con lo que quiere la gente”, dijo el Presidente del Parlamento.

Además reiteró que, el ejemplo de los acuerdos alcanzados en la Mesa sobre la Ley de Inversiones demuestra que el diálogo es el único camino para resolver los problemas que aquejan al Ecuador.

De inmediato, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, expresó la predisposición de participar en este diálogo. Destacó la importancia de trabajar las posibles reformas al Código Orgánico Integral Penal. “Hemos avanzado en un trabajo interno desde la Función Judicial para establecer cuáles podrían ser los temas materia de reforma”, añadió.

Mientras, Ángel Torres, defensor Público General, indicó que han identificado 10 nudos críticos y 10 soluciones relacionadas con el Sistema de Rehabilitación Social, uno de ellos es la desconcentración de la Unidad de Beneficios Penitenciarios. A pesar de no ser materia de su competencia, anticipó que uno de los temas importantes es la dotación de recursos para que la fuerza pública pueda cumplir con su rol estratégico.

De su lado, el general Manuel Vargas, delegado de la Policía, aseguró que la institución del orden ha presentado algunas propuestas legales. Hizo hincapié en reformas que incidan en la disciplina de los uniformados. Cristian Nieto, delegado de la Defensoría del Pueblo, recordó que la entidad trabaja fuertemente en lo que tiene que ver con la crisis carcelaria, que es una problemática que podría incrementarse, si es que no se toman las medidas adecuadas. “Estamos dispuestos a trabajar junto a ustedes en leyes con visión de derechos humanos”, agregó.

Para cerrar las exposiciones de los representantes de las entidades estatales, Patricia Andrade, de la Fiscalía del Estado, expresó la voluntad de la fiscal general, Diana Salazar, de continuar trabajando en las distintas leyes que contribuyan a garantizar la seguridad pública. Recordó que han enviado algunas sugerencias en la discusión de varias normativas.

Luego, Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, quien coordinará las reuniones de esta Mesa de Seguridad, destacó la trascendencia de este diálogo para buscar soluciones a los problemas de inseguridad. “Los esfuerzos individuales no solucionan el problema, es necesario que participen todos los sectores involucrados y, particularmente, el Ejecutivo, porque la mayoría de leyes que se discutirán requieren de la dotación de recursos económicos y esto solo nace de la iniciativa del Presidente de la República”, enfatizó.

Posteriormente intervinieron los legisladores Juan Fernando Flores, jefe de la bancada de Gobierno; Esteban Torres, primer vocal del Consejo de Administración Legislativa (CAL); Marcela Holguín, primera Vicepresidenta; Marlon Cadena (ID); Salvador Quishpe (PK); Xavier Jurado; y Gerladine Weber, quienes esbozaron algunos temas que deberían concitar el debate, entre ellos, la inimputabilidad de menores, el porte de armas, las nuevas formas de extorsión, como las denominadas vacunas. También insistieron en la necesidad de que estén presentes los ministros de Estado de las diferentes áreas, que son quienes tienen la potestad de tomar decisiones.

El asambleísta Ricardo Vanegas se reunió con autoridades de telecomunicaciones, de seguridad y entidades de control con el objetivo de analizar el tema de los inhibidores de señal en los centros de rehabilitación social.

Daniel Montúfar, técnico de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (ARCOTEL), manifestó que la institución dictó una resolución en 2018, mediante la cual se faculta a todos los entes de seguridad nacional a colocar inhibidores de señal en los sitios que consideren necesario, como en este caso el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

Explicó que la inhibición es un método eficaz pero no el único, porque existe varios sistemas que lo aplican algunos países, pero depende de la ubicación como es el caso de cárceles que están alrededor de centros urbanos, en donde no se recomienda colocar inhibidores, porque tienen incidencia en los sectores aledaños y se crea inseguridad en los ciudadanos.

Luego, compareció Cristian Rosero, director de Tecnologías del SNAI, quien citó que en el centro de Latacunga instalaron 13 inhibidores, pero que solo funcionan tres, porque los 10 fueron destruidos a consecuencia de los amotinamientos.

Así mismo, Paulina Falconí, representante de las operadoras móviles, expresó que se limitan a cumplir la ley y están listas a acoger la disposiciones que se emitan sobre el tema, para lo que trabajan conjuntamente con Arcotel.

Benjamín Cajas, delegado de Policía Nacional, destacó la importancia de propiciar este tipo de reuniones con autoridades de diversas instituciones para debatir propuestas concretas que coadyuben en la lucha contra la inseguridad.

El asambleísta Ricardo Vanegas explicó que esta reunión forma parte de las acciones de control político, pues mientras las autoridades competentes informan que han colocado inhibidores o bloqueadores de los números celulares en los centros penitenciarios, se ha advertido que desde allí salen órdenes para los sicariatos.

Tras haber admitido su responsabilidad y participación en el hecho, Yadira Estefanía M. L. y Patricia Soraya L. S. fueron sentenciadas por un Juez de Garantías Penales de Tungurahua a veinte meses de privación de libertad por su autoría directa en el delito de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización en alta escala.

Los magistrados también dispusieron una multa de cuatro salarios básicos unificados.

En la audiencia de procedimiento abreviado, el fiscal del caso, Jorge Basantes, relató que los hechos ocurrieron en julio del año en curso, en las calles Marieta de Veintenilla y avenida 12 de Noviembre, cuando en un control de rutina, la Policía Nacional, procedió con un registro superficial a las hoy sentenciadas.

En su poder se encontraron dos fundas plásticas de una sustancia verdosa con un logotipo que decía “Los Lobos”, que –luego del análisis y pesaje respectivo– dio positivo para marihuana en un peso de bruto de 1.055,2 gramos, por lo que fueron aprehendidas.

Según la investigación, las sentenciadas serían parte de la organización delictiva dedicada al microtráfico y otras actividades ilícitas.

Además, Fiscalía presentó como elementos probatorios en su contra, entre los que se incluyen: testimonios, el informe de análisis y pesaje de la sustancia incautada, el parte policial informativo, el informe de reconocimiento del lugar de los hechos y evidencias, entre otros, que demostraron su responsabilidad en el hecho.

Información jurídica

El delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización está tipificado en el artículo 220, numeral 1, literal c, del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La mañana de este 5 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) suscribió un convenio de cooperación con el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (Conadis), la Federación Nacional de Ecuatorianos con Discapacidad Física (Fenedif) y la Federación Nacional de Operadores de Transporte en Taxis del Ecuador (Fedotaxis), para fomentar la participación de las personas con discapacidad en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023.

La suscripción del convenio se dio en el marco del lanzamiento de la campaña ‘Tienen derecho a votar’, que incluirá la ejecución del programa ‘Taxi solidario’ para la movilización, de forma gratuita, de las personas con discapacidad desde su domicilio hacia los recintos electorales en donde se encuentren empadronados en las unidades de transporte de Fedotaxis, garantizando de esta forma su derecho al sufragio.

El consejero del CNE, José Cabrera Zurita, destacó que estas acciones permiten consolidar una estrategia inclusiva para la participación de la ciudadanía en los procesos electorales. “Además, para facilitar y promover el sufragio de las personas con discapacidad, contamos mecanismos, como el voto asistido, plantillas en braille y las mesas de atención preferente habilitadas en cada uno de los recintos electorales a escala nacional”, puntualizó.

Tatiana Escobar, secretaria técnica del CONADIS, explicó que las estrategias conjuntas que se han establecido para la implementación de la campaña, año tras año, han permitido promover la participación democrática de las personas con discapacidad. Por su parte, Yolanda Viera, titular de Fenedif, indicó que la campaña ‘Tienen derecho a votar’ ha logrado la reducción del ausentismo de las personas con discapacidad en los procesos electorales.

Para acceder a este servicio, disponible para las 417.131 personas con discapacidad empadronadas para las elecciones de 2023, los beneficiarios deben registrarse, desde este 5 de octubre de 2022 al 8 de enero de 2023, en la página web de Fenedif o al call center (02-382-7501).

El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) desarrolló las Audiencias de Sustentación de Impugnaciones a los postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección encargada del concurso público para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Las Audiencias se presentaron de la siguiente manera:

1.- Impugnante: Ricardo Ulcuango Farinango

Impugnada: Dalai Carmelina Mendoza Llaguno

El impugnante, asambleísta Ricardo Ulcuango destacó la importancia de la integración de la Comisión Ciudadana que elegirá al CNE, dado que esta institución es la encargada de los derechos políticos de participación de los ecuatorianos. Indicó que existen dudas respecto de la probidad notoria de la impugnada por ser parte de una lista supuestamente patrocinada por el Ejecutivo. A través de su abogado, Dr. Mauricio Barros, explicó que es necesario que las autoridades a designarse sean completamente imparciales.

La impugnada, Dalai Carmelina Mendoza Llaguno, indicó que desconocía de este listado señalado por el impugnante. Explicó que sus documentos fueron revisados, notarizados y elevados a la plataforma de inscripción de manera independiente. Además, informó que no ha ejercido cargos públicos ni tiene relación con ninguna persona del Gobierno. Por último, explicó que tiene la preparación y experiencia suficientes para su postulación.

2.- Impugnante: Ricardo Ulcuango Farinango

Impugnada: Olga Elizabeth Ochoa Barzallo

El asambleísta Ulcuango presentó una impugnación en contra de la postulante Olga Elizabeth Ochoa Barzallo, por supuesta falta de idoneidad, ya que se encontraría en un listado de personas auspiciadas por el Ejecutivo para conformar la Comisión. Esto según la denuncia presentada ante la Asamblea Nacional por parte del exasesor del CPCCS. Su abogado patrocinador, Mauricio Barros, señaló que esta acción constituiría una falta de independencia de la ciudadana Ochoa.

La impugnada no se presentó a la audiencia, debido a una calamidad doméstica, por lo que no ejerció su derecho a la defensa.

3.-  Impugnante: Ricardo Ulcuango Farinango

Impugnado: María José Murillo Aldaz

El asambleísta Ricardo Ulcuango sustentó su argumentación en una supuesta falta de probidad, dado que el nombre de la impugnada constaría en el listado auspiciado por el Ejecutivo. Su abogado patrocinador, Dr. Mauricio Barros, enfatizó que es necesario que la Comisión Ciudadana para elegir al CNE tenga absoluta independencia y transparencia, lo cual no se cumpliría en este caso, por la supuesta injerencia del Ejecutivo.

María José Murillo Aldaz, en su calidad de impugnada, no asistió a la audiencia.

4.- Impugnante: José Ricardo Chávez Valencia

Impugnada: María José Murillo Aldaz

Ni el impugnante, ni la impugnada, asistieron a la Audiencia de Sustentación.

La Comisión de Biodiversidad, en el marco de fiscalización del caso de naufragio de la embarcación de cabotaje denominada “Angy” en las islas Galápagos, recibió las comparecencias de los sobrevivientes al incidente marítimo y de las autoridades encargadas del control y supervisión, transporte, espacios marítimos y de respuesta a emergencias.

Cuatro sobrevivientes al naufragio narraron lo que vivieron la tarde y noche del 25 de septiembre, cuando la embarcación en la que se movilizaban, desde la Isla Isabela hacia la Isla Santa Cruz, quedó a la deriva en altamar por cerca de cuatro horas, hasta finalmente hundirse. Los dolorosos relatos acompañados de videos y fotografiás graficaron los dramáticos momentos que les tocó vivir. Entre los comparecientes estaban dos victimas que perdieron a seres queridos

El Ministro de Defensa, el Viceministro de Transporte y Obras Públicas, la Directora Nacional del Ecu911, el Director Nacional de Espacios Acuáticos, la Ministra del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos y la representante de la Fiscalía General del Estado, comparecieron ante la comisión para presentar las acciones tomadas desde cada una de las instituciones que representan, en el momento de la tragedia y posteriores al suceso.

Luis Lara, ministro de Defensa, aclaró que al conocer del incidente dispuso al Comandante de la Fuerza Naval tomar las acciones necesarias para el esclarecimiento y proceso investigativo correspondiente. “Tengan la certeza de que actuaremos con transparencia y sancionaremos a quien tenga que ser sancionado, estamos haciendo una investigación para establecer las causas del incidente, la política del ministerio y de las Fuerzas Armadas es cero tolerancia a las conductas que van contra la moral, ética y principios de la institución”, culminó.

Andrés Pino, viceministro de Transporte y Obras Públicas, ante los cuestionamientos de la mesa legislativa en cuanto a los permisos de funcionamiento de las embarcaciones en Galápagos y sobre las medidas de seguridad que las embarcaciones deben tener, explicó que estos temas son de competencia exclusiva de las capitanías de puerto.

El contralmirante Pablo Caicedo, director nacional de Espacios Acuáticos, detalló los procedimientos que las capitanías de puerto realizan para aprobar el zarpe de embarcaciones, los cuales se basan unicamente en la revisión de documentos habilitantes para la circulación marítima. Explicó que las revisiones físicas de las embarcaciones se realizan una vez al año y que hay una investigación interna en curso para determinar responsabilidades y futuras sanciones.

Daniela Saltos, directora nacional del Ecu911, en contestación a la preguntas remitidas por la comisión en cuanto a la respuesta que se brindó al incidente por parte de la institución, mostró el registro de las llamadas y los tiempos de acción ante la emergencia. “Nuestros operadores tardaron menos de 3 minutos en generar una ficha sobre la emergencia y direccionarla a la consola de despacho de las Fuerzas Armadas como dicta el procedimiento”, informó.

La representante de la Fiscalía aseguró que inmediatamente después de tener conocimiento del hecho, se abrió una investigación previa de oficio en la Fiscalía de Santa Cruz, bajo el cargo de homicidio culposo, y agregó que existen más de 100 disposiciones y diligencias para el esclarecimiento del hecho. “Tenemos plenamente identificados al capitán de la nave y su tripulante, a más de dos sospechosos por identificar. “No vamos a dejar en la impunidad el hecho, ofrecemos transparencia y respuesta inmediata”, concluyó.