Ante la Comisión de Justicia, el procurador Íñigo Salvador aseguró que podría haber un conflicto de intereses. En 2019, María Josefa Coronel, actual directora de la Judicatura Guayas, emitió una opinión consultiva a favor de los Isaías antes de estar en ese cargo.
Nuevas acusaciones de falta de independencia rodean al Consejo de la Judicatura. La Procuraduría asegura que hay presiones de los hermanos Roberto y William Isaías Dassum, expropietarios del Filanbanco, sobre la Justicia para favorecer a sus intereses.
El caso llegó a la Comisión de Justicia de la Asamblea, después de que el procurador general, Íñigo Salvador, denunciara estas presiones.
En días pasados, Salvador aseguró que cree que hay una “presión política” e incluso podría haber “presión económica“. Y pidió investigaciones de los vínculos de la directiva de la Judicatura en Guayas con los hermanos Isaías.
Y hay un antecedente que se relaciona con María Josefa Coronel, directora provincial de la Judicatura en Guayas.
Coronel elaboró un informe de opinión consultiva en 2019 a favor de los hermanos Isaías, que sirvió de base para una de las sentencias que favoreció a los exbanqueros y que dispuso la devolución de los bienes que el Estado les incautó en 2008.
Ese informe fue solicitado por Xavier Zavala Egas, procurador de los hermanos.
Esto coincide con las constantes negativas y rechazos que recibió el Estado ecuatoriano en las causas planteadas por los Isaías. Algo que, a criterio del Procurador, evidencia que hay presiones desde ese lado.
Las “conjeturas” del Procurador
Salvador compareció por más de dos horas ante la Comisión de Justicia, este 12 de octubre de 2022. Allí, explicó la razón de sus declaraciones alrededor de las supuestas presiones de los Isaías.
Dijo que no tiene pruebas para señalar a ningún funcionario y que por ello no hace acusaciones. Dijo que lo que expresó son “conjeturas” basadas en los hechos.
Específicamente, el Procurador se refiere a unas medidas cautelares que los Isaías interpusieron en 2018. En esa causa, los hermanos fundamentaron su pedido en un Dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Este dictamen, según la Procuraduría, nunca declaró la existencia de una vulneración al derecho a la propiedad, no analizó la legalidad de las incautaciones y no ordenó la devolución de bienes.
Aun así, en julio de 2018, el juez Jhonny Lituma otorgó las medidas cautelares.
Según Salvador, desde entonces vino una “larga historia de negativa tras negativa, rechazo tras rechazo”. Esto hace pensar al Procurador que “algo tiene que estar pasando” con los jueces del Guayas, puesto que no pueden revertir ninguna de las decisiones del juez Lituma.
¿Cómo es posible que en un proceso tan claro un juez y dos en la Corte Provincial del Guayas (que rechazaron la apelación) nieguen todas las posibilidades al Estado de defenderse en el caso más importante que se ventila en los tribunales nacionales?
Íñigo Salvador, procurador general del Estadonone
Uno de los puntos que genera estas “conjeturas” del Procurador es que el juez Lituma cita en su sentencia, como uno de sus argumentos, es el informe preparado por María Josefa Coronel a favor de los Isaías.
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