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Este sábado 15 de octubre la Comisión de Soberanía Alimentaria aprobó por unanimidad el texto final del proyecto de Ley para la Defensa y Desarrollo de la Economía Familiar Campesina, que tiene como objetivo generar acciones por parte del Estado ecuatoriano para fortalecer la correcta aplicación de la política pública en cuanto a la consecución de la soberanía alimentaria
La propuesta crea herramientas para garantizar el desarrollo de la economía familiar campesina, a través de la implementación de mecanismos de encadenamiento productivo, acceso a mercados, asistencia técnica y financiera para toda la cadena productiva vinculada a este segmento.
Las observaciones más importantes expuestas por los legisladores durante el segundo debate en el Pleno, se refieren a la consolidación y recuperación de la agroecología en el desarrollo fronterizo y que estas zonas económicas tengan acceso a crédito preferente, es decir, con equidad territorial, tal como establece la Constitución de la República.
También se refieren al fortalecimiento y producción sostenible y protección de los ecosistemas; enfoque de género, protección a las mujeres integrantes del grupo familiar, el autoconsumo, es decir, que la producción de la economía familiar campesina en primera instancia tenga sustentabilidad para el consumo interno a nivel local y un aporte a la cadena agroproductiva.
El asambleísta Xavier Santos, que será el ponente del informe en el Pleno, manifestó que se ha hecho un trabajo objetivo y sustentado en base a sus facultades y competencias.
Finalmente, el legislador Mariano Curicama, presidente de la mesa legislativa, resaltó que la aprobación de esta normativa constituye una verdadera aspiración de reconocimiento a los pequeños y medianos campesinos, que constituyen el principal motor de la seguridad y soberanía alimentaria en el país.
La Comisión de Justicia resolvió remitir a la Fiscalía General del Estado las grabaciones de la sesión en la que comparecieron el Procurador del Estado y las autoridades del Consejo de la Judicatura, a fin de que inicie las investigaciones sobre presuntos delitos cometidos en relación con el caso de los hermanos William y Roberto Isaías.
En la sesión también se aprobó la agenda de trabajo y metodología para la construcción del informe de investigación en torno a la presencia de arsénico en los pozos de agua de la ciudad de Machala, conforme lo dispuesto por el Pleno de la Asamblea Nacional.
La asambleísta Johanna Moreira recordó que el trabajo inició con los pedidos de información a las entidades gubernamentales enviados el pasado 7 de octubre y que de acuerdo con la planificación visitarán la ciudad de Machala entre el 24 y 28 de este mes, para posteriormente empezar con las comparecencias de autoridades.
Otros temas
El legislador Dalton Bacigalupo expuso el informe de la subcomisión encargada de unificar los proyectos de ley rezagados en materia penal. Además designó a la parlamentaria Sofía Espín como encargada de la subcomisión que trata los proyectos en materia no penal.
De su lado, José Chimbo presentó el proyecto de reformas al Código Orgánico de la Función Judicial. Entre los cambios propuestos destacan el desarrollo de la práctica de la justicia indígena, un nuevo régimen de control disciplinario, fortalecer la autonomía de la Función Judicial y enmendar la decisión de la anterior Asamblea que anuló los concursos para el ingreso a notarias.
Chimbo habló de tres ejes en los que se fundamenta la propuesta: el fortalecimiento del pluralismo jurídico, control disciplinario y una reorganización de órganos auxiliares como las notarias.
En la sexta sesión de la Comisión para la Verdad, Justicia y Reparación las asambleístas escucharon la versión de María Isabel Jiménez, agente fiscal que lleva el proceso de investigación de la desaparición y posterior muerte de la abogada María Belén Bernal.
En su intervención, la Fiscal explicó que desde el inicio de la investigación, primero como desaparición involuntaria y luego como femicidio, se han realizado 74 impulsos fiscales y 231 diligencias investigativas para esclarecer los hechos. “La Fiscalía agotará todos los recursos que sean necesarios para determinar responsabilidades; por ello se abrió otro proceso investigativo por fraude procesal para definir si hubo encubrimiento”, enfatizó.
Ante los cuestionamientos respecto a la demora en iniciar la investigación, resaltó que Germán Cáceres presentó la denuncia en la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED), el 12 de septiembre de 2022, a las 17h06, por lo que la Fiscalía conoció el caso a las 08h00 de 13 de septiembre, fecha que inició la investigación previa y se ordenó, entre otras acciones, realizar la prueba de luminol a la habitación del sospechoso. El 15 de septiembre se recibió el resultado positivo del test y se emitió la orden de detención de Cáceres, con fines investigativos.
Señaló que, luego de encontrar el cuerpo de María Belén Bernal, el 23 de septiembre se reformularon los cargos, la Fiscalía ordenó la prisión preventiva de Cáceres y solicitó la difusión roja a la Interpol.
La asambleísta Mireya Pazmiño cuestionó por qué hasta el momento solo ha sido procesada la cadete Joselyn Sánchez y que aún no se haya determinado vinculación posterior al resto de agentes que estuvieron en la Escuela de Policía cuando ocurrieron los hechos. De su lado, Amada Ortiz advirtió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomienda que los casos de desaparición de mujeres sean investigados por la Unidad de Género de la Fiscalía y no por la DINASED.
La mesa legislativa incluirá en el cronograma de trabajo recibir a la madre y al abogado defensor de Joselyn Sánchez, cadete procesada por este caso.
Previamente, en comisión general, escucharon a Fernando Carrión, experto en seguridad, quien explicó la dinámica de violencia estructural que existe en país, destacando que la tasa de homicidios en Ecuador es de 21 por cada 100 mil habitantes, mientras que la media de América Latina es de 18.
Con la finalidad de evitar que se encubran estos delitos, exhortó al Legislativo a desarrollar una iniciativa legal para tipificar al feminicidio que, según dijo, “es el asesinato de una mujer que se produce bajo el silencio y tolerancia de las instituciones públicas y privadas”.
Luego de que Fiscalía presentara los suficientes elementos probatorios ante el Juez de la Niñez y Adolescencia, dos adolescentes –de 16 y 17 años– fueron sentenciados a siete años de internamiento preventivo por la violación perpetrada contra una adolescente de 17 años (compañera de su colegio).
El fallo incluye el pago de cinco salarios básico como reparación integral a favor de la víctima y cumplirán la pena en el Centro de Adolescentes Infractores de la ciudad de Ambato.
En la audiencia de juicio, el fiscal de Justicia Juvenil, Rafael Arellano, presentó como pruebas ante el Juez: el informe médico-legal ginecológico, el informe psicológico y de entorno social, el testimonio anticipado de la víctima, el testimonio de los agentes policiales, el informe pericial de rastreo de proteína 30 (semen) con resultado positivo, entre otros.
Los hechos ocurrieron en julio de 2022. La víctima acudió a su entidad educativa a rendir los exámenes de grado y al salir tomó el transporte público en dirección a la parroquia Guanujo. Ahí recibió un mensaje de un amigo, en el que le indicaba que acuda al complejo deportivo de la parroquia.
En el lugar se encontró con los hoy sentenciados, con quienes ingirió bebidas alcohólicas.
Los ya sentenciados se aprovecharon del estado de embriaguez de su compañera y la trasladaron al sector conocido como “Negro Yaco”, a unos sembríos de maíz, donde la agredieron sexualmente.
Información jurídica
El delito de violación está tipificado en el artículo 171, inciso 1, numerales 1 y 2, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), en concordancia con lo que establece el Código de la Niñez y Adolescencia (CONA).
Desde el 19 de octubre y hasta el 01 de noviembre de 2022, las personas naturales o jurídicas y extranjeros que residan en nuestro país -de manera legal y continua por al menos cinco años-, podrán acreditarse como Observadores Electorales para las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2023.
El segundo periodo de acreditación se realizará del 01 al 14 de diciembre de 2022, conforme a la convocatoria aprobada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), en sesión ordinaria de este 13 de octubre.
Las personas interesadas en ser parte de esta actividad voluntaria, cívica y proactiva deberán realizar el trámite de manera virtual, anexando la documentación habilitante en el formulario de registro disponible en la web institucional: www.cne.gob.ec. De manera especial, se podrá entregar los documentos presencialmente en la Secretaría General del CNE y en las 24 Delegaciones Provinciales Electorales, de lunes a viernes, en horario de 08h30 a 17h00.
El Pleno también decidió extender la invitación para ser parte de la Observación Electoral a las universidades acreditadas en el país; a los Consejos Nacionales para la Igualdad; y, a varias organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de contribuir con la transparencia del proceso electoral que se ejecutará el próximo 05 de febrero de 2023.
Para la Asamblea Nacional el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres constituye una oportunidad para reconocer los avances hacia la prevención y la reducción del riesgo de desastres y de la pérdida de vidas, medios de sustento, economías e infraestructura básica, de conformidad con acuerdos internacionales.
En este marco, el Pleno del Legislativo declaró el 13 de octubre como el Día Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres en el Ecuador, fecha en la que evaluará junto a las autoridades competentes los avances en la gestión de riesgos a nivel subnacional y la aplicación del principio de descentralización subsidiaria; así como los retos, desafíos y mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de gestión de riesgos.
Entre otros aspectos, demanda del Gobierno Nacional el compromiso, a través del ente rector de las finanzas públicas y el rector de la gestión del riesgo, para trabajar en propuestas y estrategias de financiamiento que permitan garantizar la eficacia de la referida Ley de Gestión de Riesgo de Desastres.
El asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral recalcó que la gestión de riesgo está tomando gran relevancia, por ello que la Asamblea trabaja en la aprobación de la Ley de Gestión de Riesgos.
Argumentó que el declarar el 13 de octubre como el Día de la Gestión de Riesgo de Desastres ayudará a visibilizar la importancia de un tema para salvar vidas, generar conciencia por parte del Estado de proteger los recursos para prevenir y dar respuestas a los potenciales desastres y luego iniciar procesos de recuperación de resiliencia.
Además informó que según el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos en el período 2017 - 2020 se han registrado 1.461 inundaciones, 11.336 incendios forestales, 4.157 deslizamientos, 113 actividades volcánicas, cientos de ecuatorianos han perdido sus patrimonios y sus vidas por no tener una ley que ayude a prevenir estos acontecimientos.
El presidente de la Comisión del Derecho a la Salud, Marcos Molina recalcó que los riesgos a los que nos enfrentamos día a día son de diferente índole y que si hubiéramos contado con una ley apropiada para este tipo de problemas se hubiesen salvado muchas vidas. En tanto, el asambleísta Simón Remache sostuvo que se debe evitar la tala de los manglares para evitar desastres en el mar.
Previamente, los legisladores escucharon a Ángel Rosero, subsecretario de Gestión de Riesgos; Fernando Barragán, director de la Maestría de Gestión de Riesgos del Instituto de Altos Estudios Nacionales; y, a Daniela Cruz, de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, quienes respaldaron la iniciativa.
Dijeron que en sintonía con lo que pasa en el mundo se debe instituir este día y priorizar el tratamiento del proyecto de Ley para la gestión de riesgos de desastres, que ubicará al país como una nación que gestiona los riesgos de desastres en camino de la resiliencia.
Con 103 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional resolvió conformar una comisión ocasional que se encargará de analizar la situación actual y proyecciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), tomando en cuenta que tanto los afiliados como los jubilados no reciben una buena atención médica, según indicó el parlamentario Joel Abad, proponente del proyecto de resolución.
La mesa ocasional durará un año, de conformidad con lo que determina el artículo 24 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tiempo en el cual deberán analizar el manejo de la Seguridad Nacional, recursos y reservas, ingresos y egresos, determinación de sus bienes inmuebles, entre otros aspectos; y, buscará soluciones para dar respuesta a la excelencia en la prestación de servicios de salud.
El asambleísta Abad, dijo que resulta inconcebible e indignante que el IESS no tenga dinero para dar atención médica oportuna a los dueños de la seguridad social.
No existen cifras definitivas o confiables en torno al patrimonio, dijo el parlamentario Abad, al precisar que el exgerente General del Banco del BIESS, Vinicio Troncoso, informó que hasta mayo de 2020 los activos institucionales deberían estar por los 48.000 millones de dólares y que no obstante su monto de activos estaban en 20.341 millones de dólares en el que se incluían créditos al Ejecutivo por 7.845 millones.
Por: Rosamaría Calderón C.
Lasso en lo que va de estar sentado en el sillón de Carondelet le han escrito 257 discursos, 114 los presentó en el año 2021 y 143 en lo que va del 2022
Estas alocuciones se las elabora un grupo de 7 personas que le cuestan al estado la cantidad de $ 13.910 mensuales en sueldos.
En esas intervenciones dice una cantidad de palabras vacías, que más bien parecen propaganda por la cantidad de inexactitudes y mentiras. Veamos unos pocos, todos tienen mentiras.
DISCURSO DEL 4 DE MAYO DEL 2021
DIJO QUE HABIA GASTADO MIL MILLONES EN LA VACUNACION Y QUE NADIE HA DUDADO EN AQUELLO.
¿Cómo sabemos que esa cifra es verdad? acaso ha mostrado documentos, ¿a quién se las compró? ¿Qué cantidad? ¡MIL MILLONES SON MIL MILLONES! Y más adelante sostuvo “que la figura presidencial no es acumular más poder”. Y tiene a su cargo ¡todos los poderes! Y pone a sus adláteres en puestos claves. Prosiguiendo habló que Ecuador tenía la mejor salud comparada con algunos países y los médicos y los gremios de la salud pedían la renuncia de la ministra por desabastecimiento de medicinas e insumos médicos. Pero comenzó hablando de la ¡descomunal obra en salud!
DISCURSO DEL 9 DE OCTUBRE DEL 2021
Dijo que se han abierto 2OO MIL PLAZAS de trabajo. Y nadie sabe dónde están porque el desempleo está más alto que en todas las épocas de vida del país. Y en este mismo discurso, más adelante, sostuvo que “ SEMANA A SEMANA ENTREGO OBRAS DE VIALIDAD, RIEGO Y DEMAS “ Y las carreteras en las provincias amazónicas, y en la mayor parte del país, están destruidas, y con difícil acceso.
ESTAN CIEGOS LOS ECUATORIANOS O LASSO ESTA CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL
El último discurso del 9 de octubre 2022 dijo entre otras mentiras que:
“han asesinado a joven policía de 24 años. Que Dios la tenga en su gloria” totalmente falso. Gracias a Dios esta joven lucha cada día por vivir.
Y dio unas cifras espeluznantes, como: que en Guayaquil ha habido más de 745 operativos, ¿dónde y cuándo? Los guayaquileños no ven esos operativos, también dijo que han detenido a más de 20.000 personas, y que han desarticulado 531 organizaciones criminales. Por lo menos nombre a 20 organizaciones delictivas para saber cuáles son y tener claro que están purgando condena, ¿Cuándo construyó cárceles para meter tanta gente? y como es que las estadísticas de presos revelan otra cosa. La penitenciaria del litoral tiene capacidad para 5.246 presos y la regional para 4.368 Pals ¿dónde los puso a los 20mil o todos están locos? O los que hacen los discurso se inventan cifras. Es pertinente en este tema, reproducir un tuit de Juan Pablo Castel que dice:
“70.000 millones de robo
13.000 millones en lo social
20.000 detenidos en los últimos meses
Estos vomitan una cifra cualquiera al azar, sin el más mínimo razonamiento, típico de ignorantes que no saben lo que hablan. Nos subestiman. Piensan que todos somos como ese 52%”
Ya antes dijo: que todos los ecuatorianos por muy pobres que sean tienen: casa, carro, barco y finca. He estudiado toda mi vida, he trabajado incansablemente y solo tengo casa y carro modestos, donde reclamo el barco y la finca, será que hay que ir donde Lasso para que entregue estos bienes.
APROXIMADAMENTE 15 MIL DOLARES/MES LE CUESTAN AL PAIS LA REDACCIÓN DE LOS DISCURSOS
Los discursos de LASSO QUE LE CUESTAN AL ´PAIS
Ante la Comisión de Justicia, el procurador Íñigo Salvador aseguró que podría haber un conflicto de intereses. En 2019, María Josefa Coronel, actual directora de la Judicatura Guayas, emitió una opinión consultiva a favor de los Isaías antes de estar en ese cargo.
Nuevas acusaciones de falta de independencia rodean al Consejo de la Judicatura. La Procuraduría asegura que hay presiones de los hermanos Roberto y William Isaías Dassum, expropietarios del Filanbanco, sobre la Justicia para favorecer a sus intereses.
El caso llegó a la Comisión de Justicia de la Asamblea, después de que el procurador general, Íñigo Salvador, denunciara estas presiones.
En días pasados, Salvador aseguró que cree que hay una “presión política” e incluso podría haber “presión económica“. Y pidió investigaciones de los vínculos de la directiva de la Judicatura en Guayas con los hermanos Isaías.
Y hay un antecedente que se relaciona con María Josefa Coronel, directora provincial de la Judicatura en Guayas.
Coronel elaboró un informe de opinión consultiva en 2019 a favor de los hermanos Isaías, que sirvió de base para una de las sentencias que favoreció a los exbanqueros y que dispuso la devolución de los bienes que el Estado les incautó en 2008.
Ese informe fue solicitado por Xavier Zavala Egas, procurador de los hermanos.
Esto coincide con las constantes negativas y rechazos que recibió el Estado ecuatoriano en las causas planteadas por los Isaías. Algo que, a criterio del Procurador, evidencia que hay presiones desde ese lado.
Las “conjeturas” del Procurador
Salvador compareció por más de dos horas ante la Comisión de Justicia, este 12 de octubre de 2022. Allí, explicó la razón de sus declaraciones alrededor de las supuestas presiones de los Isaías.
Dijo que no tiene pruebas para señalar a ningún funcionario y que por ello no hace acusaciones. Dijo que lo que expresó son “conjeturas” basadas en los hechos.
Específicamente, el Procurador se refiere a unas medidas cautelares que los Isaías interpusieron en 2018. En esa causa, los hermanos fundamentaron su pedido en un Dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Este dictamen, según la Procuraduría, nunca declaró la existencia de una vulneración al derecho a la propiedad, no analizó la legalidad de las incautaciones y no ordenó la devolución de bienes.
Aun así, en julio de 2018, el juez Jhonny Lituma otorgó las medidas cautelares.
Según Salvador, desde entonces vino una “larga historia de negativa tras negativa, rechazo tras rechazo”. Esto hace pensar al Procurador que “algo tiene que estar pasando” con los jueces del Guayas, puesto que no pueden revertir ninguna de las decisiones del juez Lituma.
¿Cómo es posible que en un proceso tan claro un juez y dos en la Corte Provincial del Guayas (que rechazaron la apelación) nieguen todas las posibilidades al Estado de defenderse en el caso más importante que se ventila en los tribunales nacionales?
Íñigo Salvador, procurador general del Estadonone
Uno de los puntos que genera estas “conjeturas” del Procurador es que el juez Lituma cita en su sentencia, como uno de sus argumentos, es el informe preparado por María Josefa Coronel a favor de los Isaías.
En cumplimiento a las atribuciones establecidas en el Código de la Democracia, el Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), en sesión ordinaria de este 12 de octubre, aprobó la actualización del calendario electoral para la ejecución y desarrollo de los debates electorales para la dignidad de prefectos y alcaldes a escala nacional.
Con esta decisión, que busca garantizar la logística, correcta organización, transparencia y participación equitativa de los candidatos, los debates se realizarán el sábado 7, domingo 8, sábado 14 y domingo 15 de enero de 2023.
Por primera ocasión en la historia, el CNE organizará 38 debates en las jurisdicciones con más de 100.000 electores, correspondientes a 17 prefecturas y 21 alcaldías. Espacios importantes que fomentan el voto informado de la ciudadanía respecto a los planes de trabajo de las diferentes dignidades a ser elegidas el próximo 5 de febrero de 2023.
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