Combatir el crimen organizado ha sido todo un desafío para el Gobierno, no solo por su complejidad ya que la crisis implica que se aborde desde distintas materias y con ellos surge el proyecto de ley de Inteligencia económica contra el delito, que busca perseguir la ruta del dinero tras estas actividades ilícitas. Una medida que es valorada por la ciudadanía y que en muchos países desarrollados representa una de las principales herramientas para atacar el avance del narco que en nuestro país hoy se evidencia en inseguridad y en lavado de activos mediante fachadas de empresas por lo cual se hace imperante aumentar la fiscalización.