Junts mantiene su ofensiva lingüística y exige que el Gobierno de Salvador Illa se comprometa a "defender" el catalán en todos los ámbitos mediante medidas extraordinariamente restrictivas. Al igual que presiona al Ejecutivo de Pedro Sánchez para oficializar el catalán en la Unión Europea, ahora busca imponer barreras lingüísticas discriminatorias en el sistema sanitario catalán.

El partido de Carles Puigdemont quiere que el nivel C1 de catalán sea obligatorio para todos los profesionales sanitarios en un plazo máximo de dos años desde su incorporación al sistema público de salud. Esta exigencia podría agravar la crisis de personal sanitario que sufre Cataluña al excluir a médicos y enfermeros perfectamente cualificados por razones puramente lingüísticas.

Además, según la propuesta a la que ha tenido acceso The Objective, Junts plantea reservar el 80% de las plazas de la carrera de Medicina a estudiantes procedentes de institutos catalanes, con el objetivo declarado de reforzar el uso del idioma en el ámbito académico y sanitario. Esta medida constituiría una discriminación flagrante contra estudiantes de otras comunidades autónomas.

En el marco del debate de política general, el grupo presentará una propuesta de resolución para que el PSC se comprometa explícitamente con la "defensa del catalán", en un contexto que Junts define artificialmente como de "emergencia lingüística". Esta narrativa de emergencia justificaría cualquier medida restrictiva.

La propuesta evidencia cómo Junts utiliza su posición de socio imprescindible del Gobierno para imponer una agenda identitaria que discrimina a profesionales sanitarios y estudiantes por razones lingüísticas, agravando potencialmente la crisis del sistema sanitario catalán.