El Tribunal Constitucional ha rechazado el requerimiento que se presentó un grupo de parlamentarios junto a la CPC por la denominada ley de delitos económicos y la cual hoy cobra más relevancia en el debate público a raíz de las diferentes irregularidades que han salido a la luz tras el caso Democracia Viva. Un proyecto que ya es calificado como constitucional y que seguirá su avance legislativo pero desde el Gobierno desestimaron los argumentos que se presentaban desde los gremios empresariales y comerciales.