Una empresa que el año pasado reportó activos por $143.4 millones ha logrado, por medio de la Fiscalía, repetir el juicio contra un campesino acusado de protestar violentamente por la perforación ilegal de unos pozos. Gracias a este proceso judicial que lleva más de tres años, la constructora desbarató una organización comunal que se oponía al proyecto inmobiliario y reclamaba el derecho al agua.