El Faro Audio

Es curioso que Muyshondt haya grabado esas conversaciones en las que confiesa delitos. Es de suponer que quería protegerse de algo, que desconfiaba de las mismas personas a las que se había asociado políticamente.

Una investigación del periodista Héctor Silva revela audios de conversaciones que el exasesor de seguridad de la Presidencia, Alejandro Muyshondt, sostuvo con Ernesto Castro, actual presidente de la Asamblea Legislativa. Muyshondt, fallecido en febrero de 2024 bajo custodia estatal, y Castro, entonces secretario privado de la Presidencia, hablan sobre la necesidad de espiar y atacar digitalmente a medios y periodistas antes de que estos publiquen reportajes. Los audios muestran también un reconocimiento de los casos de corrupción del viceministro de Seguridad, Osiris Luna.

El presidente Nayib Bukele envió una delegación para participar en conversaciones para la suscripción de un tratado de libre comercio con China. Los líderes de la delegación del gabinete económico son los fundadores de la empresa de criptomonedas Chivo S.A de C.V.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos publicó el informe sobre el régimen de excepción en El Salvador, la política punitivista que ha encarcelado a 81,000 salvadoreños en dos años y que le garantizó al presidente Bukele su reelección. El informe confirma que el Estado debe investigar todas las violaciones de derechos humanos reportadas por la prensa y organizaciones de la sociedad civil. El informe debió publicarse en mayo, pero el Gobierno hizo un esfuerzo por contrarrestar los hallazgos.

El 14 de agosto circuló un video en internet: un ciudadano denunciaba que la Policía quería entrar a su casa y arrestar a su madre sin tener ninguna orden de captura ni de allanamiento. La Policía capturó al joven acusándolo de revelar información “confidencial”, por haber mencionado el nombre y el número de ONI de un sargento. Ahora mismo se enfrenta al juicio por un supuesto delito que puede costarle hasta cinco años de cárcel.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos y Libertad de Expresión presentó en junio de este año un informe privado titulado “Un Nuevo El Salvador”. El informe describe un país seguro en el que hay pleno respeto de los derechos humanos. Andrés Guzmán actúa como vocero del gobierno de Nayib Bukele ante los señalamientos internacionales por las violaciones de derechos humanos bajo el régimen de excepción. Para Guzmán, la información que contiene el informe no es reservada, sino “de circulación controlada” y los menores de edad no están presos como castigo, sino “en centros de reinserción”.  El titular de esta entrevista es similar a una frase que Guzmán dijo hace un año a El Faro: “No he hablado con nadie que haya salido de las cárceles del régimen de excepción”. Pero en ese momento, Andrés Guzmán tenía dos meses de haber tomado su cargo y habían más de 71 mil personas capturadas en el primer año del régimen de excepción. Ahora tiene 15 meses, hay más de 80 mil personas capturadas y las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas acumulan más de 6000 denuncias por violaciones a derechos humanos y 265 personas muertas bajo custodia del Estado. Aún así, Guzmán niega que en las cárceles se torturen personas o que exista “una sola muerte violenta”. 

El 4 de diciembre de 2023, la Policía capturó a un comerciante por agrupaciones ilícitas. La familia presentó pruebas de que no era pandillero. Al contrario, durante décadas fue víctima: recibió amenazas de muerte por no pagar la renta, atestiguó el asesinato de uno de sus empleados y dos de sus hermanas recibieron asilo político en Estados Unidos por las amenazas de las pandillas. Un juez ordenó su libertad condicional diez días después de su arresto, pero las autoridades lo recapturaron por el mismo delito.

El      señor Orellanaes un comerciante de la zona norte de San Salvador que durante casi dos décadas fue víctima de las pandillas. En el año 2005, una empresa distribuidora de alimentos lo despidió y, para enfrentar su desempleo, montó un pequeño negocio de reciclaje. Con el nacimiento de su empresa comenzaron los problemas con las pandillas: el Señor Orellana vivía en una colonia controlada por el Barrio 18 y su negocio operaba en un territorio controlado por la Mara Salvatrucha-13. Ambas pandillas exigían el pago de la renta al comerciante. Fue su esposa quien contó a El Faro la historia. Es ella quien da este testimonio. Él está preso. 

El señor Orellana se negó a pagar la renta y creyó que el problema se solucionaba contratando el servicio de vigilancia privada. En julio de 2012, la pandilla respondió con el asesinato de Carlos Rodríguez, de 70 años, el anciano que vigilaba el negocio. Tras este homicidio, y ante nuevas exigencias para el pago de la renta, dos familiares del señor Orellana emigraron hacia Estados Unidos y solicitaron asilo político. En febrero de 2017, esos familiares recibieron asilo político en Estados Unidos, por ser víctimas de las pandillas, según documentos en poder de El Faro.

El Señor Orellana no abandonó el país. Él denunció el caso de extorsión en la Fiscalía, siguió trabajando y, según su esposa, negándose siempre a pagar la renta que le exigía tanto el Barrio 18 como a la Mara Salvatrucha-13. Pese a los documentos fiscales que confirman que durante años fue una víctima de las pandillas, el 4 de diciembre de 2023, a 19 meses de iniciado el régimen de excepción, la Policía lo capturó por el delito de agrupaciones ilícitas.

La familia presentó un legado de documentos para demostrar que la empresa del señor Orellana factura más de un millón de dólares al año, que tiene una estabilidad económica; la familia documentó las responsabilidades del señor Orellana con sus tres hijas y también las amenazas y ataques que recibieron por parte de las pandillas. Un juez contra el crimen organizado de San Salvador ordenó su libertad inmediata en la primera audiencia, realizada diez días después de su detención, pero Centros Penales no cumplió con la orden. 

Un mes después, en enero de 2024, el señor Orellana fue recapturado por agrupaciones ilícitas en el penal de Izalco, en Sonsonate. La Fiscalía lo acusó de un “nuevo” delito ante otro juez contra el crimen organizado de San Salvador. Sin embargo, la familia logró, por medio de unos abogados, acumular el proceso al juzgado que le concedió la orden de libertad en diciembre del año pasado. La familia denuncia que el comerciante es víctima de una “doble persecución” (ser acusado dos veces del mismo delito, por los mismos hechos), algo que prohíbe la Constitución salvadoreña. El juez aún no resuelve el caso y el señor Orellana continúa detenido. La esposa del señor Orellana narra a continuación su calvario y el que antes padecieron a manos de los pandilleros.

Cuando el país cumplía el segundo mes bajo cuarentena estricta por el Covid-19, en 2020, el Gobierno de El Salvador autorizó una compra millonaria de leche importada de México y comprada a una empresa de papel en Islas Vírgenes Británicas. El intermediario cobró un total de $27 millones, pero parte del producto no arribó y otra parte fue comprada a sobreprecio, lo que equivale a un faltante de leche de $7 millones.

El Faro ha documentado que juzgados contra el crimen organizado ordenaron liberar a 11 personas por padecer enfermedades crónicas o por falta de pruebas en los casos por agrupaciones ilícitas. Sin embargo, Centros Penales incumplió esas órdenes sin ninguna justificación. Tres de estas personas con orden de libertad fallecieron bajo custodia del Estado; otros han sido recapturados sin pruebas por el mismo delito. Entre el silencio estatal y las denuncias de las organizaciones de sociedad civil, estos 11 casos parecen ser solo un ejemplo de algo que se repite.