La Retaguardia

Mientras el Gobierno y el PSOE centran buena parte de su agenda en la crisis de la vivienda, atacan a los “rentistas”, los “fondos buitre” y los grandes tenedores, y impulsan medidas que restringen los alquileres y protegen a los inquilinos, varios de sus dirigentes y familiares acumulan varias propiedades y perciben ingresos por arrendamiento. Las declaraciones de bienes del Congreso y las investigaciones periodísticas recientes ponen de relieve este contraste.

Según las declaraciones de bienes presentadas en el Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, posee dos viviendas en Madrid (una al 100 % adquirida en los años 90 y otra al 50 % comprada en la década de 2000), junto con plazas de garaje. En su última declaración disponible (2023) figuraban ingresos de 12.845 euros anuales por arrendamiento de inmuebles.

La jueza Beatriz Biedma, la misma que instruyó la causa contra David Sánchez (hermano de Pedro Sánchez) y lo envió a juicio —condenado a nueve años de inhabilitación—, ha dado un paso decisivo. Ha reclamado a la Audiencia Nacional nuevos interrogatorios para impulsar la investigación sobre las presuntas maniobras urdidas contra ella por la trama del caso Leire Díez. Y el juez instructor Santiago Pedraz ha respondido imputando este martes al exjuez Luis Sáenz de Tejada, señalado como colaborador clave de esa red liderada por la exmilitante socialista Leire Díez y por Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE.

El Tribunal Supremo ha mantenido la suspensión cautelar del voto de unos 163.000 españoles nacionalizados al amparo de la conocida como ‘ley de nietos’, una medida que afecta a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. La decisión supone un nuevo giro en la batalla judicial abierta sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que permitió a determinados descendientes de españoles exiliados acceder a la nacionalidad española. El Supremo ha rechazado los recursos de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía que reclamaban levantar la suspensión o permitir garantías adicionales para los afectados.

La Abogacía del Estado ha solicitado al Tribunal Supremo que revoque la medida cautelar que suspende el derecho al voto de las personas que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la conocida como ‘ley de nietos’ (derivada de la Ley de Memoria Democrática). El objetivo es que alrededor de 170.000 electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) puedan ejercer su derecho al sufragio en las elecciones generales del 29 de noviembre.

María del Carmen Abascal Martín, conocida como Maricarmen, de 87 años, fue desahuciada el 23 de septiembre de 2026 del piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el barrio de Retiro de Madrid, donde residía desde 1956. Dos semanas después, el 7 de octubre, falleció en el Hospital Gregorio Marañón. Su caso se transformó de inmediato en bandera política de la izquierda, del Gobierno de Pedro Sánchez y de colectivos como el Sindicato de Inquilinas, que la presentaron como víctima de “fondos buitre” y de la crisis de vivienda. Sin embargo, el origen jurídico del desalojo se remonta a una norma aprobada por el PSOE hace más de tres décadas y a una larga inacción institucional.

El prófugo Carles Puigdemont tiene desde este martes 6 de octubre de 2026 la vía libre para entrar en territorio español sin riesgo de ser detenido por la causa del procés. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dejado sin efecto, con carácter inmediato, las órdenes nacionales de busca, captura y detención que pesaban sobre él, así como sobre los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig.La decisión se produjo minutos después de que el Tribunal Constitucional, por siete votos a favor y cinco en contra, estimara el recurso de amparo de la exconsejera Dolors Bassa y fijara doctrina: la Ley de Amnistía de 2024 debe aplicarse también al delito de malversación vinculado al proceso independentista de 2017.El propio auto de Llarena aclara que el levantamiento de las órdenes “no declara aplicable la amnistía, no extingue la responsabilidad penal ni resuelve las restantes cuestiones pendientes”.

El historial de Pedro Sánchez con las urnas no es un invento de la oposición: es un patrón documentado que vuelve a poner en alerta a amplios sectores de la sociedad española cada vez que se acerca un proceso electoral o una decisión interna del PSOE.Los episodios más señalados se remontan a las propias luchas internas del partido. En las primarias de 2014, mensajes intercambiados entre Santos Cerdán y Koldo García —posteriormente destapados en el marco de investigaciones judiciales— hablaban de introducir papeletas adicionales en una urna de Navarra para favorecer al entonces candidato Sánchez. Críticos y denuncias posteriores han calificado aquel proceso de amaño.

En un giro que ha pillado por sorpresa a propios y extraños, Pedro Sánchez ha anunciado esta mañana la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. La decisión, comunicada desde el Palacio de La Moncloa en una comparecencia exprés, ha dejado el tablero político español patas arriba.

Junts per Catalunya ha asestado un golpe demoledor al Gobierno de Pedro Sánchez. La formación de Carles Puigdemont ha decidido rechazar de plano los dos decretos de vivienda que el Ejecutivo de PSOE y Sumar pretendía convalidar este viernes en el Congreso. Unos textos que, bajo la fachada de “proteger a los vulnerables”, no son más que un invento perroflauta: medidas intervencionistas, populistas y contraproducentes que castigan al pequeño propietario, reducen la oferta de alquiler y terminan encareciendo los precios.

Hay imágenes que explican mejor una situación que cualquier discurso parlamentario. Y lo que está ocurriendo en Ceuta es imposible de esconder debajo de la alfombra de La Moncloa pese a que el figura lo está intentando desesperadamente: con la ONU, con sus tiktoks o ahora con Maricarmen.Tras la invasión de finales de julio, la ciudad autónoma arrastra una crisis que ha puesto a prueba sus servicios, a sus Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y, sobre todo, la paciencia de los ceutíes.Más de 72.000 personas entraron desde Marruecos, y todavía a finales de septiembre el Gobierno no tiene idea de cuál es la cifra total de personas que permanecían fuera de los centros de acogida.