La Retaguardia

La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, ha perdido la paciencia con la acampada instalada desde el sábado en la Puerta del Sol y ha lanzado un ultimátum formal al delegado del Gobierno, el socialista Francisco Martín. O desaloja la plaza en un máximo de 48 horas o el Ejecutivo autonómico acudirá a los tribunales “en defensa del interés de todos los madrileños”, reservándose incluso la posibilidad de emprender acciones penales contra el representante del Gobierno central.

El alcalde José Luis Martínez-Almeida ha devuelto a Maricarmen a su piso de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el barrio de Retiro, donde ha vivido más de 70 años. Tras el desahucio del pasado miércoles, el Ayuntamiento de Madrid ha sellado un acuerdo que le garantiza un alquiler asequible durante ocho años. Después de más de cuatro horas de mediación en la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), representantes de Maricarmen y de la propiedad, Urbagestión, cerraron el pacto este lunes por la noche. El nuevo contrato, amparado en la Ley de Arrendamientos Urbanos y en el Servicio de Intermediación del Alquiler municipal, establece que la renta no superará en ningún caso el 30% de los ingresos netos de la octogenaria. Eso se traduce en unos 500 euros mensuales, una cifra muy similar a la que pagaba con su antiguo contrato de renta antigua y muy por debajo del precio de mercado en la zona.

La imagen fue impactante y, a la vez, un arma de doble filo en el ámbito político: una mujer de 87 años despojada de su hogar en Madrid tras haber vivido allí durante décadas. Este suceso no solo ha encendido un debate sobre la vivienda, sino también sobre quién asume la responsabilidad en medio del drama. La historia de Maricarmen Abascal ha trascendido de su portal a los pasillos del Parlamento, con Pedro Sánchez en el centro de la controversia y la izquierda actuando como portavoz de la indignación que brota en las calles.

El desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años desalojada este miércoles de su vivienda de renta antigua en el barrio de Retiro (Madrid), se ha convertido en el último intento del sanchismo por fabricar un melodrama mediático y desviar la atención. Pero la operación se ha vuelto en su contra: en lugar de enterrar la cloaca del PSOE, ha puesto el foco en las contradicciones, las leyes socialistas y la instrumentalización descarada de un caso judicial ordinario.

Cuando la UDEF halló las joyas en la caja fuerte del despacho de José Luis Rodríguez Zapatero, su entorno las presentó como herencia familiar y regalos de viajes valorados entre 30.000 y 50.000 euros. Luis Arroyo, su portavoz, negó cualquier vínculo con Arabia Saudí. Meses después, la tasación oficial de Ansorena las cifró en 1.323.915 euros, y Arroyo tuvo que pedir perdón por “haber inducido a error”.

Pedro Sánchez ha transformado el caso de Begoña Gómez en un nuevo campo de enfrentamiento con la Justicia. Tras la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de apoyar el juicio oral con jurado popular, tanto Moncloa como Ferraz han intensificado su retórica sobre la “cacería”, a lo que el PP responde acusando al Gobierno de poner en tela de juicio la imparcialidad del sistema.

La narrativa parece sacada de una novela de espías, pero la realidad es mucho más sencilla. En Ceuta, existe una crisis migratoria, un intercambio tenso de declaraciones entre gobiernos y una oleada de especulaciones sobre un posible traspaso de la ciudad a Marruecos. Hasta el momento, no se han presentado pruebas concluyentes de un pacto en la sombra entre Sánchez y Trump que implique la entrega de Ceuta.

Un informe de inteligencia sostiene que el círculo cercano al rey Mohamed VI ordenó y reguló deliberadamente la entrada masiva de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026. El objetivo: ejercer presión asimétrica sobre España y la Unión Europea en las negociaciones de un tratado bilateral. Al mismo tiempo, desde el caso Pegasus, el Gobierno de Pedro Sánchez ha multiplicado la financiación a Marruecos hasta superar los 1.000 millones de euros en créditos.

Ceuta se mantiene al límite más de un mes después de la entrada masiva de migrantes a finales de julio de 2026. Miles de personas siguen en la ciudad autónoma, los incidentes se multiplican y las fuerzas de seguridad denuncian que están "abandonadas en el caos" y que el sistema ha colapsado.

Según datos del 112, entre el 30 de julio y el 10 de septiembre se abrieron 7.073 expedientes de seguridad ciudadana, un 533% más que en el mismo periodo del año anterior. Los allanamientos se multiplicaron por más de 50, las agresiones por casi 15 y las alteraciones del orden público por más de 10. Las reyertas nocturnas, los robos, las agresiones con armas blancas y los incendios en asentamientos improvisados se han convertido en una constante.

Mientras cientos de miles de españoles salían a las calles el 2 de septiembre de 2026, Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta, para gritar su indignación por la crisis migratoria que asola la ciudad, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se relajaba con un masaje de hora y media en el Palacio de la Moncloa.