La renuncia de funcionarios para evitar sumarios y mantenerse en puestos públicos ha generado polémica, especialmente cuando se vinculan a salidas al extranjero con licencias médicas. La Contraloría ha establecido que estas acciones constituyen faltas a la probidad, incluso si la licencia fue aprobada por Isapre o Fonasa. Esto ha llevado a la urgencia de modernizar el Estado y enfrentar una cultura de deshonestidad que involucra a médicos, familiares y colegas.