El dinero estaba destinado a promover proyectos comunitarios de energías limpias, pero el administrador de EPA, Lee Zeldin, alega un supuesto fraude. A esto se suma que levantó 31 restricciones que pretendían limitar la contaminación en el país y le dio poder a Elon Musk para decidir sobre los contratos más cuantiosos.

La autoridad ambiental de Estados Unidos tiene cada vez menos dinero, más limitaciones y están redirigiendo sus acciones lejos de la limitación de los contaminantes. Se trata de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). Primero, pausó y luego canceló proyectos de energías renovables por 20.000 millones de dólares del llamado banco verde. 

En 2022, el Gobierno de Joe Biden creó bajo la EPA una especie de banco llamado Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero y lo dotó con 27.000 millones de dólares provenientes de la Ley de Reducción de la Inflación. 

Ese dinero se iba a repartir en tres programas. El más grande. National Clean Investment Fund, tendría 14.000 millones de dólares para financiar proyectos de tecnología limpia en todo el país. Al segundo, Clean Communities Investment Accelerator, se le asignaron 6.000 millones para fortalecer programas comunitarios que ayudaran a reducir la contaminación y los costos de energía. Y el tercero, Solar for All, subvencionaría 60 proyectos dedicados a energía solar con un total de 7.000 millones. Los tres tenían el objetivo de enfrentar la crisis climática y promover la independencia energética de Estados Unidos. 

Pero con el cambio de Gobierno, la nueva administración de la EPA quedó bajo el mando de Lee Zeldin, un republicano leal a Donald Trump y con poca experiencia ambiental. El 12 de febrero de 2025, ordenó congelar los tres fondos alegando un posible fraude y refiriéndose a que el dinero era un desperdicio tal como lanzar lingotes de oro al mar desde el Titanic. 

Zeldin se refería a que su equipo había encontrado 20.000 millones de dólares supuestamente implicados en fraude. Pero ese dinero había sido asignado públicamente por el Congreso de Estados Unidos desde abril de 2024. De hecho, senadores demócratas le enviaron a Zeldin una carta para pedirle que reconsiderara “sus intentos de recuperar la financiación” del banco verde. En la misiva, replicaban que la EPA no había realizado ningún “descubrimiento” porque los fondos habían sido otorgados de manera pública y le pedían una respuesta para antes del 3 de marzo. 

Lo que llegó fue la decisión de la cancelación definitiva de dos de los tres programas del banco. El 12 de marzo, el administrador de la EPA anunció el fin del National Clean Investment Fund y del Clean Communities Investment Accelerator, y solo dejó en pie los proyectos de energía solar. El primero de los fondos dedicado a inversión limpia se dividió entre tres grupos y el que más dinero obtuvo fue Climate United Fund, con casi 7.000 millones de dólares.

Cuando la EPA congeló el dinero, este colectivo demandó a la agencia ambiental alegando que no había dado evidencias de fraude ni de dineros perdidos, que además habían sido aprobados por el Congreso, una pelea que continúa en los estrados.

El segundo fondo para acelerar las inversiones de energías limpias en comunidades dividió los 6.000 millones de dólares entre cinco programas. Pero con la cancelación de la EPA, se cancelaron así los dos grandes fondos por 20.000 millones de dólares.

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Las decisiones no solo se han limitado al banco verde. El presidente Trump afirmó el 26 de febrero que la EPA planeaba despedir a un 65% del total de 16.000 trabajadores. Luego, luego la Casa Blanca y el propio Lee Zeldin aclararon que iba a ser más un recorte de presupuesto y no de empleos. 

Pero esto no significa que no haya un impacto. Congresistas demócratas del Comité Científico de la Cámara de Representantes le suministraron información a The New York Times de que estos planes incluían el despido de un millar de expertos ambientales, con lo que se eliminaría casi por completo el brazo de investigación científica de la EPA.

Además de esto, Zeldin emitió una nueva directiva para que todos los contratos que haga la EPA superiores a 50.000 dólares tengan que tener la aprobación de Elon Musk y su grupo de Departamento de Eficiencia Gubernamental, que está haciendo grandes recortes de dineros federales. 

Posteriormente, la EPA anunció 31 acciones para remover los controles que impedían el aumento de la contaminación. Dentro de las regulaciones que se eliminaron se incluyen restricciones al petróleo y al gas, informes obligatorios sobre las emisiones de gases de efecto invernadero que producen las empresas y los impuestos que había designado Biden por cada tonelada de dióxido de carbono producida. 

El argumento de Zeldin es que todas esas regulaciones subían el costo de vida de los estadounidenses. Pero más allá de eso, las acciones demuestran que la agencia ambiental de Estados Unidos está cumpliendo la política de Trump de reforzar los combustibles fósiles con su promesa de “perforar, baby, perforar”. Un lema que parece haber llegado también a la entidad encargada de proteger al medio ambiente.

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El Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea alertó que el pasado mes fue el febrero con mayor derretimiento del hielo en el Ártico desde que se tiene registro hace 47 años y la Antártida tuvo su cuarto mes con más pérdidas. 

Sea verano o invierno, el hielo marino de los polos se derrite a gran velocidad. A finales de enero y en tan solo una semana, la capa de hielo del Ártico disminuyó tanto que se perdió una extensión casi del tamaño de toda Italia. 

El Servicio de Cambio Climático de Copernicus, de la Unión Europea, alertó que “una disminución tan rápida es inusual en esta época del año” cuando debería estar en sus máximos anuales por ser invierno en el hemisferio norte. Una realidad que evidencia cómo el Ártico se está calentando hasta cuatro veces más rápido que el promedio global.

El Ártico alcanzó su extensión mensual más baja con un 8% por debajo de la media de hielo marino. Con esa cifra, febrero se convirtió en el tercer mes consecutivo en el que se alcanzó un récord. Los 13,7 millones de kilómetros cuadrados de hielo fueron, además, el dato más bajo para ese mes desde que se tiene registro. La línea naranja del siguiente gráfico muestra el máximo de hielo que ha habido en el Ártico en los meses de febrero desde 1991 y la parte blanca es la extensión actual. 

En el sur del planeta, la Antártida vive su punto más bajo de hielo a principios de año y la de este febrero fue una de las más bajas desde que se tiene registro. Allí, el hielo marino alcanzó 2,10 millones de kilómetros cuadrados. Esto es un 26% por debajo del promedio del registro para los meses de febrero y la cuarta más baja para este mes. 

Durante esta época, la capa congelada de la Antártida desaparece casi por completo, excepto en parte de la costa oeste del continente y en el mar de Weddell. Allí está el iceberg A23a, que es el más grande del mundo, incluso con el deshielo. Pero con los derretimientos comenzó a moverse desde 2020 hacia el norte y los científicos temen que pueda chocar con la isla Georgia del Sur; una zona crucial donde los pingüinos y las focas tienen a sus crías. 

Los registros negativos de lo que ocurrió en el Ártico y en la Antártida provocaron que febrero de 2025 alcanzara un nuevo mínimo histórico, cuando la cobertura de hielo marino global fue de 16,04 millones de kilómetros cuadrados. 

Todo esto es relevante porque el hielo marino es fundamental en la regulación de la temperatura del planeta. Esas capas congeladas absorben la luz solar, pero cuando se derriten, ocurre el efecto contrario y el agua del océano refleja los rayos del sol, con lo que aumenta la temperatura y se acelera el calentamiento global. 

El único oso que existe en Suramérica enfrenta un estado vulnerable de existencia porque cada vez se pierden más los páramos y bosques andinos donde habita. Sin embargo, en Colombia, hay un área protegida donde vive que está tan bien cuidada que este animal puede hacer sus largos recorridos. Allí, diseñaron una metodología única que hoy se replica en la región para contar cuántos individuos de esta especie existen.

El oso andino es el guardián del páramo y el bosque que, además, es una de las ocho especies de osos que existen en el mundo y la única de América del Sur.

En Colombia, Arley Muñoz es una de las personas que más los ha visto. Hasta hace dos años, había realizado por lo menos 125 avistamientos. Luego, este ingeniero ambiental que trabajaba con el Parque Nacional Natural Chingaza en Colombia, dejó de llevar la cuenta y comenzó a fotografiarlos. 

“Es un animal muy misterioso que para nuestros antepasados, el oso es el guardián del páramo, del agua. Dependiendo de la energía que tú traigas, esa energía se ve reflejada para que el oso se pueda ver”, dice para explicar cómo lograr ver tantas veces a este animal.

La manera de identificarlos es por sus manchas en el rostro, por las que en muchos países los llaman osos de anteojos. Estas marcas son tan únicas como una huella dactilar. 

A la identificación visual se suma la experticia de los guardabosques para rastrear las huellas de los osos andinos. Ellos han aprendido a identificar qué plantas han servido de comedero para estos animales, según el corte que vean en las hojas. “Las plantas tienen las marcas de la garra para poder arrancarla y el corte es que lo deshilacha porque no tiene los dientes para hacer un corte fijo”, indica.

Justo en Chingaza, un parque cerca de Bogotá, la capital colombiana, se desarrolló una metodología única para contar al oso andino. Son los modelos de ocupación que usan la probabilidad de presencia y los factores que afectan a la especie. Con esa información, hacen un estimado de cuántos individuos puede haber en cierto espacio. Esa metodología se replica también en Ecuador, Perú, Bolivia y prontamente en Venezuela. Esto significa que se utiliza en todos los países donde está el oso andino. 

En Argentina, algunos investigadores señalan que consiguieron huellas para probar que el oso andino también está en ese país; pero otros señalan que se equivocó porque es un animal que recorre tantos kilómetros que existe la posibilidad de que haya sido un individuo que caminó desde Bolivia, como lo explicó Robert Márquez. Él es el coordinador de la Alianza para la Conservación del Oso Andino y uno de los grandes conocedores del tema en la región con más de 20 años de experticia. 

Justamente, como la especie necesita un terreno tan amplio para moverse, los expertos ambientales en Colombia combinaron las áreas protegidas con predios privados para conformar los núcleos de conservación, que son zonas a cuidar para que el oso andina pueda tener su ecosistema.

Así crearon cinco núcleos que abarcan un total de 4,5 millones de hectáreas. El Parque de Chingaza hace parte de esa red y allí se estima que puede haber entre 50 y 128 osos, de los casi 11.000 que podría haber en toda Colombia, según el modelo que desarrollaron para hacer un cálculo de individuos. 

Robert explica que para tener 50 machos de oso andino se necesitan al menos 3.800 kilómetros cuadrados. Esto hace que sea una especie sombrilla, lo que significa que al cuidar a este animal, se conserva una amplia biodiversidad por la zona tan extensa que cubre. Además, es una especie única porque, a diferencia de la mayoría de las ocho especies de oso que existen en el mundo, el andino no viene de la misma familia ni comparte tantas similitudes. Sino que es el único representante viviente de los osos de cara corta, como lo explicó el experto. 

A pesar de su importancia, el oso andino está en una categoría vulnerable, según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Sus bosques se están perdiendo por cultivos agrícolas, ganadería en expansión, el cambio climático y la minería. 

Por eso, Parques Nacionales Naturales ha firmado 170 acuerdos de conservación con la población local para que las comunidades ayuden a proteger al oso andino a la par que tienen proyectos de producción amigables con el medio ambiente. Así, los osos logran transitar por zonas más amplias que van más allá de los lugares protegidos y que incluyen predios privados. 

Óscar Raigozo es un habitante de Choachí, uno de los municipios donde está el Parque Nacional Natural Chingaza. Este técnico en Saneamiento Ambiental trabaja con el área protegida y con los acuerdos de conservación. 

“La comunidad se compromete a seguir conservando las partes altas del bosque, porque es algo que ya han hecho. A cambio, se ayudan a fortalecer los procesos productivos”, explicó Óscar. 

El Congreso del país discute prohibir la siembra de maíz transgénico. La Cámara de Diputados ya aprobó el cambio constitucional y solo falta la luz verde del Senado. El gobierno promovió el proyecto de ley afirmando que es para proteger los cultivos nativos de maíz y los cataloga como un “elemento de identidad nacional” que sirve de alimento base del pueblo y de los grupos indígenas. Aunque el texto solo prohíbe la siembra, pero sí permite la importación. 

En Roma terminó la cumbre de biodiversidad COP16. El encuentro internacional inició en octubre de 2024 en Cali, Colombia; pero quedó suspendida por falta de quórum para definir el último punto de las negociaciones y el más difícil de todos: las finanzas.

Así se reunieron en Italia. Y cerraron con dos grandes anuncios. Finalmente, aprobaron el plan para destinar 200.000 millones de dólares anuales a la diversidad biológica de aquí al 2030, una idea que venía desde cumbres anteriores, pero que no se había concretado. 

Por otro lado, dieron luz verde a la creación de un plan global de financiación, que será el fondo para manejar los dineros de la biodiversidad. Países como Francia y Alemania presionaron para que el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) continuara operando los recursos. Pero el Sur Global se oponía diciendo que eran procesos demorados y burocráticos. A cambio, abogaban por un nuevo mecanismo. Pues ahora acordaron crear un nuevo plan y comenzar a estructurarlo de aquí a la siguiente cumbre, la COP17, que será en 2026 en Armenia.

Los llamados PFAS se encuentran en los materiales para impermeabilizar la ropa, en las cajas de pizza, en envases plásticos y en los sartenes de teflón, entre otros. Dentro de la Unión Europea crecen las presiones para una restricción total porque pueden contaminar el ambiente y los ríos durante décadas.

Francia dejará de tener plásticos eternos. Desde el 1 de enero de 2026, el país no podrá fabricar, importar ni vender una serie de productos si tienen los llamados PFAS. Estos son más de 10.000 sustancias químicas sintéticas muy difíciles de descomponer en el medio ambiente, al punto que pueden durar siglos. Por eso se les conoce como químicos eternos. 

Se ha reportado que algunos se acumulan en el cuerpo y pueden provocar cáncer, alterar el sistema inmunológico y la fertilidad. Por eso, el Senado y la Asamblea francesa aprobaron una ley para prohibirlos.

La iniciativa la llevaron los verdes al Legislativo desde abril de 2024. Pero desde sus inicios, hubo movimientos en contra de la normativa. Por ejemplo, en frente de los legisladores, hubo protestas organizadas por empleados de la francesa Grupos SEB, que son los fabricantes de los sartenes de teflón Tefal. El teflón es además uno de los materiales que contiene plásticos PFAS. 

El resultado de esta y otras pugnas fue que, en el primer debate legislativo, tumbaron la posibilidad de prohibir también los utensilios de cocina que tuvieran PFAS. El promotor de la ley culpó al lobby empresarial. 

“Señoras y señores, acabamos de dar un primer paso importante en la lucha contra los contaminantes eternos. Enviamos un mensaje contundente. Sin embargo, lamento —y voy a empezar por esto— que la dura presión de un industrial haya obtenido el apoyo de la mayoría de los diputados de derecha y de extrema derecha”, señaló Nicolas Thierry, diputado de Los Ecologistas. 

Casi un año después, el Legislativo aprobó la prohibición para otros productos: cosméticos, la cera que se usa en los esquís y ciertas prendas de vestir, como impermeables y las resistentes a las manchas. Además, desde 2030, Francia prohibirá los PFAS de todos los productos textiles. La excepción será para la ropa de protección industrial y la de profesionales en seguridad.

La ley también obliga a las empresas a que paguen 100 euros por cada 100 kilos de PFAS que liberen al medio ambiente. Y añade esta clase de plásticos a la lista de sustancias controladas en el agua potable en Francia. 

Con la ley, Francia se convirtió en el segundo país de Europa en prohibir los plásticos eternos. El primero fue Dinamarca que, en 2020, restringió los PFAS de los envases de papel y el cartón que se usaba en la industria de alimentos. Además, a partir de 2026 aplicará una prohibición similar a la francesa, pues no permitirá vender ni importar ropa, calzado ni productos que sean impermeables. 

Podrían no ser los únicos países con estas medidas. De hecho, la Unión Europea ha discutido posibles prohibiciones desde hace años y, desde febrero de 2023, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA, por sus siglas en inglés) estudia la posibilidad de una “restricción universal” de los PFAS.

La idea la impulsaron Alemania, Dinamarca, Noruega, Países Bajos y Suecia; y todavía está en discusión. 

Hasta ahora, el bloque ha impuesto prohibiciones parciales. La Comisión Europea restringió en 2024 un subgrupo de los PFAS: el del ácido undecafluorohexanoico. Este usa por ejemplo en las cajas de las pizzas, en las chaquetas para la lluvia o en los aerosoles para impermeabilizar. 

A esto se añade que la Agencia Europea de Medio Ambiente encontró que una de las sustancias de los PFAS superó los límites permitidos en el 59% de los sitios que estudiaron en ríos. Por lo que crece la presión para prohibirlos. 

Pero no es un debate fácil. Desde 2022, periodistas de toda Europa crearon una alianza para investigar sobre los PFAS llamada ‘Forever Pollution Project’ y en enero de 2025 publicaron sus resultados sobre la presión que están ejerciendo múltiples compañías. 

El conglomerado de periodistas denunció una campaña masiva de lobby y desinformación donde las compañías dicen que los plásticos eternos no contaminan o que los pueden eliminar del ambiente. Aunque los cálculos de la investigación periodística es que la limpieza podría costar hasta dos billones de euros. 

Todo demuestra que la prohibición a los PFAS no está exenta de resistencia y que el camino por una restricción total en la Unión Europea todavía es un camino largo de recorrer. 

El país europeo podría tener hasta un 5% de estos minerales críticos, que son esenciales para construir baterías, luces y cierto tipo de tecnología que va desde la industria aeroespacial hasta la transición energética. Los recursos ucranianos se convierten en una alternativa en un sector manejado por China, que tiene bajo su control casi el 70% de la explotación mundial de las tierras raras.

El presidente y candidato a la Presidencia de Ecuador, Daniel Noboa, afirma que tienen energía suficiente para evitar los recortes de luz en 2025 y 2026. A pesar de ello, el país todavía no diversifica sus fuentes energéticas y los embalses siguen dando el 70% de la energía, en medio de su vulnerabilidad ante la falta de lluvia en los meses más secos. 

Cinco oficinas de la ONU publicaron su más reciente informe sobre la seguridad alimentaria en la región y, esta vez, alertan sobre cómo las sequías prolongadas o las inundaciones más fuertes de lo normal están afectando a los cultivos, los productos y las vías para distribuirlos.

Tan solo en enero, este estado de Estados Unidos ha habido 27 conflagraciones; y dos de ellas, Eaton y Palisades, están dentro de las cinco más destructivas en la historia californiana. ¿Cómo ocurre un incendio así durante pleno invierno?

El Gobierno estadounidense se retiró una vez más del Acuerdo de París; a la par que el nuevo mandatario ordenó aumentar la explotación de petróleo, gas y carbón, incluso en zonas forestales protegidas, y eliminó los subsidios para los vehículos eléctricos. 

El acuerdo de la cumbre climática de Azerbaiyán traza esta cifra y establece que los países desarrollados deben tomar la delantera para financiar con ese monto cada año a los países más vulnerables; una promesa que renueva los 100.000 millones pactados en 2009.