La comisión del Parlamento de Navarra que investiga la adjudicación a Servinabar de las obras de los túneles de Belate ha experimentado un giro de guion dramático con nuevas revelaciones sobre presiones institucionales. Guillermo Vallejo, uno de los ingenieros que formó parte de la mesa de contratación, ha reconocido públicamente que recibió presiones por parte del presidente de dicho órgano, Jesús Polo, para modificar las puntuaciones otorgadas a las empresas licitadoras.

Jesús Polo, que fue ratificado en su cargo a través de los Presupuestos impulsados por el Gobierno socialista de María Chivite, se encuentra ahora bajo el foco de las pesquisas parlamentarias, que buscan determinar si inclinó deliberadamente el proceso de adjudicación a favor de Servinabar mediante manipulación de las puntuaciones técnicas.

En esta mercantil figuraba como socio el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien poseía el 45% de las participaciones según informes oficiales de la UCO. Esta participación accionarial del número tres del PSOE en una empresa que se beneficia de contratos públicos genera evidentes conflictos de interés y posible tráfico de influencias.

Dentro del denominado "caso Koldo", la obra de Belate destaca por su magnitud económica y relevancia política. Con un presupuesto de 76 millones de euros, fue adjudicada en enero de 2024 a una UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por Acciona, Construcciones Osés y Servinabar, esta última propiedad del empresario Antxon Alonso Egurrola.

La conexión entre Santos Cerdán, actualmente en prisión preventiva, y esta adjudicación millonaria refuerza la tesis de que existía una red organizada de reparto de contratos públicos entre empresas vinculadas a dirigentes del PSOE.