El reciente brote de hantavirus en un crucero ha puesto de nuevo el foco sobre las debilidades del sistema global para hacer frente a futuras amenazas epidémicas. La organización Salud por Derecho advierte de que la financiación destinada a enfermedades infecciosas emergentes responde a ciclos de “pánico y desatención”, donde los recursos aumentan durante las emergencias y caen drásticamente cuando desaparece la atención mediática, dificultando así la preparación ante nuevas crisis. Para muchas de estas enfermedades, como el hantavirus, no existen a día de hoy tratamientos ni vacunas específicas autorizadas a nivel internacional.
Adrián Alonso, investigador y responsable de incidencia política de Salud por Derecho, señala en COPE que este es un problema recurrente. “Es una característica de este tipo de enfermedades que internacionalmente no nos ponemos de acuerdo para financiar la prevención y la preparación para cuando hay un brote, y sabemos que va a haber brotes”, afirma. Según explica, este patrón se ha observado en la respuesta a los brotes de ébola en África, el MPOX y también con los coronavirus.
Según datos analizados por la organización, entre 2015 y 2024 se invirtieron globalmente solo unos 33,4 millones de dólares anuales en I+D para la familia de virus que incluye el hantavirus, el de Crimea-Congo o el de la fiebre del Valle del Rift. Alonso recalca la dificultad de obtener cifras exactas debido a la opacidad de los datos por parte de gobiernos y farmacéuticas, pero califica esta cifra de insuficiente. “Con esa financiación no creo que se llegara a financiar un único ensayo clínico en humanos, incluso con un número muy reducido”, lamenta.
La cifra contrasta con los picos de inversión alcanzados en otras crisis, como los casi 700 millones de dólares para el ébola o los casi 300 millones para el zika en un solo año. El caso de la COVID-19 fue excepcional, con una inversión estimada de casi 10.000 millones de dólares en 2020 y de nuevo en 2021, pero la tendencia se repite. “Lo que dice la evidencia es que la inversión en I+D suele caer una vez pasa la fase, digamos, de de emergencia”, sostiene Alonso.
Para el investigador de Salud por Derecho, se ha perdido el interés por mejorar la salud a nivel global. “Ya no se piensa que un mundo más sano y globalmente es un mundo mucho más seguro, sino que queremos defendernos de otras maneras y pensando solo de fronteras para adentro”, critica. Esta visión, asegura, se ha extendido en muchos países, que han cambiado sus prioridades de financiación.
Alonso defiende como una “obviedad” el retorno de la inversión en salud global. “Para mí el beneficio global es tan tan evidente que me resulta difícil entender las prioridades de financiación tan cambiantes que está habiendo en el mundo, olvidándose de un derecho humano como es el de la salud”, argumenta. Según él, “invertir en en un mundo más sano, es invertir en un mundo más seguro” de manera directa, al reducir la transmisión de enfermedades, pero también de forma indirecta.
En este contexto, las negociaciones del Acuerdo de Pandemias en la Organización Mundial de la Salud (OMS) se presentan como una oportunidad clave. Alonso explica que, tras el acuerdo político alcanzado en 2025, el principal escollo sigue siendo el anexo sobre el acceso a patógenos y el reparto de beneficios. Muchos países de ingresos medios y bajos consideran injusto compartir datos y muestras biológicas de nuevos patógenos si luego no tienen acceso a las vacunas y tratamientos que se desarrollan gracias a esa información.
Actualmente, el análisis de Salud por Derecho identifica 14 productos en desarrollo para los hantavirus, incluyendo siete vacunas y dos fármacos, pero ninguno ha alcanzado una fase clínica internacional avanzada. La mayoría de estos desarrollos se concentran en China y, según la información disponible, algunos candidatos usados en humanos en ese país han mostrado una efectividad baja.
Ante este escenario, la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS) y la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) consideran “especialmente importante destinar más recursos, más investigación y más reconocimiento para los colectivos que están en primera línea”. Advierten de que no se puede pedir a los profesionales que vigilen, prevengan y traten a la población limitando al mismo tiempo sus oportunidades de desarrollo. Por ello, concluyen que “la respuesta ante amenazas emergentes exige reforzar a quienes sostienen diariamente la prevención, la salud pública, la asistencia clínica y la seguridad del sistema”.