El Reino Unido ha aprobado una ley absolutamente histórica que prohibirá la venta de tabaco de por vida a todas las personas nacidas a partir del 1 de enero de 2009. La norma, que se espera que entre en vigor el próximo año, busca crear la primera generación libre de humo en el país. Este trascendental paso en la lucha contra el tabaquismo ha sido analizado en el programa 'Poniendo las Calles' de COPE, presentado por Carlos Moreno 'El Pulpo', junto a Raquel Fernández, presidenta de la asociación 'No Fumadores'.

Raquel Fernández ha calificado la medida como "una ley histórica que va a marcar un antes y un después en la salud pública", no solo para el Reino Unido, sino para todos los países que sigan su ejemplo. Durante su intervención, ha asegurado que la llegada de una legislación similar a España no es una cuestión de "si" llegará, sino de "cuándo". Desde la asociación 'No Fumadores' se muestran "totalmente a favor de esta ley", a la que prefieren denominar como la "abolición progresiva de la venta de tabaco", con el fin de acabar con un producto que mata a más de la mitad de sus consumidores.

La presidenta de 'No Fumadores' cree que la ley británica será efectiva al lograr dos objetivos fundamentales: reducir la accesibilidad y desnormalizar el consumo. Con ello, "la prevalencia del consumo va a descender radicalmente". Fernández ha aclarado que las personas nacidas antes de 2009 y que ya son adictas podrán seguir comprando tabaco legalmente, ya que la medida se enfoca en "intentar que aquellos que todavía no son adictos nunca lleguen a serlo".

Ante las críticas que tachan la ley de discriminatoria, Fernández ha argumentado que "no criminaliza a los fumadores", porque lo que "prohíbe es la venta, pero no el consumo". La ha definido como una "discriminación positiva" para proteger la salud de toda la población, recordando que el gasto sanitario derivado del tabaquismo, que puede provocar enfermedades como el cáncer de vejiga, es tres veces superior a la recaudación por impuestos y lo asume toda la sociedad.

Sobre la posible creación de un mercado negro, la experta considera que, aunque siempre existirá, su volumen será "residual". El verdadero cambio, insiste, vendrá de la mano de la desnormalización. "Igual que ahora mismo nadie ve normal que alguien se meta una raya mientras se toma un café en una terraza, dentro de unos años nadie verá normal que alguien se fume un cigarrillo mientras se toma un café en una terraza", ha sentenciado. Este cambio social, además, servirá de "motivación extra" para el 70% de fumadores que quieren dejar de serlo.

Raquel Fernández se ha mostrado convencida de que "la sociedad española está preparada para ello", y ha aportado un dato revelador de una encuesta realizada por su asociación: el 97,5% de los encuestados, incluidos fumadores, respondieron "nunca" a la pregunta de a qué edad querrían que sus hijos empezaran a fumar. "Está claro que estamos preparados para este tipo de normas", ha afirmado.

Sin embargo, para llegar a ese punto, Fernández ha enumerado una serie de medidas a corto plazo que España necesita implementar primero. Entre ellas se encuentran la introducción del empaquetado neutro para eliminar la publicidad en las cajetillas, una subida drástica de los impuestos para dificultar el acceso a los jóvenes y una reducción de los puntos de venta, empezando por las máquinas expendedoras. Dejar de fumar es un camino difícil y estas medidas buscan evitar que los jóvenes empiecen.

Además, ha exigido un aumento drástico de las sanciones para quienes vendan tabaco a menores, proponiendo como castigo el "cierre cautelar del negocio", ya que "es algo muy grave vender tabaco a una persona y crear esa adicción de por vida". La edad de inicio en España se sitúa en los 14 años, cuatro antes de la edad legal de compra.

Otra medida crucial es "equiparar legalmente los nuevos productos de consumo de tabaco y nicotina con el tabaco tradicional" a nivel fiscal, de espacios de consumo y de publicidad. Fernández ha alertado de que las redes sociales y los festivales de música "están plagadas de publicidad y patrocinio de vapeadores", lo que supone un "agujero negro para atraer al consumo". Las cifras son alarmantes: más de la mitad de los jóvenes de entre 14 y 18 años han probado los vapeadores, y en la franja de 12 a 13 años, lo ha hecho uno de cada cuatro, muchas veces por causas como el estrés crónico que puede derivar en problemas de salud futuros.

La asociación No Fumadores, constituida en 2004 y que celebra su 20 aniversario, lleva años reclamando medidas contundentes. Ya en 2020, su declaración 'Endgame del Tabaquismo en España 2030' pedía no solo controlar, sino "terminar con él". Fernández ha concluido con un mensaje de ánimo para todos los fumadores, recordando que "no conozco a ningún fumador que lo haya dejado que se haya arrepentido en la vida de haberlo hecho".

Los obispos de las diócesis de Andalucía han animado a participar en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo. En su mensaje recuerdan a los católicos que no pueden permanecer al margen en la tarea de edificar un mundo más justo y humano. 

A aquellos que asumen el compromiso de servir al bien común desde la política, les piden que lo hagan con honestidad y coherencia, desde el diálogo, la cooperación y una auténtica vocación de servicio que supere la polarización en favor de la convivencia, y que no instrumentalice aspectos de la vida religiosa con fines partidistas o ideológicos. También han subrayado, como recoge el magisterio de la Iglesia, que hay siempre elementos que un católico debe tener en cuenta a la hora de discernir entre las distintas alternativas: la defensa de la dignidad de toda persona, el apoyo a la familia, el respeto de la vida humana desde su inicio hasta su fin natural, la lucha contra la pobreza, el derecho a la vivienda, la libertad de educación y una política migratoria que respete la dignidad de las personas que llegan a nuestra tierra.

Los obispos subrayan que la fe no se identifica con ningún proyecto político concreto. Corresponde a cada persona, en conciencia, el discernimiento prudencial en una situación tan importante como unas elecciones, que si bien no agotan las formas en que los ciudadanos pueden y deben estar presentes de manera activa en una sociedad democrática, son un momento crucial, especialmente en España, donde, desde hace tiempo, cada llamada a las urnas tiene una lectura en clave nacional, en un contexto que parece de crisis permanente y que necesita que cada cual haga un ejercicio de verdadera responsabilidad.

España se ha consolidado como un plató de cine al aire libre, atrayendo a miles de turistas que buscan revivir las escenas de sus series y películas favoritas. Este fenómeno, conocido como ‘set-jetting’ o turismo de pantalla, ha experimentado un crecimiento del 47% en el último año, según datos del Observatorio Audiovisual Europeo. Este auge, impulsado por producciones de éxito mundial, fue analizado en el programa ‘La Tarde’ de COPE, con Pilar García Muñiz.

Gran parte de este interés se debe al impacto de ‘Juego de Tronos’. La serie, que batió récords de audiencia y descargas, ha convertido sus localizaciones españolas en lugares de peregrinación. Fans como la creadora de contenido María Murcia documentan sus viajes a lugares como el casco antiguo de Cáceres, que sirvió para recrear Desembarco del Rey, o el anfiteatro romano de Itálica (Sevilla), transformado en el Pozo Dragón. Murcia explica que para la serie “colocaron una estructura encima” del anfiteatro, que en su día fue uno de los más grandes del Imperio romano.

Según explicó en COPE Beatriz Oficialdegui, directora de comunicación de Destinia, ‘Juego de Tronos’ ha sido una de las series que más ha impulsado este tipo de turismo en destinos como Gerona, Trujillo y las Bárdenas Reales (Navarra). Los datos del Observatorio Audiovisual Europeo confirman la tendencia: “aproximadamente ha crecido un 47% en el último año las reservas de alojamiento de este tipo de gente que viaja concretamente para ver destinos donde se han rodado las series”. Además, se estima que un 70% de estos visitantes son extranjeros, principalmente alemanes, estadounidenses e italianos, lo que supone una importante alternativa al turismo de sol y playa.

Pero el interés no es solo por series recientes. El 60 aniversario del rodaje de ‘El Bueno, el Feo y el Malo’ ha reavivado la pasión por el ‘spaghetti western’. La mítica escena final de la película de Sergio Leone se rodó en un paraje del norte de Burgos, inmortalizado con la frase que ya es historia del cine.

En ese lugar se encuentra el cementerio de Sad Hill, que fue recuperado en octubre de 2015 por un grupo de voluntarios de la Asociación Cultural Sad Hill, presidida por Sergio García. En una entrevista en ‘La Tarde’ de COPE, García explicó que, tras 49 años abandonado y cubierto de vegetación, se pusieron “manos a la obra” para desenterrarlo, un proceso que implicó un “mucho trabajo burocrático” y una gran “responsabilidad”. El proyecto aglutinó esfuerzos previos de colectivos locales como el Colectivo Arqueológico Salas y el Club Deportivo Silos BTT.

El cementerio está ubicado en el término municipal de Santo Domingo de Silos (Burgos), dentro del Parque Natural Sabinares del Arlanza-La Yecla. Sergio García desveló una curiosidad sobre su diseño, citando al biógrafo de Leone, Sir Christopher Frayling: “Sergio Leone era italiano, pero también romano. ¿Y cuál es el monumento más famoso de Roma? El Coliseo”. Así, el cementerio de Sad Hill fue concebido como una simulación del Coliseo, donde en lugar de gladiadores, “se baten a duelo tres pistoleros y las tumbas son el público expectante”.

Para financiar la reconstrucción, la asociación lanzó una curiosa iniciativa de crowdfunding llamada “apadrinar una tumba”, que permite a los fans tener una cruz con su nombre en el cementerio. Entre los padrinos ilustres se encuentra el cantante Miguel Ángel Rodríguez ‘El Sevilla’. La fama del lugar es tal que incluso llamó la atención de los productores de ‘Juego de Tronos’. Sergio García reveló que “valoraron el cementerio para la sexta temporada”, pero fue descartado porque “les faltaba un lago” que no podían simular para una de las escenas de batalla con dragones.

La asociación mantiene vivo el espíritu del lugar con una actividad constante. Para celebrar el 60 aniversario de la película, han organizado un gran evento del 23 al 26 de julio con proyecciones, charlas y teatralizaciones. Además, este mismo domingo se realizará el “Geolodía”, una excursión científica a otra localización recuperada, el Campo de Prisioneros de Carazo, demostrando que el legado del ‘spaghetti western’ sigue más vivo que nunca en tierras burgalesas.

La situación de Kylian Mbappé en el Real Madrid ha entrado en una nueva dimensión. Su reciente y polémico viaje a Italia mientras se recupera de una lesión ha destapado un profundo malestar en varios estamentos del club y ha abierto un intenso debate en 'El Partidazo de COPE', donde el periodista Abraham Romero, del diario El Mundo, ha analizado las claves de un liderazgo en entredicho frente a la figura emergente de Vinicius.

El permiso de los médicos para ausentarse de Valdebebas no ha evitado que el viaje de Mbappé a Italia haya sido calificado por los tertulianos de COPE como "feo" y "grave". La opinión general es que, dada la delicada situación del equipo, el francés debería haber evitado la exposición. "Me parece un acto que cuando era Gareth Bale, por ejemplo, criticábamos de forma fuerte", señalaba uno de los colaboradores, mientras otros apuntaban a la inconsciencia del jugador al pensar que no sería fotografiado.

Según el periodista Abraham Romero, hubo un punto de inflexión en la percepción del club: el aterrizaje del jugador en Barajas a solo 12 minutos del inicio del partido contra el Espanyol. "Hasta ese momento, el club pasaba de largo un poco de las imágenes. Las imágenes sentaban peor en el vestuario que en la cúpula", explica Romero. Sin embargo, ese gesto final provocó una "molestia" en la directiva, aunque no se plantean de momento una decisión drástica sobre su futuro.

Las declaraciones del técnico, Álvaro Arbeloa, tras el último encuentro no han hecho más que avivar el fuego. Preguntado por Mbappé, el entrenador lanzó un mensaje que muchos interpretaron como un dardo directo al francés. "No hemos creado lo que es el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de esmoquin, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor, de barro, de esfuerzo", afirmó Arbeloa.

Para los analistas de 'El Partidazo de COPE', estas palabras, junto a otras como "me molesta mucho que siempre los contrarios corran más que nosotros", suponen un cambio de discurso en Arbeloa. Se interpreta que, con la temporada perdida, el técnico ha decidido decir lo que piensa de verdad, señalando la falta de compromiso. "Conociendo a Arbeloa, no hay frases que salgan en sus ruedas de prensa sin estar pensadas de antemano", subraya Romero, recordando que esa idea de que "ningún jugador es más grande que el Madrid" es una máxima de Florentino Pérez.

En medio de la controversia, emerge una figura clave: Vinicius Junior. Abraham Romero es tajante al respecto: "El líder de este vestuario ya no es Ramos, ya no es Carvajal, el líder de este vestuario es Vinicius". Según el periodista, el brasileño es quien tiene la conexión más importante con la dirección del club y el referente para el resto de compañeros. El debate no es si Mbappé debe jugar para Vinicius, sino si va a estar a la altura del compromiso que demuestra el brasileño.

Esta idea se refuerza con el rendimiento del equipo. En la tertulia se recordó que, en ausencias anteriores de Mbappé, el equipo ha funcionado e incluso ha ganado todos sus partidos, con un Vinicius estelar. "Vuelve Mbappé, tropiezo con el Mallorca, derrota, con el Getafe, con el Girona, eliminación con el Bayern de Múnich", argumentaba un colaborador, que añadía: "Mbappé no es capaz de asociarse, Mbappé no presiona".

La falta de liderazgo del francés en momentos decisivos, tanto en el Real Madrid como anteriormente en el PSG, es otro de los puntos de crítica. Se le considera una estrella mundial, pero sin "ascendente sobre el resto de compañeros". Ahora, con la temporada prácticamente acabada, la afición no entendería que no forzara para estar en el clásico y sí lo hiciera en partidos intrascendentes para asegurar el pichichi. Un comportamiento que, para muchos, no está a la altura de lo que se espera de la gran estrella del Real Madrid.

Ha pasado un año desde que España se apagó el 28 de abril de 2025. A pesar de que el Gobierno, en palabras del secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, aseguró que el impacto en la factura sería "absolutamente mínimo, y yo creo que imperceptible", la realidad es que la operación reforzada del sistema ha costado 666 millones de euros entre mayo de 2025 y marzo de 2026, según cálculos de Red Eléctrica. 

Este coste se traduce en unos 15 euros más acumulados en el último año para una familia media. En 'La Tarde' de COPE, el periodista económico José María Camarero ha analizado con Pilar García Muñiz las consecuencias de este sobrecoste.

Camarero confirma la cifra, señalando que una familia ha pagado "aproximadamente unos 15 euros al año" y, aunque no sea una cifra exponencial, critica la tendencia a frivolizar con los incrementos en la factura. "Estamos pagando algo adicional por una cosa que nos dijeron que no había ningún problema", ha sentenciado.

Una de las claves más llamativas, señalada por Camarero, es que los consumidores están asumiendo el coste sin que se hayan determinado responsabilidades. "Es muy paradójico que el consumidor esté pagando por algo que no ha hecho y que no se sabe de quién es la culpa", ha afirmado. 

Este sobrecoste, que se paga desde el día siguiente al apagón, ha supuesto más de 400 millones de euros para los consumidores domésticos y más de 200 millones para la gran industria.

El sobrecoste se debe a que la red opera en "modo reforzado" para garantizar que no se repita un incidente similar. Camarero ha explicado que esto implica "tener preparadas determinadas centrales eléctricas", las de ciclo combinado que usan gas, por si son necesarias para inyectar electricidad. 

Mantener esta disponibilidad es caro: "Es como si tú a una tienda le dices, ten abiertas las 24 horas del día, por si acaso tengo que ir a comprar algo más", ha ejemplificado.

A la pregunta de hasta cuándo se pagará este modo reforzado, la respuesta de Camarero es contundente: "Nos dijeron que esto iba a ser temporal, y ya llevamos un año", y ha añadido que "nadie puede garantizar qué día vamos a dejar de pagar las consecuencias del apagón". 

Por ello, recomienda ponerse "en el peor escenario, casi como algo permanente", ya que muchas medidas puntuales acaban quedándose para siempre.

Pese a todo, este recargo no aparece de forma explícita en el recibo. Camarero ha advertido: "Que nadie busque en ninguna factura de electricidad coste del apagón o responsabilidad del apagón", ya que no figura en ningún lado. 

El coste está integrado en conceptos poco comprensibles para la mayoría, como los "peajes, los cargos", dentro del "maremágnum de conceptos" que componen la factura.

El sobrecoste no solo afecta a las familias, sino también a las empresas, lo que repercute en su competitividad. Según Camarero, aunque España tiene a veces precios más bajos que otros países europeos, no puede permitirse "ser menos competitiva como industria" por costes que impidan a las empresas competir en igualdad de condiciones en la Unión Europea.

La ciudad de Londres se ha convertido en la capital mundial de la videovigilancia fuera de Asia, con casi un millón de cámaras instaladas. Un londinense es grabado una media de 70 a 100 veces al día, una situación que se ha intensificado con el uso de reconocimiento facial en vivo por parte de la policía metropolitana, conocida como Scotland Yard. 

Estos dispositivos, montados en furgonetas, escanean en tiempo real los rostros de los transeúntes en zonas concurridas para compararlos con las listas de personas buscadas. Según ha informado la corresponsal de COPE en Londres, Eva Millán, en 'La Tarde', la policía asegura que los datos de quienes no figuran en sus bases de datos se eliminan al instante para proteger la privacidad.

La medida parece dar resultados: en los primeros cuatro meses del año se han escaneado 1,7 millones de rostros, lo que ha permitido 44 arrestos. Un tribunal superior ha avalado la legalidad del sistema, desestimando una demanda de activistas por presuntas violaciones de los derechos humanos y sesgo racial.

A pesar de la aparatosidad del sistema, que genera confrontaciones puntuales con la policía, el apoyo ciudadano es mayoritario. Según las estadísticas, un 57% de los británicos está de acuerdo con su uso, un porcentaje que asciende al 83% cuando se trata de combatir delitos serios. La policía argumenta que actúa del lado de la ciudadanía y que "no hay mejor manera de proteger los derechos humanos que aumentar la seguridad".

La situación en el Reino Unido contrasta con la regulación en España.  El abogado experto en derecho digital, Borja Adsuara, ha explicado a Pilar García Muñiz por qué el uso de cámaras de reconocimiento facial "en principio, no" está permitido en nuestro país. 

Adsuara ha recordado que este fue un punto clave en la negociación del reglamento de inteligencia artificial europeo, que finalmente recogió la prohibición con excepciones. El experto ha advertido sobre el riesgo de que estas excepciones se conviertan en la norma, utilizando la metáfora del "síndrome de la rana hervida".

El experto ha advertido sobre el riesgo de que estas excepciones se conviertan en la norma, utilizando la metáfora del "síndrome de la rana hervida". Adsuara ha expresado su preocupación: "A mí lo que me preocupa en estos casos es que las excepciones se acaben convirtiendo en la regla".

El abogado ha señalado el peligro de que estas herramientas se usen para fines ilícitos, como "perseguir adversarios políticos" o realizar chantajes, trazando un paralelismo con los estados policiales como la Alemania del Este con la Stasi o la situación actual en China.

En España, el uso de cámaras de vigilancia está regulado. La DGT, la policía y las empresas privadas pueden instalarlas por motivos concretos de seguridad, pero estas últimas solo hacia adentro de sus establecimientos. Sin embargo, Borja Adsuara ha destacado una realidad frecuente: "hay muchas cámaras de videovigilancia enfocando hacia la calle", algo que, según ha afirmado, "en principio, no está permitido".

Esta práctica ilegal se ha convertido, paradójicamente, en una herramienta para resolver crímenes, ya que siempre se encuentra alguna cámara que graba la vía pública. No obstante, el acceso a estas grabaciones para una investigación requiere siempre una autorización judicial. 

Adsuara insiste en el delicado equilibrio entre seguridad y libertad, y recuerda que la sensación de seguridad en países como China tiene un alto coste para la disidencia: "salvo que seas un disidente, que no pienses como el gobierno chino".

Los sindicatos FSIE (Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza) y USO (Unión Sindical Obrera) han alzado la voz contra el Gobierno por lo que consideran una “discriminación inaceptable” hacia los profesionales de la enseñanza concertada. La polémica surge a raíz del nuevo Proyecto de Ley que reduce la jornada lectiva para los docentes de la pública, pero excluye a los más de 130.000 trabajadores de los centros concertados, una medida que, según denuncian, es “claramente injusta”.

El proyecto, que ya ha iniciado su tramitación en el Congreso de los Diputados, fija una jornada máxima de 23 horas lectivas en Infantil y Primaria y 18 horas en Secundaria para la red pública, mientras que la concertada mantiene las 25 horas semanales. Para el secretario general de la Federación de Enseñanza de USO, Antonio Amate, esto es un “claro agravio que consolida un modelo de desigualdad”. 

En la misma línea, el secretario general de FSIE, Enrique Ríos, califica en COPE la situación de “totalmente discriminatoria e injusta”, argumentando que “si realmente todos somos sistema público educativo, no tiene mucho sentido que pueda exigirse una determinada calidad para los alumnos que escojan unos determinados centros y no para los otros”.

Actualmente 1 de cada 4 alumnos en España están escolarizados en centros educativos concertados. 

Ambos sindicatos lamentan la decisión del Ejecutivo en contra de lo dictaminado por el Consejo Escolar del Estado que como recuerda Antonio Amate "hacía una mención expresa a la inclusión del profesorado de la concertada en la reducción de las horas lectivas”, una propuesta que finalmente “ha sido claramente ignorada por el Gobierno”. Para Ríos (FSIE), el Ejecutivo “ha perdido una oportunidad maravillosa de estar a la altura de lo que espera la sociedad” al no extender la medida a todo el servicio público educativo.

La reducción de jornada no es la única preocupación. Enrique Ríos ha señalado otros problemas estructurales como la “intrafinanciación” del sistema y la creciente brecha salarial con la enseñanza pública. “La realidad es que se está produciendo una deshomologación”, ha explicado, ya que los incrementos porcentuales sobre bases salariales distintas y los complementos exclusivos para funcionarios aumentan la diferencia. FSIE insiste en la necesidad de retomar el estudio del coste real del puesto escolar, tal como establece la LOMLOE, para garantizar una financiación adecuada y la gratuidad efectiva del sistema.

La exclusión, advierten los sindicatos, no solo afecta a las condiciones laborales, sino que también pone en juego la “viabilidad de los centros” y la libre elección de las familias, además de provocar una “fuga de talento” hacia la pública. Ante la promesa del Ministerio de “estudiar la cuestión” tras la tramitación parlamentaria, los sindicatos se muestran escépticos. Ni FSIE ni uso USO descartan movilizaciones si durante la tramitación parlamentaria no se modifica el texto. 

Por su parte, Enrique Ríos ha confirmado que, aunque quieren “agotar todas las vías pacíficas y de diálogo”, no se descarta nada. “Nos queda el defensor del pueblo, nos queda incluso ir al Tribunal Constitucional y, obviamente, tendremos que luchar porque en juego está la libre elección educativa que establece la Constitución ”, ha concluido.

Cerca de 2.700 personas que aprobaron las oposiciones de gestión civil del Estado se encuentran en un limbo administrativo. A pesar de haber superado el proceso selectivo, llevan meses en casa cobrando 1.060 euros al mes sin trabajar. 

Uno de los afectados es Francesc García, un joven de 24 años que ha compartido su situación en 'Mediodía COPE' con Pilar García de la Granja, describiendo un panorama de desconcierto y parálisis que pone de manifiesto las grietas del sistema.

El proceso para este grupo de futuros funcionarios ha estado marcado por las demoras. Francesc relata que realizaron el examen en diciembre de 2024 y obtuvieron el aprobado en mayo de 2025. Según explica, hasta ese momento los plazos eran normales, pero a partir de ahí comenzaron "todos los retrasos que están encadenando". 

El curso formativo, de dos semanas de duración y previsto para octubre, fue pospuesto sin fecha hasta que finalmente se realizó en febrero de 2026. Desde que completaron esa formación, han pasado dos meses y medio en los que han estado percibiendo las retribuciones básicas sin desempeñar ninguna función.

García, futuro gestor del Estado, expresa el sentir general de sus compañeros: "Preferimos cobrar por trabajar y por estar realizando una función, que por estar en esta situación". Esta espera forzosa genera una gran "incertidumbre y la falta de planificación personal" para los 2.700 afectados.

Francesc García considera que este caso es un síntoma de un fallo más profundo y lo califica como "un problema estructural de la función pública española". Sostiene que el sistema necesita una reforma profunda, ya que los actuales procesos de selección no son "para nada ágiles", lo que provoca que se "desincentive gran parte de talento que va a la administración, porque con un procedimiento tan largo quita las ganas a cualquiera".

El futuro funcionario advierte que este problema se repite en los tres niveles de la administración: nacional, estatal y local. En su opinión, si no se aborda con seriedad, se corre el riesgo de terminar con una "función pública que que va en decadencia", justo cuando el crecimiento demográfico de la población exige más y mejores servicios públicos que necesitan personal para ser prestados.

La queja más amarga de García se centra en "la poca transparencia que hay en todo el procedimiento". Denuncia que llevan "un año prácticamente de incertidumbre total", una situación que genera una gran "angustia a nivel personal". 

Los afectados no han recibido "ningún tipo de noticia, más allá de alguna nota informativa que son escasas" en los últimos tres meses, dependiendo de lo que publican los medios para tener algo de información. Para él, esto es "lo más desesperante".