Pedro Sánchez alardeó de "integridad" y "transparencia" ante 2.000 representantes internacionales durante la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, apenas horas después de que el Consejo de Ministros aprobara cambios normativos para contrarrestar la corrupción que acecha directamente a su Gobierno y entorno familiar.

El presidente enarboló una política de "tolerancia cero" contra la corrupción rechazando públicamente "taparla o silenciarla", mientras publicitaba la reforma de la Ley de contratación pública y el plan anticorrupción aprobado esta misma mañana. El discurso contrasta dramáticamente con la realidad judicial que rodea a su Ejecutivo y familia.

Sánchez obvió deliberadamente cualquier referencia a los casos judiciales que implican directamente a figuras clave de su Gobierno: sus exsecretarios de Organización Santos Cerdán (en prisión) y José Luis Ábalos, su hermano David Sánchez (investigado por fraude fiscal y prevaricación), y su esposa Begoña Gómez (procesada por múltiples delitos incluyendo malversación).

El presidente destacó propuestas genéricas como formación anticorrupción del personal administrativo, portal de transparencia y "transformación profunda de la plataforma de contratación pública", medidas que suenan vacías ante la magnitud de los escándalos que afectan directamente a La Moncloa y al PSOE.

El presidente vasco Imanol Pradales aprovechó el foro internacional para reclamar que "gobiernos subestatales" tengan representación directa en organismos de la Unión Europea, encajando perfectamente en la pretensión del PNV de que el nuevo Estatuto incluya participación directa vasca en instituciones europeas en materias de su competencia autonómica.