testimonios

La mamá de Diego Iván Pachao reclama justicia para su hijo, un albañil de 20 años detenido ilegalmente y torturado hasta la muerte en 2012 por policías de Catamarca. A once años y ocho meses del crimen, marchó hasta la Corte provincial con Luis González, experto en derechos de niños y jóvenes, y otros allegados. Ella reiteró su decisión de apelar al Máximo Tribunal de la Nación. Denunció que ella y su entorno son perseguidos y que el drama suma tres muertes, pues Leonel González, principal testigo, y Telmo Alejandro Pachao, papá de la víctima, perdieron la vida en circunstancias extrañas nunca investigadas.

"Sé que todos tenemos problemas, les pido disculpas, pero esta es la realidad que vivimos; hace once años y ocho meses del asesinato de mi hijo Diego en manos de la Policía corrupta y asesina de la provincia de Catamarca; en el Barrio Parque América; de doce uniformados responsables, solo cuatro fueron sentados en el banquillo de los acusados y solo dos están en prisión; es un encierro preventivo, en cualquier momento los pueden dejar libres; para muchos que no conocen y creen que con un juicio se termina todo: no se terminó, señores; recibimos insultos de un lugar, de otro, bardeos de todos lados".

"Miembros de esta Corte de injusticia, corruptos, políticos, defensores de policías asesinos, de narcos, de violadores y de responsables de toda clase de delitos contra los más vulnerables, como somos las familias humildes, que no tenemos los mismos recursos que ustedes, los económicos, que les proveen de más arriba otros corruptos; esos son los recursos que no tenemos; pero sí tenemos otros recursos, señores; señores entre comillas; porque de señores nada tienen, nada son; a ocho años y ocho meses demostraron que siempre, pero siempre estuvieron de la mano de los policías asesinos y los más violentos".

"Hace una semana dieron el peor fallo desde que se cometió el homicidio; los voy a nombrar, por las dudas se les haya olvidado el nombre; polijueces, jueces corruptos y cómplices, políticos, defensores de policías asesinos; polijueza María Rosales Andreotti; polijuez José Ricardo Cáceres; polijueza Rita Verónica Saldaño; polijuez Luis Raúl Cipitelli; polijuez Carlos Figueroa Vicario; polijuez Néstor Hernán Martel; polijuez César Marcelo Soria; son los principales responsables de la Justicia de Catamarca; de donde deriba a los demás lugares; las fiscalías, las cámaras de apelaciones, los juzgados de garantías".

Milagros Nicole Mir, de 22 años, era la única persona en Argentina sobreviviente con síndrome piruvato carboxilasa, una enfermedad neurológica rara. Especialistas de Boston, Estados Unidos, seguían el caso con enorme interés. Sin embargo, el 11 de octubre de 2022 la chica murió en el Hospital Posadas en circunstancias misteriosas. Lorena Cecilia García, la madre, denuncia mala praxis médica. Dice que su hija fue abandonada luego de sufrir una descompensación. Aunque habría pruebas de sobra, los Tribunales de Morón se niegan a investigar. El expediente está archivado en la Unidad Fiscal de Instrucción 7.

"Soy la mamá de Mily, Lorena; somos de Ituzaingó", contó durante una marcha de víctimas desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo; "ella falleció en el Hospital Posadas; entramos el 10 de octubre a las 19 a la guardia, advertidos por los médicos de terapia pediátrica que ella iba a estar ahí, porque ya era adulta; los primeros dos médicos que la atendieron me felicitaron, ella era un caso único en esa institución de salud y en América; no sé qué pasó; sacaron a mi hija de ese lugar; la pusieron en una habitación; no les importó nada; Milagros estuvo horas y horas sin control, sin suero; yo veía cómo se iba apagando".

"La grabé, la filmé; gritaba, pedía por favor que algún médico se acercara; nunca fue un doctor a la habitación, ni recibí un parte; mi hija era un caso muy especial, delicado, que había que atender rápidamente por su descompensación; ella sufría acidosis metabólica, déficit de piruvato carboxilasa; algo único, que era conocidísimo en la pediatría, en libros nada más, porque no hay casos vivos; Mily era un milagro; los médicos me apoyaron muchísimo, los de terapia pediátrica, para que la sacaran de ahí; no podía estar ahí; llegó el miércoles a las tres de al mañana: tuvo una descompensación multiorgánica".

"Todo por no ser controlada, por no ser atendida; la pasaron a terapia; el miércoles a las tres de la tarde recién la entubaron, ya no había mucho que hacer; no tenía riñones ni pulmones, tenía dos neumotórax, su corazón había empezado a fallar; sentí que mi hija se me iba o que ya no estaba; pero tenía otros dos hijos que debía contener; Milagros tenía 22 años, Martín 23 y Melany, la mayor, 31; cuando ella nació sus hermanos eran muy pequeños; nunca la habían visto así, no entendían por qué su hermana estaba tan grave; pensaban que podía salir; yo sabía que no iba a ser posible tras tantas horas".

Vive en Virrey del Pino, partido de La Matanza. Es originaria de la localidad santiagueña de Monte Quemado. Reclama la restitución completa del niño de seis años, que según denucia es sometido a maltratos por parte del padre adicto a las drogas. Su hija Guadalupe Gisela Canchari, de 28 años, acusa además al sujeto, Gerardo Gabriel Russo, de 34 años, de violencia de género y sexual. La causa está en el Juzgado de Familia 6 de los Tribunales de San Justo. La voz del testimonio tiene respaldo de la Comisión de Acompañamiento de Familiares de Víctimas (Cafavi), organización civil fundada por Rubén Carballo, y el Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas de Delitos (Cenavid).

Claudia Véliz, mamá del damnificado, apelará a la Corte Suprema de la Nación por el crimen del joven de 20 años, ocurrido en 2012 en la Comisaría Séptima de la ciudad de Catamarca. Repudia el último fallo del Máximo Tribunal de la provincia, pues considera que confirmó la impunidad. Pide que sean condenados 12 policías por detención ilegal y tormentos continuados del deceso. La mujer habló durante un panel organizado para recordar los 40 años de democracia. La acompañaron entre otros Hebe, hermana de la víctima; Luis Rodríguez, experto en derechos de niños y adolescentes; Humberto Galídez, abogado de la familia; y Ana Radusky, defensora de derechos humanos.

"Me tocó ver el reclamo por Diego desde afuera y desde adentro", contó Galíndez, alias Yiyo, "porque todas las veces que pude acompañé a la familia, más precisamente a Telmo Pachao, el papá, en las protestas que se hacían; ver desde afuera y desde adentro me dio una mirada integradora de cómo funcionan las cosas en la institución represiva por excelencia; ya la había conocido desde adentro, no por mi ejercicio como abogado, sino porque fui víctima de apremios ilegales; fui secuestrado en las calles de Villa Dolores, estuve varias horas guardado, tras simulacros de que me iban a ahogar en el dique El Jumeal...".

"En el caso Pachao queda expuesto cómo actúan los poderes del Estado para salvar a sus hombres; nosotros usamos un neologismo que Claudia repite siempre, polijueces; la Justicia es un entramado no tan solo de corrupción, sino también de protección del sistema policial, la familia policial; a pesar de las denuncias de apremios que salen en la prensa, son muy pocos... apuesto que de cien deben llegar dos a la instrucción y uno solo a juicio y ni siquiera; realmente no me acuerdo de policías que hayan sido enjuiciados; en el caso de Diego hubo una condena mínima por apremios y había torturas de por medio".

"El Código de faltas es el instrumento legal, junto al Reglamento orgánico de la Comisaría, que otorga a la Policía facultades casi de carácter jurisdiccional para detener a cualquier persona, cualquier ciudadano por averiguación de medios de vida o distintos motivos como no portar la identificación, cuando todos sabemos que eso es ilegal y antidemocrático; obtuvimos un pronunciamiento de la Cámara del Crimen, que juzgó el caso de Diego, sobre la inconstitucionalidad de este entramado; la Legislatura ya debería estar trabajando para derogar estas normas vigentes en la provincia de Catamarca".

Es defensora de derechos humanos y miembro de la asamblea de Andalgalá, en la provincia de Catamarca, contra la megaminería. Habló durante un panel organizado en la capital provincial para recordar los 40 años de democracia. También participó Claudia Véliz, mamá de Diego Pachao, que confirmó la decisión de apelar a la Corte Suprema de la Nación por el crimen del joven de 20 años, ocurrido en 2012 en manos de policías de la Comisaría Séptima. Además estuvieron Hebe Pachao, hermana de la víctima; Luis Rodríguez, experto en derechos de niños y adolescentes; y Humberto Galídez, abogado de Claudia; entre otros.

"Los juicios de lesa humanidad hablan de las mismas torturas", comparó Radusky en su intrevención, "y hemos condenado a perpetua por esos crímenes; se van creando los distintos sujetos; podemos juzgar a los de la dictadura militar, pero en democracia vamos creando otros sujetos, el otro como peligroso, que es la sustancia de la violencia institucional; se legitima cualquier acción que le hagamos a ese otro peligroso; el subversivo que sustenta un golpe de Estado o una dictadura militar pasa a ser el morocho, en definitiva el pobre, el distinto; hay diferencia si soy pobre y morocho, pobre y gay, pobre y travesti".

"Se va generando un otro peligroso que sustenta o legitima la violencia institucional; un día, en una jornada de derechos humanos, de memoria, había gente de Italia; nos decían el mundo los está viendo; es cierto, fue histórico cada uno uno de los juicios; empezaron con la democracia y tuvieron un momento de auge; ahora lamentablemente la mitad de los castigados están sueltos; se trata de genocidas condenados a cadena perpetua que fueron fueron liberados con el argumento de que hubo hechos que ocurrieron en democracia, como en la provincia de Tucumán, por lo que los subversivos cometieron crímenes".

"Todavía se debate si son 30.000 y se soslaya, se deja de lado, la cuestión de fondo; cuando estaba en el tribunal federal en Andalgalá, en la puerta de la comisaría, con los compañeros presos, me llamaron por teléfono de la misma secretaría que decía que el mundo nos estaba mirando para aclararme que yo no podía hacer declaraciones; o sea que ese Estado responsable genera un relato y legitima violencias, las mismas que condenamos en el pasado; la violencia es la amalgama que sostiene el sistema capitalista; nunca en un contexto de tanta desigualdad lograremos una democracia participativa profunda".

Claudia Véliz, mamá de la víctima, apelará a la Corte Suprema de la Nación por el crimen del joven de 20 años, ocurrido en 2012 en la Comisaría Séptima de la ciudad de Catamarca. Repudia el último fallo del Máximo Tribunal de la provincia, pues considera que confirmó la impunidad. Pide que sean condenados 12 policías por detención ilegal y tortura seguidos de muerte. La mujer habló durante un panel organizado para recordar los 40 años de democracia. La acompañaron entre otros Hebe Pachao, hermana de la víctima; Luis Rodríguez, experto en derechos de niños y adolescentes; Humberto Galídez, abogado de la familia; y Ana Radusky, defensora de derechos humanos.

"Esta es una provincia feudal", dijo Rodríguez; "el que no quiere asumir esos términos no es conciente del contexto en que vivimos; los poderes estatales se encuentran absolutamente cooptados; nunca antes desde el 83, esta es la mayor deuda de la democracia local, se ha vivido una concentración política y empresarial así, en manos de muy pocos que administran confundiendo lo público y lo privado; en lo privado se cuentan las fuerzas policiales, los grupos transnacionales que operan recursos mineros y todo lo que hace de nuestra seguridad pública el punto más vulnerable de nuestra actividad cotidiana".

"El narcotráfico es otro aspecto del marco doliente y sangrante de la vida de un montón de coprovincianos; ese delito tiene cómplices, entre los que está la Polícia, que se maneja con los estatutos del onganiato; cuando estaba [Juan Carlos] Onganía de presidente de facto dictó una normativa, herencia de la dictadura que todavía tenemos pegada; esto le da facultades extraordinarias a la Policía; con solo un cruce de miradas te pueden cargar en un móvil, golpearte, sin declarar si fuiste detenido o secuestrado, y arrojarte en cualquier lugar; estoy mencionando parte de lo que se considera un procedimiento ilegal".

"Esto no pasa en las películas de Netflix, ocurre en nuestra vida cotidiana; hay un neorracismo; en el caso de Diego Iván Pachao, la Policía judicial escuchó los gritos y encubrió el primer paso de la investigación penal; es decir, no solo está puesto en jaque el funcionamiento del Poder Judicial, sino sus operadores también, personas comunes como nosotros que desempeñan sus funciones dentro de determinadas jerarquías y relaciones de poder; muchas veces no los visibilizamos como individuos capaces de ser cómplices, entonces no seremos capaces tampoco de mejorar la calidad de las instituciones".

La mamá de Diego Pachao confirmó que apelará a la Corte de la Nación por el crimen del joven, ocurrido en 2012 en la Comisaría Séptima de la ciudad de Catamarca. Repudió el último fallo de la Corte provincial. Pide que sean condenados 12 policías por detención ilegal y tortura seguidos de muerte. La mujer habló durante un panel en el Instituto de Educación Superior Clara Armstrong. La acompañaron entre otros Hebe Pachao, hermana de la víctima; Luis Rodríguez, experto en derechos de niños y adolescentes; Humberto Galídez, abogado de la familia; y Ana Radusky, defensora de derechos humanos.

"El terrorismo de Estado no solo pasó hace 40 años, sigue sucediendo; es lamentable; me cuesta contar la historia de mi Diego; me siento angustiada, cada día estoy peor; hace días tuvimos la mala noticia de que la Corte de Justicia no hizo lugar al pedido que veníamos presentando; el Poder Judicial, los tres Poderes del Estado son encubridores, corruptos, lo peor; todo lo que pasa en nuestra Catamarca y en el país tiene que ver con ellos; son responsables de todo lo que sucede; de las muertes en comisarías y cualquier violencia institucional son los únicos responsables los tres Poderes".

"Llevamos once años y siete meses de lucha; a los diez años y medio logramos que el caso fuera elevado a juicio con un sinnúmero de obstáculos en medio; es demasiado difícil; mi Diego salió un sábado a la noche diciendo ya vuelvo, Má; al día siguiente lo voy a retirar de una comisaría, la maldita Comisaría Séptima; ensangrentado, con el pantaloncito mojado, la sangre pegada en la naricita y el pecho; le tiraron agua con el torso desnudo; ya con muerte cerebral; estos verdugos se apoderaron de la vida de mi Diego solo porque pidió en la vía pública que no le peguen a su amigo Leonel González".

"Mi hijo no conocía una comisaría; ese maldito día, por defender a su amigo, se apoderaron de su vida; me pregunto por qué a el; aunque no tiene que sucederle a nadie; ni la Policía ni nadie tiene que tocar a nadie; nadie tiene derecho de tocar al otro; su cuerpo es un sagrario, un templo; si se trata de defenderse es otro tema; estamos entregando el Manual del joven detenido; lo vamos a seguir haciendo para que vayan tomando conocimiento, más allá de que ya saben cuáles son sus derechos; es bueno que lo tengan presente para defenderse; porque la Policía sigue torturando y robando la vida de los chicos".

Los padres de la escritora asesinada en 2020 en Capilla del Monte, Córdoba, piden que se nombre un fiscal que investigue la tragedia con seriedad. Reiteraron la exigencia durante un homenaje por el 40 cumpleaños de la víctima. Junto a familiares y allegados marcharon hasta el mural pintado en la estación Núñez de la Capital Federal. Insisten en la hipótesis que involucra a Mario Mainardi al frente de una banda de policías y narcos. Estuvieron Marisa y Facundo, progenitores de Luna Ortiz, muerta en el partido de Tigre. También Manuel, hermano de Laura Iglesias, ultimada en la ciudad de Miramar.

Cecilia Gisela Basaldúa hubiera cumplido 40 años el 7 de noviembre. Probablemente hubiera festejado en la casa paterna del barrio porteño de Núñez. Sin dudas estaría trabajando intensamente en su ambicioso proyecto de escritora y viajera. A esta altura, tal vez ya hubiera publicado su primera obra, un libro de viajes por Latinoamérica que tenía prácticamente concinado. Todo se frustró de forma repentia y siniestra el 5 de abril de 2020, cuando desapareció en Capilla del Monte, Córdoba, adonde había llegado como mochilera. Semanas después, el día 25, fue hallada con signos de violencia y muerte por asfixia.

"Estamos esperando que nombren un fiscal que sea definitivo", clama Daniel; "pusieron a Raimundo Barreras, que en seis meses se jubiló; ahora hay funcionarios adjuntos, que no hicieron nada; el anterior estuvo para frenar la causa, no hay otro motivo; ellos sabían que se retiraba; estamos pidiendo con todos los medios que podemos; nosotros estamos en Buenos Aires, nos cuesta mucho, tenemos que viajar; nos juntamos con este, nos juntamos con el otro; nos reciben todos bárbaro, pero no tienen un fiscal; realmente es vergonzoso; nosotros les decimos que los fiscales y los jueces tendrían que ser votados por la gente".

"La causa fue armada por la fiscal Paula Kelm y sus policías", denuncia Susana; "está llena de mentiras; es un mamarracho, un circo ese expediente; fue vergonzoso presenciar el juicio [realizado en 2022 en los Tribunales de Cruz del Eje], se les notaba en la cara que estaban mintiendo, todos tenían el mismo versito; nadie conocía a Lucas Bustos [el perejil del caso, que fue absuelto], solo dos uniformados, uno es el que lo llevó preso; Lucas dice que le pegaron para que se declarara culpable de la muerte de Cecilia; tiene un hermano preso por robar un celular, que también es mentira; la madre me dijo nunca robó nada."

El 7 de noviembre, día del 40 cumpleaños de Cecilia, sus padres entregaron una carta en la Casa de Córdoba de la Ciudad de Buenos Aires. El desarrollo del escrito está dirigido a Juan Manuel Delgado, fiscal general de la provincia mediterránea. "Exigimos la urgente designación de un nuevo fiscal que ponga en marcha en forma seria y responsable la investigación del crimen de Cecilia, tras tres años y medios de impunidad", refiere la misiva, que resume la información esencial del caso. "Aún nos falta la verdad, aún los femicidas de Cecilia están caminando al lado de nuestras hijas".

Conduce Hablemos de seguridad vial, por FM 98.7, Radio del Mar

"El 31 de enero van a cumplirse tres años de que no la tengo y todavía no sé el diagnóstico; es una vergüenza, porque una cosa así no puede pasar; una mamá tiene derecho a saber qué ocurrió con su hija; confié en los médicos; cuando ella me pidió irse [de la clínica] le dije no, Mamita, vamos a ver qué dice el doctor, porque ellos son los que saben, estudiaron y pueden ayudarte; cuatro días después me la entregaron muerta; entonces, cómo se puede ir al médico; yo no me atrevo, hacerlo me desborda, me vengo abajo, no lo tolero; cuando hablamos de Katy con el papá, el llora; se llevaron mi alma; vivo, voy, vengo, lucho porque se lo prometí a mi hija; le juré que le iba a hacer justicia".

Roxana Jaqueline Dángelo es mamá de Katerina Ayelén Azor, una chica sana y pispireta de 19 años que el 31 de enero de 2021 murió de forma repentina en la Clínica Nuestra Señora de Fátima del partido bonaerense de Pilar. La adolescente, que era técnica química y se preparaba para estudiar Criminología, había ingresado el día 26 con dolores abdominales pronunciados. La atención fue de negligencia flagrante. La obra social VíaSano solo había ofrecido asesoramiento telefónico. Al internarse, quedó en manos de los médicos Antonio Norkus, director, Gaspar Leoncio Ridolfi, Eduardo Lafourcade, Franklin Cepeda y Paola Pough.

La madre resolvió la intriga 14 meses después del deceso, cuando le permitieron leer el expediente judicial y encontrar varias sorpresas. Una es que su hija había sufrido una peritonitis. Otra que había sido sometida de incógnito a una apendiceptomía laparoscópica, intervención quirúrgica para extirpar el apéndice mediante pequeñas incisiones. O sea, sin abrir al paciente. La familia denuncia mala praxis médica, que la institución es conocida como la clínica de la muerte y que el sumario está frenado por cuestiones políticas. El dueño de la institución, Antonio Lagreca, es adalid de la Unión Cívica Radical del distrito.

"La investigación penal está en manos de la Fiscalía 3 de Pilar, a cargo de Germán Camafreitas; va muy lento, para nuestro gusto; con mi abogada presentamos algunas preguntas que se debería hacer a los peritos; por ejemplo, por qué a Katy, cuando se encontraron con una apendicitis, no le hicieron una operación a cielo abierto; corresponde cuando ese órgano explota y sin embargo no se realizó; la cerraron y lo dejaron; hasta el día día de hoy, vi una sola vez al fiscal; no llamó a nadie a declarar; se niega a tomarles testimonio a los médicos, porque son posibles imputados; ni siquiera declaramos los padres; tampoco los testigos".

Roxana levanta una bandera. Sostiene que la mala praxis médica es una barbarie tan letal como la violencia vehicular, considerada entre las diez primeras causas generales de mortalidad por la Organización Mundial de la Salud. Ella integra la Comisión de Acompañamiento de Familiares de Víctimas (Cafavi), entidad fundada por Silvana Mancuso, mamá de Mora Callejón, joven que también perdió la vida de manera horrorosa en manos de doctores. Otra luchadora del rubro que destaca es Gabriela Covelli, progenitora de Nicolás Deanna e iniciadora de la Asociación por la Vida y la Salud.