Junto a su esposa Nora participó el 20 de agosto en una audiencia pública realizada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica. Su única hija tenía seis años cuando 5 de febrero de 1996 murió fulminada por una escultura expuesta de manera ilegal en un paseo público de la capital argentina. Dos nenas quedaron heridas. El Estado nunca los escuchó.
Nora Ester Ribaudo y Eduardo Rubén Iglesias, padres de Marcela Brenda, participaron el 20 de agosto en una audiencia pública histórica ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica. Además de los padres de la víctima y los miembros del jurado, asistieron representantes del Estado argentino (liderados por Alberto Julio Baños, subsecretario de Derechos Humanos) y de la Comisión Interamericana (tomó la palabra José Luis Caballero Ochoa, presidente).
«Gracias por permitirme defender a Marcela en la Corte Interamericana», se dirigió Nora a los magistrados, tras narrar las vicisitudes que padeció junto a su marido. Su única hija tenía seis años cuando 5 de febrero de 1996 murió fulminada por una escultura expuesta de manera ilegal en un paseo público del Parque Tres de Febrero, en la Ciudad de Buenos Aires. Además, dos nenas quedaron heridas. Caballero Ochoa argumentó en este contexto que el Estado violó varios derechos simultáneos: a la vida, a la integridad y a la protección de la niñez.
«Hay un compromiso, se nota», concluyó Eduardo otorgando un voto de confianza a la Corte Interamericana, «no suelo equivocarme en esas cosas», agregó ante la mirada amistosa de Nancy Hernández López, presidenta (Costa Rica), Rodrigo Mudrovitsch, vice (Brasil), Ricardo Pérez Manrique (Uruguay), Patricia Pérez Goldberg (Chile), Alberto Borea (Perú) y Diego Moreno Rodríguez (Paraguay). Verónica Gómez, de Argentina, estuvo ausente porque es una causa de su tierra. José Manuel y Laura del Cerro asistieron como abogados de las víctimas.
Las partes tienen un mes para entregar sus alegatos finales por escrito. El veredicto podría demorar varios meses. El rótulo del convite desarrollado hoy, «audiencia pública sobre el fondo y eventuales reparaciones y costas», aporta alguna pista sobre los virtuales alcances de la sentencia. Caballero Ochoa destacó en su alegato la violación de «las garantías procesales y la protección judicial» y de «las obligaciones estatales de supervisión y fiscalización de espacios públicos, en particular donde se realizan actividades recreativas de niñas y niños».