testimonios

"La justicia no es justicia; hoy en día, en hechos viales, uno escucha gente de muchos casos que siguen pasando; la justicia que tenemos no sirve; todo es algo turbio; lo que nos pasó en el hospital, que lo iban a desconectar, era como que te estaban diciendo: dale, desconectalo y le sacamos ya los órganos; también nos dio qué pensar cuando nos lo dieron con el cajón cerrado; nos dijeron que le tenían que hacer la autopsia y después que no lo podían entregar abierto porque había pasado mucho tiempo; cuando lo desconectaron era la tarde, se lo llevaron como a las diez de la noche a la morgue; nos lo dieron al otro día a la siete de la tarde ¿por qué tantas horas? da qué pensar".

El drama comenzó el 17 de marzo de 2022 en la localidad de Pocito, provincia de San Juan. Luis Fernando Andrada, de 20 años, iba en bicicleta a trabajar cuando fue atropellado desde atrás por una camioneta. Como consecuencia, el joven recibió un golpe tremendo en la cabeza y su transporte de dos ruedas quedó destruido. La familia fue informada de que estaba con muerte cerebral en el hospital. Falleció al día siguiente, cuando los médicos decidieron desconectarlo.

Los deudos de la víctima consideran que la institución de salud tiene responsabilidad, porque apresuró el desenlace de manera innecesaria. Para peor, todo sucedió en el contexto de la pandemia, por lo que la entrega del cuerpo fue a cajón cerrado. En cuanto al conductor, la querella denuncia que iba excedido de velocidad y hablando por teléfono celular. Sin embargo, la condena fue de solo dos años de prisión en suspenso más una inhabilitación de cinco años para manejar.

Natalia Díaz y Fernando Andrada, los padres de Luis, tienen tres hijos más que los motivan para seguir adelante. El gran desafío como grupo familiar es mantenerse unidos tirando del mismo carro. El difunto era el mayor. Para homenajearlo, colocaron en el lugar de la tragedia un cartel con su nombre junto a la bicicleta destartalada. El letrero fue gestionado por la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza, fundada por Guillermo y Lorena Chirino, padres de Lautaro.

"Lautaro tiene esos mimos con los dos, tanto con el padre como conmigo; pero con el padre por ahí se manifiesta mucho más; yo voy realizando lo que creo que me va a hacer bien a mí y a las otras mamás; porque la Virgen ha pasado por lo mismo, ha visto a su hijo morir injustamente; eso es lo que yo he sentido; muchas veces dicen: es una espada que atraviesa el corazón; y es así, tal cual; no quiero ponerme, ni mucho menos, a la altura de la Virgen, pero yo creo que ella ha sentido el mismo dolor, como todas las madres que hemos transcurrido esta situación, y ha sido un refugio para mí; así que ha sido maravilloso poder ponerla en la parroquia; para toda la gente que necesite un consuelo, que sea ella".

Es la primera tragedia vial que llega a la Corte de Justicia de la provincia de San Juan. Un caso emblemático que aspira a generar un quiebre histórico. El drama sucedió el 13 de febrero de 2015 en la localidad de Rawson. Lautaro Chirino, de 13 años, murió luego de que la camioneta en la que viajaba con sus padres fuera embestida por un móvil de la Policía Comunal. El niño y su papá salieron despedidos. El más afectado fue el menor, que perdió la vida algunas horas después.

Juan Manuel Costa, el conductor que los embistió, y Walter Gallastegui, el acompañante, nunca estuvieron presos. Sin embargo, los testigos coinciden en que circulaban excedidos de velocidad y sin sirena. Con estos argumentos, los Chirino lucharon para establecer la responsabilidad penal de ambos, pero luego de infininidad de dilaciones el expediente prescribió. La batalla continúa desarrollándose en el fuero civil, que llevó el sumario hasta el máximo tribunal sanjuanino. 

Lorena, mamá de Lautaro, es la voz de la cita que abre esta nota. Ella y Guillermo, el papá del niño, tienen además otros seis hijos. Como ciudadanos, son fundadores de la Asociación Civil Familias del Dolor y la Esperanza, que congrega a cientos de víctimas. Como fieles católicos, entre otras movidas, iniciaron la adoración perpetua en la parroquia de Villa Krause, unidos estrechamente a la Virgen María. También en el ámbito eclesial, Guillermo está preparándose para servir como diácono.

"Fuimos al hospital, llegué, me anuncié; salió el neurólogo, me dio el parte: no era nada favorable; el golpe de Nahuel había impactado sobre todo en la cabeza, por más que había sido con casco, de lleno en la puerta del conductor de la camioneta; por ese latigazo que había pegado en el vehículo, al caerse hacia atrás quedó prácticamente desnucado; todo su cerebro estaba lleno de sangre; cuento esto ahora, porque en ese momento lo que me decía el médico que me daba el parte no me entraba; después, con el tiempo, lo entendí; sabía que no tenía casi posibilidades, pero bueno, uno siempre espera y pide por un milagro".

Después de dos años, la causa está frenada. El homicida permanece en libertad, mientras la familia de la víctima espera la realización de un juicio. El drama sucedió el 2 de enero de 2021 en el departamento de Rivadavia, provincia de San Juan. Facundo Nahuel Benítez Nievas, de 21 años, iba en su motocicleta Appia 150cc hacia la casa de la novia. De repente, una Chevrolet S10 avanzó sin respetar el cartel de pare en la intersección de las calles Zonda y avenida Comandante Cabot.

Tomando en cuenta las pericias, la querella considera que si Sergio Aldana, el conductor de la camioneta, no se hubiera cruzado hasta la mitad de la avenida, si solo hubiese asomado la trompa del vehículo, Nahuel hubiera tenido posibilidades de salvar su vida. Se encontró con la camioneta de golpe, no tuvo tiempo de frenar, quiso esquivarla y abrirse, y terminó golpeando de forma brutal con su cabeza. Aunque llevaba el casco puesto, la fuerza del impacto tuvo consecuencias letales.

Alejandra Nievas, mamá de Nahuel, cuenta en el testimonio conmocionante de esta nota que el día del funeral le prometió a su hijo que iba a luchar por justicia. Su decisión la embarcó en una odisea en la que encontró a otros ciudadanos que han padecido la pérdida de un ser querido como consecuencia de la violencia en el tránsito vehicular. Ella junto a Juan, su marido, integra la Asociación Familias del Dolor y la Esperanza, fundada por Guillermo y Lorena Chirino, padres de Lautaro.

"Soy de Buenos Aires, hace ya 17 años que estoy acá en Villa Mercedes, vine con mi familia. En la Capital Federal, la primera movida importante que hicimos con mi familia fue acompañar a la gente que murió por [el incendio del boliche] Cromañón [en 2004]. Creo que fue la primera vez que estuvimos en una multitud acompañando desde una marcha. Eso fue de alguna manera lo que me motivó a actuar así también acá en San Luis. Cuando llegué a Mercedes, mis hijos estaban en la primaria. La primera persona que conocí en un pedido de justicia fue Graciela Cabral, que estaba visibilizando su caso, el de Vanesa, en la puerta de una escuela. Me llamó mucho la atención y me acerqué".

Marisa Sandoval es una activista, feminista y militante popular de la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis. Colabora con la Asociación Civil Sí a la Vida fundada por Graciela Cabral, mamá de Vanesa Davi, una víctima vial. Su tarea se concentra en acompañar pedidos de justicia, por ejemplo pintadas de estrellas en honor de damnificados de tragedias en el tránsito vehicular. También está en contacto con Luisa González, mamá de María José Real, entre otros involucrados.

Su estrategia para acompañar en situaciones de injusticia fue evolucionando. Se acercó a los parientes de Abel Ortiz, el joven desaparecido desde hace años. Es amiga de una de las hermanas y su hija es compinche de una sobrina de Abel. Empezó a participar en el armado de una red con varias personas que han perseverado colaborando, apoyando la causa, visibilizándola a través de marchas. Incluso se animó a involucrarse en la lucha en diferentes instancias del Poder Judicial.

Estuvo junto a la familia de Fabricio Barroso, asimismo damnificado vial. También al lado de Paola Guzmán, víctima de violencia de género. Igualmente, de casos de agresiones contra la infancia. En paralelo, se ha solidarizado con hechos emblemáticos como el crimen de Carlos Luna y Fernando Martínez, niños de 10 y 11 años. El femicidio de Florencio Magalí Morales, en particular apoyando a sus hermanas Alejandra y Celeste. La desaparición de Guadalupe Lucero, de seis años.

"Los accidentes de tránsito son como cosa de nada, a veces; con el argumento de que el no tuvo intención de matarlo; porque no salió a matar, pero lo mató; no salió con la intención de matar, obvio; yo creo que nadie sale con la intención de matar; pero pasaste en rojo imprudentemente a alta velocidad; o sea, no saliste a matar, pero mataste; después de seis años de idas y vueltas, de ir al juzgado, pidiendo por favor que apuraran la causa; encima que venís con todo el dolor, te tenés que cruzar con esta basura en la calle; uno se ve obligado a cambiar de vereda, porque el ni siquiera baja la cabeza, te mira como desafiándote".

Es el primer antecedente de una tragedia vial que llega a juicio oral y público en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis. Fue el 6 de junio de 2011 en la esquina de Pringles y Amado Galán. Gabriel Alejandro Quiroga manejaba un Peugeot 307 cuando embistió la Zanella 110 en que viajaba Fabricio Barroso, de 17 años, con un amigo como acompañante. El choque quedó grabado por las cámaras de seguridad, que probaron que el auto había pasado el semáforo en rojo.

Fabricio estuvo internado una semana en terapia intensiva y falleció como consecuencia de las heridas que sufrió en su cabeza. Su infracción fue circular sin casco. Quiroga resultó condenado en 2017 a tres años de prisión (sin cumplimiento efectivo) y a realizar tareas comunitarias relacionadas con la seguridad vial. En simultáneo, fue inhabilitado para conducir por el plazo de siete años. Durante el proceso, el sujeto declaró que no sentía arrepentimiento por lo sucedido e intentó victimizarse.

Laura Quiroga, la mamá del fallecido, cuenta en el testimonio conmovedor de esta nota que su hijo era muy protector con sus seres queridos. Agrega que el asesino sigue al volante, en contra de lo establecido por el veredicto judicial. Ella ha pedido reiteradamente que las autoridades tomen medidas al respecto, pero nadie hace nada concreto. Pertenece a la Asociación Civil Sí a la Vida, fundada por Graciela Cabral, mamá de Vanesa Davi, también victima de la violencia vial.

"No creo que se haya quitado la vida, para mí ellos me lo mataron; porque cuando entré a la morgue [ví que] tenía un golpe en la cabeza [del] que le salía sangre y moretones en los brazos y las rodillas lastimadas; entonces, para mí ellos me lo mataron; me lo llevan y me lo devuelven muerto; hasta el día de hoy no se ha hecho justicia; simplemente, a los policías los sacaron de la fuerza, pero nada más que eso; ellos tienen que declarar, tienen sus abogados, todo; pero todavía no pasa nada, seguimos esperando y espero que se haga justicia".

Franco Maranguello tenía 16 años cuando el 24 de abril de 2020 la Policía lo detuvo en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis con el argumento de que estaba violando las restricciones vigentes por la pandemia de Coronavirus. En realidad, el adolescente se encontraba en la puerta de su casa e incluso tenía el tapaboca puesto. Eran las 20.15. Fue encerrado en la Comisaría de Atención de la Niñez, Adolescencia y Familia, donde horas después apareció golpeado y muerto.

Sandra Bravo, la mamá de la víctima, cuenta en el testimonio conmocionante de esta nota que ese día salió de trabajar a las diez y media de la noche. Se dirigió directamente a la sede policial para reclamar que liberaran a su hijo. Los efectivos la tuvieron a las vueltas hasta las tres de la mañana, cuando le informaron que Franco se había ahorcado. Pudo verlo recién a las seis en la morgue. Contempló que tenía un golpe en la cabeza del que salía sangre y signos de violencia en los brazos y las piernas.

Actualmente, la causa está paralizada. Los policías responsables están procesados por un delito menor, inclumplimiento de sus deberes de funcionarios públicos. Paralelamente, han tratado de poner en duda la versión de la madre. Pero esta se mantiene en su posición. Franco trabajaba limpiando autos en la calle para ayudar a la economía familiar. Era el gran apoyo de su mamá desde todo punto de vista. Por eso ella lo consideraba su mejor compañero. Tenían un vínculo muy estrecho.

"Uno siente rabia, desilusión, impotencia de ver que nada se hace; uno pierde la vida de un hijo y la Justicia no mueve un dedo; no sirve de nada, entonces; yo ni siquiera la parte penal logré; teníamos un abogado que la dejó vencer; como uno no sabe de leyes... quedó la parte civil y con mi esposo nunca la iniciamos, porque la parte civil es dinero; a esa altura, el sujeto había enajenado todo; según el, el auto era del padre, que ayudaba a hacer todo ese tipo de cosas para que el asesino siguiera libre, sin tener que pasar por los tribunales; yo lo único que quería era justicia para mi hija, que lo metieran preso; mi intención no era que lo azotaran o lo colgaran en la plaza, pero por lo menos que fuera preso".

Sucedió el 24 de abril de 2005 en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis. A las seis de la mañana, María José Real, de 16 años, y tres amigos volvían caminando del boliche bailable La Iguana, situado a la vera de la Ruta Nacional 148. Como el clima estaba lluvioso y la banquina tenía pastos altos, los cuatro jóvenes marchaban sobre la cinta asfáltica. Entonces, un automóvil conducido por Diego Tomás Romero giró en u sin darles tiempo a nada y atropelló al grupo.

María José estuvo cuatro días en terapia intensiva y perdió la vida como consecuencia de un traumatismo de cráneo. Además, sufrió la fractura de una pierna. Los otros damnificados, Daniela Arrieta, Omar Sosa y José Barroso, recibieron heridas de diversa gravedad. Sobrevivieron, pero con secuelas para siempre. Además, las dos chicas estaban embarazadas y los dos bebés murieron. El niño de la fallecida, José María, nació por cesárea al ingresar ella al hospital. La criatura dejó de existir horas después.

Luisa González, la voz tel testimonio de esta nota, es mamá de María José y abuela de José María. Integra la Asociación Civil Sí a la Vida, donde acompaña de manera permanente, entre otros, a la fundadora, Graciela Cabral, mamá de Vanesa Davi. Su relato expone los vericuetos tremendos que con frecuencia recorren los familiares de las víctimas de la violencia que buscan justicia. Diego Tomás Romero fue sometido a un juicio a prueba de conducta. El castigo consistió en realizar tareas comunitarias.

"Siempre estuvo la mano oculta de la Policía detrás de todo esto; ir en contra de la institución policial no es fácil; nosotros recibíamos amenazas, nos apuntaban con armas desde vehículos, hemos pasado por todo; pero bueno, dos o tres medios [de comunicación] locales fuertes han apoyado verdaderamente a la familia, han agarrado y han dado nombres al aire; eso fue lo que nos protegió, verdaderamente; a partir de que se los empezó a apuntar en dos o tres medios radiales, empezaron a temer; nuestra lucha sigue, la intención y el deseo de la familia, que por derecho le corresponde, es que estos personajes nos digan dónde están los restos".

Abel Roque Ortiz, de 29 años, fue visto por última vez el 16 de septiembre de 2014 en su ciudad, Villa Mercedes, provincia de San Luis. Desde entonces, nada se sabe de el. La primera carátula del sumario fue búsqueda de paradero. Al cabo de un año, con la intervención de un nuevo juez, el rótulo se cambió por desaparición forzada, tomando en cuenta indicios contundentes. Sin embargo, la Justicia perdió un tiempo invalorable: al principio se enfocó en investigar a los parientes.

La familia Ortiz denuncia que los principales responsables del crimen son la peluquera Alejandra Espinosa, que fue pareja de Abel, y el policía Marcelo Cecilio Acevedo, que ocupaba el cargo de jefe de la Comisaría Novena. Al parecer, Espinosa y Acevedo estaban unidos por una relación sentimental secreta. Otra señalada por los deudos de Abel es María Vázquez, amiga de la mujer. Espinosa es la única involucrada detenida, con motivo de este caso y también de haber baleado a un vecino. 

Ariel, Marcela y Rocío, las voces de la presente nota, brindan un testimonio conmovedor. Los dos primeros son hermanos del damnificado. La restante es sobrina. Ellos han vivido estos ocho años de lucha con gran intensidad. Suman 35 marchas por las calles de la ciudad reclamando el esclarecimiento de los hechos. Néstor Lucero, el fiscal de la causa, dijo que no tiene duda de la responsabilidad de Espinosa, Acevedo y Vázquez. Sin embargo, el expediente continúa esperando llegar a un juicio.

"La Justicia no actúa a favor de las víctimas y sus familiares; en mi caso, soy la mamá de María José y voy a ser siempre la voz de ella; ella está presa en un cementerio, mientras el señor Jorge Javier Alís goza de plena libertad y anda por las calles ¿Cómo es el sistema acá? Nunca hay justicia para los pobres, porque los pobres, al no tener amiguismo en el juzgado, amiguismo en el poder, ni tener plata, no somos nada; en cambio, los que tienen plata o amiguismo con el Poder Judicial, los jueces, los fiscales o el Gobierno, tienen más derechos que uno".

María José Figueroa Bonansea, de 17 años, acababa de salir del colegio. Santino Paladino, un compañero, la invitó a subirse a su moto Honda 110. Al cabo de pocas cuadras, mientras circulaban normalmente por la calle Buenos Aires, ambos con el casco puesto, fueron embestidos violentamente por una camioneta Renault Kangoo de la empresa Sempro, proveedora de servicios de salud. Ocurrió el 20 de octubre de 2021 en Villa Mercedes, provincia de San Luis. 

El impacto fue en la parte trasera de la moto. La chica salió despedida, voló ocho metros y quedó inconciente en el asfalto. Santino resultó prácticamente ileso. El y otros testigos presenciales son los testimonios clave del caso. Todos coinciden en que la camioneta circulaba excedida de velocidad, que debía cederle el paso a la Honda y que Jorge Javier Alís, el conductor de la Kangoo, iba hablando con el teléfono celular. Junto a este, de acompañante, estaba la doctora Andrea Mabel Orellano.

Susana Bonansea, la mamá de Majo, denuncia en el testimonio de esta nota que su hija quedó abandonada. Los ocupantes de la camioneta se negaron a atenderla y la ambulancia tardó 40 minutos en llegar. Susana se enteró del drama mediante un llamado del conductor de la moto, que le avisó que la chica estaba muerta en el hospital. Mientras la familia de la víctima reclama la realización de un juicio, los responsables del drama están impunes. A Alís ni siquiera le retiraron el registro de conducir.

"Lo único que hemos conseguido es que los jueces nos escucharan, porque no nos querían escuchar, porque no nos entendían; nos decían que tenían que ir nuestros abogados, porque nosotros no íbamos a entender lo que ellos nos dijeran; nosotros les rebatíamos que no nos subestimaran, porque nosotros sí entendíamos, nosotros íbamos a leer los expedientes, que nos suministraran los expedientes; es lo único que logramos con otras víctimas, hacerles entender a los jueces que podíamos hablar con ellos".

Se van a cumplir 17 años y las familias de las dos víctimas siguen esperando una respuesta. Hay pruebas y testigos inconstrastables, pero el asesino nunca fue detenido y la causa ni siquiera fue elevada a juicio. Ocurrió el 18 de junio de 2006 en Villa Mercedes, provincia de San Luis. Vanesa Stefanía Davi, de 17 años, y su amiga Julia Elva Coria, de 16, murieron víctima de la violencia vial perpetrada por Fernando Ariel Staurini, de 19. 

Las dos chicas iban a bordo del coche conducido por este, que se había ofrecido para acercarlas a su casa. Mientras circulaban por la calle de un barrio, el conductor apretó el acelerador a fondo y elevó la velocidad hasta 98 km/h, según demostraron las pericias. Como consecuencia, impactó contra otro vehículo y terminó incrustándose en una columna de alumbrado. Vanesa murió en el acto y Julia una semana después.

En el coche iba además Cintia, de 14 años, hermana menor de Vanesa, que se salvó de manera prácticamente milagrosa. Staurini tampoco recibió heridas con consecuencias. Graciela Cabral, mamá de las dos chicas, cuenta en el testimonio de esta nota la odisea que ha padecido. Es fundadora de la Asociación Civil Sí a la Vida, que aglutina a familiares de víctimas viales. Su lucha la ha convertido en un referente provincial y nacional.