testimonios

"Era una hora pico, iban todos a trabajar, mucha gente lo vio, gente que cuando pinté su primera estrella me dijo que había visto todo; pero esa gente desapareció, no sabemos por qué razón; hay mucha gente que sabe todo, que la imprudencia fue del camión, no de mi hijo; donde murió es una zona industrial, hay un carril que va, otro carril que viene y un descanso en el medio; es muy concurrida la calle, no es una vía por la que puedas andar caminando ni que se pueda cruzar; el camión hizo una maniobra que está mal, entró mal, hizo una u, que está prohibido; había muchos testigos en el momento, mi hijo cayó a diez metros de su empleo; lo habían contratado de Todo Rico para que hiciera un trabajo en la bodega que está casi a diez metros del lugar del hecho".

Leandro Nicolás Morales tenía 26 años. Vivía con su esposa Érica y sus dos hijos, una beba de dos años y un niño de siete con autismo, en la localidad de El Sauce, departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza. Trabajaba en el gremio gastronómico, sirviendo la comida al personal de una bodega. Una mañana de 2021, iba frenando la moto llegando a su empleo cuando un camión tipo plancha giró en u y lo arrolló. Fue una maniobra repentina e ilegal. La víctima murió en el momento.

Para peor, el homicida, un hombre de 61 años, carecía de registro de conducir. A pesar de todo, de forma misteriosa, fue absuelto y sigue manejando el vehículo de la desgracia. La Justicia, en el colmo del absurdo, culpó al fallecido con los argumentos de que manejaba la moto de forma imprudente y llevaba la cabeza descubierta. Sin embargo, testigos vieron que debajo del transporte de carga yacía su cuerpo sin vida con el casco puesto y que los policías se lo quitaron.

Sonia, la mamá de Leandro, expresa en el testimonio conmovedor de esta nota la doble impotencia que siente por la pérdida y la injusticia. Lejos de rendirse, integra el grupo Estrellas Amarillas Mendoza, que realiza unas 20 pintadas por mes y suma 1200 en el territorio provincial. Sus miembros denuncian que el Estado permanece ausente. Reclaman, por ejemplo, un programa de asistencia a la víctima. Uno de los desafíos urgentes es la Ley de Alcohol Cero al Volante.

"Tenía un sentir muy fuerte dentro mío y me volví al hospital corriendo; sentí que tenía que volver; corrí, corrí, corrí; llegué al hospital, subí al cuarto piso, terapia intensiva; cuando estaba llegando abrieron la puerta y nos dieron la noticia de que mi hermano había fallecido en el instante en que yo llegaba; no recuerdo más nada qué pasó ahí, porque sentí que me iba yo también; escuchaba gritar a mis hermanos, mi papá; lo más duro era que mi mamá todavía no llegaba al hospital; cuando llegó nosotros le tuvimos que dar la noticia; obviamente, como toda mamá... yo creo que en ese momento mi mamá dejó de ser; se le rompió el corazón; su hijo mayor, el primogénito...".

Van a cumplir 17 años pidiendo verdad y justicia. Es un episodio de gatillo fácil policial que tiene en vilo la provincia de Mendoza. Cristian Reyes sumaba 28 años cuando el 12 de abril de 2006 fue muerto de un balazo por el uniformado Mario Horacio Biasiori Bastías en el departamento de Luján de Cuyo. Más precisamente, el drama sucedió en el barrio Buena Vista, localidad de Carrodilla, donde vivía la víctima, que había sido detenida ilegalmente por el homicida y otros efectivos.

Cristian, como todos los jóvenes de la zona, un paraje humilde, estaba cansado del hostigamiento policial. Lo habían agarrado al voleo y esposado. Intentó escapar y hubo un forcejeo durante el cual se produjo el tiro. El proyectil ingresó por el malar, el hueso más externo de la cara, que da forma al pómulo, y quedó alojado en el hueso occipital, en la parte inferior del cráneo. Según las pericias médicas, el disparo se hizo a quemarropa, a centímetros de distancia.

Una trama escandalosa de complicidad y encubrimiento ha puesto en peligro la investigación. El entorno del fusilado ha recibido presiones y amenazas. Sin embargo, la familia Reyes nunca bajó los brazos. Tamara, hermana del fusilado, describe en el testimonio desgarrador de esta nota pormenores aberrantes de su peregrinación. Después de tres juicios anulados por la Corte Suprema mendocina por irregularidades de variada especie, los tribunales preparan un cuarto proceso.

"En este proceso que encaro, vamos viendo todas estas cosas que me han sucedido; por un lado, llevo el juicio de Simón; es Pablo Miguel Ozán Sosa el responsable; hoy está apelado a la Corte Suprema de Justicia; en el caso de los policías todavía no puedo tener un proceso; hay un refrán que dice que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires; yo sostengo acá que Dios se encuentra en todas partes, pero atiende en [la ciudad de] Mendoza nada más; porque los lugares del interior parece que están olvidados, como que esos expedientes no son importantes; hoy por hoy Mendoza necesita que tengamos justicia, pero justicia en todos los aspectos; que sepan que el interior también existe".

Sucedió el 1° de febrero de 2015 en la ciudad de Tupungato, provincia de Mendoza. Simón Emiliano Díaz Calderón, de 20 años, circulaba a pie cuando fue embestido de manera fatal por un automovilista que huyó del escenario y desapareció. La familia de la víctima golpeó todas las puertas y reclamó en las calles hasta que logró que el homicida y su coche fueran identificados. Para entonces, Pablo Miguel Ozán Sosa, de 28 años, había estado prófugo ocho meses con impunidad llamativa.

Un Chevrolet Corsa Classic color bordó con vidrios polarizados, patente FIA-103, conducía el individuo en el momento de la infamia. Doce pruebas con restos genéticos hallados en el carro dieron un 99% de compatibilidad. A pesar de estas y otras pruebas, los tribunales lo dejaron libre, pues lo castigaron con dos años de cárcel en suspenso más cinco de inhabilitación para manejar. El sumario inició un largo peregrinaje. En la actualidad está en manos de la Corte Suprema mendocina.

Oscar Armando Díaz, el papá de Simón, es el principal detective del caso. Denuncia en el testimonio estremecedor de esta nota la odisea kafkiana que han padecido el y su familia por exigir lo que corresponde. Uno de los puntos más álgidos involucra a efectivos de investigaciones de la Comisaría 20 de Tupungato. Hay pruebas flagrantes de que obstaculizaron y manipularon el expediente. Sin embargo, la Justicia, el Gobierno y la Policía miran para otro lado.

"Arranqué una lucha judicial; con marchas, con movilizaciones, con visibilizar el caso; ya el hecho de ser porteños [los chicos] había llamado la atención de canales como TN en Buenos Aires; nunca bajé los brazos en la lucha judicial; me reuní con el fiscal; cada vez que había una audiencia me reunía con el para limar estrategias; Fernando Giunta, el mejor fiscal de esta provincia; yo siempre le decía que parecía porteño, no mendocino, porque la Constitución de la provincia de Mendoza dice que después de la una o dos de la tarde se duerme siesta; este fiscal nunca; el día que vino a tomar la declaración de Carla, la mamá de los chicos, me dio la palabra de que hasta que terminara el juicio no se iba a tomar vacaciones".

La tragedia ocurrió el 14 de diciembre de 2018 en Guaymallén, provincia de Mendoza. Agustín y Abril Kruk, de ocho y tres años de edad, iban caminando junto a Carla, su mamá, a jugar a una plaza. Mientras aguardaban para cruzar la calle, un Ford Farlaine que circulaba excedido de velocidad se subió a la vereda, los atropelló y mató a los pequeños. La mujer resultó herida pero se salvó de milagro.

José Caccia, el conductor, fue condenado a diez años de prisión por homicidio simple con dolo eventual. Sin embargo, en diciembre de 2022 la Corte mendocina revisó el veredicto y falló que el delito en juego es homicidio culposo agravado. Esto significa que el convicto merece una pena menor y que, como ya ha cumplido cuatro años tras las rejas, puede quedar en libertad de un momento a otro.

El caso posee aún más tela para cortar. Los familiares de las víctimas piden asimismo la condena de otros dos conductores que tuvieron participación en la tragedia y fueron sobreseídos. Sergio Miranda, un camionero, y Oscar Peca, un automovilista que manejaba en estado de ebriedad. Tanto Miranda como Peca circulaban en infracción y colaboraron para que Caccia provocara el desastre.

Silvia González, presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas, se reunió con el ingeniero Martín Izaguirre, jefe del distrito 21 de Vialidad Nacional, y Ezequiel Quevedo, responsable de Conservación, para repasar la agenda de cuestiones pendientes y hacer un balance de los proyectos que se encuentran en marcha. El encuentro se desarrolló en las oficinas de la dependencia estatal. Quevedo se ocupa entre otros asuntos de fiscalizar la realización de carteles, pintura, reductores de velocidad y postes de Wifi.

"Esta reunión fue un balance de todo lo que solicitamos el año pasado", resume Silvia. "El tema de la iluminación en las rutas, como la ruta 5; el tema de Mac Allister; el tema de la Avenida de Circunvalación. Nos plantearon que tendríamos que hablar con Corredores Viales, porque sí o sí tiene que hacerse la variante, reimportante también para la nueva Terminal de Ómnibus, una cosa va enganchada a la otra. La variante permitiría sacar la Avenida de Circunvalación de dentro de la ciudad. Debe presupuestarse, todavía no se puede licitar. Esa variante es parte de la famosa autopista que se está haciendo de Buenos Aires hasta La Pampa, toda la ruta 5. Forma parte de ese proyecto".

"Mac Allister es un complejo deportivo, un semillero donde hay cantidad de futbolistas, chicos que van a practicar fútbol y está a la vera de la ruta, en una curva. No está bien señalizado, no hay carteles. Pasa, por ejemplo, de la tierra al asfalto; a veces hay autos a los que les cuesta subir. Los coches por la ruta 5 no vienen a 100, 80 o 90, vienen a 180. Entonces, estamos con mucho miedo de que pase algo. Se trató de demarcar todo lo posible, se pusieron carteles." 

"Lo que sucede es que esa parte está concesionada a Corredores Viales", explica la titular de Estrellas Amarillas. "Se ejecutó todo lo de Vialidad. Tendrían que hacer una dársena a costa del club para que no se vaya de la tierra al asfalto, que sea de una zona que tenga asfalto también. Lo tienen que diseñar ellos. Vialidad Nacional va a mirar todo. Necesitamos que Corredores Viales autorice la construcción de esa dársena. Los costos van a correr por parte del Club Deportivo Mac Allister. Vialidad Nacional está dispuesto a autorizarlo y hacer todo lo posible para concretarlo."

Es una tragedia vial que conmueve la provincia de Mendoza. Ocurrió el 22 de marzo de 2022 en la rotonda de Regalado Olguín y Champagnat, localidad de El Challao, departamento de Las Heras. Daiana López, Andrea Morales y Pablo Navarro, amigos y vecinos de 29, 27 y 26 años, fueron atropellados fatalmente por un coche Mercedes Benz C300 excedido de velocidad que se subió a la vereda.

Eran cerca de las 22.15. Las víctimas habían salido como era habitual a hacer ejercicio y conversaban tranquilamente debajo de dos árboles. Jorge Roberto Díaz, el conductor, empresario de 62 años, supuestamente iba usando el celular. Lo dijo un testigo, aunque el teléfono nunca apareció. Entre otras irregularidades adicionales, en el vehículo había una pistola Bersa 9 milímetros, con dos cargadores y once balas. La pesquisa reveló que el hombre tenía el registro de portación del arma vencido. Además, en el coche fueron hallados 227 mil pesos, más dólares y cheques. A pesar de las circunstancias, el responsable del drama permanece libre. La carátula de la causa es triple homicidio culposo, figura menor que implica una pena en suspenso.

Es una tragedia vial que conmueve la provincia de Mendoza. Ocurrió el 22 de marzo de 2022 en la rotonda de Regalado Olguín y Champagnat, localidad de El Challao, departamento de Las Heras. Daiana López, Andrea Morales y Pablo Navarro, amigos y vecinos de 29, 27 y 26 años, fueron atropellados fatalmente por un coche Mercedes Benz C300 excedido de velocidad que se subió a la vereda.

Eran cerca de las 22.15. Las víctimas habían salido como era habitual a hacer ejercicio y conversaban tranquilamente debajo de dos árboles. Jorge Roberto Díaz, el conductor, empresario de 62 años, supuestamente iba usando el celular. Lo dijo un testigo, aunque el teléfono nunca apareció. Entre otras irregularidades adicionales, en el vehículo había una pistola Bersa 9 milímetros, con dos cargadores y once balas. La pesquisa reveló que el hombre tenía el registro de portación del arma vencido. Además, en el coche fueron hallados 227 mil pesos, más dólares y cheques. A pesar de las circunstancias, el responsable del drama permanece libre. La carátula de la causa es triple homicidio culposo, figura menor que implica una pena en suspenso.

"Alan fue mi primer bebé, crecí con el, porque yo era muy jovencita en ese momento, tenía 19 años; fue siempre un pispireta, le gustaba trepar, correr; tenía que andar todo el tiempo atrás de el; amaba a sus hermanos, era incondicional con todos; tengo siete hijos, los seis primeros son seguidos, se llevan un año de diferencia; la luz de sus ojos, sus compañeros, eran los dos más grandes, Franco y Milagros, andaban para todos lados; el salía y preguntaba dónde estaba Franco para acompañarlo; había dicho que cuando cobrara su primer sueldo iba a ayudar a su hermano, porque realmente supieron que como familia grande trabajábamos con sacrificio; el nos ayudaba a vender en la calle pan o bandejitas, tenía ese carisma, salía con su hermana; supo lo que es ganarse el centavo".

Se van a cumplir seis años de la tragedia. La familia de la víctima sigue esperando la construcción de la pasarela para peatones Alan Villouta en el Acceso Sur de la ciudad de Mendoza. Una obra imprescindible en un hito de alto riesgo que devora vidas humanas sin cesar. Por allí cruzaba el hijo de Andrea y Andrés el 26 de agosto de 2017, cuando fue muerto por un Porsche Cayenn que circulaba ampliamente excedido de velocidad y que siguió de largo sin auxiliar al herido.

El damnificado tenía 20 años y era empleado de una pizzería del mall La Barraca. En el momento del drama, iba caminando a tomar el colectivo para regresar a su hogar. A pesar de la trascendencia del caso y sus circunstancias salvajes, Alejandro Verdenelli, el responsable, un empresario de 45 años, nunca estuvo preso. Los tribunales le dieron un castigo propio de un delito menor, tres años de cárcel en suspenso y ocho de inhabilitación para conducir vehículos.

Alan era el mayor de siete hijos. Era un pibe familiero, alegre, esforzado, solidario. Como consecuencia del horror, sus padres se vieron obligados a introducirse en los pasillos judiciales, leer las miles de fojas del expediente y aprender sobre leyes. Denuncian que su hijo merece verdad y justicia. Por ejemplo, el homicida se presentó a las autoridades 60 horas después del siniestro. Eso implica que nunca se sabrá si iba alcoholizado o drogado o acompañado por alguien.