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"Me dijeron: señora, vaya a su casa, que ahí se le va a pasar un informe; cuando llegué, estaba el comisario, Luis Coria; en ningún lado se nombra al comisario, voy a ver cuál es el error, también está involucrado; para colmo, es primo hermano mío, lleva mi sangre; estaba esperándome y me dijo: mirá, Elsa, Willy sufrió un infarto en la Comisaría y ha fallecido; yo me quería morir, para mí era mi vida, la vida de sus hermanas, de su papá; imagínese el dolor profundo que tengo en mi corazón; es algo que no se puede borrar; entonces, quiero nombrar quiénes son esos policías...".
Corría el año 2014. Claudio José Damián Gil, alias Willy, de 34 años, vivía en un barrio sencillo de la ciudad de Junín, provincia de Mendoza, con su esposa Adriana. Eran una familia ensamblada de cinco hijos, dos de el y tres de ella. El muchacho se encontraba en tratamiento por drogadicción. Nunca había tenido inconvenientes legales ni hecho daño a nadie. Ese invierno sufrió una crisis y fue dirigido al hospital, donde lo estabilizaron. Policías lo subieron a la ambulancia.
Una semana después, el 22 de junio, el joven volvió a pasar un mal trance. Los agentes Daniel Oscar Sosa, Manuel Antonio Yáñez y Omar Osvaldo Carrasco intervinieron de manera criminal. Golpearon al afectado delante de sus seres queridos y, aunque debían derivarlo a una institución de salud, lo llevaron a la sede de la fuerza, donde continuaron atormentándolo. A poco de ingresar a la Seccional 19, Willy murió de un infarto de miocardio. Su rostro, manos y brazos revelaban una paliza feroz.
Los uniformados Nahuel Prado, Manuel Antonio Espinosa y Estefanía Vanesa Ridino Bastías, presentes en el lugar, se suman a los responsables. Asimismo el comisario Luis Coria. También los fiscales Carlos Giuliani y Mario Ramos, que obstaculizaron la investigación. El hecho ameritaría cadena perpetua: tortura y abandono de persona seguido de muerte, privación ilegítima de la libertad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, todos continúan libres y en sus puestos.
"Hemos sido ninguneados por parte de ciertos jueces y fiscales; también abogados, como el doctor Jorge Vega, de Villa Ángela, y el doctor Pablo Iannello, de Resistencia, que lo único que intentaron fue estafarnos, no hicieron nada por la causa de nuestro hijo; va pasando el tiempo y Ramón Sebastián Barrios sigue con su vida como si nada hubiera hecho, manejándose con total impunidad; la Justicia pareciera que mira solamente los derechos del victimario y no los de la víctima; no queremos que la muerte de Maxi quede en la impunidad".
Sergio Maximiliano Cabaña tenía 18 años. Cursaba la Licenciatura en Criminalística en la Universidad Nacional del Nordeste, con sede en la ciudad de Corrientes. El 29 de septiembre de 2018 estaba de visita en su pago natal, Villa Ángela, provincia de Chaco. Ramón Sebastián Barrios, alias Chanchi, de 26 años, un sujeto con antecedentes penales, lo atacó a golpes sin causa a la salida de una fiesta. El agredido, atemorizado, se alejó en moto con Martín López, un amigo, como acompañante.
El forajido los persiguió en un vehículo similar, hostigándolos con violencia despiadada, hasta que provocó el vuelco dramático de los que huían. El universitario murió por traumatismo de cráneo grave con hemorragia interna. López recibió igualmente heridas tremendas, pero pudo sobreponerse. El y la novia de Barrios, que iba atrás en el transporte de este, son los testigos clave. Otra prueba fundamental es un video de seguridad. Sin embargo, Chanchi permanece libre, luego de una breve prisión preventiva.
Celia y Sergio Cabaña, padres de la víctima fatal, piden en el testimonio estremecedor de esta nota un juicio que establezca la verdad y condene al responsable por homicidio simple y lesiones graves en concurso real. La carátula del expediente solo habla de homicidio culposo, o sea involuntario. La querella denuncia premeditación, alevosía y ensañamiento. Agrega que el episodio fue antecedido por meses de provocaciones y amenazas, incluido el robo de la moto del fallecido.
Las hermanas y otros familiares de la víctima expresan su indignación. Piden que el agresor reciba una condena proporcional con el crimen y que cumpla el castigo en la cárcel. También reclaman un mayor apoyo de la sociedad.
Sergio Maximiliano Cabaña tenía 18 años. Cursaba la Licenciatura en Criminalística en la Universidad Nacional del Nordeste, con sede en la ciudad de Corrientes. El 29 de septiembre de 2018 estaba de visita en su pago natal, Villa Ángela, provincia de Chaco. Ramón Sebastián Barrios, alias Chanchi, de 26 años, un sujeto con antecedentes penales, lo atacó a golpes sin causa a la salida de una fiesta. El agredido, atemorizado, se alejó en moto con Martín López, un amigo, como acompañante.
El forajido los persiguió en un vehículo similar, hostigándolos con violencia despiadada, hasta que provocó el vuelco dramático de los que huían. El universitario murió por traumatismo de cráneo grave con hemorragia interna. López recibió igualmente heridas tremendas, pero pudo sobreponerse. El y la novia de Barrios, que iba atrás en el transporte de este, son los testigos clave. Otra prueba fundamental es un video de seguridad. Sin embargo, Chanchi permanece libre, luego de una breve prisión preventiva.
Celia y Sergio Cabaña, padres de la víctima fatal, piden en el testimonio estremecedor de esta nota un juicio que establezca la verdad y condene al responsable por homicidio simple y lesiones graves en concurso real. La carátula del expediente solo habla de homicidio culposo, o sea involuntario. La querella denuncia premeditación, alevosía y ensañamiento. Agrega que el episodio fue antecedido por meses de provocaciones y amenazas, incluido el robo de la moto del fallecido.
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