"No le deseo a ninguna madre pasar por la situación que yo he estado pasando, perder a dos hijas a la vez; en ocasiones veía padres que lloraban por sus chicos, me sentía mal en ese momento, decía por qué, por qué sucedió esto; ahora entiendo que a veces uno no espera las cosas, pero ocurren; mi hija ya hacía rato que tenía problemas con el; lo denunciamos, pero la Policía no hacía nada; lo iba a buscar a la casa de su familia, el se escondía con la hermana o en la vivienda de su mamá o de amigos o se iba al monte, estaba dos o tres días; la Policía no hacía nada; iban, preguntaban y pegaban la vuelta".

Siete veces había denunciado Pamela Gorosito, de 23 años, a Reynaldo Javier Broy, de 37, por violencia contra ella y los dos hijos de ambos. La Policía del sitio, Yuto, departamento de Ledesma, provincia de Jujuy, actuó siempre con misteriosa negligencia. El trance fue creciendo en tensión dramáticamente hasta el 15 de abril de 2022, cuando el sujeto mató a escopetazos a Pamela y a su hermana Ramona, de 27, progenitora de tres criaturas. 

El fusilador además enfrentó a Graciela y Martín, los padres de ambas, e incluso a una abuela, señora con graves dificultades de salud. La primera fue golpeada por el forajido. Todas las víctimas se encontraban en la más completa indefensión. Como consecuencia, quedaron en la horfandad cinco menores, dos nenas y tres varones de 3, 6, 7, 9 y 14 años.

Julián Martín Palmieri, abogado de la familia damnificada, tramita la realización de un juicio que esclarezca la tragedia y condene al responsable, que puede haber actuado con la complicidad de personas allegadas, que le permitieron desenvolverse con semejante impunidad. Fernando Lobos, fiscal del caso, considera a Broy, un hombre que practicaba boxeo y caza deportiva, autor de "femicidio, homicidio simple y lesiones en concurso real". Otro aspecto crítico del expediente es la tenencia de los menores, que aún debe resolverse. 

El Ministerio Público de la Acusación, en simultáneo, promueve una iniciativa penal contra dos policías de Yuto, los que estaban de turno en el momento del horror. La investigación reveló que estos se ausentaron del domicilio de la familia Gorosito pese a que la ayudante fiscal Claudia Moreno había ordenado que se disponga una consigna. Horas antes de la masacre, el acusado se hallaba con pedido de aprehensión producto de la denuncia de su expareja. El sumario contra los agentes se caratula "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

"No puede ser que un ciudadano desaparezca y sea como si la tierra se lo hubiera tragado. Acá en Salta hay varias personas, no solamente mi hijo. En algunos casos hacen bien el rastreo. En el de Cristhian, para mí no hicieron nada bien (...). Como mamá tengo la esperanza de que esté vivo; pido y rezo por el, porque soy muy católica. Pero, en caso de que no fuese así, me gustaría saber dónde está o qué le pasó, por lo menos para ir a ponerle algunas flores, si es que no está en esta tierra".

La intriga suma 14 años. Cristhian Fernando Luna Carrera, diseñador gráfico y músico de 32, vecino de la ciudad de Salta, fue visto por última vez el 11 de marzo de 2008. Desde entonces, nada se sabe de el y los parientes carecen de certeza sobre qué le puede haber ocurrido. El sumario estuvo misteriosamente frenado hasta agosto de este año, cuando el Cuerpo de Investigaciones Fiscales de la provincia reactivó la investigación al excavar, por pedido de la familia, la casa donde en aquella época vivía Andrea, la novia del muchacho. 

Es un inmueble que hoy pertenece a otra gente. La dirección es Diario Paraná 2927, barrio Intersindical. Se sospechaba que en ese lugar podían estar los restos del damnificado. El sondeo requirió un martillo neumático y alcanzó 60 centímetros de profundidad, aparentemente sin resultado. 

Miriam del Valle Carrera, mamá de Cristhian, descarta en el testimonio de esta nota —brindado un par de semanas antes de que se realizara el pozo— la hipótesis de suicidio, sostenida por la pareja de la víctima con base en una extraña carta de despedida. Es una esquela redactada a mano, con birome y papel. Los deudos del joven reconocen la letra de este, pero interpretan que el contenido probablemente fue volcado bajo algún tipo de coacción, tomando en cuenta indicios que consideran evidentes. 

La progenitora de la víctima —es integrante de la Comisión de Familiares contra Ia Impunidad y tiene el respaldo de la Fundación Cintia Fernández— denuncia que la Justicia está en deuda con el expediente y exige tres pasos que considera fundamentales: tomar declaración indagatoria a Andrea, hacer lo mismo con el empleador de Cristhian, el empresario Alberto Lajam, e indagar el disco rígido de la computadora del joven. 

Miriam elucubra que su hijo tal vez conocía información problemática y por eso alguien decidió silenciarlo. Por otro lado, entre otros cabos sueltos, se pregunta quién es el padre de la segunda hija de la novia, nacida poco después de de la desaparición. Un pasaje de la enigmática carta final de Christian dice que Andrea estaba encinta, pero el ignoraba de qué relación era fruto el embarazo.

"Sergio es un gendarme que falleció en el colectivo que venía de Santiago del Estero a Jujuy, en el puente Balboa. La historia esta es muy triste. Eran 43. Esa mañana nos enteramos por la radio; uno escucha las noticias; oímos que tuvo un accidente el colectivo. Lo que hizo mi esposo fue llamar a mi sobrina de Santiago; ahí se enteró de que era una de las víctimas. Era una desesperación de no saber cómo hacer para ir al puente y sacarlo, a ver si estaba vivo a muerto. Después, contactarse con mis cuñadas, sus hermanas, que no sabían, también se habían enterado por las noticias. Después, mi suegra; ella vivía en Tartagal; enterarse cómo fue, qué pasó; no sabía que su hijo había fallecido. Había muerto a las tres de la mañana, fue uno de los primeros".

Constituye el episodio más sangriento de la historia de la fuerza y el tercer mayor desastre vial del país por el número de muertos. Sin embargo, después de siete años, está pendiente un juicio que revele la verdad y castigue a quien corresponda. El debate oral estuvo a punto de realizarse en 2021 en los tribunales federales de Salta con cuatro comandantes y un soboficial acusados de homicidio doloso y estrago doloso como responsables del estado crítico del coche. Pero fue frenado de manera súbita por supuestas falencias procesales. Desde entonces se encuentra suspendido. Los familiares de las víctimas señalan una presunta asociación ilícita que malversaba fondos millonarios dentro de la institución y como daño colateral causó la muerte de los gendarmes.

Ocurrió el 14 de noviembre de 2015. Un colectivo Mercedes Benz destartalado de la Gendarmería transportaba a 50 efectivos de Santiago del Estero a Jujuy para "dar apoyo en conflictos de orden social desatados en esa provincia", según había instruido Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación. El micro, identificado con el número 08017, era parte de un convoy de tres. De repente se reventó el neumático derecho y en consecuencia el vehículo cayó al vacío desde cerca de 20 metros. Sucedió sobre el puente del arroyo Balboa, ruta nacional 34, kilómetro 956, localidad de Rosario de la Frontera, 180 kilómetros al sur de la capital salteña.

Carolina Vázquez, la voz de la cita inicial, es esposa de Luis Gallardo, hermano de Sergio Roberto, uno de los 43 damnificados. Ella y Ernestina Monasterio, mamá de la víctima, reclaman justicia y denuncian escandalosas irregularidades en el hecho, la investigación y el proceso judicial. Argumentos tienen de sobra. Los familiares sostienen que quedaron en todo momento a la buena de Dios. La pesquisa de la fiscalía determinó que hubo graves fallas en el mantenimiento del colectivo y que estas habían sido informadas a los superiores en las áreas correspondientes.

El grupo liderado por Nicolás Bonaventura despedirá su primera temporada el 2 de diciembre en Planta Alta, un bar del barrio porteño de Flores. Durante la charla, realizada una tarde idílica en el Parque Avellaneda, el cuarteto recorre los inicios del proyecto, sus objetivos más importantes, algunas de las canciones que han realizado y reflexiones que van desde las convicciones personales hasta los gustos musicales de los integrantes.

Es abogado de la familia de Matías Ezequiel Chirino, el subteniente de 22 años muerto el 19 de junio de 2022 por los abusos que sufrió durante un rito de iniciación o bautismo del Ejército en el Grupo de Artillería de Monte 3 de Paso de los Libres, provincia de Corrientes. Hay nueve militares imputados por homicidio simple y abuso de autoridad.

"Voy a comentar sintéticamente lo que conozco del caso de Matías Chirino. Mi nombre es Enrique Fernando Novo, soy abogado, doctor en Derecho, profesor adjunto de la Universidad de Río Cuarto. Ejerzo la abogacía desde hace más de 25 años. Hace unos meses llegó a mi estudio el señor Ezequiel Chirino, padre de Matías. Entró acongojado, acompañado por un vecino conocido mío; se acercaron porque estaban desesperados, un tanto desconcertados; hacía dos o tres días había fallecido Matías."

El subteniente de 22 años murió el 19 de junio de 2022 por los abusos que sufrió durante un rito de iniciación o bautismo militar en el Grupo de Artillería de Monte 3 de Paso de los Libres, provincia de Corrientes. Hay nueve uniformados imputados por homicidio simple y abuso de autoridad.

"Soy Ezequiel Chirino, el papá de Matías Ezequiel Chirino, el subteniente que ingresaba a Paso de los Libres, su primer destino. Tenía que iniciar su carrera como subteniente el 20 de junio. Lo citaron días antes para el famoso bautismo que estas sádicas personas... El capitán Claudio Ariel Luna, de 35 años, Rubén Darío Ruiz, de 35 años [igual jerarquía], Hugo Martínez Tárraga, de 35 años [ídem], el teniente primero Darío Emanuel Martínez, de 31 años, el teniente Manuel Aguilar, de 31 años, Franco Daniel Grupico, de 26 años [igual jerarquía], los subtenientes Luis Acosta, de 26 años, Gerardo Sebastián Bautista y la subteniente Claudia Daniela Cayata."

"En los Cuerpos Infantiles de la Policía de Salta se busca que los niños aprendan el respeto, honrar la bandera, honrar los himnos y cantos patrios; todo esto se ve muy perdido hoy en día; los Cuerpos Infantiles no perciben ninguna ayuda del Estado, todo es a pulmón; los padres se encargan de comprar a los niños todo lo que necesitan, porque ellos desfilan con un uniforme de gala; también tienen equipos deportivos; todo eso costeado por los mismos padres; muchas veces se hacen rifas o por ahí se organizan ventas de empanadas para poder recaudar fondos; por ahí se solicitan donaciones de pelotas, de elementos para que ellos realicen actividades deportivas; también se brinda una tacita de té o copita de leche, ya sea que los niños asisten al turno mañana o al turno tarde; todo eso es también gracias a donaciones o a que los padres están colaborando".

Ella es referente de los Cuerpos Infantiles de la Policía de Salta capital y presidente de uno en particular, el de la Dirección de Seguridad Urbana. El interior de la provincia tiene iniciativas similares en las localidades de Salvador Mazza, Los Toldos, Nazareno, La Poma, Las Lajitas, Iruya, Animaná, Morillo, San Antonio de los Cobres y Rosario de la Frontera. El espacio que lidera la protagonista de esta nota tiene profesores ad honorem de diferentes oficios y disciplinas, como taek wondo, folklore, ajedrez, costura, panadería o repostería. Unos abogados se encargan de pagar las clases de ajedrez, regalan eso; una mamá sabe costura y se encarga de ese taller; otra señora se ofreció para enseñar pastelería y panadería; taek wondo está a cargo del esposo de la instructora. Para quien desee donar a cualquiera de los Cuerpos Infantiles salteños, Alejandra actúa como nexo; su número de teléfono celular es 3874 147976.

"Creo que tendría que volver la ley 26.657, exigir esa norma para que la internación y la desintoxicación sean involuntarias; que la drogadependencia se tome como una enfermedad, porque ellos no están en su sano juicio como para decidir si internarse o no; que corra a costa del Gobierno el tratamiento, ya que es demasiado caro; que brinden lugares y centros de contención donde puedan ayudarlo, porque ya no queda otra, uno se cansó de hablarle, de contenerlo, de todo; hasta la misma familia te empieza a dar la espalda, quizás porque no entienden o no comprenden lo que uno siente al ver que un hijo se te hace mierda".

Ella vive en el barrio Ceferino de la ciudad de Salta, cerca del llamado bajo, uno de los núcleos de venta de droga de la zona. Integra el grupo de madres contra el paco, mujeres cuyos hijos padecen las adicciones y se sienten abandonadas por las autoridades frente a un flagelo que las sobrepasa en su rol de simples amas de casa y ciudadanas, pues se despliega en dimensiones múltiples y colosales. La protagonista de esta nota cuenta que su hijo se inició en el estrago a los 16 años consumiendo marihuana y luego pasó a otras sustancias: pegamento, cocaína y pasta base. La última, conocida como paco, es la que consigue de forma más habitual. Como consecuencia, la vida del muchacho y su familia es un drama cotidiano. A pesar de todo, sin minimizar su angustia, Natalia brinda un mensaje de admirables tezón y coraje.

Vive en la ciudad de Salta, donde integra la Comisión de Familiares contra la Impunidad y recibe el apoyo de la Fundación Cintia Fernández. Su hijo Esteban Rolando López, alias Polo, tenía 25 años, era papá de una beba de 20 días y trabajaba como caddie, oficio de quien lleva los palos del jugador de golf. Transcurría el año 2010. Mientras circulaba a bordo de una motocicleta, fue atropellado desde atrás por un automóvil y falleció antes de llegar al hospital a raíz de las lesiones que le generó la caída. 

El conductor, Jorge Sebastián Vujovich, abogado, recibió tres años de cárcel condicional y cinco de inhabilitación para manejar, en carácter de autor de homicidio culposo agravado debido al uso de automotor. El vástago de la voz de esta nota circulaba en una Guerrero GXL 125, tipo enduro. El victimario en un Chevrolet Astra. La familia López quiere demandar a Cecilia María Brandán, jurista de la querella, por la prescripción de la causa civil, medida que impide reparar económicamente a la nena que se quedó sin papá.

"Son muchas mamás, innumerables hijos que quedaron en el camino, multitud de jóvenes que tuvimos que sepultar y muchos chicos que tenemos que ir a ver a la cárcel por un Estado abandónico, por un Estado que se llena los bolsillos con la vida de nuestros hijos. Nuestro trabajo de visibilizar fue hacer tarjetitas de las adicciones, de los jóvenes para que en prevención otros adolescentes no lleguen al consumo, pero lamentablemente esto continúa con más fuerza. Volvemos a pedir que el Congreso apruebe la ley 26.657 para que los padres puedan internar a los hijos a puertas cerradas. Si nosotros tenemos que estar acompañándolos en una cama hasta llegar a la desintoxicación, estamos dispuestos".

Vive en la ciudad de Salta, donde junto a su esposo Juan Carlos tiene seis hijos y ocho nietos. El tercer vástago es René Gabriel, de 34 años, que empezó a drogarse a los 16 y como consecuencia del consumo, aunque por más de dos décadas la familia ha intentado con desesperación ayudarlo de todas las maneras posibles, en la actualidad duerme en la calle, como un indigente. El matrimonio integra el grupo Familiares contra la Impunidad y tiene el apoyo de la Fundación Cintia Fernández. Expresa que como pueblo es un deber impedir que el narcotráfico siga provocando muerte. Denuncia complicidad de políticos, jueces y policías. También que las instituciones de salud y los profesionales no están capacitados para atender a los afectados y, por dar solo un ejemplo puntual del horror que generan las adicciones, que en el Hospital Materno salteño hay 20 niños con HIV de chicas adictas.